Elizalde: “Si la UDI se midiera con la misma vara con la que se mide al gobierno, se quedaría sin dirigentes”
EL vocero de gobierno, Álvaro Elizalde se refirió a la acción judicial presentada por RN, cuyo fin a su juicio, es únicamente político. En tanto, el fiscal designado para investigar a Caval S.A por tráfico de influencias y acceso a información privilegiada, informó que la denuncia no presenta más antecedentes que los que la prensa ha difundido. A simple vista esta acción de la derecha es un aprovechamiento político y en el intercambio de ideas, ambos blques, gobierno y oposición discrepan de cuál caso es peor.
El vocero de gobierno, Alvaro Elizalde ya se reincorporó a sus funciones en La Moneda, durante los días que estuvo de vacaciones el ministro de Justicia, José Antonio Gómez fue quien tomó el papel de vocero subrogante justo en la semana más polémica para el gobierno a raíz del caso Dávalos.
Desde su regreso, Elizalde había sido muy moderado para referirse al tema y puso esquivar con respuestas claras los cuestionamientos de la prensa sobre la Presidenta y su hijo, Sebastián Dávalos. Sin embargo, hoy pudimos ver cómo el vocero respondió a las críticas de la UDI y se refirió a cómo han hecho uso del Nueragte para tratar de desviar la atención de Penta a través de la presentación de una denuncia el día de ayer a manos de personeros de Renovación Nacional -quienes pidieron a la Fiscalía Nacional investigar tráfico de influencias y acceso a información privilegiada-. Culpándose mutuamente las dos coaliciones políticas más grandes, el pacto oficialista encabezado por el gobierno y la derecha. Una guerra declarada por comprobar que caso es peor, si Penta o Caval.
Sobre la acción judicial que ayer presentó la UDI para solicitar la investigación de Sebastian Dávalos y su esposa Natalia Compagnon por el caso Caval y para que se investigue “tráfico de influencias y uso de información privilegiada, el ministro Elizalde dijo que aquello “se trata más bien de una denuncia genérica que tiene una finalidad política y que no da cuenta de su fundamento jurídico, pero la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo conforme lo establece la legislación vigente”. Luego se refirió a la situación de la UDI en el caso Penta y dijo “ahora hay que ser bien claro porque si la UDI se midiera con la misma vara con la que se mide al gobierno, prácticamente se quedaría sin dirigentes. Un ex subsecretario de la UDI ha reconocido que ha recibido pagos con boletas falsas, sus parlamentarios han reconocido que han recibido financiamiento irregular para sus campañas (…) El país ha sido testigo de cómo sus dirigentes han desfilado por la fiscalía, así que la UDI en primer lugar debería hacerse cargo de su propia situación”.
En tanto, Luis Toledo, el fiscal regional de O’Higgings designado para esta investigación derivada de la denuncia de Renovación Nacional, señaló que “La relación parental es un dato de la causa, pero no habilita ni determina las diligencias de investigación en torno a la indagatoria”. Además, sostuvo que los antecedentes presentados son los mismos que ha dado a conocer la prensa. Toledo dijo que “Ésta es una causa que aparece con eventual participación de funcionarios públicos y aquéllos que dejaron de serlo hace poco tiempo”.
“La denuncia se hace en términos bastante genéricos respecto de todos los funcionarios públicos que han intervenido en este proceso. Plantea como posibilidades jurídicas dos eventuales tipos penales: la posibilidad de haber cometido el Seremi (de Vivienda, Wilfredo Valdés) una eventual violación de secreto o, por parte del señor Dávalos, un eventual tráfico de influencias para haber beneficiado a una sociedad determinada”. Agregó que “la investigación partió el día de ayer” solamente, por lo que es temprano para hablar de eventuales imputaciones o penas.La primera fase es la recolección de antecedentes, la segunda fase es determinar y poder tomar la decisión de si los hechos investigados constituyen o no un delito penal, y la tercera fase es el eventual ejercicio de acción penal pública, que no es el caso de la especie por ahora, con la petición de penas en concreto”. Toledo explicó que se trabajará en conjunto con otros fiscales jefes de la región y con la ayuda del OS-9 de Carabineros.
Jimena ColomboEl Ciudadano
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