La política en el ojo del huracán
Gonzalo Castillo | Miércoles 18 de febrero 2015 21:34 hrs.
Las revelaciones sobre el llamado caso Penta, así como el millonario crédito otorgado por el Banco de Chile a la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la Presidenta Bachelet, o el mal uso de las asignaciones parlamentarias que se investiga en el caso de los senadores (Ind.) Carlos Bianchi y (PPD) Eugenio Tuma, han abierto el debate sobre las consecuencias a nivel político y social que estos pueden tener a mediano y largo plazo. Analistas proyectan los escenarios que se abren tras estos escándalos.
Desde que la ciudadanía ha demostrado su transformación en el último lustro, hasta que se podrían venir tiempos fértiles para la incubación de autoritarismos. Estos y otros escenarios socio-políticos son los que tres analistas sostienen que se han presentado, y que podrán darse en el futuro, a partir del creciente hastío que la sociedad siente por la actividad política, la cual se ha visto envuelta en numerosos escándalos en los últimos meses.
Uno de los elementos que diversos analistas políticos resaltan es el rol que la ciudadanía y opinión pública han tenido a la hora de cuestionar estas irregularidades en que se han visto envueltos algunos miembros de la clase política en Chile, lo que habría posibilitado que la resonancia de estas situaciones se amplificara.
No obstante el sociólogo Manuel Antonio Garretón sostiene que si bien los políticos han cometido tanto ilícitos como en el caso Penta, como situaciones inadecuadas como en el problema generado por el caso Caval, advierte que se ha tendido a endiosar a la ciudadanía en los últimos años, la cual según su opinión sólo se manifiesta cuando sus intereses personales son afectados, y que sólo basta mirar la participación electoral de las personas, la cual supera débilmente el 40 por ciento.
“Hay una opinión pública ciudadana que, a mi juicio, es muy crítica respecto de lo que no toca sus intereses individuales, sean lícitos o ilícitos, y en ese sentido una de las grandes herencias más graves del neoliberalismo es haber naturalizado el individualismo. Lo colectivo es siempre sospechoso y malo, lo público es siempre sospechoso y malo, lo estatal es siempre sospechoso y malo. Los únicos buenos, las damas de blanco aquí son la sociedad civil y la ciudadanía. Hay que tener cuidado en ese tipo de caracterizaciones, en donde todos los políticos son malos, y los buenos son los ciudadanos. Yo creo que este endiosamiento de la ciudadanía o del ciudadano, identificando al individuo-consumidor es tan grave como lo que es el deterioro de la política”.
Por el contrario María Jaraquemada, directora de la fundación Ciudadano Inteligente, sí percibe un cambio en la forma en que la ciudadanía está dispuesta a cuestionar las actividades de los políticos, la cual no se manifiesta solamente a la hora de votar en las elecciones, si no que en generar otras instancias de supervisión de la actividad política.
“El tema es que yo creo que efectivamente la ciudadanía está más atenta, está más indignada, y está más cuestionadora de su clase política. Creo que el concepto de participación ciudadana cambió, ya no es ir a votar cada cuatro años, entonces yo creo que hay una exigencia mayor y eso hace que nuestras autoridades hagan su trabajo, y además respeten las normas. Por eso mismo también hay mayor exigencia de que estos casos, efectivamente, se investiguen y que hayan sanciones”.
Para el abogado Fernando Atria, uno de los elementos sobre los que se debe poner énfasis, a partir del escándalo develado por el caso Penta, tiene que ver con la debilidad de las leyes que regulan el trabajo de los parlamentarios, y son estas mismas las que en vez de beneficiarlos, como se podría creer a primera vista, les han perjudicado por su poca claridad en la definición de los posibles ilícitos en que pueden incurrir.
“Los afectados por eso se están encontrando con el hecho de que tener leyes laxas los perjudica. Uno pensaría que los beneficia, en la medida que les impone menos obligaciones, una legislación menos específica de cómo pueden recibir dinero o no, pero en definitiva los perjudica porque lo que sería más adecuado desde el punto de vista de enfrentar este tipo de situaciones, es que hubiera reglas primero suficientemente claras, y segundo suficientemente rigurosas de modo de precisamente poder decir que aquí hay un problema de infracción a la ley, y las infracciones a la ley son distintas de las cuestiones meramente morales, por así decirlo, y podemos hacer una distinción fundamental”.
María Jaraquemada hace hincapié en la sensación de las personas sobre la relativa impunidad con la que los políticos se mueven en medio de estas acusaciones, y sobre todo con lo relativo a las penas que podrían recibir por incurrir en el financiamiento ilegal de sus campañas, por ejemplo, las cuales, tal como señalaba Atria, son muy pequeñas y no representan mayor castigo para quienes se vean involucrados.
“La gente siente que no hay ley pareja, por así decirlo, porque cuando uno comete irregularidades uno sí es sometido al rigor de la ley. Y lo que yo creo que la gente siente es que cuando pasa con los políticos no es tan así, de hecho si tú ves las sanciones que hay por infligir la ley electoral, por recibir donaciones ilegales, son muy bajas, son multas o ya están prescritas, entonces al final del día si no es por el fraude tributario, no habría sanción”.
Tanto Garretón como Atria advierten sobre la posibilidad que uno de los escenarios posibles a futuro es que el hastío de la sociedad con respecto de la actividad política pudiera generar la irrupción de soluciones autoritarias que apelen a la demagogia para satisfacer las demandas por terminar con las irregularidades y eventuales ilícitos que pudieran cometer algunos parlamentarios.
Para Manuel Antonio Garretón, si bien no es dable equiparar el caso Penta con el caso Caval, en la medida en que el primero sí sería una maquinaria montada para financiar políticos a través de fraudes tributarios, mientras que en el problema que involucra a la nuera e hijo de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, respectivamente, habría sido una desprolijidad pero no con el objetivo de defraudar al Fisco, ambas situaciones son graves por cuanto son elementos que coadyuvan a generar un sentimiento de fastidio de la sociedad hacia la política, lo que podría desembocar en que se presenten personajes demagógicos y autoritarios que propongan acabar con la corrupción.
“Todos los desalientos en política, todos los descontentos al final pueden favorecer posiciones relativamente autoritarias y no democráticas, y eso no es bueno. En ese sentido, yo creo que el descuido, la desprolijidad, que no son lo mismo que un ilícito y un delito, un sistema y una maquinaria organizada para estafar, robar plata y pasársela a los políticos, como en el caso Penta, no es lo mismo que la consecuencia del descuido y la desprolijidad que pueden ser también graves”.
En la misma línea, Fernando Atria recuerda que en Chile en el pasado ya han existido figuras que han llegado al poder utilizando la promesa de barrer con la clase política y sus prácticas irregulares como bandera de lucha, como fue el caso del ex general Carlos Ibáñez del Campo, quien alcanzó la Primera Magistratura el año 1952, enarbolando una escoba como símbolo de la limpieza que realizaría con todos esos personajes.
“A mí me parece indudable que ese es un riesgo real, o sea yo creo que habría que ser ciego para no darse cuenta de que esa es una posibilidad concreta. Qué tiene Chile que lo distinga de Latinoamérica, por favor. Por lo demás esto ya ha pasado, ya hemos tenido un general que ganó una elección con una escoba, después de haber sido dictador. No es una cosa nueva en la Historia de Chile, y esa escoba qué era, era una escoba para barrer con esta cáfila de corruptos. Yo no estoy acusando a nadie, ese es el discurso. La lógica de la escoba es: aquí hay basura acumulada, y es necesario barrer con ella”.
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FUENTE: RADIO U. DE CHILE
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