Frente Amplio Unitario

¿Tiene solución la actual crisis política? Todos enuncian el problema, pero pocos lanzan medidas concretas

24/02/2015 |

Por Guillermo Arellano

Todos hablan de crisis total, empate político y la necesidad de regular la relación entre política y dinero. Lo dicen en el Gobierno, en la centroizquierda y en la derecha, también los analistas y la gente del periodismo. Abundan las críticas duras e inquisidoras de personas que por un instante se paran sobre un sitial de honestidad, limpieza y superioridad moral que se extiende hasta el fin de una conferencia de prensa o de una columna de opinión.

La reforma política que eliminó el voto obligatorio e implantó el sufragio voluntario,cambio que por lo demás todos los partidos aprobaron en el pasado gobierno de Sebastián Piñera, demostró el poco interés que tienen los ciudadanos por participar en los procesos electorales. Fue el 60% en los comicios municipales de 2012 y el 50% en la competencia parlamentaria y presidencial de 2013.

El motivo enunciado por los expertos fue la crisis de representación que afecta a todas las instituciones, incluida la política y los políticos. Todos.

¿Qué pasó? Se enunció el problema, comenzó la segunda gestión de Michelle Bachelet y todo quedó en polémicas mediáticas, como cuando los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson presentaron un proyecto de ley que buscaba bajar la dieta parlamentaria o lo que pasó en la discusión de la reforma electoral que pone fin al binominal, donde finalmente nada se hizo por reducir las reelecciones en todos los cargos públicos.

¿Recuerda la polémica por las alzas en las asignaciones que los mismos parlamentarios votan y aprueban para supuestamente mejorar su labor legislativa y en terreno? Pues bien, todo quedó en manos de un Consejo de Asignaciones compuesto por ex congresistas y cercanos de los partidos políticos...

En este contexto apareció el "Pentagate", que involucró inicialmente a personeros y ex candidatos de la UDI; luego la derivación de la arista Soquimich, en el que parlamentarios de la Nueva Mayoría salieron al baile, y ahora el caso Caval, que puso en pantalla nada menos que al hijo de la Presidenta Bachelet y los negocios familiares con el gran empresariado.

¿Qué volvió a pasar? Todos hablan de crisis total, empate político y la necesidad de regular la relación entre política y dinero. Lo dicen en el Gobierno, en la centroizquierda y en la derecha, también los analistas y la gente del periodismo. Abundan las críticas duras e inquisidoras de personas que por un instante se paran sobre un sitial de honestidad, limpieza y superioridad moral que se extiende hasta el fin de una conferencia de prensa o de una columna de opinión.

En fin, una idea es crear una especie de superintendencia de partidos políticos que vaya en paralelo a la labor del Servicio Electoral, gentileza del abogado constitucionalista Patricio Zapata, o por qué no una agencia reguladora, a la usanza de los Estados Unidos. Todo bien, pero si resulta que los miembros de estas instancia son cuoteados de la misma forma que el consejo de asignaciones o los distintos cargos de confianza que hay en la administración pública, mejor prepararse para lo peor.

Si se sabe que la clase política, toda, no va a aflojar respecto a la influencia económica e ideológica que ejerce hoy en los grandes temas, lo mejor que podemos hacer los ciudadanos es exigir medidas concretas. Por ejemplo, acotar los períodos parlamentarios, que cada candidata y candidato tenga una hoja de conducta intachable antes de inscribirse ante el Servel, que se publicite el ítem relativo al financiamiento (lo que trae consigo la eliminación de los aportes reservados y anónimos que derivan en su mayoría de empresas y regular el lobby), crear instancias de participación reales y no de mera pantalla en proyectos de ley, pero dentro de una campaña de información, y por favor, legislar con calidad.

¿Qué es legislar con calidad? No más pérdida de tiempo y recursos en iniciativas inútiles (ley antisaleros, ley antimeme y leyes regionales sin impacto social) y focalizar el trabajo legislativo en verdaderas propuestas transformadoras, lo que incluye revisar la labor de la comisión de ética de ambas cámaras a la hora de fiscalizar el contenido de lo que se propone en sala.

Es cierto, el Parlamento chileno y la elite criolla está bien evaluada si se compara con Argentina y Brasil, donde hay ministros y distintas autoridades procesadas por corrupción y partidos absolutamente cooptados por el aparato gubernamental, pero también es verdad que gracias a los últimos casos que hoy investiga la justicia nuestro país yo no puede sacarle lustre a la institucionalidad que se construyó después de la dictadura.

Los tiempos prelegislativos calzan perfecto para redactar una nueva ley de financiamiento que no deje aspectos en la nebulosa. Por ende, la oportunidad está. Veremos si los honorables y sus partidos le hacen honor a los ciudadanos que los eligieron o siguen los intereses que tanta indignación causan en la población. Los estamos mirando.

FUENTE: CAMBIO 21