La Empresa de Abastecimiento en Zonas Aisladas maneja un almacén en Rapa Nui, en dos años redujo a menos de la mitad sus ventas y desaparece poco a poco. Sin embargo, la máxima ejecutiva de Emaza, gana $51 millones al año.
La crisis en Punta Arenas, primero, y la de Aysén, después, pusieron de relieve el abandono en que viven las zonas alejadas de Santiago en Chile. Suplir la falta de políticas públicas y recursos para apoyar a quienes viven en sectores remotos, es un imperativo. El uso eficiente de los recursos también.
Pero esta premisa no siempre se cumple. El caso de la Empresa de Abastecimiento en Zonas Aisladas (Emaza) es un buen ejemplo de ello. De ser una pieza clave para apoyar localidades alejadas hoy está reducida a un simple almacén en Isla de Pascua.
En 2009 registró ventas de $642 millones; en 2011 la cifra se redujo a un menos de la mitad: $273 millones. La llegada de comerciantes privados ha afectado sus flujos. Esto ha impactado los resultados de la compañía. Sólo en los últimos dos años perdió $135 millones y el saldo de pérdidas acumuladas supera los $8.800 millones.
Pese a esta situación y al mal desempeño de la empresa sus ejecutivos e integrantes del directorio no han resentido sus sueldos. ¿Quiénes son ellos? En particular, profesionales de altos ingresos del Ministerio de Economía y otras carteras. Por su tamaño, la compañía está reducida a cuatro funcionarios más la vicepresidenta ejecutiva. Curiosamente, el consejo directivo tiene el mismo número de integrantes.
La política no es original del Gobierno de Sebastián Piñera, viene al menos desde la administración de Michelle Bachelet. No es posible verificar más atrás pues la compañía no publica estados financieros ni memorias más allá de 2008. Además, Contraloría ha cuestionado reiteradamente la situación de la compañía, encontrando numerosas irregularidades en su funcionamiento, algo que refrendó en el último informe publicado en febrero pasado.
Un último detalle en la gestión de Emaza. Cada año la Contraloría manifiesta “observaciones” a su gestión. Aunque en el último informe reconoce que las limitaciones que vio en los estados financieros de 2010, fueron superadas, advierte que la deteriorada situación de Emaza “nos lleva a pensar que existen dudas importantes con respecto a la capacidad para continuar como empresa en marcha”.
María Luisa López Osorio es el caso más emblemático. Según publica la entidad que dirige, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, egresada del magister de evaluación de socioeconomía de proyectos de la Pontificia Universidad Católica (PUC). López asumió la gerencia general de la compañía en 2009. Hoy, como vicepresidenta ejecutiva e integrante del consejo, totaliza ingresos brutos de $51,8 millones al año; es decir, unos $4,3 millones cada mes. Su ingreso se compone principalmente del sueldo como ejecutiva, que le dejó $48 millones en 2011, el mismo año en que la empresa redujo un 47% sus ingresos y durante el cual las pérdidas, si bien cayeron un 33%, sumaron $54 millones. Esto último es casi lo mismo que ella obtuvo de remuneración.
López tiene una situación contractual particular. Tiene contrato de planta en el Ministerio de Economía, figura como asesora en “apoyo división de empresas de menor tamaño” y según la información de Transparencia de la cartera que dirige Pablo Longueira, tiene 2,3 asignaciones especiales, pero sin sueldo mensualizado. Ingresó a mediados de 2008 y su contrato es indefinido.
Consultada al respecto, la vicepresidenta ejecutiva de Emaza declaró que no le corresponde opinar al respecto y que los sueldos los define el Gobierno central. En efecto, la decisión de las remuneraciones las define el Ministerio de Economía. Emaza, eso sí, está bajo el alero del Sistema de Empresas Públicas (SEP), que preside Domingo Cruzat.
No es la única peculiaridad de la vicepresidenta ejecutiva. Según consta en la información de transparencia del Instituto Nacional de Estadística (INE), López Osorio, junto a sus familiares Víctor Manuel López Osorio, Jorge Alejandro López Osorio, Carlos Alejandro López Osorio, todos en conjunto representados por Ema Matilde Osorio Perich, firmaron el 8 de septiembre de 2008 un contrato de arrendamiento con el INE por un año, para que la entidad ubicara allí parte de sus oficinas regionales. El contrato se renovaba anualmente y según información del INE, sigue vigente hasta octubre de 2012. Mensualmente el Estado paga UF 31,20, esto es poco más de $700 mil.
El INE no respondió las preguntas sobre la legalidad de esta práctica.
Además de López, el otro ejecutivo de Emaza es el fiscal Andrés Vargas, abogado de la Universidad de Chile. Entre ambos ganaron $82,5 millones en 2011, dado que según Emaza, son los únicos dos ejecutivos de la empresa. La compañía tiene un total de cinco funcionarios, incluyendo a López y Vargas, sumando un total de $130 millones en sueldos. Como en 2011 los gastos en administración y ventas sumaron $295 millones, los sueldos de este pequeño grupo de funcionarios representaron un 44% de dicho item.
El ahijado de Longueira
La historia no termina ahí. Emaza tiene cinco directivos. Uno de ellos es María Luisa López. A ella se suman Alejandro Arriagada Ríos, como presidente; Ximena Betancour Muñoz, Rubén Carvacho Sáez y Rafael Domínguez Loyola. Arriagada es actualmente el jefe de la división jurídica del Ministerio de Economía y hasta julio de 2011 fue abogado de gabinete del subsecretario de Economía, Tomas Flores como personal a contrata y un sueldo de $4,3 millones brutos mensuales, pasando en enero de 2012 a reemplazar a Eduardo Escalona como jefe de la división jurídica de la cartera ganando $4,6 millones brutos. Arriagada ya pertenecía al directorio de Emaza en 2011, cargo por el cual ganó $3,7 millones en dicho ejercicio. Escalona, en tanto, ganó $7,3 millones en 2011 por ser presidente de Emaza, lo que se sumó a los $4,7 millones mensuales que ganaba en Economía.
Carvacho, en tanto, es conocido como el “ahijado de Longueira”. Hijo del concejal de la UDI por Conchalí del mismo nombre, de profesión abogado, se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Joaquín Lavín, como supervisor del sistema de protección social en la V Región. Gana $1,8 millones mensuales. Rafael Loyola Domínguez, es asesor del gabinete del ministro de Economía y gana $5,5 millones. Antes fue el jefe de gabinete de la Dirección General de Obras Públicas, del MOP. En enero de este año, el SEP lo designó en el directorio de Emaza.
Cierra la lista Ximena Betancour, quien trabajó como abogada del gabinete del ministro de Economía entre enero y agosto de 2011 cuando presentó su renuncia voluntaria, tras recibir un sueldo mensual bruto de $2,3 millones. Para 2012 mejoró su situación. Está contratada a honorarios por todo el año con un sueldo de $4,4 millones, casi el doble, esta vez para desempeñarse como asesora del subsecretario de Economía y en el área de empresas de menor tamaño.
El directorio antes mencionado ganó más de $20 millones en 2011, mientras la compañía perdía $54 millones y reducía un 46% sus ventas. Con todo, esta situación no es nueva. Los directivos de Emaza que vieron caer las ventas de la compañía, pero siguieron recibiendo ingresos por asistir a las reuniones del consejo, vienen de antaño. Así, hasta 2008 permaneció en la compañía Luis Sánchez Castellón (PS), quien fuera secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y luego fiscal de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). También integró las filas de Emaza el ex diputado PPD Aníbal Pérez, aunque por un lapso más corto.
Un último detalle en la gestión de Emaza. Cada año la Contraloría manifiesta “observaciones” a su gestión. Aunque en el último informe reconoce que las limitaciones que vio en los estados financieros de 2010, fueron superadas, advierte que la deteriorada situación de Emaza “nos lleva a pensar que existen dudas importantes con respecto a la capacidad para continuar como empresa en marcha”.
Las dudas persisten, pues además de las cifras negativas del ejercicio, la compañía mantiene cinco juicios pendientes y en dos ha provisionado $50 millones. Además, el local donde funciona el almacén de la empresa en Isla de Pascua opera en el terreno que el Ejecutivo se comprometió, en octubre de 2010 a entregar a las familias pascuenses, por sus derechos ancestrales sobre las mismas.
FUENTE:EL MOSTRADOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario