Entregado al Mineduc en 2004
El informe que la Concertación ignoró y que encendía las alarmas sobre tres universidades hoy investigadas por lucro
Hace unas semanas se hizo
público un informe del Consejo Superior de Educación, el cual hace nueve
años —cuando Sergio Bitar lideraba la cartera de Educación—, ya hacía
fuertes cuestionamientos a la Universidad del Mar. Pero no fue el único
plantel en la mira: la Universidad Santo Tomás, Las Américas y también
el AIEP enfrentaban una abismante expansión, que según el CSE daba
fuertes señales de estar jugando en contra de la calidad educativa. La
recomendación no fue decretar el cierre pero sí ahondar las
investigaciones, lo que jamás se materializó.
Los 18 mil alumnos de la
Universidad del Mar que quedaron a la deriva tras el decreto de cierre
emitido por el Ministerio de Educación (Mineduc), tienen dos
alternativas para finalizar sus estudios: continuar en el plantel o ser
reubicados en una nueva institución.
En este último caso y según orientación entregada a los estudiantes
por el propio Mineduc, son dos las universidades que figuran como el
principal destino para ellos, ya que poseen el mayor número de programas
académicos compatibles: la Santo Tomás y la Universidad de Las
Américas.
Pero la compatibilidad de programas no es lo único que tienen en
común estas tres universidades. Todas, además del Instituto Profesional
AIEP (hoy de la Universidad Andrés Bello), fueron analizadas en un informe realizado por el Consejo Superior de Educación (CSE) en
2004 a petición de la cartera liderada por Sergio Bitar, que también
era presidente del CSE, a raíz de las impresionantes cifras de
crecimiento en sus matrículas. La jefa de la División de Educación
Superior (Divesup) en esa época era Pilar Armanet, la actual
vicerrectora académica de la Universidad de Las Américas.
Tal como recuerda el entonces secretario ejecutivo del CSE, José
Miguel Salazar, “al ministro le llamó la atención el crecimiento de
algunas de estas instituciones y pidió que analizáramos estas
situaciones para ver si ameritaba cerrar alguna. Nos hizo un encargo muy
preciso: saber si habían dejado de cumplir sus objetivos estatuarios a
propósito de su expansión”. Este es uno de los motivos por los cuales el
Mineduc puede revocar el reconocimiento oficial de una institución de
educación superior, luego de un informe del consejo y de escuchar a la
institución afectada.
Pero, si bien hubo señales que encendían las alarmas, no se logró
establecer fehacientemente la existencia de incumplimiento en los
objetivos estatuarios, ya que, como señala Salazar, “aunque había
indicios preocupantes de que existían problemas, la información que
manejábamos no estaba validada, y no podíamos exigir a los planteles que
nos entregaran los datos.En su época ni el Mineduc podía hacerlo, por
eso después inventaron el SIES (Servicio de Información de Educación
Superior). Nadie tenía facultad de pedir datos ni verificarlos. Si nos
daban datos que no correspondían no podíamos exigirles que
rectificaran”.
Un eje central del informe de 2004 apuntaba a la necesidad de
impulsar cambios legales y de modos de operación: específicamente una
reforma a la LOCE que facultara al Consejo para que llevara “a cabo un
proceso más profundo de análisis en los casos en los que el Ministerio
de Educación se lo solicite”. Asimismo la necesidad de impulsar que los
estatutos de las instituciones de educación superior fueran mucho más
precisos y detallados.
En el caso de la Universidad del Mar, hoy ad portas del cierre, las conclusiones del informe salieron a la luz pública a través de la prensa recién hace unas semanas, cuando se destacó que las primeras alertas sobre la compleja situación del plantel se dieron en 2004. Entre otras cosas, se señala que la existencia de elementos suficientes para sustentar la presunción fundada, de que su crecimiento desde su autonomía, ocurrida en enero de 2002, “se ha realizado con detrimento de la calidad de su actividad docente, lo que sugiere que se podrían estar contraviniendo algunos de los objetivos estatuarios”.
“Nunca se produjo”, señala Salazar. Y si bien con el tiempo hubo
avances en torno a la obtención de datos, recogidos por ejemplo en la
Ley de Aseguramiento de la Calidad, aprobada en 2006, la situación de
estos planteles en particular fue archivada, haciendo la vista gorda a
una bola de nieve que bien podría estar explotando hoy: las tres
universidades analizadas —la Santo Tomás, Las Américas y la del Mar—
están siendo investigadas por el Ministerio Público en el caso del lucro
en educación, ya que fueron parte de los planteles que la Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados señaló entre los que cometerían
irregularidades al respecto.
Salazar señala que “con el tiempo se puede apreciar que esta
expansión tan agresiva que tuvieron estas universidades quizás no
correspondía solo a motivos educacionales o académicos, sino que habían
otras motivaciones, como podría ser el tema del lucro”.
Alertas hace nueve años
En el caso de la Universidad del Mar, hoy ad portas del cierre, las
conclusiones del informe salieron a la luz pública a través de la prensa
recién hace unas semanas, cuando se destacó que las primeras alertas sobre la compleja situación del plantel se dieron en 2004.
Entre otras cosas, se señala que la existencia de elementos suficientes
para sustentar la presunción fundada, de que su crecimiento desde su
autonomía, ocurrida en enero de 2002, “se ha realizado con detrimento de
la calidad de su actividad docente, lo que sugiere que se podrían estar
contraviniendo algunos de los objetivos estatuarios”.
Pese a ello, el CSE señalaba la necesidad de un análisis más profundo
de las condiciones reales en que operaba el plantel en sus distintas
sedes. Pero no hubo eco.
Lo mismo pasó con las Universidades Santo Tomás, Las Américas y el
AIEP, donde el CSE identificó preocupantes señales que hacían presumir
que “los nuevos programas de estudio ofrecidos por algunas de estas
instituciones podrían no tener un nivel académico adecuado, lo que
podría representar una eventual contravención a los objetivos
establecidos en los respectivo estatutos”.
El 23 de enero de 2003 la Universidad Santo Tomás obtenía la
autonomía académica por parte del Consejo Superior de Educación, el
mismo año en que el ex presidente de la UDI y actual senador Hernán
Larraín era designado como representante ante la Junta Directiva del
plantel, cargo que mantuvo hasta marzo de 2010.
Hasta ese momento la UST impartía 12 carreras en la única sede que
tenía en Santiago y contaba con una matrícula de 4.944 alumnos, número
que se duplicó un año después junto a la meteórica apertura de 10 nuevas
sedes a nivel nacional.
El análisis que el CSE hace de este crecimiento en su informe de
2004, señala que “el acelerado proyecto de expansión (…) muestra
aspectos preocupantes que los antecedentes disponibles al momento de la
realización de este análisis no resuelven”.
Entre otros puntos, advierte que “resulta difícil de imaginar que,
aún en el escenario más positivo posible acerca de la disponibilidad de
recursos financieros y humanos, se pueda organizar una empresa de esta
envergadura sin poner en peligro los estándares que sirvieron de
fundamento para otorgar la autonomía a esta universidad”.
Recalcando además que, según el acuerdo que certifica la autonomía,
uno de los principios que debía enfrentar la universidad estaba
relacionado con una formación basada en los principios tomistas, lo que
“debía redundar en la formación de profesionales con un sello propio que
los diferenciaría de los egresados de otras instituciones. El acelerado
proceso de expansión que está implementando la Universidad Santo Tomás
podría poner en riesgo la efectiva materialización de estos principios
en los procesos de formación académica”.
En vista de esto y para “emitir un juicio más concluyente, se
deberían recolectar antecedentes actualizados sobre la forma en que se
ha materializado el inicio de las actividades docentes en cada una de
las 87 carreras, incluyendo la cantidad de alumnos matriculados, la
dotación de profesores y sus respectivas jornadas de contrato, e
información relativa a recursos de apoyo a la docencia, así como la
infraestructura e instalaciones por sede”.
Ahora el plantel, que en 2012 ya contaba con 27.803 matriculados, es
investigado por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en el
caso del lucro en educación, ya que es una de las instituciones que
fueron apuntadas por la comisión investigadora sobre el tema en la
Cámara Baja. Paralelamente, el ex secretario ejecutivo de la Comisión
Nacional de Acreditación, Patricio Basso, acusó ante el Mineduc de
lucrar a la UST, lo que fue desestimado por el ex ministro Harald Beyer.
A diferencia de la Fiscalía, que recogió los antecedentes y continúa
las indagaciones al respecto.
Ojo en las exigencias de admisión
La Universidad de Las Américas obtuvo su autonomía el 30 de diciembre
de 1997, cuando impartía 8 carreras en Santiago y su matrícula total
ascendía a 1.558 alumnos.
Siete años después, en 2004, impartía más de 80 carreras en tres
ciudades distintas y su matrícula ascendía a 15.701 alumnos: según
constata el informe del CSE a partir del 2000 “la matrícula
institucional prácticamente se duplica cada año”.
Según concluía el Consejo, no existían antecedentes suficientes que
permitieran asegurar que la explosiva expansión del plantel “responde a
un proceso debidamente planificado, en el que se han tomado los
resguardos necesarios para conservar la calidad académica mostrada por
la institución al momento de la certificación de su autonomía
institucional”, lo que, señalaba el informe “se ve reflejado en las
permanentes variaciones que ha experimentado el cuerpo docente,
variaciones que no parecen corresponderse con un proceso debidamente
planificado y presupuestado”.
Esto, resultaba “especialmente preocupante” para el CSE porque cuando
se otorgó la autonomía al plantel, se la transmitió a Las Américas la
necesidad de “fortalecer e incrementar su cuerpo académico con el objeto
de lograr un desarrollo adecuado de su proyecto institucional,
necesidad que no pareciera haber sido atendida por la institución”.
Igualmente, se le había señalado que “era conveniente que aumentara,
paulatinamente, las exigencias de admisión, pues ello le permitiría
contar con un alumnado más homogéneo en términos de sus capacidades
académicas”. Sin embargo, explica el informe, el proceso de expansión
“parece haber desatendido esta observación, pues no se advierte la
existencia de una política institucional en este sentido”.
En la actualidad la Universidad de Las Américas no exige a sus alumnos rendir la PSU.
En la misma línea que lo recomendado en los casos anteriores, el CSE
resaltaba la necesidad de un estudio en profundidad para establecer las
condiciones reales de la docencia en la Universidad, “con acceso a las
estadísticas completas sobre docencia y progresión de estudiantes,
incluyendo las que se refieren al diseño de nuevas carreras y las
condiciones de egreso de los alumnos titulados. Además, resulta
necesario que se indague con acuciosidad los requisitos y condiciones de
ingreso de que dispone la universidad y los mecanismos que implementa
para asegurar el nivel académico de los alumnos que matrícula”.
Las Américas, que en 2012 ya alcanzaba los 31.228 y que desde 2000
forma parte del Grupo Laureate, es otro de los establecimientos que está
en la mira del Ministerio Público por lucro en educación, así como el
grupo completo, que entre otras instituciones alberga a la Universidad
Andrés Bello y a su Instituto Profesional ligado, el AIEP. El ojo está
puesto en indagar las entradas de dinero entre empresas relacionadas.
Súper expansión
En cuanto al Instituto Profesional AIEP, al obtener su autonomía en
2002 tenía una matrícula total de 413 alumnos, repartidos en tres
carreras en una sede en Santiago y otra en Antofagasta que en ese
momento ya no recibía nuevos alumnos. Dos años después había aumentado
en 20 veces su matrícula, alcanzando los 8.047 estudiantes, mientras que
las carreras llegaban a 219 en 9 sedes distintas.
Según las conclusiones del Consejo Superior de Educación, esta
expansión es la mayor que “haya experimentado cualquier otra institución
de educación superior en tan breve período”. Pese a lo cual, detallan,
no disponen de información suficiente para “determinar el nivel de
desarrollo de los recursos humanos y materiales, con excepción de
docentes, para otorgar una calidad de enseñanza a sus alumnos”.
Además, desde el CSE presumían que el instituto podría “no ajustarse a
las disposiciones de la ley al impartir carreras de nivel técnico que
en principio no se relacionarían con ninguna de las carreras de nivel
profesional que ofrece, como ocurre con la carrera de Técnico Jurídico”.
Una vez más se recalca la necesidad de estudiar en mayor profundidad
los antecedentes, en este caso, los planes de estudio y los perfiles de
egreso de las respectivas carreras.
Por ello recomiendan un examen integral de la situación “que permita
formular un juicio concluyente respecto de la capacidad del Instituto
Profesional AIEP para afrontar las exigencias que supone una expansión
tan masiva del número de estudiantes, sedes, áreas disciplinares y
programas, como la que ha tenido en los dos últimos años”.
En 2012, según antecedentes entregados por el Consejo Nacional de
Educación (CNED), AIEP tenía 59.217 alumnos repartidos en 19 sedes a lo
largo del país.
Al ser un instituto profesional, no corresponde que hoy sea
investigado por lucro, lo que según Salazar implica “que deja la
conversación donde la soltamos: ¿hay o no un problema de calidad?”.
Qué hizo Bitar
La diputada Cristina Girardi, miembro de la comisión investigadora
sobre el lucro, explica que no tuvieron acceso a este informe, pero que
lo solicitaron y nunca llegó. Tras leerlo concluye que “había luces
suficientes como para haber hecho algo. Aquí hubo responsabilidades de
ambos, tanto del CSE como del ministerio. Todo depende de la voluntad de
hasta dónde quieras investigar”.
Y agrega que “la crítica es que, y con esto apunto a todos los
ministros que han pasado por Educación, teniendo las atribuciones no lo
hayan hecho. De acuerdo a la ley y en base a lo que han dicho expertos
constitucionalistas, en la medida que existen facultades sancionatorias
—que en ese tiempo ya habían— existen facultades para investigar”.
Consultado sobre las acciones que se tomaron a raíz del informe,
Sergio Bitar, que respondió brevemente porque estaba rumbo a Francia,
señaló que luego de que la Divesup le planteara los datos de la
explosiva expansión de estos planteles “instruí dos cosas. Primero,
solicitar acciones al Consejo Superior de educación. No contestó, es lo
que recuerdo, y las Universidades aludidas se inquietaron. Segundo, en
vista de la necesidad de controlar la calidad envié un proyecto de
acreditación otorgando facultades para el Estado, incluso obligación de
entregar datos financieros (de las instituciones de educación superior”.
Pero, agrega, “la derecha se opuso. Logramos tras tres años
(2003-2006) la existencia de una ley. Aunque buena y mejor que nada fue
parcial y en parte frenada: la derecha argumentó que el mercado regula
y el Estado no debe meterse, haciendo más de 800 indicaciones. Así que
todo lo obrado fue sin mediar denuncia alguna y con oposición
defendiendo a las universidades privadas”.
Parlamentarios de la Alianza planean invitar a Bitar y a ex
autoridades de Educación de la época a la Comisión de Educación de la
Cámara para que aclaren lo ocurrido en 2004.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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