Editorial: Poder, coherencia y transparencia
Existe hoy una demanda ciudadana de
estricta coherencia y veracidad entre lo que se dice y lo que se hace.
Este es el nuevo dilema que deben resolver los hombres públicos,
especialmente los políticos y sus asesores de imagen y comunicaciones.
La recomendación obvia es que antes que buscar vínculos de privilegio
con los medios de comunicación, o ejercitar sobre ellos el peso de su
poder político o empresarial, los hombres y mujeres públicos deben
entender que su principal atributo en la sociedad moderna es la
veracidad de lo que afirman y la coherencia de la imagen que cultivan.
Ello proviene de un hecho bastante práctico. A diferencia del pasado,
en que el poder podía dominar con cierta facilidad la agenda pública y
manipular a los medios, la sociedad de hoy está dominada por la
transparencia y la posibilidad real, técnica y política, que las
conductas incongruentes o mentirosas queden rápidamente en evidencia. El
dicho que nada es secreto, todo es público, se cumple a la perfección.
No son solo hechos tecnológicos propios de la era digital. También
han cambiado las percepciones acerca de lo que es público y lo que es
privado. Se ha ampliado el perímetro conceptual de lo público, y en él
se incluyen hoy conductas que en el pasado se consideraban privadas.
Si se desea conocer las orientaciones sexuales, el ámbito de los
negocios o la visión sobre la familia que tienen los candidatos no es
para reprochar, sino para discernir con conocimiento sobre su
sinceridad, en un contexto de pluralidad de intereses. Y si alguien se
presenta en la política de la mano con la esposa y los hijos y un cierto
discurso, se espera que sea veraz al respecto, y que no los está
instrumentalizando.
El país ha ingresado a un período electoral continuo hasta finales de 2013, en el cual la transparencia y la coherencia estarán en el centro del debate tanto por la crisis de confianza que golpea a la política, el padrón ciudadano que se abstiene políticamente, como los cambios que el país debe hacer a su modelo de desarrollo.
Esa capacidad de escrutinio que obra en poder de los ciudadanos
resulta una contrapartida del ojo vigilante y poder coercitivo legal que
tiene el Estado, al que le exige sea transparente. También es un
instrumento de equidad frente al poder económico, que les sirve a los
ciudadanos para resguardar la simetría en materia de derechos.
Son escrutables de manera natural los gobernantes, tanto por la
exigencia de cumplimiento legal de sus competencias como por el sentido
de legitimidad social y política de sus acciones. Son representantes y
hay que controlarlos.
También lo son los empresarios, sobre todo en un sistema como el
chileno que hace virtud de la asociación público-privada como motor de
su economía. En especial por las acciones en sectores donde existen
monopolios naturales, o una baja competencia, en los servicios públicos
concesionados y en aquellos que convocan a economías de esfuerzo
colectivo anónimo, como los bancos, las sociedades anónimas y otras.
Y por supuesto, son escrutables los políticos y sus partidos, por ser
los intermediarios naturales entre intereses privados y públicos en una
democracia, y la organización que recluta el personal para los cargos
públicos y ejerce el poder de gobierno en caso de ganar las elecciones.
Si en esas esferas alguien construye su imagen o enfrenta una campaña
basado en su adhesión a las virtudes de hombre de familia, el
cumplimento estricto de sus deberes cívicos, el servicio público
desinteresado o una religiosa honestidad en sus negocios, debe saber que
tendrá una cadena indeterminada de personas que estarán observándolo a
ver si paga sus impuestos, tiene una vida licenciosa o vínculos
ilegales. Si es así, muy rápido será noticia en las redes sociales y en
los medios.
La responsabilidad de estos es informar con veracidad y equilibrio,
brindando la oportunidad a los involucrados a expresar libremente sus
descargos y opiniones, de manera fundada y en igualdad de condiciones.
Es útil señalarlo pues en las campañas electorales los candidatos
buscan atacar las incoherencias del adversario, hecho que los medios
replican, por lo que resulta fácil, si no se cumple con manuales de
equilibrio y responsabilidad periodística, caer en el abuso con fines
políticos.
El país ha ingresado a un período electoral continuo hasta finales de
2013, en el cual la transparencia y la coherencia estarán en el centro
del debate tanto por la crisis de confianza que golpea a la política, el
padrón ciudadano que se abstiene políticamente, como los cambios que el
país debe hacer a su modelo de desarrollo.
En medio de esas tensiones, la construcción de imágenes ad hoc
será la mayor tentación para alcanzar el triunfo. Los candidatos deben
entender que es también su mayor riesgo si construyen perfiles que no
son coherentes o se alejan demasiado de la realidad. En cualquiera de
esos casos, el deber de los medios es informar con el único requisito de
veracidad y equilibrio, y el solo límite ético del respeto a la
intimidad.
FUENTE:EL MOSTRADOR
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