Contraloría exigió al ex gobernador de San Felipe reintegrar el sueldo percibido por ocupar un cargo público y desempeñarse al mismo tiempo como médico-ginecólogo
En fallo que conoció en exclusiva Cambio21, la institución aseguró que “quienes ocupan cargos de gobernadores provinciales se encuentran afectos a dedicación exclusiva y, por ende, se hallan impedidos de desarrollar cualquier otra actividad laboral remunerada, ya sea en el sector público o privado”. Tendrá que devolver 23 millones de pesos
En junio de 2011 un nuevo conflicto de interés rodeaba al gobierno. En aquella oportunidad venía de la mano del ex gobernador de la provincia de San Felipe de Aconcagua, Rodolfo Silva, (UDI) quien al mismo tiempo de ocupar un cargo público se desempeñaba como médico-ginecólogo. Tras el escándalo, el médico debió renunciar a su cargo público.
Ante los hechos, el diputado Marco Antonio Núñez (PPD) presentó un requerimiento ante Contraloría para que investigara el caso por asignación de la dirección superior, remuneración ejercicio privado e incompatibilidad.
Respuesta que ya formuló el organismo fiscalizador, especificando que "quienes ocupan cargos de gobernadores provinciales se encuentran afectos a dedicación exclusiva y, por ende, se hallan impedidos de desarrollar cualquier otra actividad laboral remunerada, ya sea en el sector público o privado".
A ello, el dictamen número 022752N12 estableció que "es dable recordar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el funcionario que usare indebidamente los derechos a que se refiere ese párrafo -remuneraciones y asignaciones-, estará obligado a reintegrar los valores percibidos, sin perjuicio de su responsabilidad disciplinaria". O sea, el ex Gobernador deberá devolver 23 millones de pesos.
"En razón de lo anterior, el Ministerio del Interior y' Seguridad Pública deberá adoptar las medidas tendientes a obtener el reintegro de las sumas percibidas indebidamente por el señor Silva González por concepto de asignación de dirección superior, atendida la incompatibilidad de ésta con la remuneración proveniente del ejercicio privado de su profesión", recalca el documento.
Por último el contralor Ramiro Mendoza destacó que "de igual forma, el Servicio de Salud Aconcagua deberá ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en que puedan haber incurrido funcionarios de ese organismo, informando de las medidas adoptadas al respecto a la Contraloría Regional de Valparaíso, dentro del plazo de veinte días hábiles contado desde la recepción del presente oficio".
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