Cámara aprueba acusación constitucional y ministro Harald Beyer queda suspendido de funciones
Narayan Vila
El secretario de Estado quedó marginado de su cargo hasta que el Senado se pronuncie respecto del libelo acusatorio. En una estrecha votación, en la que fueron claves los votos de los independientes, la Cámara logró aprobar esta acusación.
Por 58 votos a favor y 56 en contra, la sala de la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional que un grupo de parlamentarios de oposición presentó en contra del ministro de Educación, Harald Beyer.
La apertura de la sesión estuvo a cargo de la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, quien aseguró que el ministro Beyer infringió el principio de probidad, omitió el control jerárquico que le corresponde asumir, especialmente en el Departamento de Educación Superior del Mineduc y prescindió de su deber de fiscalizar y sancionar a los planteles universitarios que incurrieron en prácticas lucrativas.
Imputaciones que fueron rebatidas por el abogado defensor de Harald Beyer, Enrique Barros, quien reiteró que la autoridad no tiene las herramientas para fiscalizar y, por ende, la acusación evidencia que hay que cambiar la normativa y no al ministro.
Sin embargo, las reuniones que sostuvieron los jefes de las bancadas del bloque opositor y dirigentes del movimiento estudiantil con algunos legisladores “indecisos” fueron claves para lograr este resultado a favor del libelo acusatorio.
En esa línea, el líder de los diputados del Partido Socialista, Fidel Espinoza, valoró el grado de acuerdo alcanzado por la oposición. “Hoy se comienza a pavimentar el término de una de las mayores lacras de nuestra sociedad, que es el lucro en la educación”, afirmó el parlamentario
Espinoza agregó que “tenemos que terminar con este modelo que privilegia a los que más tienen, que ha hecho ricos a personas que están siendo formalizadas por la justicia al amparo del bolsillo de la clase media y de los sectores más vulnerables de nuestro país”.
Uno de los legisladores “indecisos” era el independiente René Alinco, quien, en ocasiones anteriores, ha estado en el ojo del huracán por su abstención en el informe que rechazó las conclusiones de la comisión investigadora del “Perdonazo Johnson´s” o por votar a favor del presupuesto de Educación en 2011, en plena efervescencia del movimiento estudiantil.
Esta vez, sólo minutos antes de entrar a la sala, ratificó su postura favorable a la acusación constitucional.
Eso sí, el diputado compartió en análisis que ha hecho un grupo importante de dirigentes de la oposición, sobre el “mea culpa” que debe existir al interior de este conglomerado respecto de la permisividad que hubo por años con el lucro.
“Creo que Chile necesita cambios fundamentales en educación, pero eso significa que los diputados de oposición y ex autoridades de los gobiernos de la Concertación deban hacerse una autocrítica firme, seria y muy profunda. Hoy el ministro Beyer fue el que pagó los platos rotos. Mi voto no fue de venganza, ni buscó limpiar mi imagen. Fue un voto de consecuencia con los estudiantes de nuestro país”, dijo.
Por su parte, Harald Beyer, junto con defender su gestión, insistió en que la imputación en su contra no tiene sustento jurídico y, por el contrario, es una acusación política.
“Lo que busca es mostrar la peor cara de la política porque esto no es serio, es politiquería porque esto se da después de 20 años donde no se ha fiscalizado adecuadamente ni se ha hecho un esfuerzo de financiamiento real. Hoy hemos sacado a los bancos del sistema, hemos bajado todas las tasas de interés de los créditos, hemos hecho un esfuerzo para aliviar la situación de las familias, pero también para incrementar las exigencias de las instituciones de educación superior”, sentenció.
La Sala designó a los diputados Fuad Chahín, de la Democracia Cristiana, Manuel Monsalve, del Partido socialista y Marco Antonio Núñez, del PPD, como los integrantes de la comisión que sostener los argumentos a favor del libelo en el Senado, instancia que se erigirá como jurado.
Mientras, el ministro Beyer quedará suspendido de su cargo y, en caso de ser ratificada la acusación por la Cámara Alta, quedará inhabilitado, durante cinco años para ejercer cargos públicos
FUENTE:RADIO U. DE CHILE
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