La plataforma tecnológica que arreglaría todos los problemas falló, pero el proceso se terminó rápidamente en los plazos establecidos y el resultado incluyó sobrecarga de trabajo, proyectos con altísimo puntaje que fueron rechazados y otros que en la misma categoría, recibieron una respuesta genérica como única explicación. A casi dos semanas del cierre del proceso, esta es la historia detrás de la polémica.
“En el sistema de fondos de Cultura, se está preparando un sistema online absolutamente digital, a través de firma electrónica, para lo cual se adquirieron productos finiquitados de probada calidad”.
El párrafo anterior corresponde al acta de la Sesión Ordinaria nº75 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA).
Para esa fecha, 26 de noviembre de 2010, el futuro se veía auspicioso en torno a una de las más revolucionarias transformaciones que quería implementar la administración que encabeza Luciano Cruz-Coke, luego de la reorganización administrativa y financiera de la institución.
De hecho, el dinero necesario para comprar la nueva plataforma tecnológica se aprobó en el presupuesto 2011, como consta en la misma acta.
A diciembre del año pasado, mes en que se cumplió el plazo final para postular a los fondos, hubo cientos de notas en el libro de reclamos del Consejo.
Un año después de anunciada, la anhelada plataforma tecnológica se convirtió en la peor pesadilla del CNCA y sus consecuencias quedaron a la vista.
Proyectos en chino
Noviembre 2011. El nuevo sistema computacional estuvo a cargo de la empresa chilena DCL, la cual a su vez contrató los servicios de la compañía brasileña DRUID. De hecho, el CNCA envió dos veces a Brasil a su jefe de Informática René Mansilla.
Paralelamente, vino una delegación de especialistas brasileños que se instaló en las oficinas que tiene la repartición en Valparaíso y Santiago.
Ese mes, el plazo final para entrega de proyectos se postergó dos veces. La misma semana en que se produjo la segunda postergación, la plataforma seguía haciendo agua. A esas alturas el Consejo invitaba a los postulantes a reuniones para ayudar en todo tipo de dudas y tener un feedback del proceso.
En una de esas charlas, un postulante les contó a los presentes —entre ellos Gonzalo Martin de Marco, ex subdirector del CNCA y Javier Chamas, jefe de Fomento—, que después de pulsar “enter” los proyectos no entraban al sistema o quedaban codificados en “chino”.
El descalabro le costó el puesto a Gonzalo Martin, ex compañero del ministro Cruz-Coke en el Colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue. Según su currículum, como ex empleado de la firma Adexus, la gran expertise de Martin era la implementación de plataformas tecnológicas.
Martin dijo que era imposible. Luego tomó el computador, entró a la plataforma y se quedó pegándole a la tecla por varios segundos. La cara de vergüenza de los demás era evidente”, cuenta uno de los presentes.
Finalmente, no hubo nada que hacer para salvar el sistema y el CNCA debió extender el plazo hasta el 2 de diciembre para el formato electrónico y hasta el 7 de diciembre, para recibir proyectos en papel, sólo por correo certificado.Los proyectos en papel fueron el 20% del total.
A fines de diciembre, en la lista de proyectos inadmisibles, había varios por fallas de discos, o falta de una declaración jurada cuando iban en papel.
El descalabro le costó el puesto a Gonzalo Martin, ex compañero del ministro Cruz-Coke en el Colegio Sagrados Corazones de Manquehue. Según su currículum, como ex empleado de la firma Adexus, la gran expertise de Martin era la implementación de plataformas tecnológicas.
Según testigos de la implementación de la nueva plataforma, ésta “no funcionó, porque no estaba lista. Por el contrario, se iba terminando conforme avanzaban los plazos”.
Pero la salida de Martin, quien además es investigado por la Contraloría —entre otras cosas por la compra de insumos computacionales a su ex empresa Adexus—, no es el único costo que debió asumir el CNCA.
Mientras, la asociación de funcionarios, Anfucultura, envió una solicitud al Consejo para la Transparencia con el fin de obtener el detalle de los gastos y movimientos en torno la compra de un servicio que no funcionó.
El copy paste
El 5 de febrero se entregaron los resultados del Fondart. Como todos los años, aparecieron las voces críticas sobre el fondo, que en 2011 recibió 10.700 proyectos y entregó recursos para fiananciar sólo 1.300. Poco más de un 10% del total.
Sin embargo, este año el coro de quejas encontró un lugar perfecto en las redes sociales. Por esta vía, se develó que muchos proyectos calificados sobre 76 puntos —es decir financiables—, tenían las mismas evaluaciones. Como explicó el cineasta Alejandro Fernández Almendras en una columna que circuló en Internet:
“Las observaciones son genéricas y se refieren exclusivamente a los objetivos planteados por el mismo CNCA y no a aspectos específicos de cada proyecto, los que sí eran discutidos y comentados en años anteriores, cuando en el caso particular del fondo audiovisual, por ejemplo, se mencionaban detalles de casting, guión, trama o equipo de trabajo que no podían pertenecer sino al proyecto que se estaba evaluando”, escribió Fernández. Y sumó más datos: “Por una parte, esto genera dudas sobre algo tan básico como si los evaluadores leyeron el proyecto, o de si fue leído con el detenimiento suficiente. Y por otro lado, atenta contra el que debería ser el fin último de la evaluación, que es poder corregir y mejorar un proyecto”.
El plazo para resolver y luego derivar al jurado, que finalmente decide la asignación de fondos fue de dos semanas, “a pesar de que las bases del concurso indican que deben ser al menos 30 días”, dice un testigo del proceso.
Javier Chamas, jefe de Fomento del CNCA, dice sobre este punto que “efectivamente, este concurso aplicó criterios preestablecidos para facilitar la fundamentación de los puntajes asignados por la comisión. Esta decisión buscó generar una mayor coherencia entre las evaluaciones y los criterios que establecen las bases, de manera que los distintos proyectos fueran evaluados en igualdad de condiciones, sin importar el evaluador específico que toque. Los criterios podían ser modificados o complementados por parte de los evaluadores, pero muchos de ellos se ajustaron a lo estrictamente establecido en las bases. Estamos conscientes del problema que esto generó, por lo mismo vamos a estudiar la manera de optimizar esta parte del proceso”.
La sobrecarga de trabajo
A mediados de diciembre, el fantasma de la plataforma electrónica volvió a aparecer. El retraso en los plazos de postulación, provocó que los evaluadores en distintas áreas estuviesen sometidos a una sobrecarga de trabajo y la instrucción hacia las distintas áreas fue apurar el tranco para cumplir los plazos.
Chamas responde diciendo que: “como en todo proceso que ocupa recursos del Estado es necesario lograr ciertos niveles de eficiencia en el uso de estos recursos, sin dejar de lado los objetivos fundamentales que persiguen estos instrumentos públicos. Como todos los años se procura que los procesos se lleven a cabo de manera y en tiempos óptimos y ésta no fue la excepción”.
Pero según testimonios recogidos por El Mostrador entre evaluadores de las distintas áreas , durante la primera etapa del proceso, donde se mide la coherencia, el presupuesto y el currículum de los postulantes, cada evaluador recibió cerca de 40 proyectos para revisar. Luego deben ser sometidos a una evaluación cualitativa en la que interviene el resto de los calificadores. Es así en las respectivas áreas de financiamiento ( Fomento Audiovisual, Fomento al Libro y la Lectura, Fomento a la Música,y creación o Desarrollo Cultural)
El plazo para resolver anotar los puntajes y luego derivar a otro jurado, que finalmente decide la asignación de fondos, fue de sólo dos semanas, “a pesar de que las bases que rigen el concurso indican que deben ser al menos 30 días”, dice un testigo del proceso.
Javier Chamas, ingeniero comercial y ex bajista del grupo La Rue Morgue, desmiente estas versiones, asegurando que la carga de trabajo se debió en gran medida al aumento en un 35% de los proyectos postulantes.
“Para responder a esta sobredemanda se procedió a contratar a más evaluadores en varios fondos y líneas de concurso, con el objeto de no sobrecargar esta tarea. En segundo lugar, los procedimientos de evaluación varían según la normativa que regula cada uno de los fondos y cumplimos a cabalidad en términos estrictamente jurídicos y administrativos”, dice Chamas.
Y continúa: “Los distintos procedimientos estipulados en las bases de concurso en Música duró cerca de 30 días de trabajo, en el Fondo del Libro 35 días de trabajo, en el Fondo Audiovisual 38 días de trabajo y Fondart 45 días de trabajo aproximadamente”, afirma.
¿Error del sistema?
De cualquier manera, el apremio por completar los plazos trajo las sospechas sobre falta de prolijidad en la evaluación, sobre todo teniendo a la vista las respuestas genéricas y que algunos proyectos con puntaje altísimo no recibieron fondos.
No fueron pocos quienes el mismo día 5 de febrero publicaron en sus muros las evaluaciones del Fondart. La justificación de varios proyectos no coincidía con algunos puntos de la evaluación.
Es el caso de la cineasta Alicia Scherson, quien hoy se encuentra en proceso de apelación. Su proyecto, una obra fronteriza entre la instalación audiovisual y la performance —creada junto a la coreógrafa Francisca Sazié— fue rechazado con un promedio de 94 puntos.
El punto Coherencia, evaluado con 100, dice: “El proyecto corresponde plenamente a la línea y modalidad que postula. La coherencia entre objetivos, resultados, estrategia y actividades es consistente, y presenta una óptima vinculación lógica que destaca por su excelencia”.
La Fundamentación en cambio, dice: “Proyecto rechazado. La propuesta no se inserta en el área de nuevos medios, por cuanto el soporte tecnológico no corresponde a esta definición”.
La cineasta Alicia Scherson hoy se encuentra en proceso de apelación. Su proyecto, una obra fronteriza entre la instalación audiovisual y la performance, fue rechazado con un promedio de 94 puntos
“Es curiosa la combinación”, dice Alicia. “Como el área de Artes Integradas desapareció, postulé al área de Nuevos Medios. Le pregunté a la coordinadora del área, Valentina Serrati, antes y después de presentar el proyecto y me dijo que sí. Los evaluadores y la coordinadora opinan que sí, pero el jurado dice que no”.
Otro caso. La bailarina de flamenco Natalia García-Huidobro, residente desde 2003 en España, postuló junto a la productora Gestus, una pieza que incluye a bailarines chilenos y una cantaora española, y que tiene agendada funciones en importantes teatros nacionales. Puntaje final: 56. Peor evaluación, Impacto (40). Qué dice:
“Los resultados propuestos y la fundamentación del proyecto sugieren un impacto local sobre un grupo de beneficiarios identificado por el postulante, pero no asegura adecuadamente la sustentabilidad del proyecto y sus efectos ni aporta elementos que contribuyan a determinar su verosimilitud”.
“Yo creo que ni lo leyeron”, dice la bailaora. “Pedí una reevaluación y una reunión, porque claramente hay un error: están adjuntadas las cartas del GAM, del Teatro del Lago, del Teatro Municipal de Talca, etc”.
El primer corte
Javier Chamas, considera injusto que haya dudas sobre la prolijidad del proceso y lo explica de esta manera: “Hubo líneas en que la cantidad de proyectos postulados de buena calidad fue significativa lo que generó que los puntajes de corte fueran muy altos (en algunos casos 99 de 100 puntos). De esta manera, proyectos evaluados con 98 puntos no se adjudicaron recursos. Proyectos excelentes, por cierto, pero que quedan sin recursos dependiendo de la cantidad de proyectos que están evaluados sobre ese puntaje, en las categorías de excelencia”.
Chamas agrega: “En el Fondo del Libro, por poner un ejemplo concreto de funcionamiento (cada fondo tiene su propia ley y reglamento con ciertas diferencias), se desarrolla de la siguiente manera: al terminar la etapa de la evaluación colectiva, todos los proyectos son ordenados según sus puntajes y se establecen las líneas de corte según presupuesto de cada línea de concurso y el porcentaje de proyectos a ser regionalizados que este fondo debe respetar por ley (60%)”.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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