Diputado Carlos Montes:
“Las cifras de reconstrucción que da el gobierno no coinciden con la realidad”
Sohad Houssein | Miércoles 27 de noviembre 2013 - 22:11 hrs. | 1
El recientemente electo senador socialista acaba de anotar un gol a favor de un eventual próximo gobierno de Michelle Bachelet presionando para introducir en el presupuesto de Vivienda 2014 una indicación que obliga al Ejecutivo a someter los números de la reconstrucción y los subsidios a una auditoría externa cuyo resultado se conocerá el 28 de febrero.
Aunque ha tenido menos visibilidad pública que la pugna entre los parlamentarios y el gobierno por los fondos de libre disposición que se dejarán a quien asuma la Presidencia en marzo de 2014, el martes la Nueva Mayoría se anotó un triunfo en el marco de la discusión del Presupuesto en la Cámara de Diputados: Después de una reunión a puertas cerradas ente el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y los comités de parlamentarios de la oposición, lograron incorporar una glosa al presupuesto de Vivienda en la que el Ejecutivo se compromete a revisar, a través de un comité de expertos internacionales o una universidad de prestigio, el programa de reconstrucción nacional y el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49), dos de los programas “estrellas” de la gestión de Sebastián Piñera para hacer frente a las consecuencias del terremoto.
La indicación establece como plazo el próximo 28 de febrero para obtener un diagnóstico imparcial sobre las cifras de reconstrucción y la entrega de subsidios que el Gobierno ha hecho públicas y que, a juicio del diputado socialista Carlos Montes, quien impulsó la medida, se trata de una necesidad urgente en vista de las inconsistencias en la rendición de cuentas de esta administración en temas relacionados con la reconstrucción y en la carga que heredarán al siguiente gobierno.
¿Si los números entregados por el gobierno en materia de reconstrucción no son correctos, se podrían también cuestionar otras cifras oficiales, como las del crecimiento, empleo, inflación, entre otras, considerando la situación del INE y la habilidad para manipular las estadísticas de la que se acusa a este gobierno?
No hemos llegado tan lejos. Queremos que se objetive cuál es realmente el avance de la reconstrucción de vivienda, en reconstrucción de equipamiento y en reconstrucción de vialidad. Tenemos una serie de indicios de que las cifras que da el gobierno no coinciden con la realidad, en el sentido que las interpretan, se suman cosas que no hay que sumar. Si uno mira los últimos dos Mensajes del Presidente Piñera es increíble cómo da cifras que no guardan ninguna relación con la realidad.
Queremos transparentar eso desagregado por región para ver qué es lo que está pendiente. El sentido de esto es que el nuevo gobierno reciba esto con más transparencia y claridad.
En ese sentido, este cuestionamiento se podría leer como una estrategia de campaña para comenzar un eventual nuevo gobierno de Michelle Bachelet argumentando que las carencias responden a los problemas de gestión de la administración anterior.
Pero es más bien retroactivo, porque ellos dicen que están con el 98 por ciento de la reconstrucción hecha, cualquier cosa que aparezca como tema pendiente va a hacer parecer que el gobierno que viene no ha cumplido nada. Y en el caso de programas regulares la información que tenemos es que van a entregar entre 48 mil y 50 mil personas que tienen un papel de subsidios de soluciones habitacionales que todavía no empiezan a construirse, no tienen ni terreno, ni proyecto ni nada. Entonces, el próximo gobierno va a tener que dedicar una gran cantidad de energía y recursos para construir soluciones para esas 50 mil familias y ese va a ser un problema bastante serio, porque no van a poder iniciar nuevos programas. Este gobierno fracasó porque creyó que entregando subsidios iban a producir todas las casas, pero entregando subsidios la gente ha empezado a buscar casas y no encuentra casas de ese valor. Tenemos gente en todo Chile gente muy frustrada con subsidio, pero sin solución.
Usted está criticando la entrega de “vales por subsidios” de papelitos, pero esta no sería la primera vez que ocurre esto. Podemos recordar los vouchers a cambio de ajuares de Michelle Bachelet, los subsidios entregados entre la primera y la segunda vuelta presidencial de 2005-2006, entre otros ejemplos. Esta parece ser una práctica habitual.
Esto es bien simple, el gobierno pensaba que si se entregaba vouchers, el mercado iba a producirse viviendas de ese valor, pero eso no funcionó porque si no se generan estímulos para producir viviendas sociales las constructoras van a producir viviendas de más valor sobre las UF400 o UF600 porque les es más rentable. Esta es una herencia que vamos a tener.
En gobierno pasado hubo arrastre porque no se pagaron algunas cosas y se trasladaron para que se pagaran en el segundo o tercer año del gobierno siguiente, porque se construyeron departamentos de UF1000 a través de un programa especial para generar empleo producto de la crisis y uno de los acuerdos con las empresas fue no pagar de inmediato sino uno dos o tres años después como una manera de generar activación económica. Pero ahora no hay viviendas construidas, ahora hay que pagar los subsidios, hacer los proyectos, conseguir los terrenos y hacerlos todo porque eso no está.
¿Por qué es necesario encargar el estudio a un comité internacional o a una universidad de prestigio, con el costo para el Estado que ello genera, y no se delega a la Contraloría, que debería fiscalizar los actos públicos?
La Contraloría no tiene la capacidad para hacer estos estudios. Nosotros pedimos que un panel de expertos que se usa para otras evaluaciones e investigaciones, pero lo que nos interesa a nosotros es que haya un informe técnico hecho de una manera plural para no entrar en la pequeña rencilla sino que haya una base más objetiva a partir de la cual se definan las políticas del futuro. Aquí tenemos que decir hay tantas soluciones habitacionales del terremoto, hay tantas reconstrucciones, éstas quedaron bien, éstas muy mal, o sea tener una visión más objetiva.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE
La indicación establece como plazo el próximo 28 de febrero para obtener un diagnóstico imparcial sobre las cifras de reconstrucción y la entrega de subsidios que el Gobierno ha hecho públicas y que, a juicio del diputado socialista Carlos Montes, quien impulsó la medida, se trata de una necesidad urgente en vista de las inconsistencias en la rendición de cuentas de esta administración en temas relacionados con la reconstrucción y en la carga que heredarán al siguiente gobierno.
¿Si los números entregados por el gobierno en materia de reconstrucción no son correctos, se podrían también cuestionar otras cifras oficiales, como las del crecimiento, empleo, inflación, entre otras, considerando la situación del INE y la habilidad para manipular las estadísticas de la que se acusa a este gobierno?
No hemos llegado tan lejos. Queremos que se objetive cuál es realmente el avance de la reconstrucción de vivienda, en reconstrucción de equipamiento y en reconstrucción de vialidad. Tenemos una serie de indicios de que las cifras que da el gobierno no coinciden con la realidad, en el sentido que las interpretan, se suman cosas que no hay que sumar. Si uno mira los últimos dos Mensajes del Presidente Piñera es increíble cómo da cifras que no guardan ninguna relación con la realidad.
Queremos transparentar eso desagregado por región para ver qué es lo que está pendiente. El sentido de esto es que el nuevo gobierno reciba esto con más transparencia y claridad.
En ese sentido, este cuestionamiento se podría leer como una estrategia de campaña para comenzar un eventual nuevo gobierno de Michelle Bachelet argumentando que las carencias responden a los problemas de gestión de la administración anterior.
Pero es más bien retroactivo, porque ellos dicen que están con el 98 por ciento de la reconstrucción hecha, cualquier cosa que aparezca como tema pendiente va a hacer parecer que el gobierno que viene no ha cumplido nada. Y en el caso de programas regulares la información que tenemos es que van a entregar entre 48 mil y 50 mil personas que tienen un papel de subsidios de soluciones habitacionales que todavía no empiezan a construirse, no tienen ni terreno, ni proyecto ni nada. Entonces, el próximo gobierno va a tener que dedicar una gran cantidad de energía y recursos para construir soluciones para esas 50 mil familias y ese va a ser un problema bastante serio, porque no van a poder iniciar nuevos programas. Este gobierno fracasó porque creyó que entregando subsidios iban a producir todas las casas, pero entregando subsidios la gente ha empezado a buscar casas y no encuentra casas de ese valor. Tenemos gente en todo Chile gente muy frustrada con subsidio, pero sin solución.
Usted está criticando la entrega de “vales por subsidios” de papelitos, pero esta no sería la primera vez que ocurre esto. Podemos recordar los vouchers a cambio de ajuares de Michelle Bachelet, los subsidios entregados entre la primera y la segunda vuelta presidencial de 2005-2006, entre otros ejemplos. Esta parece ser una práctica habitual.
Esto es bien simple, el gobierno pensaba que si se entregaba vouchers, el mercado iba a producirse viviendas de ese valor, pero eso no funcionó porque si no se generan estímulos para producir viviendas sociales las constructoras van a producir viviendas de más valor sobre las UF400 o UF600 porque les es más rentable. Esta es una herencia que vamos a tener.
En gobierno pasado hubo arrastre porque no se pagaron algunas cosas y se trasladaron para que se pagaran en el segundo o tercer año del gobierno siguiente, porque se construyeron departamentos de UF1000 a través de un programa especial para generar empleo producto de la crisis y uno de los acuerdos con las empresas fue no pagar de inmediato sino uno dos o tres años después como una manera de generar activación económica. Pero ahora no hay viviendas construidas, ahora hay que pagar los subsidios, hacer los proyectos, conseguir los terrenos y hacerlos todo porque eso no está.
¿Por qué es necesario encargar el estudio a un comité internacional o a una universidad de prestigio, con el costo para el Estado que ello genera, y no se delega a la Contraloría, que debería fiscalizar los actos públicos?
La Contraloría no tiene la capacidad para hacer estos estudios. Nosotros pedimos que un panel de expertos que se usa para otras evaluaciones e investigaciones, pero lo que nos interesa a nosotros es que haya un informe técnico hecho de una manera plural para no entrar en la pequeña rencilla sino que haya una base más objetiva a partir de la cual se definan las políticas del futuro. Aquí tenemos que decir hay tantas soluciones habitacionales del terremoto, hay tantas reconstrucciones, éstas quedaron bien, éstas muy mal, o sea tener una visión más objetiva.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE
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