lunes, 30 de marzo de 2015

La UDI tras los pasos de Sabas Chahuán: partido busca poder destituir a Fiscal Nacional con acusación constitucional

30/03/2015 |
Por Nicolás Borcoski
El gremialismo es el principal partido golpeado por la minuciosa investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Por eso no deja de extrañar que escogiera este momento para revivir un proyecto que lleva dormido seis años en el Congreso.
El gremialismo comenzó los trámites para rescatar del archivo una ley que, por los tiempos actuales, puede convertirse en una lucha que se convierta en un arma de doble filo. Se trata de un proyecto presentado hace seis años y que hasta ahora dormía en la comisión de Constitución y Justicia de la Cámara, que pretende dar espacio para acusar constitucionalmente al Fiscal Nacional y así removerlo de su cargo.

Cabe decir que los trámites se reanudan en momentos en que la Fiscalía Nacional, presidida por Sabas Chahuán, sostiene una minuciosa investigación por los casos Penta y SQM  que afectan enormemente a la UDI.

Sobre el trabajo iniciado por los diputados gremialistas, el presidente del partido, Javier Macaya, alegó que es "una legítima inquietud", siendo "una discusión que se puede tener y hay que ver de qué manera se hace con la mayor altura de miras posible".

"Todas las señales políticas son importantes y éstas indican que en ciertas situaciones, en ciertas filtraciones, direcciones que se asumieron en el marco de las investigaciones existieron algunas que nos generaron una sensación térmica distinta a la de los partidos", agregó.

Sabas Chahuán asumió personalmente la investigación del caso Penta, luego de la polémica armada cuando se separó de la investigación a Carlos Gajardo.

Divisiones gremialistas

Al interior de la comisión en que descansaba el proyecto, hay tres diputados UDI. Dos de ellos, en conversación con Cambio21, demostraron que existen divisiones sobre el futuro de la iniciativa, pero que se puede concordar que los tiempos para la acción no son los más adecuados u oportunos.

Por una parte, la diputada Marisol  Turres, explicó que "todas las autoridades necesitamos tener un contrapeso y poder ser fiscalizadas y autorizadas de alguna manera en el ejercicio de nuestros cargos. El fiscal nacional no lo tiene, así como los ministros o parlamentarios. Me parece que es bueno que a través de este proyecto, abrir el debate. Que una figura tan importante, también tenga un grado de responsabilidad y que tenga esta fiscalización efectiva por medio de una acusación constitucional".

"A veces son situaciones complejas las que llevan y hacen que nazca una nueva legislación, pero este proyecto no va a salir en tres semanas o tres meses, se requiere discusión, un análisis que va a ir mucho más allá de la actual crisis que viven en general los actores políticos en nuestro país", dijo Turres, agregando que este proyecto no debería afectar "en ningún caso", la independencia del cargo en el futuro.

De izquierda a derecha, los diputado Turres y Squella (ambos UDI) presentan diferencias sobre el momento en que se presenta el proyecto.

Por su parte, el diputado Arturo Squella, comparte las preocupaciones sobre el momento en que se presentó , sin embargo, hace hincapié que no es la primera vez que se presenta un proyecto de este tipo de normativa, además de decir que como bancada el tema no se discutió al surgir en semana distrital.

"Es mal momento para plantearlo, porque en el fondo, la lectura podría ser que justo cuando el mundo político está en cuestión, ellos usan sus herramientas para defenderse, y obviamente no corresponde a la realidad, porque ésta es en la que se presentan proyectos de este tipo, imagino yo, desde el momento de la creación del Ministerio Público en adelante".

Es un tema profundo e interesante, que perfectamente se puede debatir y avanzar en esa línea. Hay que recordar, eso sí, que hoy sí existe un mecanismo para remover a fiscales, radicado en la Corte Suprema, por lo que hay que revisarla, pero claramente el momento no ayuda.

Una advertencia a Chahuán

Desde la Nueva Mayoría y como presidente de la comisión, el diputado Leonardo Soto (PS) no duda en decir que "la petición que hace la UDI, es extremadamente inoportuna.

"En el contexto en que estamos, con la crisis que vivimos con los casos que están en la Justicia, como Penta, Soquimich que son llevados personalmente por el fiscal nacional, sin duda que su petición puede ser entendida como una medida de amedrentar al fiscal en sus tareas investigativas. Pareciera que le quieren notificar que si prosigue con la investigación, intentaran acusarlo constitucionalmente. Eso es grave".

Además, el diputado fustigó que el partido UDI haya adoptado la postura de protección a quienes hayan cometido delitos. Por lo demás, definió la idea como "una iniciativa que va directamente a afectar la autonomía en dependencias que tiene el Ministerio Público, porque si prosperara, entenderíamos que el fiscal nacional debiera estar sujeto a responsabilidad política".


FUENTE: CAMBIO 21

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