ítalo Campodónico El Senado ya dio el vamos para que Chile ratifique la convención de la Organización Regional de Pesca (ORP). Era la firma que faltaba para que las normas de la nueva institucionalidad internacional que regula la pesca en el Pacífico Sur sean vinculantes. Ítalo Campodónico es biólogo marino, jefe del Departamento de Pesquerías de la Subsecretaría de Pesca y uno de los pocos chilenos miembros del grupo científico que dio forma y sustento a la ORP, una organización que, a su juicio, de nada sirve sin una herramienta que fiscalice su cumplimiento ni un plan claro que permita salvar al jurel de su estado actual: el colapso.
-El 14 de junio, el Senado ratificó la Convención para la Conservación y Manejo de los Recursos Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sur. Era la aprobación que faltaba para que la Organización Regional de Pesca (ORP) pase a ser un organismo vinculante. ¿Con eso ya se cumplen todos los requisitos para que la nueva institucionalidad internacional comience a operar?
Aún no, porque no basta con la ratificación por parte del Senado para que la ORP entre en vigencia. Ahora, algún representante de la Cancillería debe ir a Nueva Zelanda a depositar oficialmente el documento. Ojala que para cuando los estados partícipes se reúnan en enero de 2013 en Nueva Zelanda, Chile ya lo haya entregado.
-¿Qué implicancias tiene la ratificación para el sector pesquero en el país?
Es un gran avance que el Congreso haya ratificado el convenio porque significa colaborar con la sustentabilidad del jurel. En estos momentos, sin que la ORP entre en vigencia, todos trabajamos en base a medidas interinas que no son vinculantes y que los estados pesqueros son libres de adscribir voluntariamente. Si un país no cumple con las medidas de conservación y manejo, fuera de un castigo moral o de imagen, no hay más. Pero con esta ratificación, los países estarán obligados a cumplirlas. Y dada la condición en que se encuentra el jurel, en la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) nos parece de suma importancia la medida. Estamos hablando de un recurso que está una situación tan crítica, que hace urgente la creación de una ORP que pueda hacer cumplir las medidas de conservación.
-Chile fue uno de los impulsores de la creación de la ORP. ¿Por qué fue tan lenta la ratificación en el Congreso?
Las negociaciones internacionales terminaron en noviembre de 2009, y Chile suscribió al documento en febrero de 2010. Pero recién fue enviado al Congreso durante 2011. Ha habido un lapso importante porque se estaba viendo cuál era el mejor momento para presentar ante el Parlamento esta convención y que tuviera buenas posibilidades de ser aprobada. No podemos olvidar de que en toda esta tramitación interna ha habido muchos actores que han estado en contra de su ratificación.
-¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, el sector industrial del norte y buena parte del sector artesanal chileno.
-¿Eso tiene que ver con la posición chilena de regir las capturas tanto dentro como afuera de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) según las disposiciones de la ORP? Porque en rigor, las medidas de conservación acordadas corren sólo para aguas internacionales y así lo han puesto en marcha países como Perú.
Naturalmente. El sector industrial chileno considera que Chile queda en una posición desmedrada.
-El gerente de Asipes (la asociación gremial de industriales de la VIII Región), Luis Felipe Moncada, siempre ha dicho que Chile ha negociado muy mal durante los seis años de reuniones para dar forma a la ORP. Y esa es la opinión predominante en la industria.
Así dice él. Y bueno, en parte comparto esa opinión.
-¿Por qué?
Porque Chile nunca había participado en una negociación internacional de esta índole. No tenía mucha experiencia en esta materia y en 2007, en la reunión de la ORP en Reñaca, la delegación nacional permitió que quedaran por escrito cosas que no eran convenientes para el país.
-¿Qué cosas?
Que no se obligara a cerrar de inmediato la pesquería y se dejara abierta la posibilidad para que países sin historia pesquera pudieran ingresar, como lo hicieron Cuba y Ecuador. También debió haberse cerrado inmediatamente la entrada de nuevas naves de países que ya pescaban. Tampoco se exigió que se impusiera una cuota de captura. Pero no se podía exigir más, porque el país no había alcanzado la madurez como para aprobar en ese entonces medidas de esa naturaleza. Creo que ahora, desde la redacción de la convención en 2009, los países miembros ya alcanzaron la madurez necesaria para decir que, si el interés genuino es conservar el recurso, no basta con un cierre del esfuerzo de pesca, sino que hay que imponer una medida más radical: limitar las capturas.
-Apenas Chile ratifique la convención formalmente en la ORP, ésta pasa a ser vinculante. ¿Qué significa eso? ¿A qué sanciones se arriesgan los países que no cumplan con las medidas contempladas en el acuerdo?
Con la entrada en vigencia de la convención, debiera implementarse el Comité de Cumplimiento, algo absolutamente necesario y por lo cual Chile va a abogar en la próxima reunión en Auckland. Mientras no exista ese comité, no podemos estar seguros de que las medidas que dictamine la ORP se vayan a cumplir. Ese es el otro paso que queda por dar: uno es haber logrado cerrar el número de embarcaciones que pescan, después haber puesto una cuota de captura, pero ahora tenemos que asegurarnos de que esas medidas efectivamente se cumplan.
-La ORP, entonces, es como la creación de una ley: sin una fiscalización efectiva es letra muerta.
Claro. Por eso es que uno de los puntos de discusión que Chile va a llevar a la reunión de Auckland va a ser la implementación del Comité de Cumplimiento que efectivamente cuente con atribuciones para hacer cumplir estas medidas vinculantes. Nos gustaría también que ojala la ORP pudiera tener su propio sistema de vigilancia, monitoreo y seguridad para que tenga credibilidad. Actualmente, la posición de los barcos está controlada por sistemas nacionales que no son confiables y que pueden estar arreglados. Un sistema que sea administrado por la organización es vital para poder fiscalizar y hacer cumplir las normas que la ORP dicta. Creo que lo del cumplimiento va a ser uno de los temas centrales que se deberían discutir, aparte de cuál va a ser la cuota. Y por otro lado, insistir en que la ORP tiene que tener un plan de recuperación para el jurel. No basta con ir fijando cuotas o poner eventualmente una veda. Es urgente hacer un plan para ver cómo recuperamos este recurso.
-¿No se ha discutido eso aún?
El tema se planteó inicialmente en la reunión de este año en Santiago. La idea era elaborar un plan, pero quedó en nada. Así que ahora vamos a insistir. Ya es momento de concretarlo.

UN STOCK ÚNICO

-El principal logro de la reunión de la ORP de este año fue la definición de una cuota para toda la región.
Claro, aunque en rigor no es una cuota de captura, sino que es un límite al que todos los países voluntariamente se suman. Es un compromiso voluntario.
-Chile no adscribió a esa medida. De hecho, la cuota nacional de jurel para 2012 sobrepasa en un 35% lo recomendado por la ORP, un acuerdo que incluso los representantes chilenos apoyaron.
Efectivamente. En rigor, Chile dio su consentimiento a la medida interina que habían consensuado el resto de los países en términos de reducir las capturas para el 2012 a un 40% de lo que se había pescado en 2010. Eso significaba que Chile no podía superar las 186.000 toneladas de jurel, pero cuando se llegó a este acuerdo en la reunión internacional de enero, el país ya había fijado su cuota de captura interna. El Consejo Nacional de Pesca (CNP) optó por un 80% de la cuota anterior y eso nos llevó a cerrarla en 252 mil toneladas.
-Pero la propuesta inicial de la cuota que hizo la Subpesca al CNP iba en la línea de lo que decía la ORP.
Así es, pero nuestro sistema jurídico en el área pesquera indica que el CNP puede rechazar la propuesta de la Subpesca, y que en ese caso tiene que adoptarse el 80% de la cuota del año anterior. En la reunión de la ORP en Santiago, Chile dijo: “No me opongo a la medida interina del 40% y voy a hacer todo lo posible por poder cumplir con esa medida”. Pero ya se sabía que teníamos una cuota de pesca superior. Se produce una discrepancia que en términos diplomáticos se entiende mejor que en términos técnicos, pero Chile adhiere a la medida interina, aunque formula sus reservas y hace una declaración: dedicará sus mejores esfuerzos por cumplir.
-Las normas de la ORP sólo regulan lo que ocurre en aguas internacionales. Perú lo toma así: sus capturas dentro de su ZEE no están consideradas dentro del límite que se compromete a pescar ante la ORP. ¿Por qué Chile no lo ha hecho así?
Basándonos en el antecedente técnico de que el jurel es una especie transzonal, que se encuentra tanto dentro de la ZEE como en alta mar, el Estado chileno considera que para administrar la pesquería del jurel en buena forma se tiene que considerar toda el área de distribución del recurso. En consecuencia, Chile puso a disposición de la ORP todos los antecedentes y todas sus estadísticas de captura dentro y fuera. Esa medida va a servir cuando llegue el momento de asignar capturas, porque Chile ha hecho historia pesquera tanto dentro como fuera de las 200 millas. Obviamente eso va a resultar en que Chile consiga una participación mayor a que si sólo se consideraran las capturas en alta mar.
-Usted participó desde 2008 en los grupos internacionales de trabajo científico que organizaron la ORP, los que han acogido la teoría de que sólo hay un stock de jurel en el Pacífico Sur. Las medidas de conservación internacionales y nacionales parten de esa base. Pero eso aún no está comprobado.
Es cierto. Mientras no exista evidencia dura para efectos de manejo, consideramos que el jurel que hay en el Pacífico Sur es un solo stock. Deben continuar los estudios que el grupo de ciencias se ha planteado para determinar con certeza cuántos stocks de jurel existen y cuál es la distribución de la biomasa disponible para capturar. En la próxima reunión de octubre en Lima, ese será uno de los puntos fundamentales a discutir. A Perú le importa mucho porque ellos alegan que tienen su propio stock, y Chile va a presentar algunos antecedentes basados en estudios financiados por el Fondo de Investigación Pesquera.

UN BENEFICIO PARA SALVAR A LA INDUSTRIA DEL NORTE

-La industria del norte, dominada por el Grupo Angelini, también dice que hay un stock distinto en esa zona. Incluso logró que se aprobara una ley que la exime de la restricción de pescar jurel bajo la talla mínima legal.
Eso ya terminó el 18 de junio recién pasado.
-O sea, ¿la talla mínima vuelve a ser de 26 centímetros para todo el país?
Se mantiene la talla de 26 centímetros para todo el país, pero se hace una excepción para el caso de la pesquería de la zona norte, entre las regiones de Arica y Parinacota y la de Antofagasta.
-Entonces no se ha acabado el permiso para que las pesqueras del norte continúe con esa excepción.
Pero es una excepción distinta.
-¿Qué tiene de distinta?
Se va a eximir de la talla mínima de 26 centímetros a las capturas de jurel que se hagan en la zona norte en calidad de fauna acompañante de la anchoveta. Reitero, todo lo que se pesque en la zona norte como fauna acompañante de la anchoveta no va a quedar sujeto a la talla mínima, pero con un límite: hasta 40 mil toneladas al año, máximo. Fue el resguardo que puso la Subpesca.
-Ese límite es bastante alto: 40.000 toneladas representan casi el 16% de la cuota global nacional.
Sí, pero ese es el porcentaje máximo al cual se puede llegar. Si existe una cuota para el norte que sea inferior a esas 40 mil toneladas, rige la cuota. Si se determina que el próximo año, por ejemplo, la cuota es más de 40.000 toneladas, para el excedente rigen los 26 centímetros. Este año el norte tiene una cuota de 35 mil toneladas de jurel, eso es lo que pueden pescar y queda exento de la talla mínima siempre que hayan sido capturadas como fauna acompañante de la anchoveta. Si el próximo año la zona norte tiene una cuota de 50.000 toneladas, sólo puede capturar hasta 40 mil que quedan exentas y las 10.000 restantes tendría que capturarlas con sujeción a la talla mínima.
-¿Cuál es el fundamento técnico para que se dé esta excepción? Si la lógica que rige la norma internacional es que hay un solo stock, una medida como ésta atenta contra la misma al permitir la pesca de ejemplares más juveniles.
Hay estudios del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y otros que se hicieron en el propio seno del grupo de ciencias de la ORP, que demuestran que, en términos del futuro del stock de jurel, lo más importante no es la captura de juveniles sino el monto de los ejemplares de la biomasa desovante, de los ejemplares adultos.
-Pero si partimos de la base de que es solamente un stock, esto sería una cadena: si se pesca a los juveniles, no llegan a ser adultos desovantes.
Claro, pero la mortalidad por pesca de los juveniles es muy baja, no más allá de un 5% del total, porque la cantidad de juveniles es muy alta. Entonces, aunque parezca mucho hablar de 30 ó 40 mil toneladas, sigue siendo marginal. Considerando eso, y tomando en cuenta también que desde un punto de vista práctico hay que darle una salida a la pesquería de la zona norte, uno no se puede cerrar y decir, no, no se pesca más jurel en la zona norte porque es chico. Como la anchoveta que ellos pescan sale con jurel, si no permites pesca de jurel, no puedes permitir la de anchoveta, y ahí sí que se termina por paralizar toda la pesquería industrial en la zona norte. El gobierno tiene la obligación de actuar con un sentido científico-técnico, pero también con un sentido político, social y práctico. En consecuencia, a sabiendas de que tenemos que darle una solución a la zona norte y teniendo en mente los antecedentes, se decidió por aceptar un cierto monto de ejemplares juveniles en la captura, y ese monto va a quedar fijo.
-¿No es un riesgo muy grande para una pesquería que, según los mismos estudios de IFOP, está en nivel de colapso? El estado del recurso es tan crítico que hay científicos que proponen una veda total de jurel por al menos cinco años.
Claro que existe un riesgo, pero es un riesgo medido, pensado. La Subpesca no se tiró a la piscina con una cifra cualquiera, sino que consideró los antecedentes históricos. Si uno no quiere paralizar las pesquerías, tiene que hacer alguna concesión en términos de permitir un cierto volumen de jurel chico. Ahora, respecto a una eventual veda, habrá que ver qué pasa en esta próxima reunión del grupo de ciencia en Lima, si se justifica o no la paralización total. Va a ser una reunión sumamente sensible para todos los países.
-¿Es viable una eventual veda?
Como profesional, debería estar de acuerdo con una medida de esa naturaleza, pero distinto es cuando me pongo en la posición de un administrador pesquero que trabaja en una organización de gobierno, porque tengo la obligación de mirar también otros factores, principalmente los económicos y sociales. Quizás no convenga adelantarse. Nosotros pensábamos que ya en una reunión anterior podía haber surgido con fuerza esto de la veda, pero no fue así. Habrá que ver qué ocurre en la próxima reunión, si la condición ha empeorado, se mantiene o, cosa que no creo, repuntó.
-¿Qué ha pasado este año que el jurel volvió a aparecer en aguas chilenas?
No estamos seguros. Les hemos preguntado a los científicos del IFOP, que son los que más conocen, y ellos piensan que no es un asunto de mayor abundancia, sino que hay una mayor disponibilidad en la zona costera. Quizás, debido a factores ambientales se ha producido una relocalización del jurel. Lo que en ningún caso significa que la biomasa del jurel haya aumentado, sino que lo poco que hay se redistribuyó, y enhorabuena.
-Hace un par de meses, el presidente de Inpesca, Marcel Moenne, decía que la mayor presencia de jurel este año en aguas chilenas podría poner en jaque la teoría de un stock único.
He escuchado esas mismas opiniones, pero confío en lo que ha hecho no sólo el IFOP en Chile, sino lo que también ha hecho el grupo de ciencias de la ORP, que reúne a expertos de distintos países.
-Si se mantiene esta situación, ¿en algún momento Chile podría cambiar de posición y asumir la normativa de la ORP sólo para alta mar, como lo ha hecho Perú?
Efectivamente, puede hacerlo. Es un elemento que estamos evaluando y considerando para la próxima reunión en Auckland.
-Pero la postura chilena hasta el momento ha sido aunar lo que se pesca dentro y fuera de la ZEE en una sola cuota bajo el discurso de la sustentabilidad de los recursos. ¿Implementar la separación no sería echar pie atrás?
Preferiría no hacer ese juicio, pero sí es posible que Chile lo reconsidere. Ese planteamiento no está absolutamente vedado. ¿Qué pasa si el jurel sigue concentrado en la ZEE de Chile costero? Si se llegase a hacer eso, de todas maneras tendría que ser una medida compatible con las de conservación de la ORP. Chile no puede irse al chancho aunque esté dentro de su zona económica exclusiva.
-Perú lo ha hecho.
Sí, de alguna forma… Pero si llegamos a tomar la decisión de tener una cuota interna y otra para alta mar, nuestra cuota interna sin duda que va a ser compatible con lo que la ORP diga.

LEYES INCOMPATIBLES

-Ahora que Chile ratificó la ORP, ¿de qué forma se compatibiliza dentro de este esquema internacional la nueva Ley de Pesca que se discute en el Congreso?
Es una de las tareas pendientes: ver cómo se compatibilizan nuestra normativa interna con la de la ORP. Sobre todo considerando que nuestra ley determina que en diciembre tienen que fijarse las cuotas anuales de captura para poder fijar los límites máximos por armador. Pero las reuniones de la ORP, donde se determina la cuota global para la región, son posteriores. Hay que pensar cómo vamos a fijar en diciembre una cuota que va a estar sujeta a una ratificación por la ORP. Probablemente tendremos que ceñirnos a la recomendación que el grupo de ciencias nos haya dado en la reunión de octubre en Lima. Pero son nuestros abogados los que tienen que estudiar cómo se compatibilizan nuestras normas internas con las normas internacionales.
-Aunque la nueva ley se apruebe, para cuando se decidan las cuotas en diciembre la institucionalidad actual aún estará vigente. ¿Qué tan compatible es, por ejemplo, que la decisión final sobre las cuotas en Chile esté en manos del CNP, donde el 60% de sus miembros son representantes del sector productivo?
Puede ocurrir que en diciembre de este año nuevamente nos veamos en la misma situación. Y no tengo una respuesta para eso. Lo que sí es claro es que hay que estudiar cómo compatibilizamos ambas cosas: la legislación interna con este acuerdo internacional. Está pendiente.
-En materia de sustentabilidad, el punto principal del proyecto del gobierno es que el CNP dejará de ser un órgano resolutivo para ser sólo consultivo y que las cuotas serán definidas por un comité de científicos. ¿Cómo se encuadra la existencia de este comité en la normativa internacional?
Nuestro comité científico nacional debería tener una voz muy fuerte en lo que se refiere a la cuota de captura para 2013 y ese comité científico obviamente tendrá en cuenta lo que digan el IFOP, Inpesca, el grupo de ciencias de la ORP o cualquier instituto de investigación serio.
-¿Cómo se va a conformar este comité científico?
El proyecto de ley que está en el Congreso señala que debería haber un máximo de nueve integrantes. Lo que el Ejecutivo propone es llamar a un concurso público para elegir a cinco de ellos. Además, debiera haber dos representantes del IFOP y dos de la Subpesca. Así, la decisión de las cuotas será técnica y no política como ha sido hasta ahora.
-Eso supuestamente dejaría afuera de la toma de decisiones a los representantes del sector productivo, ¿pero puede algún científico vinculado a la industria –como los de Inpesca– participar en el comité? ¿Hay mecanismos definidos para evitar conflictos de intereses de sus miembros?
Probablemente el concurso tendrá ciertas restricciones. Habrá factores que inhabilitarán a una persona para ser miembro del comité científico. Eso todavía está en discusión. Lo importante es que ese comité científico pueda recomendar al Ejecutivo un rango de cuota de captura.
-O sea que el comité no tendrá la última palabra.
El comité no dará un valor definido sino que le propondrá a la Subpesca un rango, y la autoridad será la que decidirá dentro de esos márgenes.
-La decisión final estará entonces en manos de la Subpesca.
O del Ministerio de Economía. El comité científico sólo hará una recomendación, pero la decisión la tiene que seguir tomando el Ejecutivo, el poder político. En ninguna parte del mundo son los científicos los que fijan las cuotas. Ellos recomiendan y la autoridad se hace responsable de sus decisiones. Así esperamos que sea en Chile. Es un avance importante en términos de sustentabilidad y de transparencia el hecho de que las decisiones finales sobre las cuotas no las tome un Consejo Nacional que obviamente está integrado por gente que tiene intereses.
-¿Cree que el Congreso alcanzará a aprobar la nueva ley? El senador Alejandro Navarro ha declarado que el gobierno pareciera más preocupado de prorrogar por lo menos un año la normativa actual.
Sí, escuché eso, pero la decisión del Ejecutivo es ponerle todo el acelerador y la urgencia para que esta ley esté tramitada antes del 31 de diciembre de 2012.

LAS DUDAS SOBRE EL RMS

-Uno de los principales puntos que han impedido el avance de la nueva ley es el de las licitaciones de las cuotas. ¿Cuál es el mecanismo que contempla el proyecto?
Va a haber licencias de pesca transables tipo A, tipo B y tipo C. Lo más relevante sobre eso es que si el Ejecutivo determina una cuota de captura para un recurso determinado, y esa cuota equivale o está por sobre el 75% de lo que corresponde al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), obligatoriamente debería licitarse la diferencia.
-¿Qué pesquerías se podrían licitar en este momento?
Quizás las pesquerías de anchoveta y sardina, porque las otras, sobre todo de peces como la merluza del sur, la merluza común, el jurel o el congrio están en condiciones no adecuadas para ser licitadas. Tendrá que pasar un largo período de recuperación del stock como para poder pensar en una licitación. Eso lo sabe todo el mundo: las licitaciones no van a ser una cuestión de aquí al próximo año.
-¿Qué es el RMS?
El Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) es un concepto biológico pesquero que estuvo durante varios años en descrédito en la comunidad científica internacional, pero que últimamente tomó fuerza y es un criterio que ha sido adoptado por países como Estados Unidos. Es un punto biológico de referencia y se expresa en términos de biomasa o de mortalidad por pesca. Hay una curva que indica que, mientras aumenta la biomasa, el rendimiento (lo que se obtiene de la pesquería) aumenta hasta llegar a un tope. Y ahí es cuando empieza a disminuir el rendimiento. La biomasa para el máximo rendimiento sostenible está precisamente en el peak de esta curva. Entonces, cuando el Estado establezca una cuota que equivalga al 75% de lo que podría ser la cuota equivalente al RMS, en ese momento se gatilla la licitación, y ahí vienen las licencias de tipo A, B y C. Ahora, este concepto de RMS no es aceptado por toda la comunidad científica chilena.
-¿Por qué?
Algunos científicos piensan que el RMS no debiera ser un objetivo que se busque en la administración de la pesquería sino que debe ser un techo.
-Entonces, tener el RMS como objetivo significaría llevar la explotación al límite.
Claro, llegar a un límite y no pasar de allí. Pero no necesariamente tiene que ser el objetivo. Ahí está la discrepancia.
-¿Nunca se había aplicado este concepto en las políticas pesqueras chilenas?
En Chile no, pero hay países, como Estados Unidos, que manejan o administran su pesquería basándose en el concepto del RMS. Aunque ellos consideran un porcentaje. Dicen, por ejemplo, vamos a llegar hasta el 80% del máximo rendimiento sostenible. Eso significa no llevar la pesca al borde de lo que es sustentable: el tope es el 80% del RMS.
-¿Y en el caso chileno sería el 75%?
No. El 75% es para gatillar la licitación. Hasta ahora el Ejecutivo ha puesto el RMS como un objetivo y no como un límite, no como un techo. Esa discusión se va en el Congreso.
-No como oficial de la Subpesca, sino como científico, ¿está de acuerdo con eso?
Prefiero no contestar esa pregunta. 

FUENTE:CIPERCHILE