Frente Amplio Unitario

Rodrigo Ubilla y el Plan Frontera Norte: Todos apuntan a las responsabilidades del subsecretario en los sobreprecios

23/06/2013 |

Por María Cristina Prudant

Miles de recursos del Estado se pusieron en juego en un proyecto “estrella” para combatir el narcotráfico denominado Plan Frontera Norte. Se pagaron sobreprecios del 400% y después de meses aún no hay imputados. Las declaraciones de los protagonistas ya están e indican que el subsecretario del Interior siempre estuvo a la cabeza de la licitación y así lo han atestiguado los ex fiscales Alejandro Peña y Felipe Baeza, importantes ex funcionarios de la repartición. Por ahora, el Ministerio Público es el que tiene más antecedentes sobre el caso y pronto entregará novedades. Dicen que se encontraron con varias sorpresas en los computadores incautados y periciados.

El caso sobreprecios despareció de la escena pública hace varios meses, porque obviamente al gobierno no le convenía que se conocieran los detalles de este escándalo de proporciones ejecutado en el corazón de La Moneda: en el ministerio de Interior y la subsecretaría de la misma cartera. Los entes correspondientes están investigando -Ministerio Público, Contraloría y Comisión Investigadora de la Cámara- para dirimir las distintas responsabilidades.

Según fuentes allegadas a la investigación contactadas por Cambio21, se rumora es que muy pronto habrá novedades desde la Fiscalía en torno a este tema, pues las declaraciones, tanto de los ex fiscales Alejandro Peña (director de la División de Estudios) como Felipe Baeza (jefe de Programación), dejan en evidencia que el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla (RN), conocía la situación de los precios o sobreprecios.

Éste, además, ha entrado en contradicciones con los otros inculpados en el tema de la licitación, pues aseguró que se recibieron tres cotizaciones, información que fue desvirtuada por un funcionario que trabajaba directamente con Baeza (pro UDI), quien aseguró que fue sólo una. De hecho, durante el interrogatorio a Ubilla el fiscal (Jorge Retamal) le solicitó las cotizaciones y éste no las entregó, argumentando que se le quedaron en una carpeta en su oficina. El ministerio del Interior contrató al abogado Luis Hermosilla para interponer una querella por fraude y revelación de secreto luego que se denunciaran las anomalías.

"Ahí hay una contradicción. Eso es lo que está quedando en la carpeta de la fiscalía", señala nuestra fuente, quien además plantea la existencia de un correo electrónico que dejaría en evidencia que habría pago de coimas.

Quienes conocen la causa dicen que ella estaría cambiando de nombre y dejaría de ser sobreprecios para transformarse en "coima y cohecho". Al menos, los hechos investigados hasta aquí van apuntando a esta suposición, pues "lo que está surgiendo de la investigación hasta el minuto es la suposición de que podría haber habido algún tipo de pago, o al menos violación del secreto, y se le habría entregado información privilegiada a Alfredo Giacoman (dueño de Tecnodata, empresa que se adjudicó la licitación)".

Todo el equipo que está siendo investigado es el más cercano al subsecretario Ubilla; hoy no hay nadie que venga de gobiernos anteriores. De hecho, Cambio21 supo que uno de los investigados, César Saavedra, jefe de Adquisiciones de la subsecretaría de Interior, a quien le incautaron el computador por el caso sobreprecios, continúa en el ministerio, porque Ubilla nunca lo ha sacado de ese cargo.

Peña y Baeza colaboran

El ex fiscal Alejandro Peña fue uno de los primeros en abandonar la subsecretaría de Interior a raíz del escándalo de los sobreprecios en los artefactos detectores de drogas. Pero también se ha mostrado muy colaborador en las diversas instancias en las que ha sido citado a declarar. De hecho, lo hizo en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

"El subsecretario del Interior, por ley, es quien tiene la responsabilidad de firmar la autorización del pacto del precio de referencia", indicó el ex jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior. Reconoció que la aprobación del presupuesto fue firmada por el subsecretario Rodrigo Ubilla, pero dijo desconocer si éste tenía conocimiento de las relaciones entre Tecnodata (empresa que ganó la licitación) y el Interior, por un preacuerdo para pactar un precio de los fibroscopios.

Los precios de referencia, según Peña, fueron visados por todos los filtros del Interior y aprobados por todas las instancias, pero sólo el subsecretario tenía la facultad legal para firmar.

El diputado DC y presidente de la comisión investigadora, Matías Walker, informó que los antecedentes entregados por Peña inculpan al subsecretario Rodrigo Ubilla y reafirman las palabras de Felipe Baeza, quien detalló en su declaración a la Fiscalía que la autoridad conocía las relaciones.

Éste también cuestionó el rol que habría tenido el subsecretario del Interior en el proceso de licitación.

En su declaración ante el fiscal Jaime Retamal, Baeza aseguró que el subsecretario se saltaba "las normas establecidas" y le derivaba proveedores "que debía atender porque se trataba del amigo de alguien".

Comisión Investigadora

El diputado Matías Walker informó a Cambio21 que llevan muchos meses trabajando en el desarrollo de la investigación. "Hemos recibido en dos ocasiones al subsecretario Ubilla y al ex fiscal Alejandro Peña, también al general director de Carabineros y al director de Investigaciones, y estamos indagando acerca de las responsabilidades políticas de quienes pudieran haber permitido que se aprobara por parte de la subsecretaria de Interior un pago de sobreprecios evidente en equipos que tiene un rol tan importante como detectar la droga que ingresa en nuestro país en las regiones fronterizas".

Según expresó, "nos ha costado recibir testimonios de funcionarios del ministerio (Interior) que participaron en la comisión evaluadora y en la comisión que redactó las bases de la licitación, toda vez que la gran mayoría de ellos ya no tienen el rol de funcionario. Por lo tanto, sólo pueden asistir voluntariamente y muchos de ellos no lo han hecho, porque precisamente hay un sumario que tiene que determinar la responsabilidad administrativa, que se ha incubado en la Contraloría General de la República, y también, naturalmente, para determinar responsabilidades penales, que está en manos del Ministerio Público".

Hace unos días, junto con otros miembros de la comisión investigadora, sostuvo una reunión con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, con el objetivo de poder manifestarle "nuestra preocupación en cuanto a que se le entreguen al fiscal (Retamal) todos los recursos y herramientas para que exista celeridad en el desarrollo de esta investigación, que es tan delicada para el patrimonio fiscal, sobre todo teniendo en consideración un tema como los equipos para perseguir el delito".

En definitiva, aseveró que "acá cada uno tiene que asumir su trabajo. Nosotros tenemos hasta fines de julio para determinar responsabilidades políticas. Después tenemos que elaborar un informe que estará terminado en agosto".

La diputada Adriana Muñoz (PPD), quien estuvo en la propuesta de formar la comisión investigadora, señaló a Cambio21 que la lentitud del proceso en este caso "habla muy mal de la posibilidad que tenemos en Chile de llegar a fondo en las investigaciones de este tipo de ilícito y un escándalo, porque se trata de muchos recursos públicos destinados a un plan que fue llamado Plan Estrella por el ex ministro de Defensa Andrés Allamand y por el propio subsecretario Rodrigo Ubilla, y que era para frenar el paso por la frontera norte de Chile del tráfico de drogas. Que desaparezcan recursos públicos, que en realidad las licitaciones no se conozcan en un área tan sensible y tan prioritaria para lo que según el gobierno nos costó a todos los chilenos, es ser testigo de un manto oscuro que se tira con todo el poder desde La Moneda y el gobierno sobre un tema de la mayor trascendencia".

La parlamentaria acusó que "los medios de comunicación tampoco le dieron la connotación y la importancia que le han dado a otros casos. El tema está escondido. Creo que es importante que la comisión saque luego a luz lo que se ha avanzado. Ha habido importantes testimonios, por eso es prioritario que saquen a la luz lo que ha sucedido, porque hay procedimientos muy oscuros".

El diputado Felipe Harboe (PPD) expresó a Cambio21 que la comisión investigadora "está pidiendo copia de alguna de las declaraciones ante la Fiscalía y también ante el Contralor, porque él sigue adelante con su investigación, ya que ha encontrado irregularidades en la cotización de adquisiciones".

En su opinión, éste "va avanzando y ha tomado declaraciones a muchas personas. El que más ha cooperado ha sido Alejandro Peña. Ha ido quedando ya en evidencia que el proceso de licitación no lo manejó Peña, sino directamente Ubilla".
Añadió que la reunión con el fiscal nacional tuvo como objetivo los avances en el plano penal, porque "estamos preocupados que pase lo mismo que con Kodama, que no ha pasado nada. Ahí está la investigación y hay un asesor de una ex ministra (de Vivienda, Magdalena Matte), un conocido abogado de la UDI, que aparece sindicado en una trama bien truculenta, que reviste caracteres de delito, y no queremos que pase lo mismo".

Reconoció que el fiscal les infundió tranquilidad y les aseguró, sin entrar en detalles, que se están terminando las pericias y que, en lo referente a los computadores, "se encontraron hartas sorpresas".

El diputado Enrique Accorsi (PPD), integrante de la comisión que investiga en la Cámara sobre los sobreprecios, dijo a Cambio21 que "han venido a declarar todas las autoridades y lo que se notó ahí es que, claramente, había sobreprecios. Ahora, Ubilla dice una cosa y el señor Baeza, que estaba a cargo de todo el proceso, dice que Ubilla fue el que le dio los antecedentes. Hay ahí una pugna de credibilidad sobre quién dice la verdad y eso está en los tribunales".

Según Accorsi, se deduce que el subsecretario estaba informado de todo. El ex fiscal Peña dijo que no participó en nada, que era un funcionario dedicado a otras cosas y que eso lo tiene que dilucidar la justicia. Empero, "hay que saber cómo operaron, quiénes fueron; eso todavía está por verse. Lo otro es que nosotros mandamos a pedir información a los otros ministerios y a algunos servicios públicos que operan con esta empresa, pues esto lo podrían haber hecho en otro ministerio. Le mandamos toda la información al ministro Chadwick para que tome nota, porque realmente es preocupante cómo hay una relación tan directa de esta empresa con todos los ministerios".

El diputado dijo que están en "la fase final y ya comenzaron las conclusiones. El compromiso es sacarlo lo más rápido posible. Esto está afectando el plan (Frontera Norte) y se han hecho sólo algunas cosas".

Plan Frontera Norte

El escándalo de los sobreprecios lo dejó al descubierto un reportaje de Ciper Chile, que informó que, en el contexto del plan Frontera Norte de combate al narcotráfico, el gobierno adquirió densímetros y fibroscopios para detectar drogas por un total de $ 1.834 millones. Por cada densímetro canceló $ 23,4 millones a un intermediario, aunque su fabricante los vende en Estados Unidos en $ 4,3 millones.

El plan lo dirigía el ex fiscal Alejandro Peña y a él se suman otras dos compras polémicas: hornos para incinerar drogas y furgones equipados con escáners, que no funcionaron como estaba previsto. El monto global involucrado en estas adquisiciones se eleva a $ 4.104 millones. El Plan Frontera Norte contó en 2012 con recursos del orden de $10 mil millones.

Su última adquisición tecnológica fueron los 52 densímetros y un escáner portátil. La licitación involucró un gasto de $1.218.540.960. Ciper investigó el proceso de compra y descubrió que el pago a un intermediario -Tecnodata, de propiedad de Alfredo Giacoman- significó un sobreprecio de 400 por ciento.

Las licitaciones de densímetros y fibroscopios realizadas por el ministerio del Interior, según el registro de ChileCompras, figuran como adjudicadas a Tecnodata el día 6 de julio de 2012. Lo curioso es que tras la adjudicación de los densímetros, su compra se concretó casi automáticamente, con apenas dos minutos de diferencia (15:32 y 15:34).

 

FUENTE: CAMBIO 21