Jovino Novoa, ex senador de la UDI, y quien ha sido involucrado en la emisión de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento de campañas políticas, en el marco del llamado caso Penta, acudió por segunda vez a la Fiscalía Nacional a prestar declaraciones, y tal como en enero pasado, hizo efectivo su derecho a guardar silencio.
A la salida de esta diligencia, Novoa leyó una declaración en la que justificó su actuar ante los fiscales, y dijo que sólo hablará frente a un juez. Además, el ex parlamentario aseguró que la investigación ha sido “ideológicamente falsa”, tal como la figura jurídica que ha dominado la investigación sobre este caso: “Tengo la convicción de que la búsqueda de la justicia es incompatible con agendas políticas o con un afán excesivo de figuración. Todo lo anterior me ha hecho llegar a la convicción de que, parafraseando una frase muy común en este momento, estamos frente a una investigación ideológicamente falsa”
El ex timonel del gremialismo aseguró que “en el mundo político, y haciendo gala de un cinismo sin límites, algunos quieren transformar a algunas personas, en su mayoría de la UDI, en chivos expiatorios, eludiendo la responsabilidad compartida que todos tienen en las deficiencias institucionales que es fundamental corregir”.
Novoa criticó las filtraciones que, a su juicio, se han producido en el desarrollo de la investigación: “en mi opinión esta investigación, al menos en lo que se refiere a la denominada arista política, se ha desvirtuado. Inicialmente se decretó una reserva por seis meses donde se mantuvo el secreto de la investigación y no obstante ello la prensa publicaba todo tipo de informaciones supuestamente emanadas del expediente”.
En la otra arista de este caso, durante la mañana de este lunes declaró por cerca de tres horas el controlador de Soquimich, Julio Ponce Lerou, quien dejó las instalaciones de la Fiscalía Nacional, al igual que Novoa, sin dar declaraciones.
Al mismo tiempo, el senador del PPD, Guido Girardi se refirió por primera vez al actuar de su correligionario y cercano, Samuel Donoso, quien presentó a nombre del ex gerente de SQM, Patricio Contesse, el recurso de inaplicabilidad que suspendió la investigación del Ministerio Público.
Consultado sobre las “presiones” que se denunciaron de parte de sectores del Gobierno y el oficialismo, y la acción de Donoso en este sentido, el parlamentario relevó que este actúa en su profesión sin obedecer a ideologías o a su militancia.
En ese sentido, llamó a apoyar las acciones de la Fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos, ya que cree, al igual que otros personeros de la ex Concertación, que las instituciones funcionan.
“La justicia es así”, dijo Girardi, agregando que el Ministerio Público no puede actuar en función de criterios políticos u otros, sino que “va a investigar y aquellas personas que hayan cometido ilícitos se llevarán a procesos de investigación, de formalización y eventualmente de juicios, y es lo que corresponde”.
El recurso de inaplicabilidad presentado por el abogado Donoso será revisado este miércoles por el Tribunal Constitucional, que contará con un miembro menos, ya que el ex diputado de la UDI y miembro del TC, Cristián Letelier se inhabilitó ya que además de representar como abogado a una imputada, figura en la carpeta investigativa de Penta por haber solicitado recursos a Carlos Alberto Délano.
La mañana de este lunes, el Servicio de Impuestos Internos finalmente presentó una querella contra siete personas involucradas en la arista SQM: Patricio de Solminihac, nuevo gerente general de SQM, Patricio Contesse, Ricardo Ramos, vicepresidente de finanzas de la minera no metálica, Cristina Zúñiga de la empresa “Asesorías Cristina Andrea Zúñiga Paredes”, que prestó asesorías a distintas campañas políticas, y Rodrigo Polidura, Felipe Cádiz y Sebastián Correa, de la empresa Reactor Spa
La acción reveló los aportes a la campaña del UDI Pablo Zalaquett de parte de las compañías Corpbanca, Ecsa (ligada a Ripley) y Alsacia de Transantiago, todo a través de las empresas Asesorías Cristina Zúñiga y Reactor Spa.
Desde los imputados, desde la empresa “Asesorías Cristina Zúñiga”, aseguraron que “prestó servicios reales a Pablo Zalaquett Said en contexto de su campaña como candidato senatorial por Santiago Poniente”, descartando la acusación sobre boletas ideológicamente falsas, calificando a la querella de “cortina de humo”.
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