ASÍ SE GESTÓ EL GOLPE DE ESTADO
Cambio de guardia en el gobierno
EL 9 de agosto de 1973, el presidente Allende incorporó a su gabinete a la cúpula militar y de Carabineros.
En la foto: habla el ministro del Interior, general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército.
En la foto: habla el ministro del Interior, general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército.
El texto que se publica en estas páginas corresponde a la edición Nº 190 de “Punto Final” (14 de agosto de 1973). La edición completa se puede consultar en www.pf-memoriahistorica.org
El jueves 2 de agosto, el presidente Allende escribió al presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador Patricio Aylwin: “Llevar a cabo un nuevo gabinete, apenas un mes después que asumiera el actual, no aportaría ninguna solución a lo que el país exige... Mi gobierno ha sido el único que ha dado pruebas fehacientes y prácticas, en múltiples oportunidades y circunstancias, de su voluntad de incorporar a las FF.AA., como instituciones, a las grandes tareas nacionales… Pero es en la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de nuestro régimen institucional. Y es obligación de los partidos políticos democráticos esforzarse en evitar el desmoronamiento de las instituciones cívicas incapacitándolas para atender las necesidades del país”.
Sin embargo, el jueves 9 de agosto, al tomar juramento a su nuevo Gabinete en el que participan los comandantes en Jefe del ejército, Fuerza Aérea, Armada y el director del Cuerpo de Carabineros, el presidente Allende destacó la significación de este Gabinete al que definió como de “seguridad nacional” y de “última posibilidad” ante la crisis.
Esa misma tarde, en un mitin en la Avda. Bulnes, el secretario general de la CUT, Rolando Calderón, tuvo que hacer esfuerzos para dominar las muestras visibles de desagrado de la masa ante la composición del Gabinete que había jurado ese día. Señaló que la clase obrera apoyará al gobierno en la medida que permita desarrollarse al poder popular. “Este Gabinete, dijo, tendrá respaldo en la medida que respete a la clase obrera”. Por primera vez, desde 1970, se pone en duda si el gobierno que encabeza Allende respetará o no las conquistas y prerrogativas de la clase trabajadora.
La duda, lógicamente, proviene de la presencia en el Gabinete de los comandantes en Jefe del ejército (Defensa Nacional), Fuerza Aérea (Obras Públicas y Transportes), Armada Nacional (Hacienda) y Director de Carabineros (Tierras y Colonización). Las masas comprenden que esa presencia reviste caracteres muy distintos a los que tuvo la presencia militar en el Gabinete en octubre del año pasado.
Esta vez se trata de lo que Aylwin definió en su carta a Allende como la “participación institucional de las FF. AA. con poderes suficientes, en mandos superiores y medios”.
Tanto en 1972 como ahora, el ingreso de las FF.AA. al Gabinete fue patrocinado por los organismos empresariales y por su portaestandarte político: el PDC. El miércoles 25 de octubre del año pasado, en pleno paro patronal, el senador freísta Rafael Moreno dijo en El Mercurio que la ciudadanía quería a las FF.AA. como “árbitros” y “garantes” de las elecciones parlamentarias de marzo. Recogía así planteamientos similares de los gremios patronales. Esta vez -48 horas antes que se iniciara el diálogo Allende-Aylwin-, la Cámara Chilena de la Construcción publicó en El Mercurio un aviso exigiendo un Gabinete con participación militar decisiva. Inicialmente, el PDC no había incluido ese planteamiento en los puntos que llevaría a discusión en La Moneda. Pero Aylwin se apresuró a recoger la sugerencia patronal y el Gabinete militar surgió como la condición sine qua non para un entendimiento a nivel parlamentario entre el gobierno y el partido “democrático” de oposición.
La negativa inicial del presidente de la República a “mezclar” a las FF.AA. en la “política contingente”, se desmoronó rápidamente. Como marco general de esta decisión tenía lugar una huelga de los dueños de camiones, que duraba ya quince días al momento de jurar el Gabinete, afectando seriamente el abastecimiento en las ciudades. El paro camionero -tal como en octubre- se convirtió en una poderosa arma de presión para despejar el ingreso “institucional” de las FF.AA. al Gabinete. Resulta interesante verificar que hasta el momento de producirse el cambio de Gabinete, tanto Carabineros como las FF.AA. habían encontrado toda clase de dificultades para llevar a la práctica requisiciones masivas de camiones, concentrados en siete puntos estratégicos cerca de Santiago.
El presidente de la CUT, Luis Figueroa, comunista, no tuvo las reticencias de Calderón en el mitin del jueves 9 en Avda. Bulnes. El ex ministro del Trabajo aseguró que el nuevo Gabinete “fortalece” al gobierno de la Unidad Popular y que llevará a la práctica el programa de septiembre de 1970. Un ostensible escepticismo de la masa que escuchó sus palabras, puso fría rúbrica a esta pueril afirmación. El presidente de la CUT tuvo que apelar a todos sus recursos de orador para poner de relieve los difíciles momentos porque atraviesa la clase obrera, pidiendo mantener serenidad y salvar la unidad de clase.
Por su parte, hablando en el juramento, el presidente Allende aseguró que el Gabinete militar no será de “retroceso” sino de “ordenación”. El mandatario dijo que el Gabinete luchará contra la “subversión” e impondrá el “orden político”. Sin embargo, sus palabras se prestaron para diversas interpretaciones, porque Allende puso en un mismo nivel de amenaza a su Gobierno al fascismo y a lo que definió como “ultraizquierda”. Para el presidente Allende un caso típico de “alianza tácita” entre ambos extremos, sería el apresamiento de 23 marineros de “ultraizquierda” del crucero Almirante Latorre y del destructor Blanco Encalada, un hecho que ha venido a demostrar con absoluta claridad que el nivel de la lucha de clases en el país ha alcanzado también, como es lógico, a instituciones de severa disciplina, como la Armada Nacional. Allende dijo que el gobierno rechazará toda tentativa de “infiltración subversiva” en las FF.AA. y Carabineros, preservando la verticalidad del mando e impidiendo la creación de un “ejército paralelo”, argumento este último que emplea la derecha para atacar los verdaderos fines del poder popular. Aylwin en su carta exigió que no existan “otros grupos armados paralelos” a las FF.AA. En su discurso de instalación del nuevo Gabinete, cuyo eje se desplazó objetivamente de la Unidad Popular a las FF.AA. y Carabineros, Allende asomó algunos de los temas pendientes en el ‘’diálogo’’ con el PDC, tal como la delimitación de las áreas de propiedad y la probable ley de delito económico para reprimir el mercado negro de enorme magnitud que se ha desatado en el país.
Superado el problema más álgido -o sea la designación de un Gabinete militar-, es posible que el diálogo gobierno-PDC siga adelante. Pero es legítimo dudar que el copamiento del gobierno de la UP termine en esta fase. El propio Aylwin fue jesuítico el miércoles 8, al anunciarse las características que tendría el Gabinete. Dijo el influyente político que sólo “aparentemente” significaba una rectificación, pero que no satisfacía “los requerimientos de real participación de las FF.AA. en todos los niveles y con el poder suficiente…”. Las palabras de Aylwin, que sin duda recogen el pensamiento de los organismos empresariales, tienen un significado obvio. Siempre -hasta que se produzca la capitulación total o el desplome del gobierno-, cada paso atrás de Allende aparecerá insuficiente.
Desde octubre del año pasado, el PDC (y naturalmente con mucha mayor virulencia el Partido Nacional y grupos extremos como Patria y Libertad), vienen presionando por la capitulación total del gobierno. Lo somete a la interdicción de las FF.AA. -como en 1970 lo sometió al Estatuto de Garantías Democráticas-, pero no queda conforme. Pide más. Y esa constante presión -si no encuentra resistencia en las organizaciones de masas-, llevará a un resultado previsible: la caída del gobierno, ya sea por un golpe o por su desmoronamiento casi natural.
Es de importancia destacar que un partido político como el Demócrata Cristiano ha sido el encargado en 1972, y ahora, de abrir paso a la subordinación de la autoridad civil a la militar. Esta observación tiene significado ya que se trata de un partido formalmente apegado a las normas democrático-burguesas y que, además, estuvo en el gobierno entre 1964 y 1970. Durante su periodo, el PDC tuvo que hacer frente a una difícil situación que estalló a fines de 1969 en el Regimiento de Artillería “Tacna”. El “tacnazo” se originó en múltiples errores cometidos por el PDC en el manejo de problemas de la defensa nacional. Pero fueron la CUT y partidos de Izquierda, como el PC, los que salieron de inmediato en defensa del poder civil. En el papel de opositor, sin embargo, el PDC no ha hecho otra cosa que debilitar la autoridad del gobierno y fortalecer el poder castrense. Es posible que algunos de sus dirigentes y militantes, sinceramente democráticos, tengan que lamentar en el futuro la inconsecuencia de sus actos. Muy pocas dudas caben, además, que si el PDC ha tomado en sus manos la representación del “partido militar”, propugnando su participación “en todos los niveles y con el poder suficiente”, es porque su vinculación con los altos mandos es muy estrecha. En ningún momento -que se sepa- los comandantes en Jefe rechazaron la utilización que de ellos hizo el PDC para imponer públicamente un Gabinete militar. Tampoco rechazaron por excesivo que se pidiera para ellos participación “en todos los niveles”. Por ahora -limitados a los hechos ocurridos hasta la tarde del jueves pasado-, se puede concluir que el Gabinete militar en el que también participa la Unidad Popular, se dedicará a poner “orden”, predominando en su accionar el estilo de los comandantes en Jefe. Con la experiencia a la vista de lo ocurrido en la aplicación de la Ley sobre Control de Armas, resulta realista advertir a la clase obrera que se aproximan días muy duros. Además, atendiendo a la insatisfacción del PDC, se puede pronosticar una extensión y profundización del poder militar. ¿Hasta qué punto? Difícil preveerlo hoy.
Sin embargo, el jueves 9 de agosto, al tomar juramento a su nuevo Gabinete en el que participan los comandantes en Jefe del ejército, Fuerza Aérea, Armada y el director del Cuerpo de Carabineros, el presidente Allende destacó la significación de este Gabinete al que definió como de “seguridad nacional” y de “última posibilidad” ante la crisis.
Esa misma tarde, en un mitin en la Avda. Bulnes, el secretario general de la CUT, Rolando Calderón, tuvo que hacer esfuerzos para dominar las muestras visibles de desagrado de la masa ante la composición del Gabinete que había jurado ese día. Señaló que la clase obrera apoyará al gobierno en la medida que permita desarrollarse al poder popular. “Este Gabinete, dijo, tendrá respaldo en la medida que respete a la clase obrera”. Por primera vez, desde 1970, se pone en duda si el gobierno que encabeza Allende respetará o no las conquistas y prerrogativas de la clase trabajadora.
La duda, lógicamente, proviene de la presencia en el Gabinete de los comandantes en Jefe del ejército (Defensa Nacional), Fuerza Aérea (Obras Públicas y Transportes), Armada Nacional (Hacienda) y Director de Carabineros (Tierras y Colonización). Las masas comprenden que esa presencia reviste caracteres muy distintos a los que tuvo la presencia militar en el Gabinete en octubre del año pasado.
Esta vez se trata de lo que Aylwin definió en su carta a Allende como la “participación institucional de las FF. AA. con poderes suficientes, en mandos superiores y medios”.
Tanto en 1972 como ahora, el ingreso de las FF.AA. al Gabinete fue patrocinado por los organismos empresariales y por su portaestandarte político: el PDC. El miércoles 25 de octubre del año pasado, en pleno paro patronal, el senador freísta Rafael Moreno dijo en El Mercurio que la ciudadanía quería a las FF.AA. como “árbitros” y “garantes” de las elecciones parlamentarias de marzo. Recogía así planteamientos similares de los gremios patronales. Esta vez -48 horas antes que se iniciara el diálogo Allende-Aylwin-, la Cámara Chilena de la Construcción publicó en El Mercurio un aviso exigiendo un Gabinete con participación militar decisiva. Inicialmente, el PDC no había incluido ese planteamiento en los puntos que llevaría a discusión en La Moneda. Pero Aylwin se apresuró a recoger la sugerencia patronal y el Gabinete militar surgió como la condición sine qua non para un entendimiento a nivel parlamentario entre el gobierno y el partido “democrático” de oposición.
La negativa inicial del presidente de la República a “mezclar” a las FF.AA. en la “política contingente”, se desmoronó rápidamente. Como marco general de esta decisión tenía lugar una huelga de los dueños de camiones, que duraba ya quince días al momento de jurar el Gabinete, afectando seriamente el abastecimiento en las ciudades. El paro camionero -tal como en octubre- se convirtió en una poderosa arma de presión para despejar el ingreso “institucional” de las FF.AA. al Gabinete. Resulta interesante verificar que hasta el momento de producirse el cambio de Gabinete, tanto Carabineros como las FF.AA. habían encontrado toda clase de dificultades para llevar a la práctica requisiciones masivas de camiones, concentrados en siete puntos estratégicos cerca de Santiago.
El presidente de la CUT, Luis Figueroa, comunista, no tuvo las reticencias de Calderón en el mitin del jueves 9 en Avda. Bulnes. El ex ministro del Trabajo aseguró que el nuevo Gabinete “fortalece” al gobierno de la Unidad Popular y que llevará a la práctica el programa de septiembre de 1970. Un ostensible escepticismo de la masa que escuchó sus palabras, puso fría rúbrica a esta pueril afirmación. El presidente de la CUT tuvo que apelar a todos sus recursos de orador para poner de relieve los difíciles momentos porque atraviesa la clase obrera, pidiendo mantener serenidad y salvar la unidad de clase.
Por su parte, hablando en el juramento, el presidente Allende aseguró que el Gabinete militar no será de “retroceso” sino de “ordenación”. El mandatario dijo que el Gabinete luchará contra la “subversión” e impondrá el “orden político”. Sin embargo, sus palabras se prestaron para diversas interpretaciones, porque Allende puso en un mismo nivel de amenaza a su Gobierno al fascismo y a lo que definió como “ultraizquierda”. Para el presidente Allende un caso típico de “alianza tácita” entre ambos extremos, sería el apresamiento de 23 marineros de “ultraizquierda” del crucero Almirante Latorre y del destructor Blanco Encalada, un hecho que ha venido a demostrar con absoluta claridad que el nivel de la lucha de clases en el país ha alcanzado también, como es lógico, a instituciones de severa disciplina, como la Armada Nacional. Allende dijo que el gobierno rechazará toda tentativa de “infiltración subversiva” en las FF.AA. y Carabineros, preservando la verticalidad del mando e impidiendo la creación de un “ejército paralelo”, argumento este último que emplea la derecha para atacar los verdaderos fines del poder popular. Aylwin en su carta exigió que no existan “otros grupos armados paralelos” a las FF.AA. En su discurso de instalación del nuevo Gabinete, cuyo eje se desplazó objetivamente de la Unidad Popular a las FF.AA. y Carabineros, Allende asomó algunos de los temas pendientes en el ‘’diálogo’’ con el PDC, tal como la delimitación de las áreas de propiedad y la probable ley de delito económico para reprimir el mercado negro de enorme magnitud que se ha desatado en el país.
Superado el problema más álgido -o sea la designación de un Gabinete militar-, es posible que el diálogo gobierno-PDC siga adelante. Pero es legítimo dudar que el copamiento del gobierno de la UP termine en esta fase. El propio Aylwin fue jesuítico el miércoles 8, al anunciarse las características que tendría el Gabinete. Dijo el influyente político que sólo “aparentemente” significaba una rectificación, pero que no satisfacía “los requerimientos de real participación de las FF.AA. en todos los niveles y con el poder suficiente…”. Las palabras de Aylwin, que sin duda recogen el pensamiento de los organismos empresariales, tienen un significado obvio. Siempre -hasta que se produzca la capitulación total o el desplome del gobierno-, cada paso atrás de Allende aparecerá insuficiente.
Desde octubre del año pasado, el PDC (y naturalmente con mucha mayor virulencia el Partido Nacional y grupos extremos como Patria y Libertad), vienen presionando por la capitulación total del gobierno. Lo somete a la interdicción de las FF.AA. -como en 1970 lo sometió al Estatuto de Garantías Democráticas-, pero no queda conforme. Pide más. Y esa constante presión -si no encuentra resistencia en las organizaciones de masas-, llevará a un resultado previsible: la caída del gobierno, ya sea por un golpe o por su desmoronamiento casi natural.
Es de importancia destacar que un partido político como el Demócrata Cristiano ha sido el encargado en 1972, y ahora, de abrir paso a la subordinación de la autoridad civil a la militar. Esta observación tiene significado ya que se trata de un partido formalmente apegado a las normas democrático-burguesas y que, además, estuvo en el gobierno entre 1964 y 1970. Durante su periodo, el PDC tuvo que hacer frente a una difícil situación que estalló a fines de 1969 en el Regimiento de Artillería “Tacna”. El “tacnazo” se originó en múltiples errores cometidos por el PDC en el manejo de problemas de la defensa nacional. Pero fueron la CUT y partidos de Izquierda, como el PC, los que salieron de inmediato en defensa del poder civil. En el papel de opositor, sin embargo, el PDC no ha hecho otra cosa que debilitar la autoridad del gobierno y fortalecer el poder castrense. Es posible que algunos de sus dirigentes y militantes, sinceramente democráticos, tengan que lamentar en el futuro la inconsecuencia de sus actos. Muy pocas dudas caben, además, que si el PDC ha tomado en sus manos la representación del “partido militar”, propugnando su participación “en todos los niveles y con el poder suficiente”, es porque su vinculación con los altos mandos es muy estrecha. En ningún momento -que se sepa- los comandantes en Jefe rechazaron la utilización que de ellos hizo el PDC para imponer públicamente un Gabinete militar. Tampoco rechazaron por excesivo que se pidiera para ellos participación “en todos los niveles”. Por ahora -limitados a los hechos ocurridos hasta la tarde del jueves pasado-, se puede concluir que el Gabinete militar en el que también participa la Unidad Popular, se dedicará a poner “orden”, predominando en su accionar el estilo de los comandantes en Jefe. Con la experiencia a la vista de lo ocurrido en la aplicación de la Ley sobre Control de Armas, resulta realista advertir a la clase obrera que se aproximan días muy duros. Además, atendiendo a la insatisfacción del PDC, se puede pronosticar una extensión y profundización del poder militar. ¿Hasta qué punto? Difícil preveerlo hoy.
MANUEL CABIESES DONOSO
Editorial PF N° 190
14 de agosto
de 1973
14 de agosto
de 1973
La ley maldita
La clase trabajadora chilena está sufriendo una insólita embestida de tipo represivo, lo que obviamente -dado el cuadro político interno- persigue debilitarla para enseguida rematarla mediante un golpe de Estado y la instauración de una dictadura fascista.
En un “Estado de derecho” -como gusta decir la burguesía chilena- esas maniobras de represión y amedrentamiento, lógicamente, se realizan esgrimiendo una ley. En este caso se trata de la Ley sobre Control de Armas, dictada por el Congreso a proposición de la Democracia Cristiana. En los hechos -después del allanamiento de la CUT de Osorno, el hospital Van Buren, las industrias Cobre Cerrillos y Lanera Austral, etc., etc.-, se ha demostrado que se trataba de una nueva Ley Maldita. Su objetivo preciso es golpear a los revolucionarios y al conjunto de la clase trabajadora, convirtiendo a las FF.AA. en un cuerpo policial que asume un papel activo en la represión de las fuerzas sociales que luchan por una nueva sociedad.
Orientado por la burguesía -que ha mostrado el naciente poder popular de los Comandos Comunales, Cordones Industriales y Consejos Campesinos, como el principal enemigo de sus intereses-, el accionar represivo ha cobrado ya sus primeras víctimas, sometiendo además a centenares de obreros a insoportables vejámenes y atropellos durante allanamientos que se originan en anónimas denuncias del sector patronal.
La derogación de esta Ley Maldita se plantea hoy como una necesidad imperiosa.
Las masas trabajadoras deben presionar para lograrlo, pero en la correcta dirección de fortalecer el poder popular, único medio de imponer criterios al poder de la burguesía que se hace fuerte en el Parlamento, los Tribunales y la Contraloría.
Los abusos policiales en que están cayendo las FF.AA., que son estimulados por los golpistas que se mueven dentro y fuera de ellas, deben ser denunciados sin vacilaciones, justamente para impedir que sean arrastradas a un camino que las conduce a la tiranía.
Las agresiones en contra del pueblo, asimismo, deben ser rechazadas por los sectores que en el seno de las FF.AA. advierten que se les quiere utilizar para un sucio juego destinado a proteger los intereses de una minoría sedienta de venganza.
PF
En un “Estado de derecho” -como gusta decir la burguesía chilena- esas maniobras de represión y amedrentamiento, lógicamente, se realizan esgrimiendo una ley. En este caso se trata de la Ley sobre Control de Armas, dictada por el Congreso a proposición de la Democracia Cristiana. En los hechos -después del allanamiento de la CUT de Osorno, el hospital Van Buren, las industrias Cobre Cerrillos y Lanera Austral, etc., etc.-, se ha demostrado que se trataba de una nueva Ley Maldita. Su objetivo preciso es golpear a los revolucionarios y al conjunto de la clase trabajadora, convirtiendo a las FF.AA. en un cuerpo policial que asume un papel activo en la represión de las fuerzas sociales que luchan por una nueva sociedad.
Orientado por la burguesía -que ha mostrado el naciente poder popular de los Comandos Comunales, Cordones Industriales y Consejos Campesinos, como el principal enemigo de sus intereses-, el accionar represivo ha cobrado ya sus primeras víctimas, sometiendo además a centenares de obreros a insoportables vejámenes y atropellos durante allanamientos que se originan en anónimas denuncias del sector patronal.
La derogación de esta Ley Maldita se plantea hoy como una necesidad imperiosa.
Las masas trabajadoras deben presionar para lograrlo, pero en la correcta dirección de fortalecer el poder popular, único medio de imponer criterios al poder de la burguesía que se hace fuerte en el Parlamento, los Tribunales y la Contraloría.
Los abusos policiales en que están cayendo las FF.AA., que son estimulados por los golpistas que se mueven dentro y fuera de ellas, deben ser denunciados sin vacilaciones, justamente para impedir que sean arrastradas a un camino que las conduce a la tiranía.
Las agresiones en contra del pueblo, asimismo, deben ser rechazadas por los sectores que en el seno de las FF.AA. advierten que se les quiere utilizar para un sucio juego destinado a proteger los intereses de una minoría sedienta de venganza.
PF
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 787, 9 de agosto, 2013)
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