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El nuevo nicho de la política: asesor, el verdadero negocio de la ilegalidad durante el gobierno de Piñera

24/02/2015 |

Por Equipo Cambio21

Una nueva filtración, ahora dentro de la arista Soquimich del caso Penta-UDI, dejó al descubierto la larga trayectoria de apoyo irregular que la empresa minera controlada por Julio Ponce Lerou, (exyerno de Augusto Pinochet) sostuvo con distintos sectores de la política nacional. A diferencia de su socio en las jugadas al margen de la ley, que aportaba sólo a la UDI.

Gracias al trabajo que realizó el fiscal Carlos Gajardo, quien lideraba la investigación del caso Penta, se detectó las supuestas irregulares, en que con boletas falsas, la empresa Soquimich (SQM) habría hecho llegar cientos de millones de pesos a al menos 39 asesores de campañas políticas, de derecha y de la entonces Concertación.

La investigación hasta ahora considera los movimientos del periodo 2009 y 2010, etapa de elecciones y que dejó al descubierto el involucramiento que tuvo la campaña de Sebastián Piñera con la empresa. Según los datosmanejados, la mayor parte de la irregularidad ocurrió con asesores políticos de la derecha, incluso, gran porcentaje de ellos, "capturó" cargos dentro del gobierno de la Alianza en distintos ministerios.

Un negocio completo

Habría que caer en una profunda ingenuidad para pensar que los aportes hechos tanto por SQM y por Penta fueron por el interés del futuro del país. Cabe recordar que la empresa intentó ganar la licitación para explotar el litio en Chile, lo que no ocurrió debido a problemas de la gestión de los privados. Si no hubiera sido por eso, la moneda de cambio hubiera sido entregada sin más, según se analizó en círculos políticos.

Finalmente quedamos ante la evidencia de la existencia de un nicho explotado por los cercanos a la política: las asesorías. Son los que justificaron los dineros y boletas para las campañas, quedándose, supuestamente, con la devolución de impuestos. Así como los nuevos nombres que salen a la luz (incluyendo a un hijo del excandidato Pablo Longueira), sería el mismo "artilugio" que usó la cuñada de Wagner y la asesora del exalcalde Pablo Zalaquett, en la competencia por un escaño en el Senado.

Consultado sobre el tema, el diputado de Amplitud, Pedro Browne, consideró que estos casos dan cuenta de que aún faltan herramientas para fiscalizar y controlar las acciones de los políticos. "Tenemos que cambiar las sanciones, estas soluciones vienen desde el mundo político y no del judicial, ellos trabajan en base a las herramientas que nosotros les entregamos. Las actuales, sabemos que son muy febles para generar sanciones, por eso hay que perfeccionarlo".

"Se necesita un mecanismo adecuado de fiscalización para determinar cuando esos trabajos se realizaron y cuando no, y eso es un trabajo propio de Impuestos internos y  de la fiscalización que hay hacia las empresas. Pero antes de eso, estos mecanismos son para comprobar que no haya situaciones anómalas. Creo que el paso anterior es que una vez por todas tengamos normativas más exigentes y que los políticos demos el primer paso, somos nosotros llamados a no hacer uso de estos usufructos", opinó.

Denme las herramientas

Uno de los diputados que apareció a comentar el tema fue el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, quien criticó que el problema es que no se habla sobre cómo evitar nuevos casos de irregularidades. Para él, aún no existen castigos, y ese debe ser el debate.

Sobre la falta de castigos, Browne apunta que se debe a la ausencia de "herramientas para fiscalizar y sancionar y esas son las señales que tenemos que dar por que las que no podemos dar es esa lógica de que estamos empatando, que la derecha, la izquierda, pero quien pierde es la ciudadanía, no es un empate a uno, sino un 2-0 contra la ciudadanía".

Por su parte, María Jaraquemada, directora de Investigación e Incidencia en la Fundación Ciudadano Inteligente, destacó que el uso de los asesores para cometer los ilícitos se entiende como una forma de evitar que los castigos lleguen a los candidatos, una forma de que queden protegidos.

"Nosotros consideramos que cuando haya infracciones graves a la ley electoral, como recibir aportes irregulares, obviamente que la sanción debe llegar al candidato con la perdida de escaño, porque consideramos que es losuficientemente grave. Todo el resto de personas estamos bajo un estándar de que si cometemos una falla grave lo más probable es que nos despidan, entonces porqué si ellos ganan con trampa y hay un fraude a la fe pública, porqué mantiene su cargo", agregó.

Sobre lo que hoy se analiza para frenar este tipo de casos, la experta explica que "el proyecto de ley del gobierno es tímido, porque establece penas de cárcel, pero solo la que conlleva a la pérdida de cargo, es decir cuando más de 3 años y un día, en caso que lo defraudado se más de 100 millones de pesos (...) el tema es del acto y no de montos".

FUENTE: CAMBIO 21