Los inmobiliarios no quieren “soltar la teta”
En Chile desde hace 8 lustros se aplica la ley del embudo porque todos los gobiernos han sucumbido ante la presiones de los grupos económicos, los cuales, argumentando siempre con la desfachatez de que hacen gala los poderosos, recomiendan no poner trabas al crecimiento y, para quedar bien con todos, haciendo notar su defensa irrestricta de la clase media (sic). De esta manera han logrado franquicias, subsidios, beneficios y tratos de excepción para sus propios sectores y el más exitoso, en esta indigna pero a la vez lucrativa práctica, ha sido el empresariado de la construcción y especialmente el inmobiliario, ambos hermanados con la banca, la que financia a largo plazo a sus compradores de inmuebles.
No todos saben que, desde hace años, conforme al artículo 55º bis de la Ley de Rentas, los adquirentes de viviendas, de cualquier tipo, financiadas con créditos hipotecarios, descuentan en sus declaraciones anuales de impuestos, por todo el período del servicio de la deuda, el ítem correspondiente a los intereses mensuales, lo que demuestra esta sólida alianza privada que paradójicamente significa enormes menores ingresos para el fisco.
Alberto Arenas y Alejandro Micco, ministro y subsecretario de Hacienda, respectivamente, con sus colaboradores expertos, conocedores de los innumerables privilegios que tiene ese sector de la economía, con ocasión de la Reforma Tributaria, decidieron poner término paulatino a este inicuo escenario que enriquece más de la cuenta y sin causa justificada a los ingeniosos mercaderes inmobiliarios, cuyas empresas, digámoslo sin eufemismo, aparecen y desaparecen por arte de magia para así no hacerse cargo de los reclamos que formulan sus clientes por las deficiencias de sus construcciones.
Pero como los inmobiliarios no quieren perder los tratos de excepción que les brinda el Estado, utilizando a ciertos medios de prensa y a otros tantos opinantes de connotación pública, cuyos alambicados juicios son escuchados por quienes toman las decisiones, han puesto el grito en el cielo reclamando que las medidas antievasión y antielusión inmobiliaria consignadas en la Reforma, impedirán que los pobres dispongan de su anhelada casa propia. Incluso el abogado Fernando Barros, connotado pinochetista y vigilante del no despreciable patrimonio accionario de Piñera, en una extensa entrevista en El Mercurio, alertó a sus lectores en cuanto a la “expropiación” larvada que se avecina, llegando al extremo de decirles lo que tienen que hacer con sus viviendas, vía contratos simulados, para no pagar por las futuras ganancias de capital, si las llegaran a vender. Recordemos que con la burbuja inmobiliaria los precios de transacción de todo tipo de inmuebles se han ido a la nubes.
El ministro Arenas, en un medio de prensa, contestando sobre el objetivo que se persigue con el cobro del impuesto de la ganancia de capital a la venta de viviendas, respondió “hay personas que se dedican al negocio de bienes raíces, que generan ingresos por eso y no pagan impuestos. Ahora por cierto eso en régimen con base devengada está resuelto, pero en la transición nos parece que quienes están en este mercado que genera rentas de capital deben pagar los impuestos que corresponde. Lo importante es que para las personas que no se dedican al negocio de bienes raíces y en un momento determinado venden su casa el proyecto de ley contempla protecciones”, lo que nos parece de toda lógica, pero que los inmobiliarios no aceptan porque ya se acostumbraron a disfrutar de las sandías caladas.
Después del terremoto de febrero de 2010 se limitó la franquicia del DFL2 y así las personas naturales que hayan comprado “viviendas económicas” después de este cambio legal disfrutarán solamente de sus beneficios tributarios por 2 viviendas. Pero los propietarios de las mismas que se acogieron con anterioridad a esa disposición, ya sea personas naturales como jurídicas, ya incorporaron en sus patrimonios esas maravillosas ventajas tributarias: nadie en este mundo se las quitarán.
Con el objeto de que opere bien el mercado de las viviendas, ahora que tenemos 20.000 dólares de ingreso per cápita, es decir, ya que somos grandes en el concierto internacional, será necesario eliminar la ignominiosa disposición del DFL2 que sí era necesaria en el año 1959, cuando se creó. Ha transcurrido más de medio siglo, tenemos un sector inmobiliario potente y por ello estimamos que mantener dicha franquicia sería francamente surrealista. Cuando hay muchas y caprichosas regalías para un sector de la economía, como es el caso en comento, no se asignan correctamente los recursos y en el sistema productivo se produce lo que se llama desviación de comercio: por ello existen tantos actores inmobiliarios que intentan influir para que nada cambie.
* Publicado en El Quinto Poder
FUENTE:EL MOSTRADOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario