La Responsabilidad de Cheyre, Parte I: Violaciones a los Derechos Humanos, Cambio de Ilusión & Niños Ejecutados (Arnaldo Pérez Guerra, Liberación).
A propósito de la conmemoración de los 40 años desde el Golpe Militar y la renuncia de Cheyre a la cabeza del SERVEL producto de cuestionamientos públicos luego del impacto del caso Lejderman (cara a cara televisivo mediante), recuperamos un especial escrito por nuestro amigo Arnaldo Pérez Guerra respecto a la responsabilidad del militar al momento de asumir la comandancia en jefe del ejército¹. El presente acopio de información es vital para comprender los cuestionamientos a Juan Emilio Cheyre y su vinculación con violaciones a Derechos Humanos, a pesar del aparente “blanqueamiento” de su imagen durante los gobiernos de la Concertación y la Alianza.
El general Juan Emilio Cheyre finalizará su periodo como comandante en Jefe del ejército el 2006. Se mencionó a Cheyre, cuando asumió, como un representante de la “doctrina Izurieta” y la “modernización institucional”. El gobierno hablaba de una “normalización institucional” de las relaciones entre el Ejército y la sociedad democrática, iniciada desde la comandancia en Jefe de Ricardo Izurieta. Sin embargo, existen denuncias -aún no aclaradas-, sobre la participación de Cheyre en graves violaciones a los derechos humanos.
Uno de los ‘plus’ de Cheyre es su “actitud frente al desacato judicial de Pinochet” en el Caso Caravana de la Muerte. Ricardo Izurieta y Cheyre -su hombre de confianza-, se entrevistaron con Pinochet en enero de 2001. En su parcela de Los Boldos, Bucalemu, el ex dictador habría recibido la notificación de que “debía someterse a lo que resolvieran los tribunales, a riesgo de perder el respaldo del Ejército”. Por lo menos, esa es la versión de la mayoría de la prensa.
Pinochet se negaba a realizarse los exámenes médicos, pues sabía que no sería declarado loco, a pocos días del Informe de la Mesa de Diálogo. No es descabellado pensar que en esa reunión entre Pinochet, Izurieta y Cheyre, se le garantizó al Comandante en Jefe “benemérito” que su caso se resolvería por esa vía. La única salida para Pinochet era ser declarado “loco o demente”.
Quizá esa reunión sirvió para que Pinochet dejara atrás sentimentalismos y adoptara una postura pragmática. Finalmente, luego de los exámenes y las oscuras maniobras del gobierno, la justicia y algunos peritos, Pinochet fue “sobreseído”.
El curriculum profesional de Cheyre no deja de sorprender. Sin embargo, hay puntos oscuros. Cheyre está casado María Isabel Forestier, hija del general (r), ex vice comandante en jefe y ex ministro de Defensa de Pinochet, Carlos Forestier Haensgen. Forestier ejerció como comandante de la VI División del Ejército en 1973. Era responsable del campo de prisioneros de Pisagua, de triste recuerdo, y además, jefe de zona en Estado de Sitio e Intendente de la provincia de Tarapacá. Está acusado de violaciones a los DD.HH. Se le indica como responsable de fusilamientos y desapariciones, además de otros actos represivos en la I Región. Está procesado por Caravana de la Muerte y Pisagua; además, es “socio” de Manuel Contreras Sepúlveda -el ex director de la DINA- en una empresa de seguridad.
No es menos cierto que Cheyre tiene una importante trayectoria profesional y académica. Ingresó a la Escuela Militar en 1963 y, entre 1977 y 1979, fue alumno de la Academia de Guerra del Ejército. Egresó como oficial del Estado Mayor. Fue, además, profesor de la Academia de Guerra en Historia Militar y Táctica y Operaciones. Posee, también, un magíster de Ciencias Políticas con mención en Relaciones Exteriores, y un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Se le menciona como un “intelectual” en el Ejército, y tiene méritos: domina el inglés y francés, y es experto en esgrima, natación, esquí y paracaidismo militar.
En 1981, Cheyre fue enviado a Sudáfrica a proseguir estudios. Sudáfrica vivía el apartheid y la brutal represión a la población negra. Las relaciones con Chile eran óptimas y la nación africana facilitaba a oficiales chilenos y agentes de servicio represivos, preparación y cobertura para actividades secretas. No pocos agentes de la DINA y CNI se “especializaron” allá.
Fue designado por Augusto Pinochet Ugarte, en 1987, Intendente de Atacama. También estuvo al mando de unidades militares como los regimientos de Rancagua y Copiapó. Además, de director de la Academia de Guerra y comandante del Comando de Institutos Militares.
En la década de los 90, Cheyre fue agregado militar en España y, en diciembre de 2000, pasó al Estado Mayor. Como delegado de Ricardo Izurieta, permaneció en Londres durante el juicio a Pinochet, asumiendo “el control de permanente monitoreo de la salud de Pinochet”, señala La Nación.
Diplomacia “secreta”
Ricardo Lagos, un día después de recibir de Izurieta la quina de la que debía salir su sucesor, llamó al ministro de Defensa, Mario Fernández, ordenándole resolver con estricto apego a la nómina los ascensos a generales y los llamados a retiro. Fue una señal de respaldo de Lagos al “desempeño” de Izurieta. Antes de 24 horas, el Presidente le pidió a Fernández que lo citara junto a Juan Emilio Cheyre. Cheyre era “el nuevo comandante en Jefe del Ejército”.
Para el gobierno, es el general “más capacitado”, que destaca por su “formación intelectual” y “carácter estrictamente profesional”. Se le nombra como uno de los precursores de las “modernizaciones en salud y educación” de la institución. Lagos hacía un gesto de “gratitud”. Sus palabras lo testimonian. “Esta decisión significa en lo esencial dos cosas. Primero, el reconocimiento a los méritos militares e intelectuales del general Cheyre. Y también, un reconocimiento de lo que el país y el Ejército le debe al general Izurieta, ya que bajo su mando la institución inició un tremendo esfuerzo de profesionalismo, modernización y eficiencia”, señaló apenas se conoció la noticia. La designación era un secreto a voces.
Juan Emilio Cheyre cobró notoriedad cuando “cumplió junto a otros altos oficiales una misión de primerísima importancia ordenada por el propio Pinochet. En 1996, el ex dictador veía acercarse el final de su carrera militar y preparaba su inserción en el Senado. Cheyre organizó junto al embajador Alvaro Briones, socialista, un encuentro en Madrid entre la plana mayor del PS y una delegación militar”, señala Punto Final en su última edición (Nº 515). El 30 de mayo de 1996, se efectuó la reunión en el Hotel Victoria Palace de El Escorial, en España. Allí departieron dirigentes del PS, asesores de Augusto Pinochet y oficiales de ejército. Todos participaban del seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset: “Las FF.AA. y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile”.
El embajador Alvaro Briones (PS) y el propio Cheyre, en ese momento, agregado militar en España, fueron los anfitriones. En la reunión se selló “el destino de Cheyre” y, quizá, también el de Lagos.
El entonces ministro de Obras Públicas, conversó con el asesor de Pinochet, Sergio Rillón; el ex canciller, embajador y luego defensor del dictador, Hernán Felipe Errázuriz; el coronel Carlos Molina Johnson; el director de la Academia de Guerra, coronel Jaime García; y el comandante del Regimiento Maipo, coronel José Piuzzi. Por el Partido Socialista participaron el senador Jaime Gazmuri; el ex ministro Enrique Correa y Camilo Escalona.
Allí se habló, sin duda, del destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, de la institucionalidad y lo que venía: Lagos sería elegido Presidente de la República. Allí terminó, también, el veto del ejército a los “políticos socialistas”. Fue un encuentro de diplomacia secreta, de acuerdos y garantías.
Hijo de la dictadura
Cheyre se relacionó estrechamente con el equipo político de la dictadura. En 1988, Pinochet lo nombró Intendente en la III Región, antes del plebiscito. Un cargo importante para asegurar la continuidad de la dictadura. En esa época, Cheyre diría: “El triunfo del SI debiera ser una constante en todos los sectores (…). Una victoria del NO es una hipótesis no factible. Los chilenos no somos locos”. Hoy, el nuevo Comandante en Jefe, aparece como signo de “continuidad” y como oficial “comprometido con la democracia”. Pero Cheyre, y otros, son oficiales formados en el pinochetismo. Para los militares, la democracia debe ser “vigilada”.
Pesan sobre él, graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, no aclaradas. La abogada Pamela Pereira (PS) señala como “prueba de blancura” de Cheyre que cuando fue cuestionado por su participación en el caso Caravana de la Muerte en La Serena, se presentó “voluntariamente ante el juez Guzmán”. No es el único caso en el que se lo involucra. Se ha mencionado su actuación en actos represivos y la participación en tareas de exhumación de víctimas, en 1978, cuando el Ejército y la CNI coordinaron la remoción de restos, pues lo ocurrido en Lonquén, “no podía repetirse”.
La doble desaparición de restos de ejecutados, como está acreditada en Chiuío, ocurrió a lo largo y ancho del país. Y se menciona a Cheyre como uno de los que “coordinó” estas operaciones, en conjunto con el subdirector de la CNI Fernando Arancibia Reyes, hermano del ex almirante y actual senador UDI, Jorge Arancibia.
En 1985, Cheyre se negó a entregarle a un juez la lista de oficiales asignados a la CNI. El juez investigaba el asesinato de Paulina Aguirre Tobar (MIR). Siendo Intendente de la III Región, en 1988, se lo menciona como encubridor de torturas. También está citado como “inculpado”, en la muerte de dos menores en 1973, en Coquimbo, que investiga el juez Guzmán.
“Cheyre remató prisioneros”
El ex oficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos, en su declaración ante el juez Juan Guzmán (26/12/1999), inculpa a Cheyre. Rodríguez señala una conversación con sus compañeros -los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio Lafourcade Jiménez-, que le relataron cómo los oficiales que viajaban en el helicóptero Puma fusilaron, por órdenes del general (r) Sergio Arellano Stark, a 15 prisioneros políticos que permanecían detenidos en la cárcel de La Serena.
En el helicóptero Puma viajaban el general Sergio Arellano Stark -jefe de la misión delegada por Pinochet-, Pedro Espinoza Bravo, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton, Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Carlos López Tapia. Antonio Palomo Contreras, sólo realizó la “Caravana” por el sur. A estos oficiales se agregaron dos clases de la Escuela de Infantería.
La Caravana de la Muerte o del “buen humor”, como fue conocida en el Ejército, se paseó por Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica.
Pedro Rodríguez señala que Arellano Stark se reunió con el comandante del Regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y que “ordenó revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados. (…) El fiscal militar, mayor de Carabineros de apellido Cazanga, le entregó los antecedentes”. Arellano y los integrantes de la Caravana de la Muerte se reunieron con el comandante Lapostol y determinaron traer desde la Cárcel de La Serena a los 15 presos. Arellano citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva: “(estos últimos) oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos. (…) Inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió”.
Rodríguez inculpa a varios de los oficiales que debieron dar “el tiro de gracia”, entre ellos Juan Emilio Cheyre Espinoza. Los cuerpos fueron trasladados en un camión del regimiento hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en la fosa común y tapados con cal. Al día siguiente, la Caravana de la Muerte siguió con destino al norte.
Muertes y torturas
Rodríguez -que, a fines de los ’80, fue ayudante del ex jefe operativo de la CNI Alvaro Corbalán Castilla-, también entrega datos sobre el asesinato de José Segundo Rodríguez Torres y su hijo, José Rodríguez Acosta, ejecutados el 1 y 8 de noviembre de 1973, en el mismo regimiento.
José Rodríguez Acosta fue detenido el 30 de octubre de 1973 por personal de la sección de Inteligencia del regimiento, a cargo del entonces capitán Fernando Polanco Gallardo, el sargento Silva y el cabo 1º Fernández. También participaba allí Osvaldo Pincetti Gac, el doctor “Tormento”.
“Pincetti fue el encargado de hipnotizar a José Rodríguez hijo. Este joven fue interrogado y ejecutado en el regimiento Arica -señala Rodríguez-, y se dio como explicación que en un traslado interno dentro de la unidad intentó fugarse, ante lo cual se le dio muerte en su huída, al tratar de recapturarle, hecho que no fue así por cuanto todos los traslados de las personas detenidas que me tocó presenciar o custodiar como oficial de guardia de la época lo hacían con la vista vendada y manos atadas. (…) Por haber trabajado como secretario de fiscalía, me cercioré que (el joven ejecutado) no tuvo un proceso ajustado a derecho”.
José Rodríguez Acosta, su padre, fue al regimiento para saber el paradero de su hijo. Quedó detenido y fue ejecutado al día siguiente.
También entrega detalles del asesinato de Bernardo Lejderman Konoyoica (argentino) y María del Rosario Avalos Castañeda (mexicana): “Un informante llegó hasta la unidad de Inteligencia del regimiento Arica de La Serena, manifestando que esta pareja portaba armas y explosivos con los que pretendían abandonar el país”. El matrimonio se encontraba en la ciudad de Vicuña. Fueron ejecutados por oficiales del Regimiento Arica, al mando del capitán Polanco: “Se supo que sin mediar enfrentamiento alguno fueron ejecutados. Lo que se le manifestó a la opinión pública fue que se habían suicidado”, declara el ex oficial. “Estos hechos deben haber estado en conocimiento del comandante del regimiento, Ariosto Lapostol, ya que todos los movimientos de esta unidad y órdenes a cumplir eran privativos de él”.
El ayudante del comandante Lapostol era el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, hoy flamante comandante en Jefe del Ejército.
Cambio de ilusión
Para la Concertación, la llegada de Cheyre a la comandancia en jefe del Ejército se produjo “sin traumas y en total concordia, debido a la continuidad de los equipos de confianza construidos por el sucesor de Pinochet y a que está garantizada la vigencia del proceso de profesionalización”. La oposición coincide.
El Presidente Lagos señaló que con su designación “se asegura la continuidad en las tareas profesionales que son indispensables para el fortalecimiento de la institución y, por ende, del país”.
Cheyre concluirá su período el 2006 cuando ya se haya elegido un nuevo Presidente de la República. Entre sus tareas “institucionales” estará defender la autonomización de las FF.AA. respecto del poder político, la doctrina de Seguridad Nacional, la Constitución pinochetista que los define como “garantes de la institucionalidad”, además de los proyectos de modernización que están en marcha. No se debe olvidar, el Consejo de Seguridad Nacional, los presupuestos garantizados con que cuentan y los recursos de la Ley del Cobre o “su equivalente”. Un aspecto central será la aun vigente “inamovilidad de los comandantes en jefe” y el proceso de ascensos de los altos oficiales.
La profesionalización del Ejército costará al país más de 300 millones de dólares. Los “gestos” en el caso Prats serán difíciles. La segunda antigüedad en la institución, ocupando la jefatura del Estado Mayor, será el general Roberto Arancibia Clavel, hermano del agente DINA, Enrique Arancibia Clavel, condenado a prisión perpetua en Argentina por el asesinato del ex comandante en jefe Carlos Prats. Arancibia Clavel, hasta ahora era jefe del DINE.
El gobierno destaca que este es el primer cambio de mando del Ejército realizado “en base a la Constitución y sus períodos reglamentarios”. Ya nadie recuerda que vivimos bajo una “normalidad de facto”, con una Constitución impuesta, a sangre y fuego, por una dictadura. Eso no está en la agenda de Juan Emilio Cheyre, pues tampoco lo está en la de los políticos de gobierno.
La “normalización” del Ejército en la “sociedad democrática” no es tal, pues en nuestro país no hay “normalización” ni “sociedad democrática”.
“Gestos”
En una solemne ceremonia en la Escuela Militar el general Ricardo Izurieta entregó el mando. Se despidió diciendo que “una nación aprende de sus experiencias pero no contribuye a su bienestar y cohesión cuando traspasamos de generación en generación los conflictos y las diferencias. (…) En ese sentido pienso que el esfuerzo que hemos emprendido y la actitud del Ejército sólo podrán ser dimensionadas en la perspectiva del tiempo. (…) Sinceramente espero que la voluntad de avanzar en el reencuentro nacional se imponga por sobre todas las diferencias que separaron a los chilenos en el pasado”. Agregó, sin más, que “para el Ejército es imperativo, y también creo que para todo el país, dar vuelta las páginas de los eventos del pasado que aún nos dividen”.
La ceremonia estuvo presidida por el Presidente Ricardo Lagos. Entre los invitados estaban -por primera vez-, los hijos de los ex comandantes de la institución, Carlos Prats y René Schneider. Lo que fue entendido como un “gesto” democrático. Otro “gesto” fue que el ex comandante en jefe, benemérito, del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, se excusó de asistir. Se pudo ver a sus hijos Lucía Pinochet Hiriart y Marco Antonio.
La misión era matar
“Ariosto Lapostol condujo al general Arellano a la pequeña oficina en que cumplía su labor el fiscal militar, mayor de carabineros Manuel Cazanga Pereira. (…) Se instalaron en la oficina del comandante con los antecedentes de los detenidos. Junto a ellos ingresaron el fiscal Cazanga, el ayudante del comandante Lapostol, teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, y el mayor Marcelo Moren Brito. Moren era todavía el segundo comandante del Regimiento Arica, pero estaba en servicio…”. Página 122.
“El general Sergio Arellano fue quien ordenó a los oficiales del regimiento para que dieran el tiro de gracia. Se supo que el capitán Mario Vargas fue muy mal tratado por el general Arellano Stark, porque se negó a dispararle al prisionero que le correspondía rematar. (…) Los oficiales que participaron en estos hechos son los siguientes: capitán Mario Vargas Maguiles, teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza; teniente Jaime Ojeda Torrent; subteniente Hernán Valdebenito Bugman; subteniente Mario Larenas Carmona; subteniente Guillermo Raby Arancibia; subteniente Julio Lafourcade Jiménez; mayor en retiro de apellido Délano; y el mayor de sanidad Guido Díaz Pacci…”. Páginas 126-127.
“Cuatro días antes de ser asesinado en la cancha de tiro del regimiento Arica, el 12 de octubre de 1973 un Consejo de Guerra dictó en La Serena en la causa rol 4-73, una sentencia de 20 años de presidio en contra del secretario regional de la Central Unica de Trabajadores y militante del MAPU, Carlos Alcayaga Varela, acusado de guardar material explosivo en su casa de Vicuña. El Consejo lo presidió el comandante Ariosto Lapostol, y lo integraron además el comandante Oscar Arriagada; el mayor Tomás Manríquez; el capitán Mario Vargas Maguiles; el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, y los auditores Francisco Alvarez y Florencio Bonilla…”. Página 133.
“A su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza, el comandante Lapostol le ordenó que fuera al diario local El Día y avisara que en la primera página del día siguiente miércoles 17 de octubre debería ser publicado un bando que se entregaría para informar de la muerte de los quince prisioneros ‘por fusilamiento’. Cuando ya se acababa la luz del día de aquel martes 16 de octubre de 1973, un camión militar y un piquete de soldados al mando del capitán Vargas entró al cementerio para cumplir las órdenes impartidas por el comandante Lapostol. Luego de ser identificados por un oficial civil e inscritos en el registro del cementerio, los quince cuerpos fueron echados a una fosa de boca cuadrada de 2.30 por 2.30 metros y cerca de siete de profundidad, que se ubicaba en el patio Nº4 y que estaba destinada al depósito de desechos hospitalarios. Encima de los cuerpos vaciaron sacos de cal…”. Página 138.
“Sí, yo presencié los fusilamientos, pero no participé en ellos. Nosotros no interveníamos directamente en los fusilamientos, sólo los presenciábamos. (…) Tengo que expresar que en todas las ciudades que fueron visitadas por la comisión (la Caravana de la Muerte, NDR), las ejecuciones fueron realizadas por el personal de las respectivas unidades, y no por los integrantes de la comitiva del general Arellano. (…) Los integrantes de la comisión no participábamos en los fusilamientos. Eramos como ministros de fe…” (Declaración ante el juez Juan Guzmán del coronel (r) Marcelo Moren Brito). Página 143.
“Con las primeras luces del lunes 9 de noviembre de 1998, parte de lo pedido por los organismos de Derechos Humanos y los familiares, comenzaba a hacerse realidad. En el patio Nº4 del cementerio municipal de La Serena, el equipo de la Unidad de Identificación de Santiago del Servicio Médico Legal, comenzaba las excavaciones para intentar exhumar los quince cuerpos que se buscaban. El trabajo fue duro y lento. En los primeros metros extrajeron una gran cantidad de huesos de fetos, desechos de material quirúrgico como pinzas, bolsas de suero y agujas desechables, y 12 cuerpos que no correspondían a las características de los que se buscaban. Llegado a la profundidad de unos seis metros, el día 11 de noviembre apareció el primero de ellos. En tres capas y en total desorden fueron apareciendo los otros catorce. (…) El lentísimo trabajo recién concluyó el sábado 14 de noviembre y los esqueletos fueron llevados al Instituto Médico Legal de La Serena. (…) Allí estaban las pruebas imborrables. Trece de los quince prisioneros habían sido violenta y reiteradamente golpeados con objetos contundentes antes de morir, lo que les produjo fracturas y lesiones en muchas de sus costillas y pelvis. Uno de ellos tenía el cráneo fracturado por los golpes. Diez de ellos tenían uno o más impactos de bala en el cráneo además del tórax. El resto presentaba los balazos en el tórax y otros huesos…”. Página 149.
(Párrafos del libro La misión era matar. El juicio a la Caravana Pinochet-Arellano, del periodista Jorge Escalante Hidalgo. Publicado por Editorial LOM, en agosto de 2000.)
Niños ejecutados
El ejército niega que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en la IV Región, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001, contra el general (r) Augusto Pinochet, interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, ejecutados tras el golpe militar de 1973.
Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios de Impuestos Internos.
“Qué saben ustedes”
La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Nelson Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí. No llegaron a sus hogares, lo que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron por parejas para buscarlos. Se vieron obligados a infringir el Toque de Queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.
Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas habitualmente. A los pobladores les habían dicho que ahí “se podían producir atentados extremistas”. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 “Arica” de La Serena.
Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que revisaron el auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte, en “caso de moverse o alarma”. Permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango. Luego, un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada, y se sometió a las familias de los menores a “arresto domiciliario”. Toda la población fue allanada por militares armados, quienes los interrogaron sobre “la desaparición de los menores” y “qué sabían de eso”.
Balas militares
Los padres de los menores eran trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados.
Se efectuaron intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales “expertos en rastreo”. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.
En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.
“Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad”, señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era “a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo”, y agregando que “esos proyectiles los usan sólo el Ejército”. Sin embargo, el médico les señaló que “no podía certificar esa causa de muerte”. “Efectivamente el certificado señala ‘causa de muerte indeterminada’”, agrega Gutiérrez.
En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol, y va dirigida contra Augusto Pinochet y “todos los que resulten responsables”. También se cita a Osvaldo Pincetti, que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento “Arica”.
Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. “Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de ‘inculpado’. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso”, señala Hugo Gutiérrez.
Lapostol, Moren y Cheyre
El ex comandante del Regimiento “Arica” de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano.
El año pasado, señaló a Canal 13: “Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano”. Sin embargo, Lapostol confirmó que “los ejecutados fueron elegidos por Arellano”.
En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Luis Manuel Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark.
Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento “Arica”.
(¹) Los artículos son del año 2002 y fueron publicados en El Siglo.
FUENTE: FUGA DE TINTA
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