A pocos días de que la Corte Suprema fuera fuertemente cuestionada, porque dos de sus ministros no se inhabilitaron —pese a tener conflictos de interés— en un fallo sobre el proyecto hidroeléctrico, los diputados coinciden en las conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos que constató diversas irregularidades. Entre ellas, modificaciones y alteraciones de informes técnicos y pronunciamientos a favor del proyecto de Endesa y Colbún, presiones indebidas de parte de funcionarios gubernamentales, infracciones a la normativa ambiental e incompatibilidades e inhabilidades de varias autoridades.
Este jueves y luego de casi un año de investigación, la Cámara de Diputados aprobó el lapidario informe de la Comisión Investigadora de la Comisión de Derechos Humanos sobre la aprobación del proyecto HidroAysén.
El informe, aprobado por 41 votos a favor, 23 en contra —de RN y la UDI— y 12 abstenciones —de la UDI— constató una serie de irregularidades, que van desde modificaciones y alteraciones de informes técnicos a favor de la iniciativa, presión por parte de funcionarios gubernamentales, infracción a la normativa ambiental y graves conflictos de interés en autoridades participantes del proceso, como el caso del seremi de Vivienda Nicolás Terrazas, cuyo hermano era propietario de terrenos que serían inundados por lo que recibiría indemnización.
El presidente de la Comisión Investigadora, Sergio Ojeda (DC), asegura que “este informe será un documento importante para ser tenido en cuenta ante cualquier Organismo Internacional al que se quiere recurrir para dejar sin efecto los procesos de evaluación viciados. Por desgracia, estas irregularidades se suman a los vicios procesales observados en la Corte Suprema de Justicia, donde dos Ministros debieran haberse inhabilitado por incompatibilidad de intereses”, refiriéndose a lo sucedido con los ministros Pedro Pierry y María Eugenia Sandoval.
Alteración de informes técnicos
El informe, concluye que “hubo pronunciamientos contradictorios en los informes de diversos órganos con competencia ambiental, primero de “inconformidad” con el proyecto en los años 2008 y 2009, y luego de “conformidad” o “sin observaciones” al mismo en 2010 y 2011”. También “cambios de última hora, sin fundamento, alterándose por parte de las autoridades políticas las evaluaciones realizadas por los encargados técnicos de cada servicio, situaciones que incluso, están siendo investigadas en sede penal”.
Sorpresivos cambios de parecer y presiones se repitieron en gran parte de los servicios sectoriales, como en el Sernageomin, donde se cambiaron las observaciones técnicas al proyecto al enviarlas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, señalando que no habían reparos, pese a que los funcionarios evaluadores “consignaron una serie de deficiencias del estudio de impacto ambiental que no habían sido subsanadas en las sucesivas “Adenda”, tales como omisión o falta de información geológica e hidrogeológica del proyecto”.
En Conaf se dio una situación similar, ya que durante toda la tramitación del proyecto el servicio se mostró inconforme, entre otros puntos porque la iniciativa de Endesa Colbún contravenía la Convención de Washington al pretender inundar parte del Parque Nacional Laguna San Rafael,postura que tuvo un radical giro en el último oficio enviado “cuya redacción final fue impuesta por la Dirección Ejecutiva de CONAF, en Santiago”.
En tanto en la Seremi de Vivienda de Aysén “resulta evidente que se produjeron graves irregularidades, de corrección y cambios de informes a última hora. El protagonista principal fue Nicolás Terrazas, titular del servicio, pese a que se había inhabilitado de participar en el proceso. El seremi subrogante, Rodrigo Solís, junto al titular, cambiaron el informe y desde inconforme lo transformaron en conforme”. Según la comisión investigadora el trabajo del evaluador del proyecto, Fernando Miranda, fue expuesto a “grandes presiones para aprobar un informe distinto al que originalmente elaboró, y como no aceptó fue desautorizado y descalificado”.
En el caso de la DGA el asunto fue más allá, ya que, se acusa al organismo de “entregar fraudulentamente derechos de agua a la empresa, lo cual ha sido paralizado por la Contraloría General de la República y con solicitud de multa por la Fiscalía Nacional Económica”. Operación en la que habría tenido un rol protagónico el asesor director del director nacional Matías Desmadryl, el abogado Carlos Ciappa, que fue asesor de HidroAysén entre 2007 y 2009.
Los dardos también apuntan al ex intendente Selim Carrasco, que “decidió por sí y ante sí, de manera irregular y sin acuerdo previo del órgano colegiado COREMA, dar curso al proyecto y no rechazarlo el 7 de Noviembre de 2008, aún ante la contundencia de los informes negativos o inconformes con el proyecto existentes a esa época, que acreditaban que el proyecto “adolecía de información esencial y relevante” para su evaluación e “infringía la legislación ambiental vigente, ordenando se confeccionara un ICSARA, lo que permitió se continuara con la evaluación ambiental del proyecto”.
Presiones del Gobierno
La Comisión Investigadora deja constancia de que el mismo día que se votaba HidroAysén, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señalaba que “para el país sería bueno que se apruebe el proyecto hidroeléctrico”, lo que se interpreta como “una clara presión sobre los seremis llamados a resolver, restándoles libertad para decidir por temor a represalias, quedando en evidencia que la descentralización y el pronunciamiento regional de los seremis en su autonomía fue aplastada”.
Además, se recuerda que el presidente Sebastián Piñera, durante su campaña, se pronunció favorablemente al proyecto.
También se critica el rol del Comité de Agilización de Inversiones (CAI), dependiente del Ministerio de Economía, y cuyo objetivo es el de asesorar para la ejecución de políticas públicas para la agilización de proyectos de inversión.
Pero tal como sucedió en la aprobación de la termoeléctrica Castilla, del magnate brasileño Eike Batista, en este caso el CAI no se limitó a un mero rol asesor, ya que en su “seno se efectuaron reuniones donde la empresa hacía sus presentaciones y se adelantaban las observaciones que harían los servicios públicos”, lo que la comisión califica de “irregular, tanto en sus potestades como en sus procedimientos”.
Los parlamentarios concluyen que “HidroAysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente repudiables (presión y entrega de prebendas a comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos Alcaldes debían opinar acerca del proyecto; etc.). Se requiere que este “lobby” esté expresamente prohibido, debiendo paralizarse toda tramitación que presente estas anomalías”
Además, señalan que en un acto que puede ser calificado como “engañoso” el titular de la apuesta energética “decidió tramitar de manera separada el proyecto de generación y el proyecto de transmisión, en circunstancias que, evidentemente, se trata de un solo proyecto”. Por ello, recomiendan que se “paralice la construcción y operación de todas las obras de las centrales aprobadas, mientras no se resuelva el proyecto de la línea de transmisión, atendida la irreversibilidad de los impactos que el proyecto podría causar en la Patagonia y Región de Aysén”.
Por último, el informe enfatiza que “existiendo todas las irregularidades que se han expuesto, es dable suponer, que si se hubiera actuado correctamente y considerado los informes preliminares, originales y verdaderos, sin corrección, sin presión, sin inhabilidades ni falta de objetividad, no se habría aprobado por la Comisión de Evaluación el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Centrales Hidroeléctricas de Aysén”, conocido públicamente como “HidroAysén”.
FUENTE: EL MOSTRADOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario