Frente Amplio Unitario

Parlamentarios a Tribunales de justicia: Los 16 de la denominada Bancada “Judicial”

31/05/2015 |

Por Mario López

La imagen transversal en la ciudadanía, es que la clase política está “a la baja” en la confianza y que el desprestigio pone en jaque incluso el rol del Congreso en la toma de decisiones sustanciales para nuestra sociedad.

Son varios los parlamentarios imputados por delitos, otros formalizados e incluso uno desaforado. Muchos han sido o están siendo investigados por financiamiento ilegal de campañas e incluso seis de los recientes postulantes a La Moneda están o han estado relacionados a causas criminales. Uno condenado.

Los gritos estremecieron al vecindario del ex Congreso Nacional en Santiago centro: "¡Que se vayan todos!". Así vociferan unos muchachos tras una pancarta en una marcha estudiantil, denunciando lo que según ellos era una descomposición en el Congreso.

"¡Clausurado por corrupción!"

Así se leía en un lienzo colgado en las puertas del Parlamento en Valparaíso, en otra protesta previa a la cuenta pública del 21 de mayo. Las encuestas han dejado en un ridículo 3% la confianza institucional en los partidos políticos, siendo que la misma encuesta reconoce un margen de error de un 3%.

Algunos parlamentarios que ni siquiera son parte de aquellos cuestionados judicialmente, han reconocido que sienten temor de andar solos por las calles porque son increpados por molestos transeúntes. Por otro lado nadie, seriamente, puede negar la importancia de los partidos políticos en la vida democrática del país y del parlamento en la sustentabilidad de una sociedad libre.

Son cerca de 20 los parlamentarios que hoy enfrentan, con distinto grado de intensidad procesal, la justicia. Se trata de la tercera "bancada" más grande de ambas Cámaras y su composición es transversal. Casos como los de Rosauro Martínez (RN) quien ya se encuentra desaforado por asesinato, resultan inéditos y vergonzosos en la historia patria.

Mal de muchos...

Vale la pena aclarar que no es necesario desaforar a un parlamentario de manera previa para que sea formalizado por un delito, tal como lo ha asegurado la fiscalía. Sí tendrían que hacerlo en el caso de solicitarse a su respecto medidas cautelares. Lo mismo si se va a presentar en su contra una acusación. No sucedía lo mismo en el antiguo proceso penal, donde era imprescindible desaforar previo a procesar. Eso se hizo en el caso de Rosauro Martínez, por ejemplo.

Creer que todos los políticos son corruptos es caer en una generalidad burda y es sabido que mal de muchos es consuelo de tontos y ello además va en perjuicio de varios parlamentarios que nada tienen que ver con estos casos imputados como delictivos. Es más, algunos de los investigados o formalizados en la actualidad, incluso pueden resultar declarados inocentes de los cargos que se les imputan, pero es impresentable el alto número de "honorables mezclados en ilícitos de todo tipo.

¿Quiénes son los actuales parlamentarios asociados a causas vigentes?

1.- Rosauro Martínez (RN)

Se trata del único diputado que ya ha sido desaforado (mayo 2014) y por lo mismo despojado de su beneficio parlamentario. Se le imputa bajo el régimen penal anterior, ser autor en el homicidio de tres militantes del MIR en 1981. Martínez era el oficial del Ejército a cargo de un operativo que terminó con la vida de estas personas y quienes, de acuerdo a peritajes, testimonios y al Informe Rettig, no opusieron resistencia, por lo que no se trataría de un enfrentamiento, como él ha declarado, sino que de homicidio calificado, agravado por premeditación y alevosía.

2.- Christián Urízar (PS)

El diputado determinó congelar su militancia en el PS al ser formalizado por fraude al fisco por una suma cercana a los 68 millones de pesos. Se le imputa que siendo Core, habría aprobado fondos en forma abultada para ciertos proyectos regionales, defraudando al fisco. Son 10 los proyectos que fueron financiados con el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esto mientras era parte del Consejo Regional en el marco del Fraude a la Intendencia de Valparaíso entre los años 2001 y 2012. Fue formalizado el 23 de marzo de este año.

3.- Carlos Bianchi (Ind. derecha)

El senador fue formalizado el 10 de marzo recién pasado y ya se encuentra en trámite su desafuero. Se le imputa los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, como consecuencia del arriendo de una oficina a familiares. En su contra se querelló el CDE que le imputa además haber realizado pagos abultados a su suegra, y posteriormente a su cuñada para arrendar su sede parlamentaria. El problema es que lo hizo, según la acusación, con dineros fiscales. Tiene además una querella criminal por el delito de cohecho a propósito de la aprobación de la Ley de Pesca.

4.- Marcelo Chávez (DC)

El diputado fue formalizado el reciente 17 de abril, por manejo en estado de ebriedad y huir del lugar del accidente, ocurrido en junio de 2014 en San Pedro de la Paz. Si bien no existen heridos ni daños que lamentar, la fiscalía optó por iniciar investigación en su contra. Se encuentra en pleno ejercicio de su cargo, sin medidas cautelares y no ha sido desaforado. La investigación se alargará por 3 meses en donde se determinará si acusarlo y qué tipo de procedimiento, abreviado o no, se utilizará a su respecto.

5.- Iván Moreira (UDI)

La fiscalía solicitó fecha de formalización en contra del senador, la que se llevará a efecto el próximo 22 de junio. La acción judicial se encuentra en el marco de las investigaciones del denominado caso Penta-UDI en que el parlamentario, junto a decenas de candidatos de ese partido, recibió dineros ilegales para financiar su campaña. Es el único que a la fecha declaró: "quiero reconocer mediante este acto público que el mecanismo utilizado para tales efectos fue irregular, porque se realizó a través de boletas de honorarios a terceros". Se le imputa el delito tributario del artículo 97 N° 4 inciso final y además cohecho por parte de la Fundación Ciudadano Inteligente, querellante en la causa.

6.- Cristián Campos (PPD)

A pesar de haberse formalizado la situación del parlamentario de la Araucanía, este se acogió a la suspensión condicional del procedimiento, luego de haber reconocido los hechos que se le imputaban y restituir más de 4 millones de pesos. Se le acusó por obtención fraudulenta de prestaciones fiscales improcedentes, correspondientes a $4.617.829 al cobrar horas extraordinarias improcedentes en la Municipalidad de Hualpén durante el año 2010. El dinero fue restituido por el diputado y se obligó por el período de un año a no cometer algún tipo de delito. Si no cumple con las condiciones en este tiempo a causa se reabrirá y llegará a juicio oral.

7.- Felipe de Mussy (UDI)

También se encuentra en proceso de la formalización por haber recibido al margen de la ley dinero de Penta, audiencia que se realizará el 22 de junio próximo. Se le imputa delito tributario al igual que al senador Moreira, pero no cohecho, pues al solicitar dineros no era funcionario público (parlamentario)

8.- Cristina Girardi (PPD)

La diputada del PPD fue querellada por injurias y calumnias por el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza (RN) -en contra de quien existe querella y solicitud de formalización por delitos de cohecho y fraude fiscal-. La parlamentaria frente a la querella, optó por recurrir al Tribunal Constitucional, organismo que mantiene en suspenso el proceso judicial.

9.- Jacqueline van Rysselberghe (UDI)

El Consejo de Defensa del Estado presentó en noviembre de 2014, querella criminal en su contra por uso indebido de fondos municipales, delitos que se habrían cometido siendo ella alcaldesa de Concepción entre 2006 y 2010. El fraude fiscal se ejecutó a través de la contratación de personas para fines distintos a los asignados, gastos no autorizados y desvío de recursos municipales para la campaña de 2009 para el hoy diputado Enrique van Rysselberghe, hermano de la senadora. De hecho el diputado se encuentra citado a tribunales sobre el tema.

10.- Ernesto Silva (UDI)

El diputado gremialista se encuentra investigado en el marco del caso Penta y querellado por la Fundación Ciudadano Inteligente. Sobrino del formalizado dueño de Penta, Carlos Délano, ha sido acusado de cohecho y se investiga además por delito tributario asociado a boletas ideológicamente falsas. Mail y declaraciones de los propios controladores de Penta dan cuenta que recibió fondos del holding y comprometió información durante la tramitación de la Ley de Isapres.

11.- Fulvio Rossi (PS)

En su contra también se presentó querella criminal por la Fundación Ciudadano Inteligente. Se le acusa que tres de sus asesores emitieron boletas a SQM mientras trabajaban con el parlamentario. René Madariaga, Mariela Molina y María Valentina Martínez, emitieron boletas por un total sumarían más de 24 millones de pesos. Además existe otra querella en su contra por el delito de cohecho en el marco de la investigación de los incentivos entregados por Corpesca (500 millones de pesos) a parlamentarios en el trámite de aprobación de la Ley de Pesca.

12.- Antonio Horvath (Ind. derecha)

En su contra y como miembro de la Comisión del Senado, que aprobó la Ley de Pesca, se presentó y acogió a tramitación, una querella criminal por el delito de cohecho. Se le acusa de haber recibido incentivos por 500 millones de pesos en conjunto a los demás parlamentarios de ese organismo especializado.

13.- Ena Von Baer (UDI)

La Senadora que hizo famoso "el error involuntario", declaró como "invitada" en el caso Penta, con ocasión de haber solicitado en su condición de parlamentaria dinero al margen de la ley a ese holding, lo que ella públicamente negó faltando a la verdad, lo que fue descubierto más tarde al filtrarse mail que demostraban su actuar contumaz. Las boletas fueron entregadas por Jovino Novoa, el padrino mágico u hombre del maletín, para respaldar los dineros que se le entregaron a ella.

14.- Eugenio Tuma (PPD)

Una situación especial vive el senador producto de denuncias de una exasesora que lo acusó de haber dado mal uso a asignaciones parlamentarias. La solicitud de desafuero presentada en su contra fue rechazada, sin embargo persisten las investigaciones que implicaron entre otras diligencias, el allanamiento de su oficina.

15.- Joaquín Lavín jr. (UDI)

En contra del diputado gremialista se presentó querella criminal por Info Technology Chile Spa, por apropiación indebida en el caso Luminarias-Municipalidades, en que también fuera parte Isaac Givovich, yerno del otrora candidato gremialista y padre del diputado, Joaquín Lavín.

16.- Jaime Quintana (PPD)

El senador se vio involucrado en un desgraciado accidente que le costó la vida a un carabinero en la novena región en febrero recién pasado. El parlamentario no fue formalizado y los exámenes de alcoholemia resultaron negativos. Aún persiste la investigación tras la querella presentada por la familia de la víctima.

No les pasará nada

Un Parlamentario no pierde su puesto por el solo hecho de ser formalizados, acusado e incluso sentenciado en determinadas situaciones, a menos de ser condenado a una pena aflictiva (tres años y un día o mayor). Si es castigado a pena menor que eso, podrá seguir ejerciendo su cargo y de paso cobrando su lucrativa dieta parlamentaria. De hecho, casi ninguno arriesga una sanción aflictiva.

Las posibilidades de cesar definitivamente en su calidad de "honorable" solo se limita a tres casos: 1.- Que sean condenados a pena aflictiva (3 años y un día o más). 2.- Si se "enferman gravemente" y son autorizados por el Tribunal Constitucional y 3.- Si su conducta comprometiera gravemente el honor de la Nación (art. 60 de la Constitución. Ármese de paciencia si cree que desaparecerán, así de fácil, de la vida pública.

Ah y para finalizar, la dieta parlamentaria y demás millonarias asignaciones las siguen gozando. Es decir, formalizados y eventualmente condenados a menos de 3 años y 1 día, siguen disfrutando de sus prerrogativas económicas a costa del bolsillo de todos los chilenos. Seguro debe ser igual que usted, si lo pillan en un renuncio en su trabajo...o ¿no?

¿Y si llegaban a La Moneda?

Así como muchos otros parlamentarios se encuentran mencionados, pero no querellados por el financiamiento electoral (se ha hablado de 50 parlamentarios relacionados), tampoco la primera magistratura ha estado alejada de estos avatares. No deja de llamar la atención que en un país que se jacta de estar alejado de la corrupción y que así ha sido reconocido internacionalmente, 6 de los recientes precandidatos y ex presidenciables 2013 están o han estado ligados a investigación de delitos, e incluso algunos querellados y uno condenado.

Esa es la situación de los UDI Laurence Golborne (Penta), Pablo Longueira (casos Penta, SQM y Ley de Pesca), y Joaquín Lavín (Lucro en las Universidades y Penta-SQM), y los independientes Marcel Claude (condenado por Ley de Cheques), Andrés Velasco (Penta) y Franco Parisi (firmas irregulares). Y agregue que dos recientes expresidentes han vivido la experiencia de estar relacionados a querellas, como Augusto Pinochet (DD.HH. y Riggs, procesado y desaforado) y Sebastián Piñera (Banco de Talca e investigado en casos Penta-SQM y Forwards Cruzat).

FUENTE: CAMBIO 21