Frente Amplio Unitario

Corrupción en ministerio del Interior: La trama que permite que Hinzpeter y Ubilla continúen en sus cargos frente acusaciones de sobornos de subalternos

Por María Cristina Prudant
Pasó la elección municipal y fue como un recreo para ambos militantes de Renovación Nacional, el mismo partido del Presidente Piñera. Pero se vuelve a la realidad y Rdrido Hinzpeter y Rodrigo Ubilla deberán enfrentar las graves acusaciones de irregularidades en el mismo corazón de La Moneda. El subsecretario en tanto, lucha por mantenerse a flote, aunque lo más seguro es que deje el cargo en los próximos días

La eficiencia y la probidad, que serían pilares básicos del gobierno de Piñera, no se han visto reflejadas en la gestión de los equipos que lo acompañan en La Moneda. Los ministros que integran el gabinete han demostrado poca capacidad para entender cómo funciona la administración pública. Quedó demostrado con el caso de corrupción en el ministerio del Interior -eufemísticamente denominado "sobreprecios"- por la adquisición de equipos para combatir el narcotráfico (que no se concretó), con cobros excesivos, por sobre el 40% de lo normal. Ahí ni siquiera pudieron interponer una querella en los tribunales -eso que lo intentaron en tres ocasiones-, y hasta el momento nadie del Gobierno defiende los intereses del Estado chileno.

Ni el ministerio de Interior ni el ministro Rodrigo Hinzpeter asumen la responsabilidad frente a hechos de real importancia. Otro ejemplo: el caso de la pérdida de 10% de la droga que debería haber sido destruida en 2010, sobre la cual no hubo ninguna denuncia, cuando todos los funcionarios públicos tienen la obligación de hacerlo. Según los parlamentarios Gabriel Ascencio y Ricardo Rincón, las autoridades tenían conocimiento de la pérdida de la droga durante el proceso de custodia y no se presentaron las denuncias respectivas.

En el caso "sobreprecios", extrañamente el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, presentó una querella como persona natural en los tribunales y, como tal, se supone que corre con los gastos del abogado, Luis Hermosilla, quien en un principio fue presentado como asesor jurídico del ministerio de Interior. ¿Qué se traerán entre manos con esta querella de persona natural?

Todo es muy raro. Y también muy grave. El vocero del gobierno, Andrés Chadwick, confirmó esta información, la que fue duramente cuestionada por el diputado Gabriel Silber (DC). "Que Ubilla se haya querellado como ciudadano particular, pagando él los honorarios de su abogado, significa que estamos en una situación muy extraña e irregular, porque no podemos entender que un abogado particular, aunque sea contratado por un funcionario del gobierno, dé entrevistas diciendo que él representa al Estado, que pueda entrar al Palacio de La Moneda cuando quiera, constituirse en oficinas y revisar documentación oficial antes de que esta sea remitida a la justicia, además de otras acciones", comenta.

Situación anómala

Añade que "con las declaraciones del ministro Chadwick, el gobierno se sigue enredando en este tema y sigue cometiendo errores. No entendemos por qué, de manera institucional, el ministro del Interior, el jefe político de la repartición en la cual ocurrió el caso sobreprecios y que ha generado la renuncia de cuatro de sus más altos funcionarios y asesores, no presenta él la querella correspondiente", enfatiza el legislador.

Ernesto Olivares, abogado de Alfredo Giacoman, dueño de la empresa Tecnodata, vinculada al caso, sostiene que es "impresentable" la manera en la que el subsecretario Rodrigo Ubilla terminó querellándose contra quienes resultaran responsables de las presuntas irregularidades en la licitación de equipos antidrogas para el Plan Frontera Norte.

"Es una situación muy anómala: una misma persona tiene dos calidades distintas en un mismo proceso. Tras corregir la querella tres veces, el señor Ubilla se está querellando como cualquier ciudadano. Parte como subsecretario y termina como particular, y declara ante la Fiscalía como ciudadano", comenta Olivares.

El diputado Ricardo Rincón (DC) comenta a Cambio21 que "nosotros dijimos desde un comienzo que Ubilla no tenía potestad para representar al ministerio del Interior y, por lo tanto, para que el ministerio -y a través suyo, el gobierno- presentara querellas, tenía que hacerlo el ministro del Interior, a quien por una razón inexplicable e incomprensible lo tienen escondido, fondeado sin hablar, y así fue como le rechazaron las dos querellas a Ubilla".

También puntualiza que "el subsecretario del Interior presentó en la comisión de seguridad ciudadana la asesoría jurídica y profesional de Luis Hermosilla para el ministerio del Interior y ahora, cuando ha tenido que comparecer como persona natural, algo que obviamente cualquier ciudadano puede hacer, pretende que Hermosilla sea su abogado personal. Pero a la vez sería el abogado del ministerio del Interior para revisar los contratos del ministerio".

Rincón agrega que "nosotros acreditamos a casi 70 abogados en la comisión de seguridad ciudadana, y Ubilla elige a Hermosilla. Esto es de un nivel de absurdo y de inconsistencia que no se entiende. Nadie se compra que los servicios profesionales de Hermosilla valen 3.666.000 de pesos, de los cuales 1.666.000 los paga el ministerio del Interior por revisar contratos y licitaciones y los otros dos millones se los paga Ubilla para representarlo personalmente como un ciudadano más. Pero él no es un ciudadano común, es el subsecretario del Interior".

El senador Jorge Pizarro (DC) dice a Cambio21 que, aparte de "la gravedad que significan los hechos en sí mismos, la concomitancia de funcionarios de confianza con proveedores, los sobreprecios y todo eso, me parece que el hecho político más relevante es que ni el ministro ni el subsecretario asumen su responsabilidad política y no aclaran nada ni piden disculpas frente al país, porque involucra a personas de su confianza, nombradas por ellos, y la implementación de sus programas han sido un fracaso. Ese es el tema más de fondo y se hacen los lesos y siguen mirando hacia atrás o tratando de empatar, situación es que no tienen ningún sentido".

Añade, tajante: "han hecho todo mal, de manera chapucera. Y el Consejo de Defensa de Estado (CDE) tiene que representarlos, pero contrataron un abogado (Hermosilla) que no sabe hacer las cosas. Le han rechazado dos veces la presentación de los escritos; a ese nivel llega la chapucería de este gobierno. Francamente, es absurdo y ridículo lo que está sucediendo".

En las últimas horas, cuatro funcionarios más del ministerio del Interior serían despedidos de sus cargos o se les pediría la renuncia. Con estos cuatro funcionarios se completa un grupo de ocho, que encabezaba el ex fiscal Alejandro Peña.

En tanto, el Consejo de Defensa del Estado, presentó sendas querellas contra varios funcionarios del ministerio del Interior por los graves hechos. La acusación es por soborno. En buen chileno: pago de "coimas" al comprar equipos para combatir el narcotráfico.

Blindan a Hinzpeter

Astucia para hacer montar parafernalias y tapar los errores que han cometido durante su administración de los bienes y recursos públicos, no ha faltado en el gobierno. Han levantado una cortina de humo para cubrir la ineficiencia del ministro Rodrigo Hinzpeter, que hasta ahora no ha cumplido con su principal compromiso, que era derrotar la delincuencia; muy por el contrario, este flagelo se ha internado en su propio ministerio de diversas formas. Piñera dice que no permitirá actos de corrupción y que mejorarán los controles, pero ¿qué pasa con el ministro de Interior? ¿No hay sanción para él?

En los pasillos de esa secretaría de Estado abundan los comentarios, relatados a Cambio21, y que dicen relación con la protección que se le está brindando a Hinzpeter -quien por estos días está casi desaparecido-, para que salga airoso de esta nueva situación, ya que es el responsable político. También lo es el subsecretario Ubilla, que fue quien firmó todos los documentos para adquirir los equipos para el Plan Frontera Norte y terminar con el narcotráfico, otra de las promesas de campaña de Piñera. Todo apunta a que la primera estrategia -dejar recaer la culpas sobre el ex jefe de la División de Estudios, Alejandro Peña, que fue el primero en renunciar por el caso de corrupción-, no resultó.

A nadie le cabe duda que será Ubilla el que tendrá que irse y que lo hará de una manera sigilosa, entre todos los que renunciarán para ser candidatos a parlamentarios. Incluso, fuentes de este semanario aseguran que le tendrían reservado un cupo para que inicie su camino al Congreso. En tanto, Hinzpeter volverá a ser interpelado en la Cámara de Diputados donde fue aprobada dicha interpelación por 50 contra 3 votos.

Por lo pronto, el comité penal del Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en el marco del caso sobreprecios por los delitos de fraude al Fisco y cohecho. Y, posiblemente, también por revelación de secreto. Alfredo Giacoman, dueño de Tecnodata, es una de las personas contra quien está dirigida la querella y a ex funcionarios de gobierno de la subsecretaría de Interior.

Falta ejecución de Presupuesto

No sólo de sobreprecios se habla en el ministerio del Interior. Fuentes cercanas a Cambio21 señalan que en las subsecretarías de Interior y de Investigaciones (PDI) existen serios problemas de ejecución de presupuestos y el problema se les presentará cuando lleguen a la Comisión de Presupuesto 2013 para pedir recursos para el próximo año y se les pida mostrar sus resultados, es decir, qué han hecho con los recursos de este año; según se nos informó, no han ejecutado gran parte del Presupuesto 2012, que les asignó más de 10 mil millones de pesos sólo para el programa de lucha contra la droga.

El diputado Rincón plantea su malestar en torno a este tema: "El Plan Frontera Norte registra un nivel de ejecución que es patético, alrededor de 7%. Claramente, da para pensar que como tenían poco gasto también trataron por esta vía poder gastar harto y poder ejecutar algo de lo que no habían hecho. Aquí da para especular cualquier cosa".

Suman las irregularidades

Los conflictos de interés abundan en Interior. Un claro ejemplo fue la contratación del ex jefe operativo de la PDI René Castellón (renunciado por el caso "sobreprecios"), en calidad de asesor de la subsecretaría de Prevención del Delito; a pesar de su condición de funcionario público, nunca abandonó su empresa de seguridad Geo Limitada, la que incluso se presentó en una licitación convocada por el Gobierno Regional de Tarapacá para adquirir dos fibroscopios para el combate del narcotráfico. Geo Seguridad también es parte de las pocas empresas (5) que prestan representaciones a entidades extranjeras en equipamiento antidrogas.

A propósito de la polémica por los Alcotest que realiza carabineros, Cambio21 pudo averiguar en círculos de La Moneda que en las bodegas de la subsecretaría de Prevención del Delito hay 130 millones de pesos invertidos en aparatos para hacer el alcotest que permanecen guardados allí.

Según el diputado Ricardo Rincón (DC), "nunca habíamos visto un ministerio del Interior tan enredado y tan complicado, salvo en la dictadura. En todos los años que tuvimos de gobiernos de la Concertación nunca, que yo recuerde, le tocó a este ministerio ningún lío o enredo. Deben ser los más probos, transparentes".

Hinzpeter, Chahuán y el director de la PDI...

El ministerio del Interior ha estado en el ojo del huracán y no sólo por los hechos de corrupción, sino también por la actuación de sus principales autoridades, como el ministro Rodrigo Hinzpeter y el subsecretario Rodrigo Ubilla. Luego de que se destapara el mayor caso de corrupción en la PDI de los últimos cuatro años, que estalló con la detención de diez detectives en servicio activo, el secretario de Estado, junto con anunciar una querella contra los policías, aseguró que "el gobierno observa con particular atención la denuncia y la información que se ha hecho pública, porque ella daría cuenta de procedimientos policiales en los que se habría infringido la ley y se habría pasado a llevar garantías individuales, lo que sería bastante grave".

Según fuentes de Cambio21 todo esto, que se conocía desde abril de este año, aparece a la luz pública para tapar el caso "sobreprecios". No contaban, sin embargo, con que justo en el día en que 1os funcionarios de la PDI fueron arrestados por pertenecer a una red de corrupción al interior de la institución, el ex inspector de la PDI Fernando Ulloa Castillo denunció, en un programa de TV abierta, una cadena de encubrimiento al narcotráfico al interior de la policía, que iría desde sus ex jefes directos hasta el propio ministro Rodrigo Hinzpeter.

Ulloa entregó personalmente al titular de Interior (avalado por la diputada Mónica Zalaquet y el abogado Aldo Duque) los antecedentes que comprobaban sus denuncias. En este encuentro, hace más de un año, según contó el abogado Duque en un programa de TV, Hinzpeter le habría solicitado no revelar los antecedentes a los medios y que "en cuatro días solucionaría el problema". También aseguraron que el ministro manifestó que entregaría los antecedentes al entonces jefe de Estudios del ministerio del Interior, Alejandro Peña.

Con el respaldo de los abogados Aldo Duque, Nelson Caucoto y Rubén Jerez, Fernando Ulloa contó en un programa de TV que logró comprobar que "todos los meses llegaban por el paso peaje de Colina, desde Bolivia, más de 300 kilos de cocaína, los que eran transportados y vendidos por funcionarios de la PDI y Carabineros". Según el ex policía, sus superiores jerárquicos lo habrían amenazado en reiteradas ocasiones para que no continuara con la investigación. Luego habría recurrido a las fiscalías Sur y Nacional, en donde también, señala, pusieron trabas al avance de la investigación. Como consecuencia de la denuncia, el funcionario Fernando Ulloa habría sido expulsado de la PDI.

En tanto, un capitán y tres cabos de carabineros fueron detenidos y están bajo investigación tras descubrirse una presunta red de corrupción al interior de la institución. La detención de los uniformados fue practicada en la 30ª Comisaría de Radiopatrullas, unidad donde también se les notificó que habían sido dados de baja tras la realización de una investigación sumaria.

FUENTE: CAMBIO 21