Contraloría abre una nueva investigación contra el director del SII
A la dura resolución de la Contraloría emitida el mes pasado, que dispuso que el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, fuese investigado por no abstenerse de participar en el proceso de condonación que favoreció a Johnson´s, se suma ahora una nueva investigación del órgano fiscalizador contra el máximo directivo del SII.
La Contraloría está pesquisando las denuncias contenidas en un escrito ingresado el 21 de diciembre de 2012 por la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich), texto que detalla tres situaciones que considera irregulares y/o ilegales.
De acuerdo a la información que publica hoy The Clinic Online, a raíz de esa denuncia la Contraloría investiga la contratación de la empresa “San Ignacio Limitada”, representada por el periodista Andrés Velasco, para un servicio de asesoría comunicacional por seis meses, para lo cual el SII desembolsó $36 millones. El período de contratación coincidiría con los cuestionamientos públicos que enfrentaron Pereira y el subdirector jurídico del Servicio, Mario Vila, por la condonación de US$119 millones en multas e intereses a Johnson´s (vea el reportaje de CIPER “Las pruebas de la participación de los jefes del SII en el ‘perdonazo’ a Johnson’s”).
-Esta contratación, por trato directo, tiene como único objetivo la protección personal de ambas autoridades del SII, ya que para fines institucionales el Servicio cuenta con un profesional contratado para esa tarea, el asesor comunicacional Aldo Anfosi. Este hecho implica el uso de recursos públicos para fines de interés personal. Por ende, existe una eventual transgresión al principio de la probidad administrativa y de responsabilidades administrativas y civiles, donde se ven implicados dineros públicos para satisfacer un afán privado, como lo es limpiar la imagen de dos directivos cuestionados por la prensa y la ciudadanía – explicó la Aneiich.
La denuncia también cuestiona el aumento de sueldo de Gerardo Montes, jefe de gabinete de Pereira, de quien señala que entró a trabajar al SII el 16 de marzo de 2010 ganando $4,7 millones mensuales, igual que el jefe de comunicaciones Anfosi. Pero el escrito de Aneiich indica que en 2011 su sueldo ascendió a $5,2 millones y que un año después volvió a subir hasta alcanzar los $6,5 millones.
Finalmente, la asociación gremial incluyó en su escrito a la Contraloría el caso del abogado Gonzalo Schmidt, quien hasta agosto de 2010 trabajó en PricewaterhouseCoopers (PwC) bajo las órdenes de Mario Vila, quien ahora es subdirector jurídico del SII. La Aneiich indica que Schmidt habría realizado capacitaciones internas y diplomados financiados por el SII. Agrega que al interior del Servicio el abogado “manejaba casos importantes, como el de Ossandon-Larraín (vea un reportaje de CIPER sobre ese litigio) y fue parte de los equipos internos que enfrentarán, el presente año, a los tribunales tributarios en todo el país.” El problema es que, según la ANEIICH, el abogado decidió volver a PwC, esta vez como jefe de Litigación Tributaria de esa empresa auditora, cargo por el cual probablemente deberá defender desde el sector privado los mismos casos que conoció en el SII porque se verán en los tribunales tributarios.
- Esta situación es anómala y contradice la norma del artículo 62 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, entregado a través de un oficio a las autoridades SII, conforme a la cual “los abogados que se retiren del Servicio no podrán patrocinar en juicios intereses contrapuestos al interés del Fisco o del Estado en ningún asunto en que por razón de sus funciones hubieren tenido intervención”. Norma que no ha sido cumplida ni respetada- aclaró la ANEIICH.
Mientras trabajaba para PwC, de acuerdo a la denuncia de la asociación gremial, el abogado Schmidt patrocinó a una de las empresas filiales de Johnson´s en la causa tributaria Rol 10194-2008 de Santiago Centro, y tras haber ingresado al Servicio no renunció al patrocinio.
La denuncia está siendo tramitada en la Contraloría y podría terminar en un pronunciamiento que derive en la apertura de un sumario administrativo.
FUENTE: CIPERCHILE
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