Frente Amplio Unitario

Oficialismo y oposición se enfrentan ante posible cierre de cárceles de lujo que ocupan violadores de Derechos Humanos

24/09/2013 |

por Lorena Venegas

El presidente Sebastián Piñera anunció el estudio del posible cierre de los centros penitenciarios Cordillera y Punta Peuco. En tanto, el senador Alejandro Navarro (MAS) sentenció que “Chile está en condiciones de cerrar el penal Cordillera, para curar las heridas que se abren cuando estos violadores de derechos humanos viven con estos privilegios”.

En medio de la conmemoración de los cuarenta años del golpe militar, la publicación de una entrevista a Manuel Contreras, ex director de la DINA, abrió fuego al debate carcelario. Desde el penal Cordillera, ante el estupor generalizado, el ex uniformado negó haber conocido violaciones a los derechos humanos y advirtió que no moriría en la cárcel.

Las declaraciones, además de causar escozor pusieron en tela de juicio la existencia de estos recintos especializados. El recinto denominado Cordillera, ubicado en un sector del regimiento de Telecomunicaciones en Peñalolén, cuenta con seis cabañas para los internos, presos condenados por violaciones a los derechos humanos. Piezas individuales con teléfono y televisión por cable, además de canchas de tenis (está cerrada temporalmente y pocos de los reclusos están en condiciones física de practicar ese deporte), quincho para asado y horario extendido de visitas.

Lo mismo sucede en Til Til, en la zona Punta Peuco, donde se construyó otro recinto para culpables de crímenes cometidos durante el régimen, con áreas verdes y piscina. Cabe precisar, que estos son los únicos recintos penitenciarios donde la población de gendarmes es mayor al número de reos.

Para el senador del MAS, Alejandro Navarro, "que hayan más de 30 funcionarios cuidando a una decena de internos, como es el penal Cordillera en donde, además, según un estudio de la Universidad de Chile, el Estado gasta 5 veces más que en una cárcel común; y si comparamos con el penal de Punta Peuco se gasta 3 veces más, en total resulta inaceptable e incomprensible que existan estos dos penales paralelamente".

Según la base de datos del programa de DDHH del ministerio del Interior, a septiembre de 2011, 249 uniformados fueron condenados por violaciones a los Derechos Humanos. De ellos 177 gozan de libertad vigilada, tres de libertad condicional y 64 cumplen presidio efectivo. De estos condenados, 49 están en Punta Peuco, nueve en Cordillera y los seis restantes cumplen condena en cárceles comunes fuera de Santiago, por razones familiares.

Castigos como privilegios

Fue el mismo Presidente Sebastián Piñera, quien anunció la solicitud de un informe detallado a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, para conocer la realidad de los recintos creados por los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos para violadores de Derechos Humanos, y la factibilidad de cerrarlos.

Piñera sostuvo que existe una desproporción en cuanto a la cantidad de gendarmes y el número de detenidos. "Yo estoy revisando, como Presidente, si se justifica que exista una cárcel como Cordillera, donde entiendo que solo hay diez personas privadas de libertad con más de 40 gendarmes. Estamos estudiando si eso se justifica, cuáles fueron las razones que tuvo el presidente Lagos para haber construido esa cárcel y qué medida podemos tomar al respecto", dijo.

Respecto a este anuncio, el senador Navarro advirtió al Ejecutivo y enfatizó: "No voy a aceptar, no voy a votar a favor de un presupuesto que considere un privilegio de mantener, al menos, el penal Cordillera al costo económico que hoy día resulta: unos 49 millones 835 mil 393 pesos al año; y al costo moral de mantener a violadores de derechos humanos en este hotel de lujo, que no es cárcel".

Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez, indicó a Cambio21 que valora la actitud del presidente Piñera de pronunciarse sobre el cierre de estas cárceles, "fue la valentía que nos faltó a nosotros como Concertación el haberlas cerrado definitivamente".

Además agregó que el "penal Cordillera no tiene ningún sentido, es un resort. Yo dentro del estudio, le propondría al mandatario, que para no perder la construcción evaluara transformar Punta Peuco en una cárcel pública. Así, donde hay hacinamiento trasladar a presos y transformar este otro resort en una cárcel normal, aprovechando el espacio que hay ahí".

Diversos personeros políticos se han pronunciado respecto al tema. Desde la oposición voces como la senadora Isabel Allende, los diputados Cristián Campos y Sergio Aguiló, entre otros, exigen se haga justicia y se terminen los beneficios. Sin embargo, desde el oficialismo, RN lanzó duras críticas al inminente cierre, a través del secretario del partido Mario Desbordes quien pidió al gobierno que "derogue las leyes que han dejado libres a terroristas para que así haya justicia para todos y no solo para algunos, ley de amnistía y otras normas que han permitido dejar libres a terroristas del Frente Manuel Rodríguez y del Lautaro", asegurando haber conversado el tema previamente con el timonel Carlos Larraín.

En tanto, Tucapel Jimenéz recordó en Cambio21 haber denunciado desde un comienzo todos los beneficios que recibían: "Yo no me canso de decirlo pero por el sistema antiguo cuando se les procesaba ellos se iban a los regimientos y en pleno procesamiento entraban y salían cuando querían".

"Todo el mundo recuerda cuando a Álvaro Corbalán lo pillaron comprando en la feria, y lo denunció un feriante o sino tampoco lo hubiéramos sabido. Y a la hora de recibir las condenas a todos se les aplica la medida de prescripción pero al momento de cumplir las condenas van a una cárcel cinco estrellas. Y esa injusticia, ese tipo de beneficios indigna al resto de los chilenos, porque cualquier persona que comete un delito se va a ir a una cárcel común y no a un hotel", concluyó el parlamentario, hijo del dirigente homónimo asesinado precisamente por individuos que hoy habitan en Punta Peuco.

 

FUENTE: CAMBIO 21