Frente Amplio Unitario

Comenzó carrera por la privatización del Litio. Gobierno anuncia fecha de licitación y oposición advierte que se revisarán los contratos en una futura administración

Por Susana Frías K.
Chile posee el 41% del mercado mundial de este mineral. El Gobierno abrió la licitación cuyos resultados se conocerán en septiembre, justificando una ganancia de US$350 millones. Parlamentarios se oponen a la medida y piden no seguir el camino que tuvo el cobre. Expertos cuestionan la decisión. Redes sociales explotan con comentarios y campañas en contra de la medida.

La privatización vuelve a ser un tema de debate, que ya no sólo atañe a la clase política, sino que son los propios ciudadanos quienes, a través del poder de las redes sociales, exigen que Chile recupere sus recursos naturales y que no los regale.

Se trata del litio, mineral cuya participación en Chile es del 41% del mercado mundial. Junto a Bolivia y Argentina concentran más del 80 por ciento del mineral en el planeta, lo que se perdería si se llega a concretar el proceso de privatización, que partió hace dos meses luego de que el ministro de Economía, Pablo Longueira, y el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, informaran que las bases de Licitación del Contrato especial de Operación de Litio (CEOL), fueron ingresadas a la Contraloría General de la República para su proceso de revisión correspondiente.

Ahora sólo se debe esperar: ya se informó que el 24 de septiembre será la fecha clave, en la que el gobierno dará a conocer el nombre del contratista que se adjudicará los derechos de extracción del litio en nuestro país, en una operación que el Ejecutivo espera pueda recaudar cerca de 350 millones de dólares.

Los diversos usos que tiene el litio -cerámica, en psiquiatría y como almacenador de energía, entre otros- lo hacen uno de los minerales más apetecidos por los mercados mundiales. Es por esto que la licitación que el país hará de sus yacimientos es un tema económico fundamental.

La carrera hacia la privatización

El proceso se inició el pasado 12 de junio, con el anuncio hecho por el subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Los parlamentarios de oposición, quienes están en estado de alerta, acusan que esta decisión perjudicaría los intereses del Estado.

La licitación contempla el pago de un royalty mensual equivalente al 7% de las ventas netas de la empresa contratista, lo que a juicio del gobierno está a la par de lo que exigen países productores de litio como Australia y Argentina, que oscilan entre el 0 y el 10%.

Sin embargo, según parlamentarios, estas ganancias son mínimas comparadas con los beneficios que se podrían obtener si el Estado se hiciera cargo de la extracción de este recurso.

Una mala decisión

Según el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, la licitación "es el único camino que podemos desarrollar".

Ante las críticas de la oposición que acusan al gobierno de estar deshaciéndose de una riqueza chilena, Wagner puntualizó que el recurso sigue siendo chileno y no concesible, y aclaró que el fisco recaudará el 7% de las ventas y todos los impuestos asociados a cualquier empresa en Chile, lo que equivale al 50% de las utilidades.

Por último, la autoridad aseguró que la licitación va a ser internacional y abierta, tanto a privados como a empresas nacionales, por lo que Codelco perfectamente puede participar.

En este contexto, la senadora por la III Región y presidenta de la Comisión de Minería y Energía, Isabel Allende, manifestó su rechazo a la medida asegurando que "el Ejecutivo dio a conocer -primero por la prensa y luego, por el subsecretario del ramo en la Comisión de Minería y Energía del Senado- una propuesta para dinamizar el mercado del litio, argumentando que de no implementar medidas urgentes, Chile perdería su posición en el mercado internacional. Se pretende, ahora con el lanzamiento de esta licitación, de espaldas a la sociedad, entregar en concesión la explotación del litio a privados y para esto propone la creación de los CEOL, que no es más que una medida para privatizar el litio".

La parlamentaria enfatizó que "desde la Comisión y, junto a otros actores como la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), le planteamos al gobierno desde un inicio la inconveniencia de este tipo de medidas inconsultas. La demanda mundial de litio presenta una oportunidad histórica para implementar una política de Estado. Ésta no sólo debe incluir la extracción, sino también promover el desarrollo de una industria ligada a la explotación de este mineral, transformando al país en un líder en tecnología, y no sólo de materias primas".

"Chile es uno de los países con las mayores reservas de litio y, como tal, requerimos de decisiones de largo plazo, independientes de coyunturas y urgencias políticas. Así lo demostramos una vez con el cobre; hoy, no podemos cometer nuevos errores y entregar un recurso de esta magnitud a decisiones administrativas, sin debate en el país y con consecuencias lesivas, al dejarnos presionar por urgencias y por oportunidades de corto plazo", aseguró Isabel Allende.

El senador Mariano Ruiz Esquide enfatizó que "no satisface la política que ha llevado adelante el presidente Piñera en la defensa de los recursos del país" y, por lo mismo, se debe acelerar la tramitación del proyecto que establece las modificaciones al artículo 19 N°24 de la Constitución Política del Estado, asegurando la nacionalización del litio".

También, sostuvo que "el litio está protegido en documentos que vienen desde el periodo de la dictadura y en los últimos años, en orden a que no es concesionable".

"El Gobierno lo que ha hecho es utilizar un mecanismo en el cual hace contratos directamente de explotación desde el Estado (administrador de un bien nacional como es el litio, cobre o el agua) para entregarlo a instituciones privadas. Me parece contrario a la norma constitucional que obliga que todo esto se haga desde el Estado (no sólo como gobierno) hacia una administración o explotación conforme a una norma que se tramite en el Congreso Nacional", afirmó el senador DC.

Finalmente, Ruiz Esquide aclaró que "el litio, como todos los recursos naturales, es chileno. Por lo tanto, cualquier explotación debe ser llevada adelante por el Estado a través de un proyecto de ley y una discusión abierta en el parlamento".

Explotación "cuestionable"

Para Flavia Liberona, directora de la fundación Terram, el Gobierno debe plantearse la posibilidad de extraer y procesar este material.

"Hoy es un mineral que se esta ocupando en toda la tecnología, viene en todo lo que es baterías, ya sea de computadores o de celulares. Y cuando vengan los autos eléctricos van a tener baterías de litio, por lo que la demanda va a crecer. Ahí se abre una segunda pregunta que es: aquí no sólo se trata de extraerlo, sino de procesarlo y generar productos de litio ¿y por qué el Gobierno de Chile no ha abierto esa posibilidad?", se cuestionó la ambientalista.

Existen, además, dudas respecto de la transparencia de este proceso, debido al conflicto de interés que posee el ministro de Minería, Hernán de Solminhiac, quien es hermano del subgerente general de Soquimich, empresa del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, y una de las posibles interesadas en la licitación.

Para el diputado radical Marcos Espinoza, "esto ya se ha transformado en una tónica de este Gobierno, donde tenemos ministros que tienen que renunciar por conflictos de intereses y en el caso de los Contratos Especiales de Operación de Litio tenemos que el propio ministro de Minería, que es el encargado político de una cartera tan relevante para el desarrollo del país, tenga que inhabilitarse al tener conflictos de intereses en el tratamiento de una materia de suma relevancia como es la exploración y explotación del litio", criticó Espinoza.

Los parlamentarios no bajan la guardia frente al tema y exigieron detener el proceso de licitación del mineral, por considerarlo "lesivo para los intereses del país". El senador Juan Pablo Letelier fue más allá y afirmó que "el Gobierno está haciendo un traje a la medida para un negociado con nuestros recursos mediante un resquicio que contradice el Código Minero".

Por ello es que "notificó", a las empresas que se presenten al concurso para adjudicarse los derechos de explotación por 20 años, que en un futuro gobierno deberán someterse a la revisión de los contratos: "El gobierno del presidente Piñera está utilizando letra chica, un resquicio legal, generando un negocio para otros, en contra de los intereses del país. Quienes participen en esta licitación tengan claro que en Chile no hay consenso sobre el uso del litio y, por lo tanto, que se atengan a las consecuencias por actuar en contra de los intereses del país para saquear nuestros recursos. Hay una opinión mayoritaria de los chilenos en contra y es por eso que el Gobierno no se presenta al Congreso con esta ley", advirtió.

"Hay una oportunidad para el país"

Santiago González, ex ministro de Minería de Michelle Bachelet, advirtió que con el litio no puede suceder lo mismo que con el cobre. En conversación con radio ADN, agregó que el gobierno anterior entregó a la actual administración diversos estudios sobre explotación de litio como un producto más refinado, y no una materia prima en bruto.

"¿Cómo podemos entregarle valor agregado para que no nos pase lo mismo que históricamente nos ha pasado con el cobre, que las empresas producen concentrados de cobre y se los llevan? ", comentó, agregando que "con el litio, las empresas van a producir carbonato de litio y se lo van a llevar. ¿Cómo podemos generar valor agregado, hacer que de Chile salgan baterías de litio o algo similar, y que no salga el carbonato de litio? Por lo menos que salga litio metálico, que es una especie más avanzada".

El ex secretario de Estado aseguró que "como país tenemos todas las condiciones para abordar el tema de la explotación del litio. Es un mineral que hoy no tiene gran relevancia desde el punto de vista económico a nivel mundial, como lo tiene el cobre o la plata, pero sí tiene un gran futuro".

Añadió González, "estamos frente a un mineral que puede tener, dentro de los próximos 10 a 20 años, un desarrollo explosivo en nuestro país, y somos el país que tiene las principales reservas de litio en el mundo".

El ex ministro de Minería advirtió que "hay una oportunidad para el país. Hay que definir una política de cómo vamos a abordar la explotación del litio, porque el gobierno, a través de estos contratos especiales de operación, entrega su explotación al sector privado por 20 años. Nos vamos a comprometer con estas empresas, que son multinacionales y que están muy interesadas en explotar el litio".

Los encargados de privatizar

Actualmente dos empresas poseen el permiso de explotación del litio: Sociedad Chilena del Litio y Soquimich (SQM). Sin embargo, el gobierno pretende abrir este mercado a otras empresas, por lo que propuso una modificación legal para liberar su explotación.

Quienes están involucrados directamente con el tema son el ministro de Minería, Hernán De Solminihac, y el subsecretario de dicha cartera, Pablo Wagner. No obstante, el primero posee un grave conflicto de interés debido a que es hermano de Patricio De Solminihac, uno de los principales ejecutivos de la empresa SQM. Al respecto, el ministro dijo que "sé enfrentar con mucha transparencia mi trabajo y así se va a hacer en este caso. En cada momento me abstendré mientras sea oportuno".

Por otra parte, el subsecretario de minería, Pablo Wagner, se ha reconocido partidario de la privatización al punto que, independientemente del gran soporte financiero que Codelco ha sido para el desarrollo de Chile, en julio de 2011 sostuvo que la nacionalización del cobre había sido un "error histórico". Ahora, todo el tema del litio está en manos del subsecretario.

Privatización

Esta no es la primera vez que el gobierno se manifiesta a favor de la privatización. Cuando aún era candidato, Sebastián Piñera dio a conocer su intención de privatizar el 20% de Codelco, una idea que fue duramente criticada en ese entonces.

En junio del 2011, la Corporación del Fomento (Corfo) remató el 29,98% de la participación que tenía en la empresa sanitaria Aguas Andinas en la Bolsa de Comercio de Santiago y recaudó unos US$984 millones. Por ello, quedó con sólo el 5% de la propiedad, que antes del remate su participación era de 34,98%.

 FUENTE: CAMBIO 21