El miércoles la directiva del consejo decretó enviar dos oficios, uno para el subsecretario Claudio Alvarado y otro para el titular de la Segpres, en que se solicita, entre otros puntos, se especifiquen los motivos por los que no se entregan los correos institucionales solicitados por un ciudadano. Además se consulta directamente a Larroulet si se opone a la entrega de esta información, y de ser así, que especifique cuáles serían sus derechos afectados y en qué forma se produciría ese perjuicio.
Finalmente el Consejo para la Transparencia no tomó una decisión esta semana en torno al caso de los correos electrónicos del Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet.
Y es que lo que se juega la corporación autónoma en el caso de rechazar o aprobar el carácter público de los emails -enviados y recibidos a otros funcionarios estatales- del correo institucional del ministro, durante algunos días de julio de 2011, va más allá del caso: marcará la postura del Consejo en torno a un tema que saca ronchas en el Gobierno. Lo que se complejiza aún más, porque hasta antes del cambio de dos de los miembros de la directiva se habían enviado claras señales al respecto: los mails institucionales debían ser transparentados.
La emblemática decisión ha sido fácil por su envergadura y también, porque desde la Segpres, que es la encargada de coordinar los temas de transparencia de la administración, optaron por no entregar ninguno de los emails requeridos al Consejo por un ciudadano el año pasado, argumentando que todos son privados. Por ello, el consejo directivo acordó por unanimidad aplazarla y decretar dos medidas para una mejor resolución del tema.
Medidas que van en dirección contraria a la interpretación que ha mantenido el Gobierno en este y otros casos relativos a correos electrónicos, y que apunta a la premisa de que todos los correos electrónicos son privados.
La decisión del Consejo fue tomada por su presidente Alejandro Ferreiro, y los nuevos integrantes, la ex ministra Vivianne Blanlot (PPD) y el abogado José Luis Santa María (RN). La ausencia del cuarto de los consejeros, Jorge Jaraquemada, se explica porque la semana pasada se abstuvo de participar en la decisión por un antiguo vínculo de asesorías entre la Fundación Jaime Guzmán, que él dirige, y la Segpres.
A través de dos oficios enviados durante la tarde del jueves, se solicita al subsecretario de dicha cartera, Claudio Alvarado, que especifique cuantos de los correos que el ministro envió o recibió entre el 18 y el 21 de julio de 2011 fueron enviados a funcionarios públicos y recibidos de funcionarios públicos.
Sobre ese grupo específico de correos, el oficio señala que “sin prejuzgar respecto de las alegaciones que ya ha efectuado ¿concurren otras hipótesis de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, diferentes de las ya alegadas en los descargos? A modo de ejemplo, constituir antecedentes o deliberaciones previas para la adopción de una decisión en los términos que ha reconocido la jurisprudencia de este Consejo, la afectación del interés de la nación, etc. En caso que la respuesta sea positiva le ruego explicar la hipótesis concreta e indicar a qué correos o grupos de correos específicos aplicaría esa situación”.
Además, se consulta si dentro de los correos solicitados existen algunos referidos al proyecto de Alta Dirección Pública (ADP), refiriéndose a la consulta realizada por el ciudadano Juan José Soto que solicitó acceso a los mail argumentando que tenía interés en conocerlos justamente por dicho proyecto. En esa línea se pregunta a Alvarado si estima que es necesario aplicárseles “alguna causal de secreto u reserva al margen de las ya alegadas en los descargos que ud. formuló”.
La segunda medida, apunta consultar directamente a Larroulet, si se opone a la entrega de esta información. Y de ser así “cuáles serían sus derechos afectados y en qué forma se produciría la afectación que fundaría dicha oposición, incluyendo los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus afirmaciones y acompañando todos los antecedentes y los medios de prueba de que dispusiere”.
Ello se debe a que el Subsecretario General de la Presidencia planteó que la entrega de estos correos afectaba la privacidad del ministro, lo que de acuerdo a la ley exige que deba escucharse al afectado, esto es, al propio Larroulet.
El plazo que tienen para responder el ministro y el subsecretario es de 10 días hábiles.
FUENTE: EL MOSTRADOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario