Estudio revela caso paradigmático de exclusión en contra de mujeres y niñas
Informe de DD.HH. UDP revela discriminación estructural y violencia del Estado contra movimientos sociales
La discusión -esta vez- estuvo
centrada en dos grandes temas transversales: la segregación contra
ciertos grupos vulnerables (pueblos indígenas, homosexuales y
refugiados, entre otros) y los criterios, límites y formas en la
utilización de la fuerza estatal contra de miembros de la comunidad.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó esta mañana la décima versión de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile,
centrando la discusión en dos grandes temas transversales: la
discriminación o exclusión arbitraria contra ciertos grupos vulnerables,
y los criterios, límites y formas en la utilización de la fuerza
estatal contra de miembros de la comunidad.
En ese sentido, el estudio refleja las deudas que aún mantiene el
país en materia de discriminación arbitraria en contra de pueblos
indígenas, diversidad sexual, mujeres y niñas y refugiados
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile constituye un ejemplo ilustrativo del modo en que el ordenamiento jurídico se aplica con parámetros discriminatorios y del modo en que la antigua legislación resultaba insuficiente para el tratamiento de la discriminación arbitraria en Chile. La promesa de la Ley Antidiscriminación aún no rinde sus frutos y constituirá un interesante objeto de análisis para futuros informes”, afirma la publicación.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile constituye un ejemplo ilustrativo del modo en que el ordenamiento jurídico se aplica con parámetros discriminatorios y del modo en que la antigua legislación resultaba insuficiente para el tratamiento de la discriminación arbitraria en Chile. La promesa de la Ley Antidiscriminación aún no rinde sus frutos y constituirá un interesante objeto de análisis para futuros informes”, afirma la publicación.
El Informe también revela el caso paradigmático de discriminación
estructural en contra de mujeres y niñas. En esa línea, se plantea un
escaso avance en temas relacionados con la obligación del Estado de
eliminar las desigualdades en la participación de las mujeres en
política, incluso tras los últimos resultados electorales.
Además, el capítulo sobre pueblos indígenas dedica una sección al
análisis del caso de doble discriminación en contra de una mujer
indígena, Gabriela Blas, en que adquieren relevancia los estándares del
Convenio 169 de la OIT.
En cuanto a los temas inéditos, se incluye una investigación sobre
las condiciones de la población refugiada en Chile, como fenómeno
emergente en nuestra sociedad. Otro de los capítulos novedosos desde la
perspectiva de discriminaciones estructurales, lo constituye el relativo
a empresas, medio ambiente y derechos humanos, que realiza un detallado
estudio y análisis de la zona industrial de Quintero-Puchuncaví.
Incluye por primera vez una evaluación de la responsabilidad empresarial
por los derechos humanos, relacionado a empresas como Codelco, AES
Gener y Puerto Ventanas.
Fuerza estatal y derechos humanos
Fuerza estatal y derechos humanos
El segundo gran tema que cruza el Informe es la violencia estatal,
reflejada en los capítulos sobre política criminal; protesta social;
violencia policial; justicia militar, y, finalmente, verdad, justicia y
memoria (violaciones del pasado).
Este año, se dedica un capítulo especial a la violencia policial.
“Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de
la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo
que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la
necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades
políticas en la materia”, se plantea.
En el capítulo sobre protesta social se analiza la tramitación del
Proyecto de ley de fortalecimiento del orden público, conocido como “Ley
Hinzpeter” y se cuestiona la actual regulación administrativa de la
protesta, “que sirve como fundamento para que las fuerzas de orden
utilicen la fuerza policial, de manera frecuente, en contra de legítimos
manifestantes”. Asimismo, se cuestiona la irreflexiva invocación de la
polémica Ley de Seguridad Interior del Estado, “haciendo caso omiso de
la responsabilidad política que involucra su ejercicio”.
El capítulo de justicia militar, en tanto, denuncia una vez más el
incumplimiento por parte del Estado del fallo de la Corte IDH conocido
como caso Pallamara – tras siete años de su dictación- y se centra en
sus intentos de reforma según parámetros internacionales. Se recomienda
trasladar esta iniciativa del Ministerio de Defensa al de Justicia. El
capítulo política criminal y derechos humanos se enfoca en la crítica
de una política pública penal insuficiente que “adquiere nuevos bríos a
la luz de acontecimientos que han impactado en el debate público sobre
la política criminal, en especial, los delitos de ‘cuello blanco’”
(caso La Polar). Asimismo, “la permanente violación de derechos humanos
producto de las condiciones carcelarias se erige como presupuesto
fundamental de la discusión, elaboración y diseño de una política
criminal respetuosa de los derechos humanos”.
FUENTE:EL MOSTRADOR
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