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Estado subsidiario y el mercado en la salud
En el presupuesto 2013 se comienza a pagar el “subsidio permanente a la construcción” al concesionario “San Jose”, que construyó los hospitales de La Florida y Maipú. Este subsidio se debe pagar por un plazo de 15 años, a un valor anual de 54 millones de dólares. El Estado pagará un total de US$ 810 millones mediante este mecanismo por un proyecto avaluado en 298 millones de dólares. O sea, tendremos que pagar un sobreprecio de 512 millones de dólares.
Hoy
enfrentamos una nueva discusión de presupuesto, en este contexto,
debemos tener claridad de las enormes cantidades de recursos que son
transferidos año tras años por el Estado hacia el sector privado. Estas
cuantiosas transferencias son justificadas desde la lógica del Estado
subsidiario y el paradigma mercantil en la salud, que sostienen que la provisión privada resulta más eficiente que la pública y aseguran la libertad de elección.
Estas son aseveraciones de ideológicas, desmentidas repetidas veces
por la realidad. Al impulsar este tipo de políticas se ha generado
mayor desigualdad y segregación en nuestro sistema de salud.
¿Aumento de presupuesto?
El presupuesto para salud aumentará en un 5,6% (el menor incremento
presupuestario de esta administración para la cartera). Son los aportes
de los usuarios, a través de los copagos y cotizaciones, los que
explican en un 64% el l aumento de 5,6% de presupuesto para el sector.
Esto no es casual. En esta administración se ha perseguido agresivamente
que el financiamiento del seguro público recaiga en los hombros de sus afiliados.
Esto implica que se profundiza la lógica de entender la salud como un
“bien privado”, en tanto que los recursos que financian la salud
provienen de los bolsillos de las personas.
El gasto en Salud
El gasto público en salud alcanzará en el presupuesto 2013 a
representar un 3,5% del producto interno bruto (PIB). Este gasto está
financiado por dos fuentes de ingresos principales: el aporte fiscal
(2,05% PIB) y los aportes en cotizaciones de salud y copagos de los
usuarios de Fonasa. En contraste, el gasto privado alcanza a los 4,4%
del PIB, los cuales se componen del gasto de bolsillo (2,7% del PIB), es
decir los pagos directos que debe efectuar la población en consultas,
exámenes y medicamentos. Este es un tipo degasto sumamente regresivo y
que en Chile es el componente de financiamiento más grande de la salud
(34% sobre el 100% de gasto total de Chile).Por otro lado, la tajada que
se llevan las Isapres es de1,7% PIB, y que pueden direccionar a las
clínicas privadas que pertenecen a sus holdings de empresas (así todo
queda en familia). En síntesis, el gasto per cápita de sector público es
de 326 mil pesos (para 13 millones de personas) mientras que el gasto
de los usuarios de Isapres llega a los 730 mil (2,8millones de
personas). Así se materializa una desigualdad brutal en la distribución del financiamiento en la salud.
Subsidios y transferencias
A pesar de que los fondos de gasto público en salud son
insuficientes,12,5% del total de los recursos terminan siendo utilizados
en compras y subsidios a la demanda, específicamente en las clínicas
privadas. No es menor, así, que la suma de las transferencias para la
próxima ley de presupuesto, aumenta nuevamente, llegando a los 1.187
millones de dólares. Los mecanismos de traspasos a privados, son tres:
1) la modalidad libre elección (MLE), 2) “convenios de prestaciones médicas”,
que son las compras que realizan los hospitales y servicios de salud a
las clínicas privadas, 3) el Bono AUGE. Estos mecanismos son
ineficientes desde el punto de vista del gasto que generan versus los
resultados. En promedio, por cada bono auge efectuado se podrían haber
realizado tres intervenciones en la red pública. El principal problema
de transferir recursos al sector privado, es que se terminan pagando
sobreprecios respecto a los costos reales de la atenciones de salud.
Estos sobreprecios tienen su justificación en el hecho de que las
clínicas privadas son instituciones con fines de lucro, por lo que el
Estado debe terminar pagando con recursos fiscales sus utilidades.
El costo oportunidad de los recursos que se destinan al sector
privado es gigantesco; los US$ 1.187 millones destinados a las
clínicas privadas, podrían haber financiado la totalidad del proyecto de
3 hospitales de alta complejidad, o dejar financiado la construcción de
593 consultorios (en un solo año). Con esa cantidad de recursos, se
podría financiar anualmente una ampliación de la dotación del personal
de salud en un 39,5% o sea financiar aproximadamente 32 mil nuevos
cargos.
Un nuevo elemento que debemos considerar, es que en este presupuesto
2013 se comienza a pagar el “subsidio permanente a la construcción” al
concesionario “San Jose”, que construyó los hospitales de La Florida y
Maipú. Este subsidio se debe pagar por un plazo de 15 años, a un valor
anual de 54 millones de dólares. Esto quiere decir que el Estado pagará
un total de US$ 810 millones mediante este mecanismo. El problema surge
cuando consideramos que el proyecto para los dos hospitales está
avaluado en 298 millones de dólares, o sea que tendremos que pagar un
sobreprecio de 512 millones de dólares o, visto de otra forma, se
podrían haber construido por la modalidad pública 5 hospitales en vez
de los 2 que se construyeron mediante la modalidad de concesiones.
Es imprescindible que superemos la concepción del Estado subsidiario,
profundamente ineficiente e inequitativa, y que ha mantenido a la salud
pública en una situación de estrangulamiento financiero y de
desmantelamiento de su capacidad, generando un sinnúmero de problemas
que bien conocen los usuarios de la red pública.
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Fuente de fotografía
Matías Goyenechea
FUENTE: EL QUINTO PODER
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