Caso YPF: el mensaje de Piñera
Luego de que Cristina Fernández expropiara el 51% de YPF en manos de la española Repsol, el gobierno chileno decidió dar un giro en su discurso hacia Buenos Aires. La idea era marcar la diferencia entre Chile y Argentina y, sobre todo, reforzar la política de alianzas con el eje del Pacífico, que defiende el libre comercio.
por Francisco Artaza
Ampliar Cuando el 16 de marzo pasado Cristina Fernández y Sebastián Piñera se reunieron en el segundo piso de La Moneda, en el marco de la visita de Estado de la mandataria transandina a Chile, las inversiones de la estatal chilena Enap en Argentina estuvieron dos veces en la mesa de discusión.
Fue la jefa de Estado argentina la primera en mencionar a Enap en esa reunión, en la que también participaban los cancilleres Héctor Timmerman y Alfredo Moreno; el influyente ministro de Planificación de los Kirchner, Julio de Vido; y los embajadores Ginés González y Adolfo Zaldívar. “Presidente, quisiera saber si es verdad que Enap pretende ofrecer servicios de transporte a las plataformas petrolíferas británicas en las Malvinas”, preguntó a Piñera, según fuentes del gobierno chileno, cuando ambos hablaban del conflicto que enfrenta a Buenos Aires y el Reino Unido por la soberanía de las islas del Atlántico Sur, en medio de la conmemoración de los 30 años de la guerra. Piñera, indican las mismas fuentes, tomó el teléfono y, tras hacer algunas consultas, tranquilizó a Fernández, quien en esa ocasión vestía riguroso luto y menos maquillaje del acostumbrado.
La consulta dio pie a Piñera para manifestarle, a su vez, la preocupación del gobierno chileno por la situación que atravesaba la filial transandina de Enap. Sólo días antes de la visita de Fenández, el gobernador de la provincia de Chubut, Martín Buzzi, un ex opositor de los Kirchner que ahora se declara incondicional de la presidenta, había anunciado que serían caducadas las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos en la provincia. De concretarse la medida, ésta golpeaba directamente a Enap, empresa que a través de Sipetrol tiene inversiones por más de US$ 47 millones en una sociedad a partes iguales con YPF. “No tenemos problemas con Enap”, habrían respondido la Presidenta Fernández y el ministro De Vido, según fuentes del gobierno chileno. La mandataria transandina explicó que las medidas que estaban tomando iban dirigidas en contra de la empresa española Repsol, controladora de YPF, a la que acusan del retiro de cerca del 90% de las utilidades y no haber reinvertido lo necesario para asegurar las reservas de gas y petróleo que requiere Argentina.
Incluso, aseguran las mismas fuentes, las autoridades argentinas dieron garantías de que se buscaría un arreglo a la situación de Enap.
Pese a que la medida se sumaba a otras acciones proteccionistas transandinas que restringían las importaciones, afectando a empresas chilenas, La Moneda optó por no escalar un conflicto con Argentina y lo dejó en manos del entonces ministro de Energía, Rodrigo Alvarez. El secretario de Estado y De Vido alcanzaron a ponerse de acuerdo para reunirse en Buenos Aires, a fines de marzo, pero la cita no se pudo concretar: Alvarez renunció a la cartera de Energía, a raíz del conflicto social de Aysén, el día 27.
A comienzos de abril, De Vido, quien tiene buena relación con el embajador Adolfo Zaldívar, pidió por segunda vez que fuera una delegación chilena a negociar el tema de Enap-Sipetrol, según fuentes de la embajada de Chile en Argentina. En Santiago analizaron el viaje del ministro de Energía interino, Santiago del Campo, pero la misión se desestimó a último momento. Según fuentes de la cartera, el viaje no era urgente, pues los decretos de caducidad de las concesiones anunciadas por los gobernadores argentinos no habían sido oficializados. Por entonces, para Enap las opciones iban desde iniciar acciones legales para recuperar su inversión en Argentina hasta aumentar su participación al 100% en la explotación de Cañadón Perdido, un lote hidrocarburífero que sólo el 2010 le había dado utilidades superiores a los US$ 29 millones.
Preservar la relación bilateral, avanzar en una negociación con Argentina por Enap y mantenerse al margen del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández con la empresa Repsol (de capitales españoles, mexicanos y estadounidenses) eran hasta la semana pasada los ejes que guiaban la acción del gobierno. El giro se produjo el viernes 13, el mismo día que la prensa argentina hizo trascender la nacionalización de YPF. “Este es un tema que está debatiendo España con Argentina. De hecho, también Chile está involucrado, porque uno de los pozos petrolíferos es una acción conjunta entre una filial de Enap, que es la empresa petrolera chilena, y Repsol, que es una empresa hoy día que está controlada por capitales españoles. Y, por tanto, en esta materia las reglas son simples: los países tienen que respetar la ley, el estado de derecho, y también tienen que respetar los convenios, tratados y el derecho internacional”, afirmó en una entrevista de radio el Presidente Piñera en Cartagena de Indias, mientras asistía a la Cumbre de las Américas.
El mensaje de Piñera a Cristina Fernández tenía dos objetivos, según reconocen en el gobierno: marcar la diferencia entre Chile y Argentina, con una fuerte señal a los empresarios locales que han manifestado su preocupación por el proteccionismo transandino y, sobre todo, reforzar su política de alianzas en la región. Para el Presidente chileno, el eje del Pacífico, compuesto por México, Colombia, Perú y Chile, aparece hoy como el contrapunto de Argentina en América Latina; frente al proteccionismo de Cristina Fernández, apego al libre comercio y la defensa de reglas claras para incentivar la inversión extranjera.
Un día antes, el jueves por la noche, Piñera había cenado con el Presidente mexicano, Felipe Calderón, en casa del mandatario colombiano, José Manuel Santos. Los tres mantienen una fluida y estrecha relación. Según fuentes de La Moneda, durante la cena hablaron de cómo fortalecer el acuerdo del Pacífico, que promueve la inversión extranjera y el libre comercio. Las mismas fuentes no confirman ni descartan que se haya hablado del conflicto por YPF en Argentina. Lo cierto es que Calderón ha sido muy crítico de la nacionalización decretada por la Presidenta Fernández en contra de los activos de Repsol en Argentina, medida que calificó de “irresponsable e irracional”. La evaluación es compartida por el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos: “Aquí nosotros no expropiamos, Presidente Rajoy”, señaló el jueves, en Bogotá, ante el presidente del gobierno español.
La postura del eje del Pacífico ha marcado distancia respecto del bloque del Alba, liderado por Venezuela y los países del Atlántico, que respaldan medidas económicas proteccionistas. De hecho, Uruguay, Brasil, Venezuela y Bolivia dieron su apoyo a Cristina Fernández por la nacionalización de YPF.
Según fuentes de gobierno, Piñera está interesado en construir una alianza profunda con México y Colombia. Y, para ello, señalan en el Ejecutivo, no basta con marcar los puntos en común, sino que también se deben fortalecer lealtades. Las mismas fuentes recuerdan que fue Calderón quien le abrió las puertas a Piñera para hablar, en junio próximo, como invitado especial ante la cumbre del G20, donde se reúnen las principales economías del mundo y donde, con probabilidad, se hará un fuerte llamado a respetar las inversiones extranjeras.
El ministro Pablo Longueira, que esta semana participó en la reunión de titulares de Economía del G20 en Puerto Vallarta, una cita preparatoria de la próxima cumbre, transmitió el mensaje de Chile y se refirió a la situación de Argentina e YPF: “Es preocupante que volvamos a tener conductas proteccionistas en el continente. Sabemos de las consecuencias que significaron para muchos países. La confianza y la certeza jurídica que entreguemos en el continente a los inversionistas nos van a permitir tener los niveles de inversión que necesitamos para mantener tasas de crecimiento altas”, señaló Longueira.
La posición del gobierno chileno no sólo se alineó con las de México y Colombia, sino que, además, está en sintonía con el respaldo que la Comunidad Europea y EE.UU. habían brindado a España. Según fuentes de Cancillería, una delegación encabezada por el rey Juan Carlos y el canciller José Manuel García-Margallo vendría a Chile en junio próximo, cuando se realizará la cumbre de los países del Arco del Pacífico, con la participación de los presidentes de México, Colombia y Perú.
El conflicto entre Argentina y Repsol sería tratado en extenso durante la reunión de gabinete que encabezó el Presidente Piñera el lunes pasado en La Moneda, a su regreso de Cartagena de Indias. Sin embargo, no se fijó una postura oficial, a la espera de que Cancillería entregara un informe detallado sobre los efectos que podría tener esta medida respecto de Enap.
La opinión del Ministerio de RR.EE., fundada en análisis técnicos, recomendaba seguir con atención el tema, pero mantenerse al margen del conflicto entre el gobierno argentino y la empresa de capitales españoles Repsol. La conclusión era clara: el proceso de nacionalización no involucraba directamente activos chilenos. Lo anterior buscaba evitar que se abra un nuevo flanco de conflicto vecinal, cuando Chile ya enfrenta problemas con Perú y Bolivia.
Pero este diagnóstico no era compartido por La Moneda. El ministro Andrés Chadwick, a la salida del consejo de gabinete, insistió en que Enap sí se ve afectada por la medida de nacionalización: “Obviamente, el gobierno de Chile ejercerá todos sus derechos para defender dicha empresa (Enap)”, señaló el vocero. En la misma línea, el titular de Hacienda, Felipe Larraín, afirmó al día siguiente que “apoyaremos a Enap en su proceso de resguardo de intereses”.
Las declaraciones de ambos secretarios de Estado no fueron bien evaluadas en Cancillería. El embajador de Chile en Argentina, Adolfo Zaldívar, estaba preocupado. “Hay confusión en La Moneda y eso está provocando ruido”, era el comentario en el edificio José Miguel Carrera, por el endurecimiento del gobierno chileno frente al tema de YPF en Argentina.
El martes al mediodía, tras una extensa conversación con el embajador Zaldívar, quien se encuentra en Santiago por motivos personales, el canciller Alfredo Moreno decidió ir a La Moneda y precisar la postura oficial del gobierno. “Respecto de lo que se refiere a YPF y este proyecto de expropiación anunciado ayer por la Presidenta Fernández, no me parece que Chile tenga que hacer un pronunciamiento”, dijo el canciller después de hablar con el Presidente, marcando una clara diferencia entre el problema que afectaba a Repsol y la situación de Enap en Argentina, que se venía arrastrando desde antes.
Según fuentes diplomáticas chilenas, Zaldívar había hablado nuevamente con el ministro argentino Julio de Vido. El colaborador de Cristina Fernández reiteró la solicitud de que una delegación chilena viajara a Buenos Aires, la que sería recibida de inmediato por él. El poderoso ministro de Planificación de los Kirchner había sido nombrado interventor de YPF y era el responsable de llevar adelante las medidas relacionadas con las empresas petroleras. De Vido habría reiterado que Argentina no tenía interés en afectar a Enap ni a otras empresas petroleras sudamericanas que invierten en Argentina. De hecho, había programado un viaje a Brasilia para explicar lo mismo respecto de la poderosa Petrobras, aunque no organizó una gira a Chile.
La línea de cautela definida por la Cancillería para manejar este conflicto no contó con la aprobación de La Moneda, ya que el Presidente había tomado la decisión de hacer prevalecer un argumento político por sobre lo técnico. Menos de 24 horas después, y mientras el canciller se encontraba en visita de trabajo en Brasil, el vocero de Palacio dio a conocer una nueva declaración, esta vez más dura, para fijar la posición del gobierno chileno frente a la nacionalización emprendida por Argentina de la propiedad de Repsol. “Los intereses de Enap, empresa pública chilena en Argentina, pueden verse afectados o involucrados por dos razones: la pérdida de concesiones otorgadas a Enap y su asociación con la empresa española Repsol”. Además, exhortó a que “el derecho internacional, los tratados y los convenios vigentes sean debidamente respetados”.
FUENTE:LA TERCERA
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