Universidades privadas no creen que medida sirva para detener el lucro
SVS cuestiona a clasificadora de riesgo respaldada por el Mineduc
En octubre pasado —y en una
iniciativa apoyada por el jefe de la división de Educación Superior,
Juan José Ugarte— la Comisión Nacional de Acreditación decidió incluir a
Feller-Rate para clasificar riesgo de las instituciones superiores. La
medida ha despertado cuestionamientos tanto al interior de la CNA como
de la propia Superintendencia de Valores y Seguros, que el jueves 15 de
noviembre negó la autorización a la evaluadora para operar en la
educación superior. Mientras la empresa esperaba el visto de la
superintendencia, los análisis financieros a diferentes universidades
los hizo Feller-Consulting, ligada a la clasificadora objetada.
El miércoles 14 de noviembre,
en el diario La Tercera, el jefe de la División de Educación Superior
del Ministerio de Educación, Juan José Ugarte, se refería así a la
incorporación de la clasificadora de riesgos Feller-Rate en el proceso
de acreditación: “Recurrir a una instancia profesional acreditada ante
la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) nos parece que es el
camino adecuado. Tomar esta opción significa transparentar el proceso
para que todos los antecedentes que llegan a la mesa de acreditación
sean previamente conocidos por quienes participan de ésta”.
No era la primera vez que desde el Ministerio de Educación se
aprobaba la idea de que fuera una evaluadora de este tipo la que se
encargara de analizar la situación financiera de las instituciones de
educación superior. El mismo Ugarte había participado en varias sesiones
de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) donde se ponía el tema
sobre la mesa, como consta en diferentes actas de la Comisión.
En septiembre de 2011 la CNA advirtió de la necesidad de contar con
un analista financiero —tercero independiente— para que analizara la
viabilidad de cada proyecto institucional sometido al sistema. La idea
fue respaldada en todo momento por el Ministerio de Educación que
incluso envió un oficio a la CNA con la propuesta de que el análisis
fuera realizado por una Clasificadora de Riesgos. Según señala Paula
Beale, secretaria ejecutiva interina de la CNA, en ese mismo oficio el
Mineduc decía: “Realizadas las consultas pertinentes a la
superintendencia no existiría impedimento alguno para contar con dicha
autorización”.
Después de un proceso de licitación —en un rubro con pocos oferentes
en el mercado— la CNA contrató a Feller-Rate, una conocida clasificadora
de riesgo. En abril de este año la evaluadora pidió permiso a la SVS
para realizar la actividad complementaria que significa la evaluación de
las instituciones de Educación Superior. Entre junio y agosto se
hicieron las primeras evaluaciones en la Universidad San Sebastián.
Mientras esperaba la respuesta de la SVS, Feller Consulting, entidad
ligada a la clasificadora, entra para continuar con las evaluaciones.
El pasado 15 de noviembre, la SVS contestó con un portazo a las intenciones de Feller-Rate. Por medio de un oficio no autorizó lo solicitado por la evaluadora (Ver documento adjunto). “Esta Superintendencia estima inconveniente autorizar la actividad complementaria de la solicitud en comento”, señala el documento que menciona varios puntos para prohibir la intención de Feller-Rate, como por ejemplo, que “para el caso en cuestión, la actividad solicitada se enmarca dentro de un proceso de acreditación efectuada por una institucionalidad pública, y que tendría un carácter vinculante puesto que, en una medida no menor, determinará la decisión de acreditación de dichas instituciones y subsecuentemente, la asignación de recursos públicos, exponiendo a la clasificadora de riesgo a un cuestionamiento público sobre su función, en una materia cuya regulación y supervisión escapa a las facultades de esta Superintendencia”.
A pesar de esto, el pasado 15 de noviembre, la SVS contestó con un
portazo a las intenciones de Feller-Rate. Por medio de un oficio no
autorizó lo solicitado por la evaluadora (Ver documento adjunto). “Esta
Superintendencia estima inconveniente autorizar la actividad
complementaria de la solicitud en comento”, señala el documento que
menciona varios puntos para prohibir la intención de Feller-Rate, como
por ejemplo, que “para el caso en cuestión, la actividad solicitada se
enmarca dentro de un proceso de acreditación efectuada por una
institucionalidad pública, y que tendría un carácter vinculante puesto
que, en una medida no menor, determinará la decisión de acreditación de
dichas instituciones y subsecuentemente, la asignación de recursos
públicos, exponiendo a la clasificadora de riesgo a un cuestionamiento
público sobre su función, en una materia cuya regulación y supervisión
escapa a las facultades de esta Superintendencia. De esta forma, la
Superintendencia no puede garantizar que la calidad con que se preste
este servicio sea equivalente a la del servicio de clasificación de
riesgo de valores de oferta pública, el cual sí está regulado,
poniéndose en riesgo el activo reputacional de la entidad y de su
respectiva industria”.
En la CNA señalan que la comisión solamente tomó conocimiento de la
decisión de la SVS el viernes 16 de noviembre por información que le
proporcionó la propia clasificadora, “por lo que aún el tema no ha sido
analizado en el pleno de la Comisión. Sin embargo, terminado este
período de acreditación 2012, habrá que evaluar la situación y, según el
resultado que arroje dicho análisis, se adoptarán las medidas que
contribuyan a la mejora del sistema de acreditación”.
Ayer, al término de la sesión ordinaria de los miércoles en la CNA, El Mostrador consultó al jefe de la división de Educación Superior por este tema, sin embargo, no se refirió a la materia.
Según una fuente ligada al proceso de evaluación, mediante este
sistema ya se ha evaluado a las universidades San Sebastián, Tarapacá,
Arcis, Del Pacífico, Ucinf, De Valparaíso, Católica de Concepción y
Universidad Bernardo O’Higgins.
Las críticas
El hecho de incorporar a una clasificadora de riesgo era una idea que
ya había generado urticaria al interior de la CNA. Incluso, cuando
Patricio Basso era secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de
Acreditación, no miró con buenos ojos la medida. “Dada la presión de
Ugarte, la comisión acordó aceptar a las clasificadoras, yo llamé a las
cuatro que había en el mercado y una decidió no postular. Le informé a
la comisión y nuevamente les dije que no me parecía que se usara un
análisis externo”, señala y continúa: “A mí incluso me parece que es
ilegal, y sería bueno que se pronunciara la Contraloría porque no sé si
la CNA puede trasladar a un tercero una tarea que le compete”, señala
Basso.
En esta misma línea, Patricio Pulgar, director de Planificación y
evaluación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, señala que
en primer lugar es necesario despejar dudas sobre la legalidad de la
externalización de esta función que pertenece a la CNA y definir la
responsabilidad que mantendría ésta en el resultado de acreditación de
las Universidades. “Es a todas luces una descalificación a la estructura
anterior de la CNA en cuanto a su capacidad para evaluar la viabilidad
económica y financiera de las instituciones de educación superior. Sin
embargo, independientemente de la organización que realice esta tarea,
es necesario establecer con la mayor claridad posible los criterios con
que se evaluará a las instituciones en estas materias, explicitando la
forma en que se establecerá si existe, o no, lucro en ellas. Mientras no
se definan y transparenten los criterios de estas evaluaciones se
continuará lucrando en la educación superior. Por ejemplo, ¿es un factor
de riesgo recibir a los estudiantes de los quintiles más bajos?,
¿será este un criterio de evaluación del riesgo?”, se pregunta Pulgar.
Una importante autoridad de una universidad privada —que ya fue
evaluada por Feller— señala que sin duda el sistema de medición podría
servir para perjudicar a las universidades privadas que van dirigidas a
segmentos socioeconómicos más precarios: “La metodología que usa Feller
es la misma que utiliza para evaluar riesgo de empresas en la bolsa o
comerciales. Por lo tanto, los factores que ellos van a ver son la
rentabilidad que tienen las empresas, las espaldas financieras con que
cuenta o los bancos que las apoyan… Si la universidad tiene muchos
alumnos, tendrá mayores ingresos; pero si además son alumnos de sectores
altos, las universidades podrán cobrar más. ¡Qué puntuación podrá tener
una universidad con alumnos de otros quintiles y que cobran menos!”.
Según el representante de esta universidad privada, además la medición
provocaría una contradicción con los informes de los pares evaluadores
de la CNA.
Ricardo Carbone, director de Aprendizaje Institucional de la
Universidad Alberto Hurtado, asegura que como universidad comparten el
fondo de la medida, si se busca “transparencia, para asegurar el
adecuado uso y destino de los recursos; y aseguramiento de la
sostenibilidad y solvencia de cada proyecto universitario”.
Sin embargo, cree que la implementación de ésta debe ser vista con
mayor detalle. “Las universidades tienen proyectos académicos
diferenciados y particulares, sustentados en modelos de financiamiento
que varían de una institución a otra. Medirlas con los mismos estándares
y clasificarlas en un ranking único, puede llevar a errores y
equivocaciones”.
Ni Feller-Rate ni el Ministerio de Educación quisieron referirse a la
decisión de la Superintendencia de Valores y Seguros ni al futuro de la
medida.
FUENTE:EL MOSTRADOR
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