La crisis en Europa como tapadera para consolidar el neoliberalismo
Con el
pretexto de la crisis del euro en la Unión Europea se avanza hacia el
dominio corporativo de la sociedad, a través de la privatización de los
servicios públicos y la liberalización de los mercados financieros. Los
medios masivos las llaman “políticas de austeridad”. El Ciudadano
comparte este el análisis de Joseph Zacune, publicado por el
Transnational Institut, que presenta una panorámica general de lo que
podría definirse como ‘una gran liquidación a precio de saldo’ de
servicios y activos públicos en toda Europa. Sumada a las medidas de
liberalización y austeridad, está demostrando ser una catástrofe para
los ciudadanos y las ciudadanas. A la vez, las empresas privadas se
están haciendo con bienes públicos en crisis a precios bajos y a los
bancos se les ha rescatado a expensas de la ciudadanía.
“La defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis, no resolverla. Y sigue siendo así”
Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008.
La Unión Europea está
atravesando su mayor crisis económica desde que fue creada, hace 20
años. El crecimiento económico se está derrumbando: la economía de la
eurozona se contrajo un 0,6% en el cuarto trimestre de 2012 y todo
indica que el frenazo se seguirá acentuando.
La crisis del euro se
atribuyó erróneamente al gasto público y la consiguiente imposición de
recortes y aumento de los préstamos se ha traducido en la creciente
deuda de los países y la subida del desempleo. Como era de prever, la
deuda pública de los países en crisis se ha disparado: las ratios de
deuda sobre el PIB más elevadas en el tercer trimestre de 2012 se
registraron en Grecia (153%), Italia (127%), Portugal (120%) e Irlanda
(117%).
Los Estados miembros
de la Unión han respondido aplicando estrictos programas de austeridad,
realizando duros recortes en servicios públicos básicos y prestaciones
sociales. Estas medidas son una copia de las controvertidas políticas de
ajuste estructural que se impusieron a los ‘países en desarrollo’
durante las décadas de 1980 y 1990, y que llevaron al desprestigio del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Al igual que
sucedió en el Sur, las políticas de austeridad en Europa se están
ensañando sobre todo con los sectores más pobres, mientras que los
europeos más ricos –entre los que se encontraría la élite de la banca
que provocó la crisis financiera – han salido indemnes o incluso han
incrementado sus fortunas.
Tras los efectos
inmorales y negativos de recortes innecesarios, se halla un intento
mucho más sistemático de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo
(respaldados por el FMI) de intensificar la liberalización de la
economía europea y la privatización de activos públicos. La triste
paradoja es que una crisis económica que muchos proclamaron como ‘la
muerte del neoliberalismo’ se está utilizando, más bien, para
consolidarlo. Esto se hace especialmente evidente en los países en
crisis de la Unión, como Grecia y Portugal, pero es aplicable a todos
los países de la UE e incluso está integrado en las últimas medidas
adoptadas por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).
Sin embargo, también
se están viviendo victorias alentadoras en la batalla para salvaguardar y
mejorar los servicios públicos europeos y debemos tenerlas presentes
como fuente de inspiración. En Europa incluso está ganando terreno una
contratendencia a favor de la remunicipalización, ya que cada vez se
hacen más patentes los costes y las desventajas de privatizar servicios
públicos, en particular el agua.
A medida que crece la
conciencia pública de que la Comisión Europea, lejos de resolver la
crisis, la está aprovechando para afianzar las mismas políticas
neoliberales que ya demostraron su fracaso en el pasado, estos
contramovimientos y crecientes resistencias populares están luchando por
una Europa que no esté dominada por las grandes corporaciones.
La crisis del euro,
que se ha convertido en una profunda y prolongada recesión en toda la
UE, tiene sus raíces en la doctrina económica ‘neoliberal’ que se ha
planificado y aplicado durante las últimas tres décadas. El
‘neoliberalismo’ promueve el dominio corporativo de la sociedad a través
de la privatización del sector público y la liberalización de los
mercados financieros. Esta doctrina, por lo general, caracteriza los
derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los impuestos, la
protección del medio ambiente y el bienestar social como obstáculos que
interfieren en las ganancias económicas a corto plazo.
LA DOCTRINA DEL SHOCK
Las élites
empresariales y políticas, en lugar de aprender de la crisis, la están
usando como pretexto para profundizar el neoliberalismo y eliminar los
obstáculos que dificultan una mayor dominación corporativa, como los
derechos de los trabajadores y gran parte del Estado de bienestar.
Justo antes de que
tuviera lugar la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea de marzo
de 2013 en Bruselas, Corporate Europe Observatory puso al descubierto
cómo BusinessEurope –uno de los grupos de lobby empresarial más poderoso
en Europa– está trabajando mano a mano con la Comisión Europea para
imponer reformas neoliberales. La Comisión, entre otras cosas, está
ha¬ciéndose eco de las demandas de ‘flexibilidad salarial’ de
BusinessEurope para mantener bajos los costes laborales e incrementar
sus ganancias. La Comisión Europea está priorizando las políticas que
benefician principalmente a las empresas transnacionales en lugar de
apoyar a las pequeñas empresas, los derechos de los trabajadores y las
trabajadoras, y los servicios públicos básicos.
La gobernanza
económica neoliberal se consagró ya en el Tratado de Lisboa, presentado
para su ratificación en 2005, y la crisis del euro se están utilizando
como una oportunidad para introducir nuevos instrumentos legislativos,
como el llamado ‘six-pack’, el Semestre Europeo y el Pacto
Presupuestario. Esta imposición de políticas impulsadas desde Bruselas
aleja la toma de decisiones de los votantes e incrementa el control de
burócratas que no han sido elegidos.
Una de las principales
disciplinas que la Troika exige a los países en crisis es la
privatización de servicios y bienes del sector público como condición
para acceder a los préstamos.
Los activos que están
en el punto de mira de las privatizaciones abarcan numerosos ámbitos,
desde edificios estatales y bancos nacionales a servicios públicos de
agua, energía, transporte, salud y co¬rreos, pasando por
infraestructuras para el transporte. La legalidad de las privatizaciones
impuestas es cuestionable, ya que el artículo 345 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) exige a la Comisión que sea
neutral en cuanto a la propiedad pública o privada de las empresas: “Los
Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los
Estados miembros”.
Las privatizaciones
que se impulsan en el marco de los programas de austeridad se justifican
arguyendo que, con ellas, se generarán ingresos para devolver la deuda.
Sin embargo, aunque las deudas se han incrementado desde que comenzó la
crisis del euro, sobre todo en el sur de Europa, la deuda pública
general de la eurozona y la UE se ha mantenido estable, en un porcentaje
de alrededor del 90% y el 85% del PIB, respectivamente, a finales del
tercer trimestre de 2012.
Un grupo de
organizaciones de la sociedad civil europea ha exigido a la Comisión
Europea que deje de imponer la privatización del agua sobre Grecia y
Portugal. En una respuesta escrita el 26 de septiembre de 2012, la
Comisión admitió que está promoviendo de forma deliberada la
privatización del agua como una de las condiciones para ofrecer sus
paquetes de ‘rescate’:
“Como usted sabe, la
privatización de las empresas públicas contribuye a la reducción de la
deuda pública, así como a la reducción de los subsidios, otras
transferencias o garantías es¬tatales a compañías de propiedad estatal.
También tiene el potencial de aumentar la eficiencia de las empresas y,
por extensión, la competitividad de la economía en su conjunto, a la par
que atrae inversión extranjera directa.”
Este documento de
trabajo e infográfico presentan una panorámica de la ‘liquidación’ de
servicios y bienes públicos en toda Europa, un proceso que está
generando grandes ganancias para un puñado de transnacionales pero que
suele toparse con la resistencia de la ciudadanía. Es coordinado por
Joseph Zacune, quien dirigió la campaña de comercio de Amigos de la
Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y luego trabajó como
Coordinador Internacional del Programa de Justicia Climática y Energía
de ATI entre 2006 y 2010, con presencia activa en las cumbres del G8,
los Foros Sociales Mundiales, las negociaciones de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, y en la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio
Climático en Bolivia. Anteriormente, realizó investigaciones y campañas
contra los abusos de las grandes empresas para la asociación civil War
on Want, que trabaja contra la pobreza.
También participaron
Kenneth Haar, Yiorgos Vassalos y Olivier Hoedeman, de Corporate European
Observatory, Antonio Tricario y Tomasso Frattori, de Italia, Sol Trumbo
Vila y amigos de España, Mariana Mortagua y Jose Caldas, de Portugal, Michael Calderbank, del Reino Unido, y Andy Storey, de Irlanda.
Transnational Institut – El Ciudadano
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