Caso de falsos exonerados: La otra cara de La Moneda
16/06/2013 |
Por: Equipo Cambio21
La resolución 470 de la Dirección del Trabajo, del año 1976, informa a la Junta Militar que, en conformidad con los bandos emitidos por la autoridad, fue despedida casi totalidad de la gente de empresas privadas, lo que otorga un número de 228 mil 612 exonerados políticos.
"No comparto la lógica de que había una máquina de defraudación, eso me parece absolutamente desproporcionado", aseguró hace unos días el ex director del IPS, Rafael Del Campo, quien, además, desmintió que hubiese sido presionado por la ex coordinadora del programa de reconocimiento al exonerado político, Marta Joignant.
Esa es la primera muestra de que las declaraciones de los últimos días realizadas por el gobierno, especialmente por la ministra Evelyn Matthei y el subsecretario Rodrigo Ubilla, son sólo parte de una operación fraguada desde La Moneda para obtener dividendos políticos de un tema en el que más parecen utilizar aquella consigna de que “la mejor defensa es el ataque”.
De igual manera opina el diputado Carlos Montes quien hace unos días dijo que “el Gobierno ha orquestado, en las últimas semanas, una campaña mediática en relación a los exonerados políticos, acusando errores en la calificación y entrega de beneficios, a la que se han sumado ministros y parlamentarios del oficialismo. Ello constituye una maniobra para dañar a la oposición con miras a las próximas elecciones. Asimismo, representa una injusta ofensa para miles de chilenos, víctimas de la dictadura cuyos casos han sido puestos masivamente en tela de juicio”.
Los movimientos del gobierno
La abogada y ex directora del programa de exonerados del IPS, Rommanina Morales no se sorprende por la reacción que han tenido las autoridades gubernamentales con el caso de los posibles falsos exonerados.
La abogada explica que este caso se puso en el tapete en octubre de 2011, cuando Evelyn Matthei ya era ministra y en esa época no se hizo cargo de las acusaciones que venían desde la Subsecretaría de Interior.
“La ministra del trabajo debe estar alterada porque su área de competencia es la concesión de estos beneficios y tiene responsabilidad administrativa”, explica Morales, quien agrega que también entiende el ataque del subsecretario Ubilla quien, en realidad, se estaría sólo defendiendo de la negligencia de su institución. “Al día de hoy en Interior tienen un stock de 7 mil expedientes sin trabajar y la subsecretaria no está cumpliendo su función”, dice.
Lo cierto entonces es que el gobierno ha utilizado la mejor arma de defensa: el ataque, buscando sólo tapar hoyos que han ido sosteniendo ellos en estos tres años y, para lo cual, el informe de Contraloría no pudo haber aparecido en mejor momento.
“La Contraloría y el gobierno ocultan un hecho básico cual es que la ley establece que todos los exonerados políticos con pensión no contributiva aportan el 100% de sus ahorros previsionales hasta 1990, o sea lo que hacen es un auto pago de pensión”, dice a Cambio21 el ex director de la oficina de exonerados del Ministerio del Interior, el sociólogo Humberto Lagos.
Los errores del informe
Todos los argumentos del Ejecutivo se han basado, esencialmente, en el informe emanado desde Contraloría, el mismo que luego se aclaró que nunca habló de fraudes ni tampoco de una “máquina para estafar”, como dijeron las autoridades.
Sin embargo, la información entregada por Contraloría parece ser poco acuciosa y con errores.
Así lo explica el otrora encargado del programa de exonerados entre 1995 y 2003, el sociólogo Humberto Lagos, quien dice que “el informe de Contraloría vulnera la facultad presidencial”.
Lagos cuenta que en la información entregada por Contraloría se cita a empresas no calificadas, lo que es un error, porque cuando se tomó la determinación esas empresas si habrían estado calificadas como tales.
“Este solo hecho de que las empresas están calificadas permite incorporar a los trabajadores de Burger, Citroen, Kalo, Los Alamos, Immar y la minera Agustinas, que están siendo cuestionados y que alcanzan a un total de 1670 personas que son citados en el informe del ente contralor como no calificados pero tienen derecho a la asignación como exonerados políticos y con ello las exageradas cifras entregadas de manera poco adecuada se derrumban absolutamente”, dice el sociólogo.
Consultado por Cambio21 Lagos profundiza en algunos de los casos que han sido considerados como más polémicos.
El ex director del Departamento de Exonerados explica que “en el caso de Kalo, cuando se toma la determinación de aprobarla era porque el Ministerio del Interior tenía antecedentes para calificarla como intervenida por el régimen militar para provocar despidos” y explica que ello está perfectamente acreditado en el año 2003.
En relación al caso de Lozapenco, otro de los polémicos, Lagos explica que la Contraloría sostiene que fue intervenida y luego vendida a particulares y, por tanto, dice que los exonerados hasta 1975 si debiesen ser parte de la ley pero el resto no. “Sin embargo, eso contradice la legislación de la época. Cuando se vendió a terceros, Fanaloza fue vendida a vil precio y entre los compradores se incluían Sergio Arellano Stark y Sergio Arredondo González”, otrora figuras importantes de la Caravana de la Muerte.
El sociólogo comenta sobre este caso que la Corfo debió en su minuto intervenir y sostuvo que la enajenación de Fanaloza no operó jurídicamente, por ello el Estado, a través de la misma Corfo, siguió actuando, por lo que la empresa nunca perdió su carácter de estatal y con ello se respalda lo obrado por Interior para calificarla para el periodo entre 1975 y 1981.
Subrogación y Viudez
Otro de los puntos controvertidos de los últimos días es lo que se conoce como “pago por subrogación”
Los especialistas explican que cuando alguien en su niñez tuvo trabajo remunerado y no le impusieron hay sistemas legales para solicitar que se le reconozca el tiempo trabajado del que no hay imposiciones. Para ello se debe probar el tiempo de trabajo, tras lo cual el Estado debe subrogar al empleador que dejó de existir.
Sobre este punto, el informe de Contraloría, bajo el subtítulo de pagos con subrogación, denuncia la existencia de 5823 exonerados políticos que accedieron a la pensión por esta vía.
“Todas las acusaciones son exageradas e irresponsables, especialmente las de Ubilla y Matthei, que no corresponden con la realidad”, acota Humberto Lagos.
En tanto, desde el IPS explican que ya en diciembre habían contestado a Contraloría todas sus dudas, por lo que no entienden la demora en hacer público el informe, salvo que existan razones puramente políticas y dónde, además, se optó por excluir los descargos de la institución.
Sobre los casos de las pensiones que el gobierno quiere dejar de pagar, desde el IPS aclaran que eso es ilegal, porque Contraloría ya tomó razón de estos casos. Además, explican, en el caso de quienes están muertos y se les ha pagado ello tiene que ver con que muchos de los beneficiados han fallecido fuera de Chile y la notificación del deceso no es inmediata.
¿Cuántos fueron los exonerados?
Otro tema que explica Lagos es el de los partidos políticos. El sociólogo pone como ejemplo al Partido Comunista, que tenía 30 diputados y varios ministros que aportaban la totalidad de su sueldo a la colectividad. Con lo recaudado era la directiva partidaria la que distribuía los dineros entre todos los militantes que trabajaban en asuntos partidarios, es decir, se incluía sueldos para las autoridades gubernamentales y legislativas, pero también para los mensajeros o trabajadores con funciones más básicas, por tanto, todos ellos son válidamente considerados como exonerados y ello hace que la cifra de calificados de partidos es muy inferior a la realidad del momento represivo de la dictadura.
Además, explica Lagos, existió la resolución 470 de la Dirección del Trabajo, que es del año 1976 y en la que se informa a la junta militar que, en conformidad con los bandos emitidos por la autoridad, fue despedida casi totalidad de la gente de empresas privadas, lo que otorga un número de 228 mil 612 exonerados políticos.
Si se agregan los funcionarios del Estado despedidos que son muchos miles y eso era solo a 1976, o sea los exonerados superan largamente los 350 mil y solo se presentaron 250 mil de ellos y se rechazaron 100 mil y de ellos 150 mil solo 75 mil tienen pensión que son paupérrimas salvo los de derecha que se acogieran a la ley.
El “Kinder” De Carlos Larraín
Mucho se ha dicho en los últimos días sobre el caso de los falsos exonerados, sin embargo, una de las ironías que mayor revuelo provocó fue la del Presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien dijo que “lo más notable es que en este conjunto hay 81 menores de 14 años, o sea los partidos de izquierda eran administrados por un Kinder”.
En la oposición se declararon muy molestos con las declaraciones del líder de RN y lo llamaron a informarse bien y conocer la historia del Chile contemporánea antes de emitir ese tipo de comentarios.
En conversación con Cambio21, el senador Fulvio Rossi dijo que "habría que preguntarle al señor Larraín si en su campo nunca han trabajado menores de 18 años, porque efectivamente hay que conocer el concepto histórico para opinar".
Rossi agregó que "Esta es una operación orquestada de la derecha. Han querido culpar a Michelle Bachelet de todas las calamidades habidas y por haber, incluso de los desastres naturales", recalca el legislador.
Por su parte, el ex jefe del programa de exonerados del ministerio del Interior, Humberto Lagos, explicó que en esa época en los asentamientos solían trabajar los hijos de los campesinos cuidando animales.
Lagos agregó que le extraña la preocupación que tiene ahora la derecha por algo que en aquella época era habitual. “Los niños que aparecen en los listados de partidos políticos seguramente también cumplían funciones laboral y sus caso están ajustadas a derecho en las resoluciones de acuerdo a los antecedentes entregados”.
El ex coordinador que le llama la atención que gente como Larraín ahora se preocupe de los niños, siendo que nunca antes
dijeron nada por niños desaparecidos en la dictadura, o por las embarazadas que fueron detenidas y a las que les quitaron sus hijos.
Caso emblemático
Uno de los casos más recordados al hablar de menores que fueron desaparecidos en la dictadura es el caso de Carlos Fariña quien fue arrestado a los 13 años en la población La Pincoya, en la zona norte de Santiago, por una patrulla compuesta por elementos del ejército, carabineros y la Policía de Investigaciones.
El hecho ocurrió durante uno de los tantos allanamientos que debieron soportar los pobladores. El pequeño fue subido a un camión y nunca más se supo de él y de lo que le ocurrió.
El menor permaneció desaparecido hasta junio de 2000 cuando parte de sus osamentas fueron encontradas en la comuna de Pudahuel. Según los peritajes efectuados por el Instituto Médico Legal, los restos humanos corresponden al de Carlos Fariña. Estos fueron encontrados enterrados a 60 centímetros de profundidad en la esquina de Américo Vespucio con San Pablo. Sus osamentas tenían muestras de balazos y estaban quemados.
Celpa, El Convertido
“Celpa es el peor enemigo de los que sufrieron en dictadura, porque perturba la acción de los comandos de exonerados y es el presidente de un grupo que no representa a nadie”, la frase es del ex director del área de exonerados del Ministerio del Interior, Humberto Lagos, a quien le tocó convivir con Hugo Celpa, el hombre que originó toda la polémica y que ha intentado pasar inadvertido.
Desde el IPS explican que el primer comando de exonerados que se formó fue presidido por Bernardo Vargas, sin embargo, tiempo después el espacio comenzó a desintegrarse y en una de esas divisiones se fue Raúl Celpa con un grupo pequeño de beneficiarios entre los que se cuentan personas que fueron despedidas desde empresas privadas e intervenidas.
Según la información recabada por Cambio21, Celpa es exonerado de un banco, en dónde era gerente, y su pelea es netamente de carácter personal, ello porque la pensión que le dieron era, a su juicio, muy baja de acuerdo al cargo que tenía.
En sus orígenes Raúl Celpa era socialista, pero lo cierto es que para casos como el suyo, dicen los expertos, la ley quedó mal hecha, y como no pudo aceptar esta situación optó por aliarse con la derecha y ha buscado cambiar el foco al decir que si los exonerados no ascendieran a 160 mil, los que tienen pensión tendrían una mayor cantidad en sus beneficios y entre ellos estaría él.
Pensiones De Derecha
No sólo de Izquierda son las pensiones de exonerados e incluso son aquellos que más trabajaron por la dictadura quienes reciben o recibieron hasta su fallecimiento, las pensiones más abultadas. A saber:
Sergio Onofre Jarpa: $841.825
Victor Garcia Garzena: $608.196 (hasta 2009)
Fernando Ochagavía: $774.253
Néstor Tapia Salgado: $910.073 (hasta 2007)
Arturo Alessandri Besa: $1.055.638
Gustavo Cardemil Alfaro: $937.132 (hasta 2008)
Gustavo Monckeberg Barros: $976.785 (hasta 2008)
Mario Arnello Romo: $983.404
FUENTE: CAMBIO 21
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