Frente Amplio Unitario

Beneficios carcelarios: Gobierno de Piñera le pone motor a la puerta giratoria

16/08/2013 |

por María Elba Troncoso

Como no construyó las cárceles que prometió, el gobierno flexibilizó al máximo los requisitos para otorgar salidas a los presos. La medida beneficia a violadores de derechos humanos.

En la más triste prueba del incumplimiento de las promesas del presidente Piñera se convirtió el crimen del subteniente de Carabineros Daniel Silva, muerto en un enfrentamiento con asaltantes a una sucursal del INP en Macul.

 

La actual administración usó como uno de sus principales pilares de campaña el fin de la delincuencia y de la puerta giratoria de la justicia, sin embargo, la realidad es muy distinta. Durante este gobierno han aumentado los índices de victimización (37% a nivel nacional según Paz Ciudadana) y temor (13,3%) y la imagen de Carabineros ha sufrido una abrupta caída (de 62% en 2010 a 43%, según la última encuesta CERC).

 

En ese contexto el crimen de subteniente Silva golpeó fuerte al gobierno, que fue duramente cuestionado porque dos de sus victimarios tenían beneficios carcelarios. Jaime Jorquera Ibarra estaba libre gracias a la reducción de su condena y José Miguel Muñoz Parada había obtenido en diciembre de 2012 la reclusión nocturna, beneficio que había quebrantado.

 

Y este no es el único caso. El 3 de marzo de 2011 ocurrió la fatal golpiza a Daniel Zamudio. El principal acusado, Patricio Ahumada, conocido como Pato Core, gozaba de salida los fines de semana, tras ser condenado el 2007 a 5 años y un día por un violento asalto. El 2012 María Angélica Basoalto Peralta falleció de 17 puñaladas que le propinó su conviviente Carlos Almendras, a quien recientemente le habían concedido la libertad dominical en el penal de Colina II, donde cumplía una condena de 15 años.

 

Como estos dos ejemplos, más de siete mil 300 reos recibieron beneficios carcelarios el 2012, de los cuales más de mil no volvieron a la cárcel.

Acelerada puerta giratoria

 

Recién asumido su gobierno el presidente Piñera anunció la construcción de 4 nuevas cárceles segregadas para enfrentar la grave crisis de hacinamiento que presentan los penales a lo largo del país. Al término del mandato la sobrepoblación ha disminuido en 33%, pero sólo se abrirá un nuevo penal, el de Antofagasta, cuyas obras se iniciaron bajo la gestión Bachelet.

 

"El tema de la delincuencia era una de las promesas de campaña que están más lejos de cumplir", advirtió el diputado Gabriel Silber, en diálogo con Cambio21.

 

Recordó que "las 10 mil plazas que prometió en su discurso del 21 de mayo, se han generado en gran medida por estas libertades. Este gobierno no solamente no terminó con la puerta giratoria, sino que pareciera que le puso motor y la abrió derechamente. En los últimos 4 años hubo un aumento de 54 % de los beneficios carcelarios otorgados a personas que se encontraban tras las rejas."

 

Agregó que en el caso del teniente Silva, "mediante la Ley de transparencia hemos pedido todo el expediente del caso que originó las libertades para determinar con nombre y apellido los funcionarios que han participado en otorgar este tipo de medidas o garantías" y agregó que espera que el propio ministerio de Justicia inicie una investigación, para explicar por qué bajo la dirección de Luis Masferrer (RN) " se flexibilizaron estas medidas, con ordenes desde el nivel central tendientes a otorgar mayores libertades a objeto de tener mayor vacancia al interior del sistema".

 

Sin informe sicológico

 

Los beneficios penitenciarios están normados en el decreto supremo 518 del año 1998, donde se establece claramente que corresponde otorgarlos a aquellos reos que cumplan con ciertos requisitos, siendo uno de los más gravitantes el informe sicológico.

 

El ex jefe del Departamento Jurídico de Gendarmería, Fernando Leal, explicó en Cambio21, que pese a ello "hace un año atrás el entonces director nacional, Luis Masferrer, el subdirector Marcos Fuentes (actual titular) y la directora técnica Paula Espinoza, instruyeron a los alcaides de todo Chile que no tenían que considerar los informes sicológicos o tenían que subvalorarlos a la hora de otorgar beneficios".

 

Agregó que "claramente tanto gendarmería, como el ministerio de justicia y el gobierno deberían dar una explicación al país. No es posible que por la vía de entregar beneficios penitenciarios en forma irregular, en contra del propio reglamento penitenciario, se esté poniendo en riesgo a toda la población. Los benéficos penitenciarios sin duda alguna, son una herramienta eficaz en la reinserción de un condenado, pero para que esa herramienta funcione es fundamental que se otorgue con criterio y un mínimo de racionalidad, y observando los informes sicológicos y sociales que incluye el propio reglamento".

 

Consideró que "sin duda hay un actuar negligente" y no descartó un "actuar doloso, porque el propio Masferrer es abogado, por lo tanto no puede menos que saber que al dar esta instrucción se estaba violando el reglamento carcelario".

 

Violadores DDHH favorecidos

Odlanier Mena, Álvaro Corbalán, Miguel Krassnoff, Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Otto Trujillo Miranda, Emilio Neira y César Palma Ramírez, son algunos de los condenados por crímenes de lesa humanidad a los que se les han concedido beneficios carcelarios, como salidas diarias o dominicales.

Y los que no pueden salir gozan de privilegios inimaginables, mientras en el resto del país los condenados están en condiciones subhumanas de hacinamiento, que quedaron al descubierto en diciembre del 2010, cuando 81 reos murieron quemados vivos en un incendio en la cárcel de San Miguel.

En contraste con este duro escenario, lo reclusos del Penal Cordillera disponen de cinco bungalows, que incluyen dormitorios, baños, cocinas, sala de estar, teléfono, computador y TV cable, lo que llevó a que incluso Amnistía Internacional calificara esta cárcel como "privilegio inaceptable".

En Punta Peuco, en tanto, son algo más austeros. Los poco más de cuarenta reclusos (vigilados por el doble de gendarmes) cuentan con habitación y baño privado, refrigerador, computador y otros electrodomésticos. Los espacios comunes incluyen cocina, salas de estar con biblioteca y un prado del tamaño de una cancha de baby fútbol donde en verano instalan quitasoles, muebles de terraza y asaderas para atender a sus visitas.

Para ellos además en estos años se ha tratado de buscar la impunidad por otras vías. La última muestra de ello son las declaraciones del comandante en jefe del Ejército quien pidió una "mirada humanitaria" para los condenados. A esto hay que sumar el fallido proyecto que presentaron los miembros de la llamada "bancada militar" Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN) para la remisión de penas y la promesa de campaña que hizo el entonces candidato Sebastián Piñera en el círculo español de aplicar una justicia igualitaria y que no se eternicen los juicios.

El uso malicioso para "meter" la Ley Hinzpeter

 

"El mejor homenaje que podemos hacer al martirio de Daniel Silva es que el Congreso de una vez por todas asuma su responsabilidad y se pregunte de qué lado está, si está del lado de los encapuchados o de la gente inocente que quiere vivir en paz, si esta del lado de los Carabineros o de los que asesinan Carabineros".

 

Estas palabras dichas por el presidente Sebastián Piñera horas después del crimen del subteniente Silva, causaron indignación y la respuesta del parlamento no se dejó esperar. La oposición en pleno acusó a Piñera de mezclar en forma maliciosa hechos delictuales con una normativa que tiene que ver con el resguardo del orden público.

 

El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, dijo que las palabras de Piñera ameritan "un reproche ético al mandatario" y el titular del senado Jorge Pizarro (DC) afirmó que "es un aprovechamiento político que degrada el rol de jefe de Estado que se quiere usar este delito -que todos condenamos- para promover un mal proyecto de ley como lo hizo el Presidente Piñera. Y este emplazamiento es una mala práctica que debilita el funcionamiento de las instituciones de la República".

 

Para el diputado Silber "obviamente fue una campaña sucia de parte del presidente Piñera, que atenta contra la inteligencia de los chilenos" y consideró que el gobierno "está en deuda en materia de agenda contra la delincuencia. Además de no construir cárceles, la reforma de la reforma todavía no se materializa como tampoco el reforzamiento del Ministerio Público. Proyectos que tampoco, ni siquiera ha ingresado a la oficina de partes del congreso.

 

Afirmó que la agenda antidelincuencia no es prioridad del gobierno. Este gobierno solamente se ha preocupado de lo que es el orden público y criminalizar y reprimir el movimiento social."

 

El caso degollados y la irregular salida dominical

 

Hasta instancias internacionales llegarán los familiares de los tres profesionales degollados en 1985, para revocar el beneficio de libertad dominical que el alcaide de Punta Peuco otorgó a José Florentino Fuentes Castro y Guillermo González Betancourt.

 

El abogado Fernando Leal, quien también es representante de los parientes de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, explicó que este caso demuestra las irregularidades en torno a la entrega de beneficios.

 

Detalló que ambos condenados a cadena perpetua no cumplían con el requisito del art. 110 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, respecto a una conducta intrapenitenciaria exenta de sanciones disciplinaria por faltas graves y acusó a Gendarmería de omitir deliberadamente la información, a lo que sumó informes psicológicos extremadamente breves.

 

"Tanto Fuentes Castro como González Betancourt habían cometido faltas graves, como amenazas de muerte y lesiones y sin embargo les dieron el beneficio. Y lo que es más grave cuando recurrimos a la corte de apelaciones se les ordenó informar y omitieron la información sobre las faltas de los internos", señaló.

 

El abogado informó que pusieron en conocimiento de la Contraloría los antecedentes, pero que esta no se hará parte porque la causa está radicada en la justicia, pero hizo notar que el oficio de respuesta "señala que las autoridades de Gendarmería reconocieron haberle omitido información a la Corte en el contexto del recurso de protección que interpusimos. Así es, ni más ni menos, este Servicio dependiente del Ministerio de Justicia se permite mentirle a un Tribunal Superior de Justicia e increíblemente no hay sumario, no hay investigación, no hay sanciones y los genocidas andan libres por las calles".

 

Sicólogo Giorgio Agostini: "Sin arrepentimiento no hay rehabilitación"

 

Como "tremendamente peligroso", calificó el psicólogo Giorgio Agostini, otorgar un beneficio carcelario a una persona que no tiene arrepentimiento y no siente culpa, "porque va a mantener la misma conducta". El especialista fue categórico al afirmar que en estos casos la comisión que analiza las peticiones al interior de los penales "debería decir simplemente no".

 

El doctor en Psicología Social y master en Sociología detalló que "se debe considerar un informe sicológico muy acucioso, también la opinión de los asistentes sociales y la conducta de los reos al interior del penal".

 

Agregó que "con antecedentes de personalidad, familiares, sociales, análisis forenses y diversos mecanismos como el test de Hare, se puede pronosticar si una persona puede cometer nuevos crímenes, pero una persona que no se arrepiente es muy difícil que se pueda reinsertar".

 

Calificó como "muy malas este minuto las condiciones para la reinserción de los internos" y si bien destacó algunas iniciativas como un plan piloto que se desarrolla en Colina Dos, consideró que en general no están dadas las condiciones.

"Existe hacinamiento que provoca agresividad y se produce una frustración tremenda. Esto sumado a que los internos se potencian entre ellos, cuando salen, lo hacen con agresividad y con ganas de desquitarse con la sociedad", concluyó.

 

FUENTE: CAMBIO 21