El Ministerio Público tiene vía libre para investigar
Gajardo encabeza allanamiento a oficinas de SQM en busca de registros contables que pueden conducir a platas políticas
Junto a los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias, el grupo llegó hasta las oficinas de la compañía minera, luego que el Tribunal Constitucional levantara la suspensión de las "medidas intrusivas" que el grupo de investigadores tenía contempladas hace una semana en busca de los pagos realizados entre 2009 y 2014.
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Después que el Tribunal Constitucional levantara la suspensión de las “medidas instrusivas” decretada en el contexto de un requerimiento presentado por el ex gerente de SQM, Paricio Contesse, este jueves los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, previa autorización del Octavo Juzgado de Garantía, llegaron hasta las oficinas de la compañía ubicadas en calle Los Militares en Las Condes.
La diligencia busca recabar los registros contables de la empresa que está siendo investigada a partir de los datos surgidos en el caso Penta, por eventuales delitos tributarios, luego de que el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, reconociera haber emitido boletas a nombre de su cuñada, las que fueron hacia la campaña senatorial de Joaquín Lavin en julio de 2009. A partir de esa pista, los fiscales encontraron en el mismo período un listado de boletas eventualmente falsas en que figuran personas asociadas a parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Por eso, particularmente los fiscales buscan obtener el libro mayor de contabilidad, el libro diario y los registros de retenciones y pagos de honorarios. Con estos documentos, los persecutores podrán determinar si existen pagos a terceros con el correspondiente respaldo en una prestación o se trató de boletas ideológicamente falsas, como fueron halladas en el caso Penta.
Paralelamente, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, que encabeza el equipo de investigadores, hoy envió un oficio a la PDI para que determine de qué se trató el retiro de computadores desde las oficinas de SQM el 11 de marzo pasado, cuando supuesto personal de soporte técnico se llevó al menos dos computadores. La solicitud del fiscal busca determinar para qué empresa trabajaban estas personas y recuperar la información contenida en esos terminales.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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