LAS CONSECUENCIAS TRÁGICAS DEL ABSURDO CASO DE LOS “ERRADICABLES”: VILLA FUTURO
Un caso ejemplar en el Concepción metropolitano
La realidad de los damnificados
corresponde a decenas de miles de personas en nuestra región, sólo en la
provincia hablamos de casi 50 mil viviendas contabilizadas como
damnificadas. Para las familias en mediaguas de Talcahuano las
expectativas de solución son lejanas. En su mayoría, son familias que no
tienen capacidad de ahorro. Y, además, deben resignarse a la
reconstrucción en las peores condiciones, lanzados lejos de todo acceso
al trabajo y a los servicios. En casos como el de El Morro, sin ningún
tino, sucede que las familias son devueltas junto al mar, en los
terrenos que ha abandonado una empresa pesquera.
Pero, fuera de los casos de estos
damnificados, existe otro tipo de damnificado, el damnificado puro y
exclusivo del régimen de apropiación capitalista del suelo.
Villa Futuro es
un caso dramático y, a la vez, es un caso controvertido, aunque no el
único en esta materia. En primer lugar, la población de más de 1320
familias fue calificada como inhabitable y, en consecuencia, como afecta
a los programas de reconstrucción. Sin embargo, los edificios sociales
jamás fueron inhabitables, excepto en un blok de 38 departamentos. ¿Cómo
ha ocurrido este colosal “error” del Estado? Nunca lo han explicado,
pero lo cierto es que la población fue adulada con la oferta de
provechosos programas de reconstrucción que, según les dijeron, sería
una ayuda pronta y “extra”. Soluciones favorables para que el Estado
pueda llevar adelante sus verdaderas intenciones: la expropiación. Pero
nada de eso fue cierto. Las penurias han ido una tras otra junto a la
incertidumbre, por una parte tildados de “beneficiados” y, por otra,
expropiados de sus bienes en las peores condiciones.
Nuestra apreciación como Red
Construyamos es que tanto en Villa Futuro como en Camilo Olavarría, como
en Centinela o como en Aurora de Chile, se han esgrimido las más
vergonzosas y fraudulentas falacias para expulsar a los pobladores de
sus suelos. ¿Por qué? No parece haber otra explicación que la extensión
de proyectos inmobiliarios concebidos y arreglados en salones vip, entre
empresarios, ejecutivos y políticos. Es posible que desde allí los
proyectos salieran plasmados en planos secretos que solamente han
esperado la ocasión más apropiada –cualquiera sea ésta, aunque sea de
una catástrofe- que permita la mayor rentabilidad y el más bajo costo.
Expulsar a los pobladores es un negocio cuando sus tierras han cambiado
de valor o con algún atractivo especial para los negocios inmobiliarios.
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Para ejecutar esta transacción todo vale. Los pobladores perjudicados son llevados a abandonar sus departamentos y engañados para admitir la demolición de ellos, todo con tal de facilitar la expropiación a mínimo costo. Estos operadores de oscuros intereses, no han tenido límite, |
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ni
siquiera cuando se ha tratado de arrastrar a los pobres a destruir con
manos propias sus viviendas, imágenes vergonzantes y apocalípticas que
quedarán gravadas para siempre en la mirada de miles de niños de
Centinela, Villa Futuro, Camilo Olavarría. Es la eterna fórmula de
políticos familiarizados con empresarios, gente sin escrúpulos y con una
sola meta: aumentar su capital a través de la apropiación del suelo que
pertenece a los pobladores. No hay escusa, se trata de mafia pura.
Villa Futuro ha pasado por
una serie de aberraciones. Una vez llevados a campamentos de emergencia
(sin ser necesario), las autoridades han intentado asegurar que los
departamentos no sean ocupados, batiéndose contra los pobladores que se
resisten a abandonar su hogar. Y han utilizado métodos de división para
cercar a los rebeldes. La protesta social y la demanda pública de los
pobladores, poco a poco fue forzando una respuesta menos mezquina, a
pesar de la prudencia de los funcionarios por evitar “malos gastos”, se
vieron obligados a elevar los ofrecimientos a sumas entre 9 y 12
millones de pesos por expropiado. Sin embargo, los departamentos
tendrían un valor cercano a los 21 millones, estiman los dirigentes
vecinales, porque todos debieron completar la construcción de su
vivienda recibidas en obra gruesa. Aún así, la tentación del dinero
“catch” ha atrapado a muchos y los ha llevado a firmar compromisos que
permiten a los funcionarios del ministerio asegurar que la solución ya
ha sido entregada. Muchos de estos “beneficiados” han ido “comiendo”
(gastando) su cheque, a veces por alcanzar pequeños bienes que no tenían
oportunidad de comprar, como un vehículo. De todas maneras, el monto no
asegura que los expropiados puedan encontrar una vivienda por un valor
similar, al menos en la ciudad.
Entre los mecanismos
propuestos por los funcionarios del gobierno, se cuenta la idea de que
los comités de vecinos busquen sitios para comprar y emplazar sus nuevas
viviendas con una combinación de subsidios y dinero para adquirir la
tierra. Un grupo de 130 familias firmó un acuerdo extrajudicial para
compra de terrenos y construcción que se denominó “Proyecto los Lirios”.
Pero fue el propio SERVIU el que quebró el acuerdo de compra, lo que
significó que el proyecto “se cayera”, es decir, fracasara. SERVIU hoy
se lava las manos, pues el problema de vivienda de estos “damnificados”
sería ya una cuestión de “privados”.
Pero, entre tanta desgracia,
el acoso a los pobladores no tiene fin. Ahora surge un nuevo giro del
gobierno para las 400 mediaguas en que viven familias que han aceptado
salir de los departamentos. Los dirigentes de la recién electa junta de
vecinos acusaron que el gobierno, después de haber sacado a la gente de
los departamentos, está entregando los mismos departamentos en comodato a
las familias, aunque esta vez volverán a construcciones desmanteladas,
sin agua y sin luz. Claro, las familias que están en el campamento, con
cheque de expropiación, ya no son los dueños, porque lo es el propio
gobierno.
Entonces, denuncian los
dirigentes, si el gobierno utiliza el subsidio de arriendo, haría una
curiosa transacción, devolviendo a la gente a los departamentos y
pagándose a sí mismo el valor de arriendo, la suma de subsidios de
arriendo por cada habitante de las 400 mediaguas, daría una suma de 44
millones al mes, que en un año representarían 528 millones de pesos y
que proyectados a los tres años que duraría este fondo, alcanzarían a
ser mil 548 millones de pesos que el gobierno pagaría… a sí mismo.
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FUENTE: SITIO OFICIAL DE VILLA FUTURO
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