Fiscalía imputó por homicidio intencional a policía que le habría disparado en la cabeza
Aumenta la tensión en Venezuela: protestas estudiantiles se toman las calles tras muerte de joven de 14 años
A pesar de que el propio presidente Nicolás Maduro se apresuró en condenar la muerte de Kluvier Roa y aseguró que "en Venezuela está prohibida la represión armada", diversos líderes estudiantiles invocan su derecho a protestar por la violencia que sufre el país y los asesinados de los que han sido víctimas los jóvenes. Venezuela es el segundo país más violento del mundo, después de Honduras.
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Los jóvenes venezolanos han reactivado las manifestaciones y protestas en todo el país tras conocerse la noticia de la muerte, el martes, del estudiante de 14 años Kluvier Roa, en la ciudad de San Cristóbal, en el Estado de Táchira. A Roa le disparó un policía de 23 años en la cabeza durante una protesta contra el gobernador. El adolescente falleció antes de llegar al hospital y el oficial fue detenido. La muerte de Roa se une a la de otros cinco jóvenes que han sido asesinados en las últimas semanas, también de disparos en la cabeza, en distintas zonas del país. En estos casos no está confirmado si existe o no un móvil político. Panorama que viene a aumentar la tensión en el país, tras la detención del alcalde metropolitano de Caracas, el opositor, Antonio Ledezma.
Contra la situación de inseguridad y la violencia que se vive en el país se movilizaron los jóvenes venezolanos a principios del año pasado, justamente en las ciudades andinas de San Cristóbal y Mérida. La ola de protestas se extendió a otros lugares y se prolongó durante dos meses y medio. El resultado fueron 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Muchos de los jóvenes que participaron en ese movimiento tienen hoy procesos pendientes con la justicia venezolana.
La represión que sufrieron y las consecuencias penales, además de divergencias entre los que son miembros activos de los partidos y los que son solo representantes estudiantiles de las distintas universidades, tanto públicas y privadas, hicieron mella en la capacidad organizativa y de movilización el año pasado. Recientemente hubo elecciones de líderes estudiantiles en las universidades, por lo que nuevas caras están asumiendo ahora la conducción del movimiento.
Una de ellas es Hasler Iglesias, representante de la Universidad Central de Venezuela, la principal institución de educación superior del país. Iglesias anunció que desde este martes los estudiantes empezarían a movilizarse otra vez, pero que no darían esa información de manera anticipada ni públicamente. “No vamos a decir ni de dónde sale ni para dónde va porque este Gobierno nos persigue”, dijo Iglesias, que la noche anterior había escrito en su cuenta de Twitter: “#Caracas Mañana vamos a la calle, asistan todos a sus universidades desde temprano y estén atentos a los próximos anuncios!”.
Iglesias y otros compañeros se dirigieron el martes por la mañana en una marcha “sorpresa” hasta el Ministerio del Interior y Justicia a exigir que se derogue la resolución 8610 del Ministerio de Defensa, que entró en vigor hace unas semanas y permite el uso de fuerza mortal para controlar manifestaciones y reuniones públicas.
Sectores de la comunidad académica dieron su respaldo a los estudiantes. En un comunicado, la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, exigió también acabar con la resolución. “Llama poderosamente la atención el resurgimiento de métodos de control militar de la población —que creíamos históricamente superados— inspirados seguramente en la doctrina de la otrora Seguridad Nacional, del tiempo de las dictaduras militares del Cono Sur que restringieron las libertades civiles para imponer un pensamiento autoritario”, reza el comunicado.
Mientras el grupo de estudiantes continuaba al medio día frente al Ministerio del Interior, otro grupo, en el que participó la líder juvenil Gaby Arellano, escudera del líder opositor encarcelado Leopoldo López, y militante del partido Voluntad Popular, invitaba a marchar junto a la esposa de López, Lilian Tintori, en una movilización de las madres de los estudiantes frente a la nunciatura católica en Caracas.
Otros representantes juveniles de los movimientos políticos que representan la diputada Maria Corina Machado, Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledezma, señalados por el Gobierno de planear un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, están recogiendo firmas entre la sociedad civil para apoyar el Acuerdo a la transición, documento que suscribieron los tres líderes políticos, y que para el Gobierno constituye una prueba de sus intenciones golpistas.
El propio Maduro se apresuró a condenar el martes la muerte del estudiante de Táchira y aseguró que “en Venezuela está prohibida la represión armada”. Los líderes estudiantiles invocan su derecho a protestar por la violencia que sufre el país y los asesinados de los que han sido víctimas los jóvenes. Venezuela es el segundo país más violento del mundo, después de Honduras. El Observatorio Venezolano de la Violencia calcula que el pasado año se produjeron 24.980 homicidios en Venezuela (30 millones de habitantes), 68 al día, con una tasa estimada de 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, salió al paso de los últimos sucesos y condenó la violencia “venga de donde venga”, informa Silvia Ayuso. Insulza instó a la necesidad de un diálogo entre Gobierno y oposición para calmar la situación en Venezuela. “Mientras no se den los pasos necesarios para iniciar un diálogo inclusivo que conduzca a la reconciliación de los venezolanos, otros ciudadanos inocentes pueden ser víctimas de esa violencia”, dijo a través de un comunicado. Insulza, tras las quejas por la falta de respuesta internacional, ya había instado a frenar la “polarización” en Venezuela tras la detención la semana pasada del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Por otra parte la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó hoy de la imputación por “homicidio intencional calificado” del policía por la muerte de del joven de 14 años.
“Ya este (…) efectivo policial de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) fue presentado ante el tribunal de control y el Ministerio Público le imputó los delitos de homicidio intencional calificado con un agravante previsto en la LOPNA (Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes)”, dijo Ortega durante una entrevista con el canal privado Venevisión.
La fiscal indicó que al policía, de nombre Javier Mora, de 23 años, que disparó munición de goma contra el adolescente Kluiverth Roa, se le imputó el delito de “uso indebido de arma orgánica”, así como el delito de “quebrantamiento de pactos y convenios internacionales”.
Nota original de El País.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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