La pública ofensiva de los alcaldes del extremo austral contra el proyecto HidroAysén
Autoridades de
las comunas de Coyhaique, Aysén, Tortel, Cochrane, Cisnes y Chile Chico
han criticado los anuncios públicos de la empresa, denunciado
situaciones anómalas o expresado su oposición a la iniciativa que
pretende represar los ríos Baker y Pascua, y cruzar su región de sur a
norte por cientos de torres de alta tensión.
Un persistente enfrentamiento público ha
sostenido durante las últimas semanas HidroAysén con diversos alcaldes
de la región de Aysén. Mediante cartas al director y controversias
sobre la forma en que la empresa se relaciona con las comunidades, los
representantes comunales han develado el áspero vínculo que mantiene la
compañía con las autoridades locales y la ciudadanía.
Este escenario, en cierta medida,
contraviene sus últimos intentos por mostrarse ante el país como una
sociedad que aplica responsabilidad social empresarial y prácticas de
“buena vecindad” con las comunidades que habitan los territorios en el
ámbito de influencia social, cultural, económica y productiva de los
ríos Baker y Pascua, donde pretenden Colbún y Endesa construir sus 5
represas.
Algo que dejó de manifiesto la crónica “HidroAysén: ¿Energía con futuro?”
de la sección “Reporteros” que TV-UC emitió este martes en Teletrece y
que mostró a más habitantes de Aysén en oposición al proyecto que a
favor.
La pugna epistolar con Coyhaique y Tortel
El 23 de marzo el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, publicó
en La Tercera una carta en la cual dio a conocer su rechazo al proyecto
expresando su “postura contraria a sacrificar nuestras comunidades y
prístinos ecosistemas”, sin embargo lo cual reiteró su compromiso con
“una consulta ciudadana informada y democrática, que permita a nuestra
gente conocer los verdaderos alcances de los proyectos
hidroeléctricos”. El edil también cuestionó la promesa de rebajar el
costo de la energía que ha hecho HidroAysén “sin aclarar que esto no lo
pueden cumplir por sí solos, al depender de cambios en el Congreso, el
impulso del Ejecutivo y la anuencia de la eléctrica monopólica natural”,
preguntándose si “es correcto que una empresa se comprometa a algo que
no está segura de cumplir”. Al concluir relevó que la aspiración
regional es “ser protagonistas de nuestro desarrollo, sin empresas
asistencialistas que fomenten un falso sentido de dependencia económica
en calidad de beneficiarias de nuestra región, lo que muchas veces
oculta un sentido de aprovechamiento de las comunidades y sus recursos
naturales. Más aun cuando está comprobado que existen alternativas
mucho más sustentables que convertir Aysén en la gran pila de Chile”.
María Irene Soto, gerente de Comunidad y Comunicación de la empresa, fue la encargada de responder mediante una misiva publicada
el 26 de marzo. “En diciembre pasado realizamos un proceso ‘casa a
casa’ mediante el cual se visitaron 11.131 hogares de Coyhaique y Puerto
Aysén, equivalentes al 60% de la población de ambas ciudades. De las 60
personas que participaron en esta tarea, 20 eran dirigentes sociales y
jóvenes becados de Aysén” dijo. Y agregó: “durante este ‘casa a casa’,
uno de los temas que despertaron mayor interés por parte de la comunidad
fue el beneficio de energía barata comprometido por la empresa, que
busca reducir en un 50% las cuentas de electricidad para los habitantes
de Aysén”.
La respuesta no convenció al alcalde de Tortel, Bernardo López. Dos días después, el 28 de marzo, también entró en el debate
con una carta en la cual se mostró sorprendido por lo afirmado por Soto
“pues sabemos que rebajar el costo de la energía fue una condición
impuesta en la resolución aprobatoria de mayo de 2011, reclamada por
HidroAysén porque ‘supone la actuación de terceros respecto de los
cuales HidroAysén no tiene control’… . Así, no entendemos cómo la
empresa puede asegurar algo que depende de otros, más aun cuando se
requieren cambios legales”. En su opinión “muchos de quienes nacimos
en esta tierra, particularmente en la desembocadura del Baker
(paradójicamente, comunidades no consideradas como afectadas por
HidroAysén) sabemos que este proyecto sería muy dañino para nuestra
cultura, ecosistemas y desarrollo social, como ha ocurrido en otras
zonas donde Endesa ha construido represas. El caso del Alto Biobío es
dramáticamente ejemplar; allí, el desarrollo que se prometió nunca llegó
y nunca llegará, porque la empresa ya se fue”. Su conclusión fue
clara: “No estamos dispuestos a hipotecar ese horizonte limpio porque
una empresa se apropió de los derechos de agua de los ríos que nutren
nuestra vida”.
La gerente de Comunidad y Comunicaciones fue nuevamente la encargada de dar la versión de la compañía. El 30 de marzo
señaló que “la empresa realizó una apelación ante el Comité de
Ministros para precisar las condiciones en que se hará esta rebaja, para
que pueda cumplirse y llegar efectivamente a la comunidad, incluso
abriendo la posibilidad de transferir este beneficio por medio de
subsidios directos”.
Las quejas de Aysén y Cochrane
Pero no todos los cuestionamientos a HidroAysén por parte de los alcaldes de la región llegaron mediante cartas al director.
En el caso del alcalde de Aysén, Oscar Catalán,
la polémica trascendió los medios escritos y obligó a HidroAysén a dar
múltiples explicaciones sobre la acusación de financiamiento electoral.
El 26 de marzo la autoridad comunal declaró
en un programa radial local que “durante la campaña municipal nos
querían dar 3 millones de pesos”. Contra todo pronóstico, su molestia
no fue por la posible intervención política sino porque tal cifra, a su
entender, era “una falta de respeto” y “una miseria”. “Estos
amarretitos fueron recurridos y dijeron que sí, que tenían todas las
ganas de ayudar, y nos querían dar tres millones de pesos” fueron sus
palabras, rematando
con un “cuando se retratan de la forma en que lo he dicho, está claro
que lo único que buscan es enriquecerse y no les interesan las
comunidades donde viven”. Ante tal acusación, una vez más María Irene
Soto debió salir a los medios para entregar la postura formal
de la empresa: “Nosotros nunca hemos tenido ningún contacto con el
alcalde, nunca le hemos ofrecido nada al alcalde, porque además,
precisamente, las instrucciones que yo tuve cuando me hice cargo es
trabajar directamente con las comunidades y es lo que estamos haciendo”.
Una semana más tarde fue el turno del alcalde de Cochrane. El 1 de abril la prensa regional informó sobre la preocupación de Patricio Ulloa,
formalizada mediante una carta de principios de febrero dirigida al
Comité de Ministros, por el incumplimiento de HidroAysén de la
resolución de calificación ambiental que le obliga a incluir al poblador
René Muñoz –quien vive aguas abajo de la proyectada represa Baker 2- en
el plan de relocalización (PDR) en las mismas condiciones de quienes
serían afectados por la inundación de sus terrenos. La autoridad
comunal expresó en la misiva que a pesar de “tan categóricas
resoluciones, nos preocupa que la empresa no esté acatando lo resuelto
por ustedes, por cuanto si bien lo incluyó en el PDR, lo hicieron en
calidad de especial, entregándole a don René una propuesta que no guarda
relación con lo ordenado ni con lo ofrecido a los otros pobladores
afectado”. Y pidió a las autoridades nacionales que “puedan exigir a la
empresa que se ajuste a derecho y cumpla con lo ordenado respecto de
don René”.
La oposición de Chile Chico y Cisnes
Consultado sobre estas controversias el
alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, expresó que “lamentablemente,
en la región bastante experiencia tenemos con lo que la empresa ofrece
públicamente y lo que hace en la realidad”.
Como una forma de sustentar lo señalado recurrió a dos ejemplos.
“HidroAysén ha señalado públicamente que
el proyecto de alta tensión con el cual pretenden interconectar Aysén
con el SIC sería lo menos impactante posible para la Patagonia,
asegurando que tales torres no superarían los 75 metros de altura”
recordó. Y a renglón seguido agregó: “Lo que no dice la eléctrica es
que su estudio de impacto ambiental sobre las represas aprobado en 2011
ya contempla cruzar gran parte de Aysén (180 kilómetros de interconexión
de los cinco embalses) precisamente con torres de corriente alterna de
75 metros de altura, cruzando varias veces la Carretera Austral. En tal
estudio, nunca propuso enterrar siquiera una de tales estructuras”.
También se refirió a la afirmación de Daniel Fernández hace un par de semanas donde dijo que veía con buenos ojos la aplicación de un royalty
para empresas de generación eléctrica. “Aunque suena a preocupación
por Aysén, la empresa ha obrado muy distinto al exigir que se elimine la
condición impuesta en la RCA de ‘presentar un plan de compensación en
la eventualidad de que los ingresos provinciales y/o regionales
derivados del turismo desciendan producto de la ejecución del proyecto’”
expresó Muñoz. Por esto su opinión es que “HidroAysén no tiene
compromiso social empresarial con nuestras comunas. Sólo quiere hacer
un lucrativo negocio gracias al control que tiene de los derechos de
agua en la caudalosa cuenca del Baker, que se nutre del Lago General
Carrera, el segundo más grande de Sudamérica”, para lo cual planteó que
“una tarea urgente hoy es avanzar hacia la recuperación del agua para
Chile y los chilenos”.
Sus palabras son coherentes con la
decisión unánime que el recién conformado concejo municipal adoptó el 22
de enero de este año, expresando su total rechazo a la iniciativa eléctrica.
Arsenio Valdés, alcalde de Cisnes,
comparte la mirada de su colega de Chile Chico. “Me opongo a estos mega
proyectos porque es hipotecar la región a cambio de nada, de ningún
beneficio que estaría recibiendo la región de Aysén. Estaríamos
entregando nuestra energía, nuestros ríos sólo a intereses económicos.
Por esto Cisnes, en su mayoría y de distintas formas, se pronunció en
contra” recordó el edil.
Un tema sensible para la comuna es el
control de los derechos de aguas por parte de empresas eléctricas. Para
Valdés “quizás se han hecho cosas con la legislación vigente, pero de
espaldas a la comunidad. Nos hemos enterado que todos estos ríos son de
empresas eléctricas, por lo tanto es un tremendo daño a las
comunidades, a mucha gente humilde, gente de campo que no tiene derechos
de agua sobre los ríos o arroyos que cruzan sus campos, pero sí estas
empresas que no tienen ninguna presencia acá”.
Estas controversias con 6 de los 10 de
la región hacen complejo el escenario para HidroAysén, a la luz de sus
esfuerzos por dar a entender en el nivel nacional que en la zona
contarían con apoyo de las comunidades, lo que ha reforzado con una
encuesta, cuya metodología aún se desconoce, realizada por Data Voz
(consultora que no sólo hace estudios para HidroAysén sino que la asesora en su desempeño público, lo cual hace a muchos dudar de su independencia) donde se señala
que en Aysén habría un 46,8 % de apoyo y un 46,3 % de rechazo al
proyecto. En todo caso, incluso con estos rebatibles datos tener a la
mitad de la población regional en contra no debiera ser algo de lo cual
una empresa que se plantea como proyecto país y región, y que ha
desplegado una millonaria campaña de intervención local, pueda
enorgullecerse.
Como se ha visto, a la compañía le ha
sido muy difícil demostrar estas cifras con los hechos, colisionando sus
aspiraciones con la realidad y con lo expresado
el lunes al Wall Street Journal por Fulvio Conti, director general de
Enel (controladora de Endesa y, por extensión, del proyecto de represas
en Aysén): “Seguiremos apoyando HidroAysén mientras el gobierno lo
apoye, a nivel nacional y local”. Pero si tal no ocurre, “no
invertiremos y haremos otra cosa” fue su afirmación.
Hoy ya está claro que en los gobiernos
comunales no tiene un respaldo mayoritario. Está por verse aún si el
apoyo público que Sebastián Piñera se traducirá en hechos, en un año
cruzado por la contienda electoral.
Por Patricio Segura
El Ciudadano
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