Cambios a la Constitución de 1980: Entre el terror de los grupos conservadores y la convicción de los expertos
16/06/2013 |
Por Luis Casanova R.
Con Asamblea Constituyente directa o Comisión Bicameral formada en el Congreso, la idea de plebiscitar las próximas reformas a la Carta Fundamental está siendo tema ineludible para todos los presidenciables. La parte llorada de la película: a pesar del clamor popular, se está lejos de asegurar que el resultado de la elección parlamentaria traiga como efecto el rompimiento de los quórums y la posibilidad cierta de superar el statu quo.
Ni siquiera con la explosión ciudadana que generó el movimiento estudiantil en 2011 se pensó en la posibilidad cierta de poder reformar la Constitución de 1980 en un plazo breve.
Es más, con suerte la idea de eliminar o al menos retocar el binominal y de paso impulsar cambios en algunos elementos de los sistemas de impuestos, AFP, isapres, educación (lucro) y salud logró entusiasmar a las organizaciones sociales y grupos políticos extra Concertación que se sitúan a la izquierda del Partido Comunista, a la larga los "culpables" de la nueva agenda que se tomó el país.
De esta forma y con las movilizaciones en Magallanes, Aysén, Freirina y las distintas capitales regionales como telón de fondo, avanzó el calendario y se dio inicio a la campaña presidencial 2013. Y claro, la revisión de la Carta Fundamental pasó a ser un aspecto prioritario para casi todo el espectro político.
Casi todo, porque de manera tajante la totalidad de los representantes de la Unión Demócrata Independiente y de un sector minoritario de Renovación Nacional y de otros partidos se oponen a la profundización de este debate.
Además, por un camino simultáneo transita la posibilidad de aplicar una cirugía mayor a la Constitución, léase a través de una Asamblea Constituyente, lo que supone convocar a una instancia que se encargue de la redacción de un nuevo texto, uno completamente distinto al tinglado que la "Comisión Ortúzar" elaboró después de la crisis institucional que en 1973 redundó en el golpe de Estado y la llegada de la Junta Militar, el cual fue aprobado mediante un polémico plebiscito en 1980.
Para los teóricos en historia política, como el profesor de la Universidad Técnica Metropolitana (UTEM) César Cerda, este documento fue una "contrarrevolución" a las ideas humanista-cristianas y socialistas que se dieron en Chile entre mediados de los años ‘60 e inicios de los ‘70, con los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (DC) y Salvador Allende (PS), a saber reforma agraria, promoción popular y nacionalización del cobre.
En pocas palabras -dijo el académico-, se sentaron las bases de un modelo capitalista o de mercado que atravesó cinco gobiernos democráticos y que en su génesis estableció diversos "amarres" que no han podido romperse a pesar de los intentos en el Congreso.
Uno de ellos consiste en terminar con los altos quórum legislativos (2/3 y 3/5 para las leyes básicas) que hacen complejo aprobar reformas. Otro tiene relación con instalar los plebiscitos como instrumento de transformación. Y del más importante, el binominal, ya se ha hablado hasta el cansancio.
Rayado de cancha
Si bien no aparece como uno de los juristas a cargo de la escritura de la Constitución de 1980, no hay dudas en afirmar que uno de sus ideólogos fue el fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Sin ir más lejos, su arribo al Senado por Santiago Poniente -en 1990- fue gracias a la puesta en marcha de una modalidad de elecciones que premia a los candidatos al Parlamento que resultan terceros cuando la lista rival ganadora no logra doblar en votos a la perdedora.
El abogado Fernando Atria, analista de moda desde que ingresó al comando presidencial de Michelle Bachelet, levantó el tema a propósito de un libro que estará a la venta a contar de este 15 de junio ("Neoliberalismo con rostro humano").
El profesional taxativamente afirmó que las distintas administraciones de centro-izquierda aplicaron hitos de carácter "neoliberal", como por ejemplo, el Plan Auge, el Fondo de Compensación Solidaria, el financiamiento compartido de la educación subvencionada, las reformas constitucionales de 2005 (gobierno de Ricardo Lagos) y los cambios laborales. Incluso aclaró que para realizar ajustes tributarios profundos no se necesitan quórums especiales, lo que supone una dura crítica al sector.
Para aminorar sus cuestionamientos, la última misión de Atria consistió en recalcar una frase que proviene de la pluma de Guzmán y que define el espíritu de la actual Carta Magna:
"La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario".
Ante tan categórica y vigente expresión, el historiador Rafael Gumucio expresó que "increíblemente -en casi 25 años- el rayado de cancha impuesto por Guzmán no ha cambiado un ápice". A su juicio, "la tarea actual consiste es destruir las trampas".
"Me permito dudar que la Concertación más el Partido Comunista apliquen al menos un gramo de astucia y de voluntad de cambio, pues ya han prometido demasiadas veces el cambio del binominal y una nueva Constitución, lo que no han cumplido en años", agregó.
En su intento de romper el escepticismo, Atria anticipó que si Bachelet vuelve a La Moneda, más que intentar reformas cosméticas, lo ideal es que proponga un "referéndum constitucional" a la ciudadanía, en su lectura, el primer paso para elaborar nuevas leyes que alteren las reglas del juego. Usando la frase de Gumucio, sería la movida número uno para equilibrar la cancha constitucional a favor de los gobernados.
No calza
La parte llorada de la película -para los que creen y esperan cambios rotundos- es que a pesar del clamor popular aún no está asegurado que el resultado de la elección parlamentaria del próximo 17 de noviembre traiga como efecto el cambio del mapa legislativo que haga posible convocar a un plebiscito, ítem que aparece mencionado en el capítulo XV, artículo 128, inciso 4º de la Constitución.
De acuerdo a esto, el proyecto de reforma constitucional para ser aprobado en cada Cámara requiere de las tres quintas partes de los parlamentarios en ejercicio, es decir, 72 diputados y 23 senadores.
En la actualidad, la oposición ostenta una mayoría relativa de 57 diputados y 20 senadores (sin contar el PRI y los independientes), aunque los cálculos pesimistas provenientes de La Moneda y la UDI dan cuenta de una merma en las urnas que podría dejar a la centro-izquierda con cerca de 70 diputados y 22 senadores, casi al filo del límite que impone la ley.
A Carlos Larraín, timonel de RN, tales números lo espantan de sobremanera. Es más, aún se recuerda cuando en una columna editorial de El Mercurio pronosticó cambios "hasta en el Banco Central" si la Concertación y el PC superaban el quórum para llamar a referéndum.
"Yo le tengo terror a un plebiscito, no sólo miedo. En el actual ambiente es peligrosísimo, una cosa disolvente y claramente subversiva", alegaba después en una entrevista radial.
Muchas opiniones, muchas voces
Sin embargo, más allá de los números, en el propio conglomerado multicolor hay variadas visiones y almas sobre los cambios constitucionales:
Una, la que propone directamente una Asamblea Constituyente, que apoyan -entre otros- la dirigencia comunista, el presidenciable radical José Antonio Gómez, la facción del PPD que apostó por el "giro a la izquierda" en la pasada elección municipal (con resultado adverso ante el bloque DC-PS), los partidos extra-coalición que fundaron Alejandro Navarro (MAS) y Sergio Aguiló (IC) y el grupo de 161 personalidades (artistas, premios nacionales, políticos, profesionales, líderes de opinión y dirigentes estudiantiles) que firmaron un "manifiesto" que demanda la realización de un plebiscito.
Dos, la que se opone de plano a esta iniciativa, donde suena fuerte la voz del senador y ex presidente de la Corporación, Camilo Escalona (PS), quien advirtió -tomando como dato fatal el quiebre de 1973- que "si se forma una Asamblea Constituyente, la derecha sería ampliamente más representada en dicha instancia que las fuerzas que hoy la propugnan o solicitan".
"La experiencia al respecto es muy dura: en Chile, cuando se ha jugado a la ruptura institucional, los que han ganado e impuesto su designio han sido los grupos más extremistas de la derecha. Los más violentos, los más inescrupulosos y los que no tienen límites en su acción reaccionaria. Prefiero desde ahora señalar que no hay ningún argumento o previsión que indique que aquello sea mejor y no peor para Chile", sentenció.
Cabe recordar que el propio ex mandamás socialista mandó a "fumar opio" a todos los que apoyan la AC. Curiosamente, la invitación fue aceptada por Red Liberal, referente de derecha que respalda la campaña del independiente Andrés Velasco, que se opone a la "izquierdización" de los contenidos programáticos.
El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y cara visible del movimiento, Cristóbal Bellolio, fue enfático al respecto: "Vamos a fumar opio, pero tomemos los resguardos, porque hay buenas voladas y malas voladas. El problema es que por la urgencia electoral y la fetichización del debate caigamos en un proyecto imprudente desde el punto de vista político. A veces hay que preparar el camino para que ciertas experiencias tengan el efecto deseado".
"El mejor procedimiento -concuerdo con Atria- es la AC. No hay un procedimiento más legítimo que ese, entendiendo que eso significa que los distintos sectores políticos podrán proponer al pueblo delegados, los que una vez electos participan de la deliberación y posterior redacción de la Constitución y después se plebiscita. Aquí hay un ámbito procedimental que es delicado y que tiene que darles a todos garantías de participación. Aún no está claro cómo va a ser el procedimiento", explicó.
¿Qué es lo más concreto hoy? La Comisión Bicameral que pretende formar el senador DC Andrés Zaldívar, grupo parlamentario que -en su opinión- tiene que convocar a organizaciones civiles y académicas para debatir las futuras reformas constitucionales, las que posteriormente deben aprobarse por el propio Congreso y finalmente ser votadas por la ciudadanía en un plebiscito.
¿Burocracia, statu quo o pan y circo? Juzgue usted.
Arma de campaña
Cristina Moyano, doctora en historia y académica de la Universidad de Santiago, indicó a Cambio21 que las reformas a la Constitución, la educación y el sistema de pensiones, "son temas que los candidatos presidenciales no van a poder evadir, dado que hoy existe una crítica muy profunda a la legitimidad de la institucionalidad que heredamos de la dictadura y que sirvió de sustento a los gobiernos de la era post-Pinochet".
"Lo que hoy se está esperando de parte de la oposición es la presentación de cambios profundos a la Carta Magna, pero que tengan un origen basado en una AC que permita darle una nueva legitimidad, desde su creación hasta su puesta en marcha y el articulado que se proponga", añadió.
Moyano insistió con que "esto sería inédito en la historia de Chile, porque las tres últimas Constituciones que han regido los destinos de nuestro país (1833, 1925 y 1980) se impusieron por la vía autoritaria. Hablar de Venezuela o la UP son temores y exageraciones que sirven para generar un clima de demonización hacia las propuestas de la oposición".
"Por lo demás -concluyó-, durante la UP, precisamente porque no hubo reformas profundas a la Constitución, Allende tiene que gobernar ocupando resquicios legales hasta el límite de la legalidad posible. Hoy estamos entrampados, no porque la Constitución no permita hacer grandes modificaciones, sino porque se está poniendo en juego la herencia del gobierno militar que está presente en las instituciones y que pretende seguir rigiendo nuestros destinos".
FUENTE: CAMBIO 21
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