Comprueban peritajes falsos de la PDI en juicios económicos de alto impacto
Publicado: 02.04.2013
Dos
peritajes falsos y otros dos con graves irregularidades entregó a
tribunales el contador auditor Juan Silva, quien fue durante siete años
jefe de la Sección Contable del Laboratorio de Criminalística de la PDI.
Sus informes permitieron que dos imputados por apropiación indebida de
unos $4 mil millones de la Fundación Braun quedaran fuera de sospecha,
lo que ahora se revirtió. En este y en otros tres juicios los peritajes
de Silva favorecieron a clientes del estudio del abogado Carlos Cortés
y, con excepción de uno de ellos, tuvieron lugar en el 32º Juzgado del
Crimen. Condenado y expulsado de la PDI, Silva figuraba hasta el 19 de
marzo como perito de las cortes de Apelaciones de Santiago y Rancagua.
En el juicio que hoy
tiene como protagonista a la Fundación Oscar y Elsa Braun, se busca
demostrar el mal uso y apropiación indebida de más de $4.000 millones
por parte de Juan Braun Llona y Juan Braun Lyon, ambos ex directivos de
la fundación, actualmente en libertad previo pago de una fianza de $40
millones. Los dineros, destinados a otorgar becas para estudiantes de
Medicina en el extranjero, provienen de una cuantiosa herencia dejada a
mediados del siglo pasado por Elsa y Oscar Braun, quienes establecieron
que un 80% de los dividendos de su fortuna debía destinarse a este
propósito de beneficencia educativa y un aporte a la salud del país. En
la práctica, los dineros no llegaron a los estudiantes de medicina más
brillantes. Fueron utilizados por los directivos de la fundación
actualmente imputados como una fuente de inversiones en empresas
vinculadas a ellos mismos y a uno de sus nexos en negocios: el
empresario Manuel Cruzat.
Las acusaciones contra Braun padre e hijo no son nuevas. Pero fue
ahora, en el desarrollo de este juicio, que emergió una arista de enorme
trascendencia y que explica en parte por qué anteriormente la justicia
los dejó fuera de toda culpa. Esa arista involucra al Laboratorio de
Criminalística de la PDI (Lacrim), un órgano técnico clave de apoyo a la
justicia. El ex jefe de la Sección Contable de esa repartición, Juan
Silva Lorca, fue condenado el 2011 –y expulsado de Investigaciones-, por
falsificar las conclusiones de un peritaje contable que benefició en su
minuto a los dos inculpados en el caso Braun, defendidos por el abogado
Carlos Cortés Guzmán.
El hallazgo de los ilícitos cometidos por el perito cobra relevancia
porque no se trata de un caso único y aislado. La Fiscalía Centro Norte
investiga actualmente una segunda querella presentada en contra del
perito Silva, también por falsificar un peritaje contable en otro juicio
de alta repercusión mediática y que nuevamente involucra a una
institución de beneficencia: el daño patrimonial al Patronato Nacional
de la Infancia. Un proceso que terminó con el ex presidente del
directorio y gerente general de esa institución, José María Balmaceda,
preso y condenado en primera instancia por apropiación indebida de
fondos.
La
condena a Juan Silva Lorca dio las primeras luces de una práctica que
pudo ser más extendida y que podría afectar otros juicios por delitos
económicos donde se pidió peritajes al Lacrim de la PDI. Más aún, podría
revelar casos de personas injustamente condenadas o sancionadas,
producto de peritajes mañosamente acomodados; o por el contrario,
personas que quedaron en libertad al ser beneficiados por una diligencia
clave obtenida de manera irregular.
CIPER investigó la trayectoria de Juan Silva -ver listado de peritajes entregado por la PDI-
como perito de la Sección Contable del Laboratorio de Criminalística
(Lacrim), departamento del que fue su jefe durante siete años
(2002-2009). Entre 2006 y 2007 existen al menos otros tres peritajes
–además del de la Fundación Braun- emitidos por ese departamento, donde
hubo algún tipo de irregularidad objetada por las partes afectadas.
Todos ellos llevan la firma del perito contador Juan Silva Lorca,
y las conclusiones de los cuatro informes favorecen los intereses de
los clientes de la oficina de un conocido abogado penalista: Carlos Cortés Guzmán. Tres de los cuatro peritajes cuestionados fueron pedidos por el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, cuya titular era Blanca Rojas Arancibia, hoy jueza del Tercer Tribunal Oral en lo Penal.
Los delitos investigados y a los que se refieren estos informes son:
contrato simulado, apropiación indebida, manipulación del precio de
acciones de sociedades anónimas abiertas y asociación ilícita.
“FALSEDAD” DE UN PERITAJE
El juicio que tiene imputados a Juan Braun Lyon y Juan Braun Llona,
está en pleno desarrollo. En él se repiten los protagonistas de los
otros tres procesos bajo cuestionamiento: el abogado Carlos Cortés, el
perito Juan Silva y el 32º Juzgado del Crimen. La historia se remonta a
2004, cuando la Fundación Braun se querelló contra Braun Lyon, Braun
Llona y el conocido empresario Manuel Cruzat Infante, por asociación
ilícita, estafa y apropiación indebida de los dineros de la fundación.
En enero de 2007, la magistrada Blanca Rojas solicitó un informe
pericial al Lacrim. Pidió que se determinara si los fondos de la
fundación fueron destinados a un fin distinto al señalado en los
estatutos y si los querellados obtuvieron beneficios personales.
Cuatro meses después ingresó al tribunal el informe pericial, firmado
por el jefe de la Sección Contable de Lacrim, Juan Silva Lorca, la
perito Marta Guerino y el jefe del Lacrim, Marco Aravena. En sus
conclusiones, el informe estableció que “no es posible” determinar si
los fondos se destinaron a un fin diferente a lo señalado en los
estatutos, debido “a la falta de antecedentes de contabilidad” que
permitan concluir ese punto. También se agregó que, tras revisar los
libros de contabilidad de la fundación, no se puede advertir que
existieran beneficios económicos personales por parte de los querellados
“porque no se observan anotaciones que demuestran salidas de dinero de
la fundación a cuentas personales de los querellados”. (ver informe pericial nº 104)
Las conclusiones del informe permitieron en ese momento liberar de
inmediato de responsabilidad en los ilícitos investigados a Juan Braun
padre y a su hijo.
Llama la atención que la jueza Rojas recibió este peritaje el 16 de
mayo de 2007 y el mismo día ordenó el cierre del sumario de la causa.
¿Puede revisarse exhaustivamente un informe pericial contable en horas e
inmediatamente decretar el cierre del sumario judicial?
Otro dato. El abogado Carlos Cortés sostiene que él no tiene ninguna
relación con este peritaje de Silva, porque no era el defensor de los
Braun en ese momento, sino Eduardo Urrejola y Andrés Levine. Sin
embargo, al día siguiente de que la jueza cerrara el sumario, el 17 de
mayo, Carlos Cortés asumió el patrocinio de los dos querellados para
todas las causas judiciales. Es bien sabido que un patrocinio no se
asume de la noche a la mañana, y que el abogado debe conocer de antemano
todos los elementos de la causa que va a asumir.
A esas alturas, el juicio avanzaba con viento a favor para los
querellados por la fundación. Sin embargo, la parte querellante ya
abrigaba sospechas sobre el trabajo de Silva. Por eso, un mes después de
cerrado el sumario, el abogado de la fundación, Álvaro González,
denunció ante el director de Investigaciones “conductas irregulares” del
Lacrim en el peritaje sobre los manejos de dineros de la Fundación
Braun. González pidió formalmente que se investigara “si existe alguna
relación irregular” entre el perito Juan Silva y Carlos Cortés, abogado
defensor de Juan Braun Llona y Braun Lyon. Esa petición, la que tuvo
acogida inmediata, daría un giro radical a la investigación judicial. El
sumario administrativo de la PDI concluyó con la expulsión de Juan
Silva de la institución, en abril de 2009. Sobre su relación con el
abogado Cortés, no se pronunció.
La expulsión de Silva de la PDI dio pie para que la Fundación Braun y
el Consejo de Defensa del Estado presentaran una querella ante la
Fiscalía contra Juan Silva Lorca, por el delito de “falsedad en un
peritaje procesal”. Según se lee en la querella, Silva “no tuvo otra
finalidad que la de entregar al tribunal antecedentes falsos e
incompletos respecto a la consulta efectuada por éste, en un sentido
notoriamente favorable a la defensa de los querellados en la causa en
cuestión”. Lo que estaba por venir aportaría antecedentes elocuentes y
aumentaría las dudas de los querellantes sobre la transparencia del
proceso.
El testimonio más revelador fue el de la perito Marta Guerino, quien
aparecía firmando el cuestionado informe pericial con Juan Silva. La
funcionaria declaró que el borrador de informe que ella entregó a su
jefe era diametralmente diferente en sus conclusiones al que llegó
finalmente a manos de la magistrada. Afirmó, también, que ella se sintió
“coaccionada” por su jefe a firmar y que, por lo mismo, guardó el
borrador de su informe porque entendía que el accionar de Silva era
“irregular”.
“Más de una vez pensé que el señor Silva estaba de acuerdo con los
querellados, era una intuición, en especial su actuar en el sentido de,
en primer lugar, estar de acuerdo en incluir ciertas cosas, y después
con el resultado, que era contrario a los intereses de los querellados,
sacarlas, lo que era como bien obvio”, declaró en la fiscalía la perito
Marta Guerino Sáez el 1 de julio de 2008, en la causa contra Silva. Y
agregó: “Al finalizar el peritaje me sentí que fui utilizada para sacar
un informe a la medida”.
En ese borrador, elaborado por las peritos Guerino y Nancy Betancourt –al que tuvo acceso CIPER-
se analizan con detalle los cambios de estatutos de la Fundación Braun y
la situación financiera y contable de cada una de las empresas en las
que invirtieron los fondos los querellados Braun Lyon y Braun Llona. Con
toda claridad, concluyen que “no se cumplieron” los principios
establecidos en los estatutos, porque invirtieron en empresas recién
formadas, no registradas por la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS) y que no repartían dividendos, todas condiciones expresamente
prohibidas en el testamento de los fundadores y en los estatutos de la
fundación.
Luego, concluyen que existe “una clara intención de obtener
dividendos personales” y conflicto de intereses por parte de Juan Braun
Llona, porque él es inversionista en dos de tres de las empresas en que
invirtieron los fondos de la fundación (presidente de Imactiva S.A. y
gerente general y director de Explotadora Ferroviaria S.A., donde tiene
un 65% de participación la fundación). Apuntan que su cargo de consejero
y vicepresidente de la fundación le daban atribuciones para tomar
decisiones “que iban en desmedro de la institución y apuntaban a
incrementar el patrimonio” de las empresas mencionadas.
Las conclusiones que Silva entregó al tribunal fueron radicalmente
diferentes. Lo grafica así la perito Nancy Betancourt: “Esta exclusión
de antecedentes implicó un cambio en las conclusiones en 180 grados, ya
que nuestro informe, que comprendía el análisis financiero, concluyó que
los estatutos habían sido modificados y ello permitió invertir en otras
empresas, lo que en el informe final no se dijo. En cuanto a los
beneficios para los querellados, en nuestro informe no se concluye la
existencia de beneficios para éstos, pero si se da a entender la
existencia de conflictos de intereses. En cambio, el informe final
indicó que no se podía advertir beneficios personales con los registros
de contabilidad de la fundación”.
El perito Juan Silva se defendió argumentando que la razón para
cambiar el informe fue que la jueza había pedido un peritaje contable y
no “financiero”. Un punto que también fue refutado por sus subalternas.
Silva no sólo omitió conclusiones del análisis pericial de sus
subalternas. También agregó una conclusión que nunca fue mencionado por
ambas en ninguno de sus borradores. Tomando como referencia un informe
elaborado a petición del tribunal por el economista de la Universidad
Católica, Fernando Le Fort, el perito de la PDI concluyó: “El informe
determinó que bajo la administración de los querellados la fundación
obtuvo un incremento en el valor de los bienes administrados, no
generando perjuicio alguno”. Lo extraño es que esa frase no figura en el
informe de Le Fort. El documento se limita a calcular que el patrimonio
de la FOEB asciende a US$ 18,39 millones de dólares, sin emitir juicios
de ninguna índole (Ver informe).
Cuando Le Fort fue citado a declarar sobre el uso que le dio el
perito Silva a su informe, el economista de la UC ratificó que sólo
realizó una valorización del patrimonio de la fundación, considerando
sus activos y las inversiones realizadas, sin hacer comparación alguna.
Que, por esa razón, no podía afirmar si hubo o no perjuicio para la
Fundación Braun.
Hubo un último antecedente que entregó Le Fort que hizo ruido en el
tribunal. Afirmó que el pago de honorarios por su estudio le fue hecho
por Juan Braun Llona, “y debe haber estado en torno a los $8 millones”.
Un tercer testimonio terminó por afianzar la convicción de que Juan
Silva había falsificado el peritaje que entregó al tribunal. El
ingeniero comercial Ricardo Quintanilla Escobar, quien participó en el
sumario que le hizo la PDI a Silva, comparando el borrador de las dos
peritos con el informe final que se entregó al tribunal, dijo que éste
último “cambia totalmente el sentido” de las conclusiones a las que
arribaron las dos peritas subalternas de Silva.
Con todos estos antecedentes, el Tribunal resolvió condenar a Juan
Silva Lorca por falsificar el peritaje, a “541 días de presidio en su
grado medio, a la multa de 20 UTM y a las accesorias de suspensión para
cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y suspensión de profesión titular mientras dura la condena”. Por
ser esta la primera vez que era condenado, se le concedió el beneficio
de la remisión condicional de la pena. Silva no pasó ni un solo día en
la cárcel.
Lo increíble es que, a pesar de que la sentencia incluye una
prohibición expresa para ejercer su profesión mientras dure la condena,
CIPER encontró el nombre de Juan Silva Lorca en la nómina oficial de
peritos auditores para el bienio 2012- 2013 de la Corte de Apelaciones
de Rancagua y Santiago (ver listado).
La explicación oficial que entregaron a CIPER en la Corte Suprema es
que el concurso para los peritos que integrarían el listado 2012-2013 se
resolvió en octubre de 2011 y el máximo tribunal aprobó los listados el
31 de enero de 2012. Si bien a esa fecha ya Silva había sido condenado,
la sentencia no se dio por ejecutoriada sino hasta abril de 2012 debido
a recursos pendientes. Es decir, la condena de Silva no figuró en su
extracto de filiación al momento de ser ratificadas las nóminas de
peritos.
Una vez que la Corte de Ap0elaciones de Santiago descubrió la
omisión, el 19 de marzo recién pasado procedió a eliminar a Juan Silva
del listado. No obstante, en la Corte de Apelaciones de Rancagua aún
figura entre los peritos a los que se puede pedir diligencias oficiales.
Juan Silva se ha declarado inocente en todas las etapas del proceso
que terminó con su condena. Y jamás se logró establecer qué motivó al
perito a falsificar el informe técnico y qué beneficios obtuvo al
entregar un informe tan favorable a los querellados. Ambas son preguntas
aún abiertas en el juicio por los millones de la Fundación Braun en una
de sus aristas más complejas para el sistema de administración de
justicia. CIPER le pidió una entrevista al perito Silva, pero éste nunca
respondió a nuestros requerimientos.
PATRONATO: PLATAS EN FUGA
Hay un segundo juicio donde figuran el perito Juan Silva, el abogado
Carlos Cortés y el 32º Juzgado del Crimen. La diligencia en cuestión es
la misma: el informe pericial firmado por Juan Silva y Nancy Betancourt
omite antecedentes contables que estaban disponibles tras la incautación
de documentos. Esta vez, en el contexto de una querella por apropiación
indebida y administración fraudulenta, presentada por el Patronato
Nacional de la Infancia (PNI) en contra de José María Balmaceda, ex
gerente general y presidente de la fundación. El ingeniero comercial de
60 años trabajó 28 años en la institución que apoya con programas de
alimentación y salud a lactantes en situación vulnerable. En febrero de
2006 fue demandado por los entonces socios de la institución sin fines
de lucro: Felipe Larraín, Alfredo Moreno y Sergio Jarpa.
El
abogado que representó a los querellantes fue Carlos Cortés Guzmán,
quien interpuso la acción en el 32° Juzgado del Crimen. El domicilio del
Patronato no correspondía a la jurisdicción de ese tribunal. Sin
embargo, Cortés invocó que el “principio de ejecución” del delito se
había dado en el domicilio de Balmaceda Montero, y por ende era Blanca
Rojas, la jueza del 32°, quien tenía la competencia para conocer y
fallar el caso.
La jueza Blanca Rojas aceptó la competencia y al día siguiente, el 3
de febrero de 2006, ordenó que se oficiara a Pedro Michaelsen para que
realizara un peritaje contable de la administración del Patronato, “a
fin de determinar la existencia de maniobras contables y financieras
sospechosas o sin respaldo, que le hayan ocasionado perjuicio a dicha
entidad”. Fue entonces que el abogado Carlos Cortés solicitó a la jueza
Rojas que se cambiara a Michaelsen por el Departamento de Pericias
Contables del Lacrim, a cargo del contador auditor Juan Silva Lorca.
Blanca Rojas accedió y nueve meses después llegó el informe pericial al
tribunal.
Las conclusiones suscritas por Juan Silva nuevamente favorecieron a los clientes de Cortés (ver informe pericial Nº 225)
y fueron la prueba documental que la jueza Rojas usó para dictar el
procesamiento de Balmaceda Montero y su orden de detención.
-Me vinieron a buscar como narcotraficante. Yo estaba en el hospital,
me dijeron que me llevarían al Hospital de Gendarmería, pero terminé en
la Penitenciaría. Patié, grité hasta que me cambiaron a la Capitán
Yaber- cuenta Balmaceda.
José María Balmaceda acusa ahora que su detención y procesamiento
fueron parte de una planificada estrategia que buscó dejarlo fuera del
directorio del Patronato en los momentos en que se debía renovar su
directorio.
La secuencia de hechos es la siguiente: el 29 de septiembre de 2006
llegó al tribunal el peritaje del Lacrim firmada por Juan Silva; el 6 de
octubre la jueza Blanca Rojas dictó orden de procesamiento contra
Balmaceda; el 10 de octubre fue la sesión para elegir a los directores
del Patronato, a la que Balmaceda no asistió por temor a ser detenido en
la misma sede con escándalo público. Al día siguiente, el 11 de octubre
de 2006, fue efectivamente detenido y encarcelado.
Según explicó a CIPER el propio Balmaceda, la querella en su contra
tuvo su origen en los problemas que se suscitaron al interior del
Patronato con motivo de las acciones que esa entidad de beneficencia
tenía en el Banco de Chile al momento de la gran crisis de 1982-1983. El
Patronato tenía 7 millones de títulos tipo A del Banco de Chile. En esa
calidad, le correspondía elegir dos directores del banco. “El año 87
fueron nombrados Alfredo Moreno (actual canciller) y Vicente Larraín
Izquierdo, comisionados para recuperar algo de los fondos del Patronato
invertidos en acciones y cuyo valor estaba por el suelo”, explica
Balmaceda. Lo que ocurrió después fue que Balmaceda se convirtió al
interior del Patronato, en el principal crítico de la gestión de Alfredo
Moreno. Una crítica que habría llevado en febrero de 2006 a Felipe
Larraín (actual ministro de Hacienda e hijo de Vicente Larraín) y
Alfredo Moreno a querellarse en su contra por “apropiación indebida” de
los dineros del Patronato.
Independiente de la veracidad de las acusaciones de Balmaceda, lo
relevante en este caso es que, al igual como hizo la Fundación Braun en
su momento, José María Balmaceda presentó una denuncia ante la PDI por
irregularidades en el peritaje que lo llevó a la cárcel. En abril de
2009 se conoció el resultado a la auditoría del peritaje firmado también
esta vez por Juan Silva. Y allí se estableció que el perito Silva no
cumplió con los deberes de su cargo. Como ya había sido expulsado de la
PDI a consecuencias de la falsificación en el juicio de la Fundación
Braun, no se aplicó la sanción de “separación” de la institución, como
lo recomendaba el sumario administrativo.
La acusación en contra de Juan Silva llegó a la fiscalía, donde se
está a la espera del informe que se les pidió a peritos de la
Universidad Católica de Valparaíso, los que deben evaluar si hubo
falseamiento o irregularidades en el trabajo de Juan Silva sobre los
dineros del Patronato.
Los peritos de la Universidad Católica tendrán a la vista el sumario
de la PDI cuyo resultado motivó la máxima sanción para Silva. Allí, el
perito Ricardo Quintanilla dejó constancia que uno de los antecedentes
importantes que no se tomó en cuenta en el peritaje firmado por Juan
Silva y entregado a la jueza Rojas, fue la auditoría de 2003 a los
estados financieros del Patronato. Ella fue realizada por Humphrey y
consigna préstamos a José María Balmaceda por un monto de $12 millones
aproximados, los mismos que se le imputan como apropiación indebida de
fondos (ver informe para sumario de la PDI).
A pesar de que en la auditoria de Humpfrey , que tuvo a la mano el
perito Silva, se consigna el préstamo de $12 millones a Balmaceda, el
peritaje de Silva concluyó que Balmaceda había ocultado dicho préstamo.
Otro de los puntos cuestionados al peritaje que hizo Juan Silva al
manejo de dineros del Patronato, fue la forma en cómo calculó los
ingresos de José María Balmaceda de acuerdo a los movimientos en su
cuenta corriente. El procedimiento fue el siguiente: se sumaron todos
sus depósitos y se compararon con los sueldos que percibía como
presidente y gerente general del Patronato Nacional de la Infancia y
como gerente general de sus corporaciones asociadas. La suma de sus
depósitos en cuenta corriente dio un monto que superó en un 90% los
sueldos declarados, por lo que en el peritaje se infirió que esos
dineros provenían de una apropiación indebida. La revisión de ese
peritaje concluyó que fue un error ya que no se consideraron los dineros
percibidos por su empresa de venta de artículos de cuero, ni los pagos
que Balmaceda recibió como socio del campo El Roble Guacho.
En
sus conclusiones, el perito Ricardo Quintanilla establece que no es
“exacto” comparar los ingresos personales con depósitos en cuenta
corriente “a menos que se disponga de los ingresos exactos, cosa que no
ocurrió”. También concluye que “no existen antecedentes suficientes”
para establecer que el Patronato ha sufrido un perjuicio patrimonial de
al menos $343 millones producto de “maniobras contables sospechosas y
cuestionables en las que ha intervenido, entre otros, para beneficio
personal, José María Balmaceda”, como sostiene el peritaje firmado por
Juan Silva.
El perito de la PDI que revisó el trabajo de Silva también consignó
que hubo cheques girados a otros destinatarios distintos al imputado,
los que debieran ser investigados. En ese sentido, resulta extraño que
sólo haya sido procesado José María Balmaceda, en circunstancias que el
manejo de las cuentas del Patronato era bipersonal, en conjunto con el
vicepresidente Juan Eduardo Vicuña. Este último no fue procesado ni
investigado.
Hoy, José María Balmaceda Montero está a la espera de la
investigación que lleva adelante la Fiscalía en torno al peritaje de
Silva y del recurso que presentó ante la Corte de Apelaciones de
Santiago por la condena en primera instancia por apropiación indebida de
$290 millones y administración fraudulenta del Patronato Nacional de la
Infancia.
¿Qué pasa si la Fiscalía determina que hubo “falsedad” en ese
peritaje de Juan Silva a los dineros del Patronato? ¿Podría modificarse
la sentencia dictada por otro tribunal?
LA RUTA DE CARLOS CORTÉS
El abogado Carlos Cortés sostiene que así como hay cuatro peritajes
de Juan Silva que han beneficiado casos en los que su oficina es
patrocinante, “hay otros tantos ejemplos en que nos ha perjudicado”.
Menciona como ejemplo el juicio de Inverlink, donde él fue abogado del
Banco Central; el juicio por estafa en contra de la Cooperativa
Promepart, donde presentó un reclamo por un “peritaje escandaloso” del
Lacrim que “plantea conclusiones que el mismo informe dice no poder
corroborar por falta de antecedentes”, y que perjudicaron a sus
clientes.
Cortés es un abogado conocido en el mundo de los penalistas y
vinculado a casos de alta connotación pública. Aunque tiene su estudio
de abogados propio, suele ser recomendado por el estudio Barros &
Errázuriz -fundado por el abogado Fernando Barros- para juicios que su
propio estudio no puede tomar. Entre ellos, se puede citar el juicio
contra AngloAmerican en el que Cortés asesoró a Mitsubishi. Carlos
Cortés también actuó como defensor del sacerdote de la Congregación del
Verbo Divino, Richard Aguinaldo, recién condenado por abusos sexuales en
contra de un alumno del colegio; en una etapa inicial. En la vereda
opuesta, fue abogado de las hermanas Prieto en la querella por abusos
que cometió su padrastro. También, participó en el juicio por fraude en
La Polar, como asesor de Southern Cross, el fondo de inversiones que
controlaba la multitienda cuando comenzaron las repactaciones
unilaterales.
La magistrada Blanca Rojas se desempeña actualmente en el Tercer
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, integrando una terna de jueces. Su
hoja de vida no registra ninguna sanción disciplinaria. Inició su
carrera en el Juzgado de Letras de Colina, siguió como relatora de la
Corte de Apelaciones de Santiago, hasta llegar como titular al 32º
Juzgado del Crimen en 2002, donde estuvo hasta diciembre de 2008.
El actuario René Pizarro, uno de los funcionarios de confianza de la
jueza Blanca Rojas cuando era titular del 32º Juzgado del Crimen, y
precisamente quien solicitó el peritaje al Lacrim en la querella del
Patronato Nacional de la Infancia, fue condenado en diciembre de 2009
por asociación ilícita, a 541 días de presidio menor en su grado mínimo,
con libertad vigilada por cinco años. La condena estableció que Pizarro
colaboró como miembro activo de la red de corrupción encabezada por
Margarita Quadros, “gestionando el envío de documentación judicial falsa
desde el 32º Juzgado del Crimen”. En este ilícito estuvieron
involucrados funcionarios de la PDI, Carabineros, Servicio Médico Legal y
del Poder Judicial.
PERITO CONTRA PERITO
Hay un tercer informe pericial contable firmado por Juan Silva que
CIPER rastreó y que también favorece a los clientes de la oficina de
Carlos Cortés. Esta vez, fue el Tercer Juzgado del Crimen el que le
pidió al Lacrim un peritaje contable que dilucidara si un contrato de
compraventa de un terreno en Pirque era real o simulado. Para esto era
necesario determinar si se habían concretado los pagos pactados en el
contrato, si estos habían ingresado a las arcas de quien vendía el
terreno y si los compradores tenían la capacidad patrimonial de adquirir
la propiedad.
El peritaje era parte de un juicio que en 2004 llevó adelante la
oficina de Carlos Cortés en contra de Gloria Siraqyan, una antigua
clienta. Los abogados Carlos Cáceres y Juan Carlos Leva presentaron una
querella argumentando que la mujer no había cumplido totalmente con el
acuerdo económico pactado con el estudio de Cortés. La clienta había
contratado a Carlos Cortés para que recuperara una propiedad que tenía
en disputa con su marido. Y se pactaron honorarios por $2.300.000, monto
que fue pagado. Pero los abogados reclamaron que adicionalmente se
pactó un “premio” correspondiente al 10% del valor de la venta del
terreno, en caso de que fuese recuperado. Condición acordada sólo de
palabra.
De acuerdo a la querella, luego de recuperar el inmueble, el 21 de
julio de 2000, su ex clienta decidió vender el terreno a su hermana y a
su hijo, en lo que los querellantes calificaron de “contrato simulado”,
ya que habría sido vendido a un precio muy inferior a su valor real,
“con el objeto de no cancelar el premio pactado”.
El informe pericial contable N°118 fue firmado por Juan Silva Lorca,
jefe de la sección de Pericias Contables de la PDI, y por el perito
contador Luis Núñez Salgado, con el visto bueno del subprefecto Julio
Ibáñez Burgos, entonces jefe del Lacrim. Tras analizar los ingresos de
los compradores del terreno, Silva y Núñez concluyeron que efectivamente
se trataba de un contrato simulado: los compradores no habían pagado la
totalidad de las cuotas anuales pactadas, y no tienen capacidad de pago
mensual.
Alma Sánchez González, abogada que defendió a Gloria Siraqyan,
formuló observaciones a este peritaje, como omisiones de antecedentes,
un factor que se repite en al menos tres de los cuatro peritajes
investigados por CIPER y cuestionados por un tribunal.
La jueza aceptó la objeción y designó al contador auditor Domingo
Fainé para un segundo peritaje. El nuevo informe pericial desestimó las
conclusiones de Juan Silva y Luis Núñez, descartando de plano un
contrato simulado. Por el contrario, estableció que los compradores sí
tenían “capacidad patrimonial” para enfrentar los abonos anuales
pactados. Y concluyó que existe un contrato de compraventa ante notario
que da cuenta del pago del pie de la propiedad al contado, hecho que
desconoció el peritaje de Juan Silva.
A partir de los nuevos elementos incorporados, el tribunal falló en contra de Cortés y desestimó el peritaje de Silva.
SILVA CONTRADICE SANCIONES DE LA SVS
Otro peritaje de Juan Silva golpeó al interior de la Bolsa de
Comercio. Esta vez, el juicio se inició por una querella presentada por
la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en contra de MBI
Corredores de Bolsa S.A., por manipulación de precios de las acciones
Volcán y Pizarreño. Alberto Etchegaray, entonces superintendente de la
SVS, presentó una denuncia diciendo que “se han detectado casos de
manipulación de precios y operaciones ficticias que podrían ser
constitutivas de delito”.
La
causa se inició en el 32º Juzgado del Crimen y el abogado defensor de
los querellados fue Carlos Cortés. Nuevamente, entró en escena Juan
Silva Lorca, cuando la jueza encargó un peritaje al Lacrim. El informe
Nº 294, firmado por Juan Silva y Nancy Betancourt, concluyó que no hubo
manipulación de precios, y que lo que hizo MBI Corredores fue “tomarle
el pulso” al mercado, como argumentó la defensa de Cortés. Dos días
después de recibir el informe, la jueza ordenó sobreseer definitivamente
la causa (diciembre de 2006).
La sentencia de la jueza y las conclusiones del perito Silva fueron
en línea opuesta al dictamen de la SVS, que antes del juicio había
sancionado a la corredora con 10.000 UF de multa y suspensión de 20 días
hábiles para transar acciones propias en la Bolsa de Valores. Lo mismo
concluyó el directorio de la Bolsa de Comercio, multando a la corredora
en 500 UF, argumentado que “aun cuando su intención no fuera la de
manipular los precios del mercado, constituyó una actuación desprolija e
irresponsable”, enviando “erróneas señales de precio” al mercado.
Los antecedentes aportados por la Superintendencia indican que,
durante el año 2004, la corredora MBI, operando a través de Larraín
Vial, realizó sucesivas operaciones de compra sistemática de acciones
de Volcán y Pizarreño en la Bolsa de Santiago y en la Bolsa Electrónica,
provocando un aumento sobre un 100% en el valor de las acciones de
ambas compañías. Estas formaron parte de la cartera propia de MBI
durante ese año y al término de 2004, liquidaron la mayor parte de las
acciones. La investigación de la SVS concluyó que la acumulación de
estas acciones fue para “provocar un alza en el precio de cierre de
dichos instrumentos”, para luego venderlas obteniendo utilidades “fruto
de un incremento en el precio de tales valores atribuible a las
operaciones en las que participó como comprador y vendedor final”.
Juan Silva y la perito Betancourt concluyeron en un sentido
diametralmente opuesto: “No existe un perjuicio económico producto de
dichos movimientos bursátiles, pero sí se puede refutar de manera
subjetiva la forma que utilizó MBI para ‘tomarle el pulso’ al mercado de
este instrumento”. El informe concluye: “No existen antecedentes
sustentatorios válidos que permitan calificar dichas imputaciones; lo
anterior implica que no hay mérito para establecer que se hayan
constituido los delitos descritos”. Y así quedó.
CAMBIOS EN EL LACRIM
El rol de los peritajes especializados de las policías resulta clave
en los juicios, porque sus conclusiones aportan criterios técnicos en
materias que no son de dominio de los jueces y, por lo tanto, son un
apoyo vital para orientar sus resoluciones. Por eso, la expulsión de la
PDI y posterior condena de Juan Silva Lorca por falsificación de
peritajes, provocaron un fuerte remezón y cambios drásticos al interior
del Lacrim.
El actual jefe de este servicio, Igor Trostel, explicó a CIPER que actualmente se rigen por la norma ISO 9001, que exige una auditoría permanente y control sobre los procesos internos. Se incorporó, por ejemplo, la figura del director técnico, un funcionario especializado cuya tarea es hacer un doble control al trabajo de los peritos en base a una estricta normativa nueva: detectar cualquier falencia, velar porque se cumplan todos los pasos y que las conclusiones sean congruentes con la investigación.
-¿Cómo evitan que existan contactos viciados de los peritos con las partes involucradas y que puedan orientar en uno u otro sentido las conclusiones de los informes?
-Está totalmente prohibido tener algún contacto con las partes. Los peritos sólo pueden solicitar información adicional a través de la fiscalía, en caso de que no tengan toda la documentación necesaria. Tenemos fuertes controles internos al respecto y, además, el nuevo sistema procesal es más transparente y también ha limpiado esas malas prácticas. Siempre está la posibilidad de que alguien quiera infringir la norma, y si tiene la intención, lo va a hacer igual…pero yo confío en que estamos con gente muy profesional.
FUENTE: CIPERCHILE
El actual jefe de este servicio, Igor Trostel, explicó a CIPER que actualmente se rigen por la norma ISO 9001, que exige una auditoría permanente y control sobre los procesos internos. Se incorporó, por ejemplo, la figura del director técnico, un funcionario especializado cuya tarea es hacer un doble control al trabajo de los peritos en base a una estricta normativa nueva: detectar cualquier falencia, velar porque se cumplan todos los pasos y que las conclusiones sean congruentes con la investigación.
-¿Cómo evitan que existan contactos viciados de los peritos con las partes involucradas y que puedan orientar en uno u otro sentido las conclusiones de los informes?
-Está totalmente prohibido tener algún contacto con las partes. Los peritos sólo pueden solicitar información adicional a través de la fiscalía, en caso de que no tengan toda la documentación necesaria. Tenemos fuertes controles internos al respecto y, además, el nuevo sistema procesal es más transparente y también ha limpiado esas malas prácticas. Siempre está la posibilidad de que alguien quiera infringir la norma, y si tiene la intención, lo va a hacer igual…pero yo confío en que estamos con gente muy profesional.
FUENTE: CIPERCHILE
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