Frente Amplio Unitario

Las millonarias irregularidades que denunció Contralora de importante entidad del ministerio de Agricultura que fue despedida por hacer su trabajo

Por María Elba Troncoso
Se confirma intento de desmantelar la única institución dedicada a la investigación de alimentos, el INIA. Tratan de beneficiar a ejecutivos de la nueva administración y pagan millonarias asesorías. Sólo un estudio jurídico ligado al diputado UDI José Antonio Kast, cobró asesorías por 139 millones de pesos

Tres años de irregularidades han hecho estragos en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, corporación de derecho privado, sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura, que maneja un presupuesto anual aproximado de 12 mil millones de pesos.

Bajo la gestión de Guillermo Donoso al inicio del gobierno de Sebastián Piñera y luego de Pedro Bustos, han aplicado una política sistemática de despidos y debilitamiento de sus investigaciones, con el claro objetivo de beneficiar a privados y de paso poniendo en riesgo la alimentación de los chilenos.

Los antecedentes

Las irregularidades en el INIA no son nuevas, comenzaron bajo la dirección de Guillermo Donoso Harris, quien debió renunciar en abril de 2011, tras enfrentar una querella criminal por fraude al Fisco y un mes antes que la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, emitiera un informe sobre irregularidades y posibles hechos de corrupción, entre estos aumentos de sueldos, despidos injustificados y realizar acciones para favorecer a competidos privados, que fue aprobado por unanimidad en la sala.

Entre las conclusiones de la investigación destaca un serio debilitamiento de sus objetivos y financiamiento, irregularidades en el despido de 74 trabajadores, abusos laborales reiterados, aumento arbitrario de asignaciones a funcionarios de confianza, desvío de recursos para fines no autorizados, violación normas de entrega de información confidencial y falta de planificación de la gestión.

La política de Donoso era "externalizar" una parte de los servicios que prestan los funcionarios, lo que a juicio de los afectados, fue el inicio de la política de "desmantelamiento del INIA que se prolonga y profundiza hasta hoy.

El despido de los 74 trabajadores, entre ellos 12 investigadores con grado Master y 14 con doctorados en el extranjero, afectó el desarrollo de proyectos asignados con financiamiento del Conicyt, Innova y de la Fundación para Innovación Agraria. Además la institución debió pagar indemnizaciones por más de dos mil millones de pesos.

Los parlamentarios recomendaron nombrar como director nacional a una persona idónea, reincorporar a os profesionales y funcionarios despedidos y solicitar que la Contraloría investigue faltas a la probidad.

El informe que elaboró posteriormente el máximo organismo fiscalizador confirmó las irregularidades al constar un "desorden contable en la administración" y "la utilización de los recursos de la transferencia en objetivos distintos a los establecidos en el convenio" entre la Subsecretaria y el instituto, entre otras cosas.

La Contraloría interna

Tras la salida de Donoso, el entonces director interino del organismo, Robinson Vargas solicitó un informe a la contralora interna de la entidad, Olga Avendaño, cuyos resultados marcaron el principio del fin de sus 25 años de experiencia en la institución.

En conversación con Cambio21 la profesional recordó que su investigación confirmó las escandalosas irregularidades, entre estas que la Dirección Nacional creó 12 nuevos cargos, sin acuerdo de Consejo del INIA y no incorporados en el Manual de Organización Institucional.

A los funcionarios de confianza de la nueva administración se les otorgaron asignaciones de cargo desajustadas a la escala de sueldos y al déficit existente. El gasto mensual en salarios y dotación de personal, pese al despido de 74 funcionarios, aumentó en más de $ 76.000.000, en un corto período. Sólo las asignaciones de cargo implicaron un gasto mensual de más de $ 7.000.000 y los bonos (que antes no existían) a casi $ 19.000.000, en beneficio de 14 personas.

También concluyó graves irregularidades en el proceso de externalización de los servicios, con millonarias pérdidas económicas, a raíz de una "inadecuada gestión de los contratos".

Se contrataron 26 nuevas asesorías externas, por montos que llegaron en un año a 335 millones de pesos. Sólo el estudio jurídico Kast, Pinochet y de la Cuadra, en pocos meses percibió más de 139 millones, donde además se detectó conflictos de intereses del Subdirector de Administración y Finanzas, Rodrigo Quiroga.

Se constató que "en general en las asesorías hay falta de correspondencia entre los resultados con los objetivos perseguidos y el costo pagado, y una falta de oportunidad dada la restricción presupuestaria, en varios casos los honorarios excedieron a los de mercado y se registraron cobros duplicados en las asesorías legales".

De este modo se registró un dramático aumento del endeudamiento. "un año antes no había obligaciones bancarias de relevancia, y en julio de 2011 éstas ascendían a 2 mil 555 millones de pesos".

Finalmente concluye que "en la práctica no se acogieron, por la nueva Dirección Nacional, casi ninguna de las recomendaciones de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, ni de la Contraloría Interna del INIA".

El nuevo informe que sepultó a Avendaño

Por instrucciones del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y del Ministerio de Agricultura, Olga Avendaño realizó un nuevo informe, que también sacó a la luz lapidarias conclusiones.

La "Auditoría sobre compras de bienes y servicios", de fecha 9 de octubre de 2012, detectó una serie de irregularidades en la adjudicación de un contrato de apoyo tecnológico del área de finanzas y contabilidad, adjudicado a ASICOM, cuyo contrato no está firmado y no tiene fecha.

El informe constató que no se entregaron especificaciones a las tres empresas que participaron en el proceso, no se les pidió cotizaciones por escrito, las ofertas fueron hechas en meses con objetivos y plazos distintos, razón por la cual ASICOM resultó la de menor costo.

Además se detectó la compra directa de siete camionetas por un monto cercano a los 100 millones de pesos, sin llamar a licitación como lo exigen las normas.

La contralora interna recordó que un nuevo informe sobre control interno de noviembre de 2012, hizo una serie de nuevas observaciones, pero el Director Nacional no lo firmó ni envió al Consejo en la fecha exigida. Posteriormente y cuando estaba un curso un nuevo informe la despidieron. "me negaron los datos solicitados para este estudio, lo que puede ser la ocasión del despido para evitar que se ejecutara".

El desmantelamiento

Existe coincidencia en que el desmantelamiento del INIA sería el objetivo de esta política de despidos, externalización de servicios y restricción de la gestión, mientras que los beneficiados serían por una parte los nuevos funcionarios que se han inflado los suelos y por otro el sector privado, que pretende hacerse del mercado de las semillas.

De este modo los perjudicados por estas irregularidades serían 17 millones de chilenos, que podrían ver hipotecada para siempre su alimentación. Las semillas de los productos alimenticios de primera necesidad como papas, arroz y legumbres son producidas por el INIA, que traspasa la tecnología de manera gratuita a pequeños y medianos agricultores, por lo que los precios de estos productos quedarían cautivos de los privados propietarios de las semillas y las tecnologías.

Uno de los 74 despedidos por la gestión de Donoso, fue el jefe del área de insumos tecnológicos, Belfor Portilla Rodríguez, quien en conversación con Cambio21 consideró que este tema debería ser de especial preocupación en el país, pero lamentablemente se ha tratado de desvirtuar.

"La gente debiera movilizarse porque más del 60% del pan que comen los chilenos se genera dentro del INIA, la única variedad de arroz grano largo, las papas más consumidas y el abanico de productos elementales para la mesa de los chilenos han sido históricamente generada dentro del instituto, pero este trabaja con científicos puertas adentro que no hacen propaganda, pero la gente no sabe la importancia de esta labor".

Consideró que la actual administración "no entiende lo que es la investigación, porque son empresarios que vienen de otros sectores y miran todo desde la óptica de negocios y no tienen la menor idea de lo que es el concepto de innovación tecnológica y trabajar a largo plazo con una política de Estado".

Recordó que "la gestión de Donoso pretendía entregar el negocio de las semillas del INIA sin licitación a una empresa de la competencia, pero eso fue detenido por un informe de la que constato que esto era nefasto".

Nuevos despidos

Hace unos días, una veintena de trabajadores de la Estación Experimental INIA Quilamapu, fueron despedidos en la octava región. La Razón el cierre de la lechería producto de la baja en la producción del producto.

El presidente del Sindicato, Alfonso Valenzuela, recordó que durante la gestión de Donoso había graves antecedentes de que quería privatizar los laboratorios y externalizar los servicios y que la nueva administración prometió que no se producirían más despidos.

Señaló que en su zona no sólo se han producido estos despidos, se están entregando menos recursos lo que se traduce en que hay un "30 por ciento menos de investigadores y el 20 por ciento de ellos son a honorarios, lo que es una ilegalidad. La investigación del INIA no puede deprender de trabajadores en condiciones precarias".

Cabe destacar que esta es la segunda lechería que se cierra en la zona desde el 2010. De acuerdo a lo señalado por Belfor Portilla esto demuestra que se está operando con "un enfoque equivocado, porque las lecherías son unidades de investigación para generar conocimiento, no son para ganar plata con el producto leche, es un subproducto de la investigación, el propósito de una entidad de investigación que tiene unidades lecheras, es generar conocimiento y no ganar plata. No se entiende el concepto de investigación".

Los conflictos de intereses

Las asesorías jurídicas del estudio Kast, Pinochet, De la Cuadra y Compañía, creado en 1989 por Francisco Pinochet Cantwell y el diputado UDI José Antonio Kast, son el más claro ejemplo de las irregularidades al interior del INIA.

Las faltas detectadas por los informes antes descritos se ven agravadas con la permanencia del jefe de Administración y Finanzas, Rodrigo Quiroga Arrau, quien fue gerente de la firma jurídica hasta el 2010, mismo año en que se concreta el primer contrato entre ambas partes.

A juicio del abogado Mauricio Daza, representante de Olga Avendaño, "las irregularidades no terminaron porque se mantiene el jefe administrativo", quien inmediatamente después de dejar el estudio "sin previa licitación y con cargo de fondos públicos, lo contrató por una suma de 139 millones de pesos para defender al INIA en un conjunto de juicios y ninguno tuvo éxito".

Agregó que "la incompatibilidad es clara y se agrava con la información de que el estudio está vinculado al diputado Kast y la derecha y por lo tanto directamente a la actual administración".

Al respecto, el ex director del INIA Leopoldo Sánchez, calificó el pago de 139 millones de pesos por los juicios de los despidos "como una brutalidad, porque son montos estratosféricos para la realidad de una institución como el INIA" y recordó que durante su gestión el antiguo abogado que ejercía esas funciones, Pedro Irureta, cobraba menos de $300 mil por juicio.

Además, otro conflicto de interés de Rodrigo Quiroga fue la contratación de ASICOM ya que su representante, Rainer Stehr, era su amigo y compañero de curso de universidad.

Cambio21 trató de contactar al Diputado Kast, pero no se encontraba disponible por estar en sesión parlamentaria, según informaron en su oficina.

La respuesta

Conocidas las denuncias, el director Pedro Bustos, respondió a La Segunda que por ser una institución de derecho privado el INIA puede hacer lo que quiera. Consultado por Cambio21, respondió a través de un comunicado, que entre otras cosas señala que mientras la causa está en tribunales no se referirán al tema. Además fuentes de Cambio21 informaron que en la última sesión de consejo se acordó no entregar mayores declaraciones al respecto.

Al respecto, Olga Avendaño señaló que la autoridad está tratando de minimizar el tema, al circunscribirlo a su demanda laboral, obviando las denuncias de fondo. "Las denuncias no son para nada pequeñas, puesto que implican una enorme cuantía de recursos fiscales administrados arbitraria y discrecionalmente y en beneficio de sus personas de confianza o vinculadas a las nuevas autoridades. Además se han vulnerado sistemáticamente las normas y procedimientos internos para favorecer en consultorías y asesorías a su entorno político y social".

El abogado Daza consideró que las declaraciones de Bustos "van en contra de dictámenes de la Contraloría durante décadas, por lo tanto no solamente estamos frente a una situación irresponsable, sino derechamente actuaciones fraudulentas que van en contra de su objetivo de garantizar alimentos de calidad".

Al respecto el ex director del INIA Leopoldo Sánchez, afirmó que "se están saltando normas básicas de la administración pública" y consideró "vergonzosos y irresponsables" los dichos de Bustos respecto a que puede hacer lo que quiera, lo que dijo que "a todas luces es falso".

Cabe destacar que siendo el INIA jurídicamente una corporación de derecho privado, cumple funciones públicas. Más del 90 por ciento de su presupuesto es fiscal, alrededor del 50% proviene de la Ley Anual de Presupuesto de la Nación y el resto de fondos públicos concursables para proyectos de investigación y transferencia de tecnología, como los recursos de CONICYT, FONDECYT, FIA, Gobiernos Regionales, etcétera y sólo una parte proviene de la venta de productos derivados de sus investigaciones.

Los beneficiados Von Baer, Monsanto

Dentro de las funciones del INIA está la producción de semillas y en la práctica regula el precio de las semillas, donde los principales competidores privados son semillas Von Baer, propiedad del padre de la ex ministra Ena Von Baer y ANASAC, que está en manos de la multinacional Monsanto.

De este modo el desmantelamiento del INIA abriría las puertas a que estas grandes controlen totalmente el mercado de las semillas, pues cuentan con los recursos para desarrollar el perfeccionamiento y nuevas investigaciones y los pequeños agricultores quedarían sin acceso a estas nuevas tecnologías, que actualmente les son traspasados gratuitamente por el instituto.

"Hacer desaparecer el INIA va en directo beneficio de estos dos grupos económicos ya que en definitiva se formaría un duopolio que en la práctica permitiría fijar por parte de estos capitales privados cual es el precio de los alimentos en chile, afectando gravemente el interés público", señaló al respecto el abogado Daza.

FUENTE: CAMBIO 21