El nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Gabriel Boric, ha propuesto como primer gran desafío del movimiento universitario 2012 evitar que el Congreso apruebe el proyecto que rebaja la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE) de 6 a 2 por ciento y cuya votación quedó pendiente para marzo.
Los fundamentos de su postura radicarían en que la norma en estudio podría constituirse en un “tapón” a las demandas de los estudiantes —en la medida que morigera el peso de la deuda sobre esas familias y reduciría las presiones, me imagino— y porque, al no modificarse en su esencia el modelo de financiamiento, lo que sucederá es que, a pesar de la rebaja, igualmente los chilenos continuaremos subsidiando a la banca privada, mientras que, por otro lado, las universidades seguirán subiendo sus aranceles, aumentando el diferencial entre el valor real y el de referencia, y, por consiguiente, estas deudas continuarán penando.
Es cierto, como señala Boric, que con el CAE como está, tanto los estudiantes–clientes directos como el resto de los chilenos —a través de sus impuestos— seguiremos atados a la banca y ella haciendo negocio con dineros públicos y privados. Pero si la administración se “estatizara” ¿estamos seguros que será más barata y accesible y que esa nueva dependencia no implicará otras sujeciones respecto de los que manejan el aparato estatal, es decir, la clase política?
Más aún. La propuesta de Boric de eliminar el CAE para ser sustituido por un sistema de créditos que tenga idénticos requisitos que el Fondo Solidario significa un tipo de préstamo nominado en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), con tasa de interés anual del 2%, (que es igual a la tasa del CAE); con un plazo máximo de devolución de entre 12 y 15 años cuando la deuda sea superior a 200 UTM (en el caso del CAE va ente los 10 y 20 años), y cuya cancelación se inicie después de 24 meses de haber egresado (en el CAE son 18 meses), pagando anualmente una suma equivalente al 5% del total de ingresos obtenidos el año anterior (en el caso del CAE, las cuotas no pueden superar el 50% de los ingresos del estudiante deudor y puede suspenderse por un año en caso de cesantía). Es decir, una propuesta similar a lo que está para aprobarse en el Congreso, aunque, reconociendo la coherencia de Boric, en su caso sería un “paso intermedio” hacia el objetivo estratégico de la “gratuidad”, la que, según el dirigente, “sabemos no se logrará de la noche a la mañana”.
En efecto, hay cierta coincidencia en que para que el país otorgue educación universitaria gratuita y la sume a la ya gratuita educación básica y media (y parte de la pre-básica) se requiere de unos US$ 4 mil millones anuales más para financiarla. La no despreciable cifra —que por su carácter debe ser permanente— no puede sino surgir de dos fuentes: impuestos o recursos naturales. En el primer caso, pagan todos los chilenos y en el segundo, se agregan las generaciones futuras, con el añadido de la incertidumbre cuando los precios de esos recursos bajan internacionalmente. O sea, no es “gratis”, aunque sea una meta deseable para un país que quiere más desarrollo.
Como una decisión de esta naturaleza no es “técnica”, sino “política” —porque si hay consenso social, los recursos deben salir de algún lado y todos tenemos que ponernos, como para un terremoto— lo primero es saber si la sociedad está dispuesta a pagar dicha gratuidad y respetar, como en toda democracia, los derechos de las minorías que se verán perjudicadas por la determinación. Es decir, si a futuro hay que expropiar centros educacionales privados o subvencionados debido a que el cambio de las reglas del juego —la eventual gratuidad— los hace inviables, la sociedad debe compensar dicha expropiación, de acuerdo a derecho.
Es cierto, como señala Boric, que con el CAE como está, tanto los estudiantes–clientes directos como el resto de los chilenos —a través de sus impuestos— seguiremos atados a la banca y ella haciendo negocio con dineros públicos y privados. Pero si la administración se “estatizara” ¿estamos seguros que será más barata y accesible y que esa nueva dependencia no implicará otras sujeciones respecto de los que manejan el aparato estatal, es decir, la clase política? ¿No es esto lo que está en la base de las preocupaciones de Boric cuando apunta a la necesidad de ser más propositivos y califica como error la “parlamentarización” del conflicto sin tener un proyecto propio, pues de esa forma “la clase política hace lo que quiera?
¿No sería más lógico, por consiguiente, aprovechar la actual disposición del Congreso a aprobar el proyecto presidencial con los ajustes que el propio movimiento puede hacerle y aliviar de inmediato la deuda de miles de estudiantes, aun administrada por la banca privada, pero con mejores controles ciudadanos que pudieran acordarse en la discusión parlamentaria?
Es comprensible que los dirigentes estudiantiles no tengan confianza en la “clase política”. Malas prácticas desnudadas por los medios y su multiplicación a través de las redes sociales tienen ese costo. Asimismo, sus acuerdos, mediaciones y transacciones desperfilan las metas más puras y claras que se tienen cuando se es joven. Sin embargo, si hay algo que valida la democracia a pesar de sus imperfecciones, es esa característica, es decir, la cualidad de ofrecer medios para la resolución pacífica de las controversias que surgen en las sociedades libres, buscando equilibrios entre intereses divergentes que las más de las veces no consiguen el 100%, pero que posibilitan una evolución gradual hacia mejores condiciones de vida social, política, económica y cultural.
Avanzar hacia la gratuidad universal de la educación es una meta valiosa: la Sociedad del Conocimiento nos impulsará con mayor énfasis hacia ella, porque requerirá de personas más cultas, informadas y educadas en las ciencias y técnicas que definen este nuevo modo de producir bienes y servicios. De allí que tendremos, más temprano que tarde, que asumir la educación permanente y financiada socialmente como una carga tan obligada como la defensa de la soberanía.
Y aunque es cierto que la educación como “bien de mercado” incentiva segregación, no es menos cierto que un modelo colaborativo, de gratuidad universal, no sólo no asegura terminar con las discriminaciones, sino que conlleva otros problemas que pueden afectar la libertad de las personas, no sólo en lo material, sino en lo espiritual. Tampoco, como es obvio, se puede esperar de la gratuidad que diluya “de la noche a la mañana” diferencias en la capacidad heredada, genética y/o cultural, o respecto de la ruleta rusa de calidad de maestros y currículos académicos en los diversos establecimientos educacionales.
En consecuencia, dado que los grandes temas estratégicos de gratuidad e igualdad se ven lejanos, pareciera que el objetivo real del primer desafío estudiantil para marzo-abril de 2012 sería evitar que dineros públicos sigan yendo a engrosar las ganancias de los bancos. En eso, seguramente, el movimiento tendrá enorme apoyo social, porque la misma banca se ha satanizado ante sus usuarios.
Pero la calidad e igualdad de acceso que se busca no se conseguirá —aun con acuerdos y mayorías favorables en el Congreso— sólo sacando del negocio a los bancos y traspasando la administración de esos recursos al Estado y la clase política. Ambas metas se consolidarán en el ámbito estricto del proceso educativo: alumnos deseosos de aprender, maestros que saben enseñar y currículos acordes con las exigencias culturales, técnicas y científicas del siglo XXI, todo los cual requiere tiempo y paciencia. Y para avanzar hacia una mayor integración social, manteniendo sin tregua la lucha contra la pobreza material y espiritual en la que aún se debate parte de nuestros ciudadanos, razón por la que no parece sensato desechar ningún aporte a estos efectos, incluido el que hacen los particulares. Así, tal vez los “pingüinos” del 2030 y no los del 2050, podrán anunciar que han conseguido los loables objetivos estratégicos planteados hoy por los estudiantes.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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