Comisión Ortúzar: Hurgando en las bases de la post-dictadura
2015 será el año en el que, de acuerdo a lo anunciado por autoridades de gobierno, se iniciará el proceso democrático, participativo e institucional que dará forma a una nueva Constitución. Proceso contrario a como se gestó la Carta Magna que ha regido Chile desde 1980, texto ideado por una comisión que sesionó a puertas cerradas y que legó alrededor de 11 mil páginas que académicos, estudiantes y egresados de la Universidad de Chile han estado revisando para intervenir las calles con obras que dan cuenta de este episodio.
Trece días después del golpe de Estado se llevó a cabo la primera reunión que congregó a un grupo de abogados y políticos de derecha para formular un anteproyecto que cambiara la Constitución que hasta la fecha regía a Chile.
Lideró estos encuentros el ex ministro del gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, Enrique Ortúzar, y el secretario Rafael Eyzaguirre. También participaron Jaime Guzmán, Sergio Diez, Jorge Ovalle, Raúl Bertelsen, Enrique Evans, Gustavo Lorca, Alejandro Silva, Alicia Romo y Luz Bulnes.
Ese 24 de septiembre de 1973 se definieron algunas líneas de trabajo y acordaron la forma de operar que tendría la Comisión. Un mes después, el Ministerio de Justicia creó por Decreto Supremo la Comisión Constituyente, también conocida como Comisión Ortúzar.
La misión era “reconstituir, renovar y perfeccionar la Institucionalidad Fundamental de la República para la cabal consecución de los postulados enunciados en el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno”, según consignó el decreto N° 1064 del 25 de octubre de aquel año.
En la primera sesión, Ortúzar indicó que la nueva Constitución debía “estimular y asegurar la iniciativa creadora de los particulares, pues ella, a través de la empresa privada, es el gran motor que impulsa el desarrollo económico de un país y que, a su vez, garantiza su libertad”.
La comisión sesionó hasta 1978 a puertas cerradas. “Se sabía que se reunían, pero los detalles de la discusión estaban en una nebulosa”, cuenta el historiador y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Sergio Grez, integrante del Núcleo Arte, Política y Comunidad que, desde hace un año, revisa las actas resultantes de ese trabajo en el marco del proyecto Comisión Ortúzar que dirige la profesora del Departamento de Teatro, Ana Harcha Cortés.
Hasta estos días…
En las actas que se redactaron, y que se encuentran en la Biblioteca del Congreso Nacional, se desprende la visión de país que debía consignar esta mesa de trabajo.
Si bien el documento desarrollado no tuvo carácter resolutivo, sirvió de base para que luego, con ciertos ajustes, el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno formularan lo que conocemos hasta hoy como Constitución Política de 1980.
La Comisión Ortúzar tuvo como principal objetivo resguardar el régimen dictatorial de cualquier ideología que atentara contra el Estado. Para lograrlo, declararon inconstitucional todo acto u organización que propugnara una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases. Además, establecía un modelo presidencialista, un Consejo de Seguridad Nacional compuesto mayormente por militares, un sistema electoral binominal, gobiernos locales presididos por alcaldes, entre otras materias que continúan rigiendo.
Pero, por sobre todo, se destacan las drásticas restricciones a la posibilidad de reformar la Constitución, como medida “para conservar el sistema instaurado” señala el profesor Grez, quien agrega que el anteproyecto fue “elaborado durante la fase más dura de la dictadura, con un marco general que no cumplía siquiera en apariencia con las normas más básicas de un referéndum democrático”.
Esta situación no es nueva en la historia del país, asegura el docente en su texto La ausencia de un poder constituyente democrático en la historia de Chile, donde indica que “una breve revisión de la gestación de las cartas constitucionales en el Chile republicano basta para ratificar la hipótesis de la ausencia de procesos constituyentes de carácter democrático”.
Coloquio “El arte como proceso constituyente”. Fotografía de Gonzalo Dalgalarrando.
Por lo mismo, insiste que luego de 35 años de “una Carta Magna elaborada en un período de terrorismo de Estado, por una comisión integrada sólo por personas proclives a la dictadura (sin negar por ello algunas divergencias que se produjeron en su seno) y aprobada en un plebiscito fraudulento, es necesario romper con la tendencia de las elites chilenas a apropiarse del poder constituyente para elaborar por primera vez una Constitución con protagonismo ciudadano mediante una Asamblea Constituyente”.
Lectura desde el arte
En ese contexto trabaja el Núcleo Arte, Política y Comunidad que integran, además de Ana Harcha y Sergio Grez, los académicos Mauricio Barría, Francisco Sanfuentes, Carolina Larraín y Rodrigo Torres, los egresados Gonzalo Dalgalarrando, Constanza Blanco, Benjamín Bravo, Tomás Henríquez, Andrés Maturana, Leonardo Durán, Daniela Jofré, Josefina Cifuentes y Carola Sandoval, e invitados como Patricia Artés, Nicole Camilli, Oriela Areyuna y Daniel Marabolí. Además, en el proceso han participado también Ignacio Agüero, Antonio Kadima, Pamela Figueroa y Cristián Muñoz, quienes se han interesado en el problema que el Núcleo está abordando.
Con fondos de la Iniciativa Bicentenario de la Universidad de Chile, el proyecto propone un trabajo interdisciplinar a partir de la historia, las artes visuales, el teatro, el cine y la música, para problematizar el contenido de esas actas y su impacto en la conformación republicana de Chile.
Revisando esos documentos han podido conocer cómo se gestó la Constitución y ser testigos de la escasa cabida del mundo exterior en esas reuniones. “Hablan de Derechos Humanos y ni siquiera mencionan que se estaba deteniendo y torturando. Es como si se refirieran a un Chile ideal enmarcado en un espacio fundacional y abstracto”, dice Ana Harcha sobre los documentos que define como “origen y presente, porque el orden económico, jurídico y legal que allí se debatió, transformó la estructura del país”.
Muestra primera fase de laboratorio escénico a cargo de Ana Harcha. Fotografía de Leonardo Durán.
Cómo se entiende hoy el derecho a la salud o a la educación, por ejemplo, responde a esta lógica instaurada por la dictadura. Son estos los “asuntos concretos de los que queremos hablar, porque nos aproblema e involucra el estado actual de las cosas”, dice la académica. Y es que aún cuando no cree que una nueva Constitución mejore radicalmente el escenario, sí le parece necesario “preguntarse por la construcción de lo real y por lo que el arte puede hacer en relación a ello”.
Artista comprometido con su contexto
La reflexión en torno al vínculo entre arte, política y comunidad ha sido central en este proyecto. “Para nosotros son preguntas fundamentales, pues venimos de distintas disciplinas, experiencias y formas de entender esas relaciones”, dice Ana Harcha. Y agrega que más allá de los intereses estéticos de cada integrante del Núcleo, comparten el estar “continuamente preguntándose por lo que el arte hace en el espacio de la vida real”.
Esa preocupación era habitual en los artistas en las décadas del 60, 70 e incluso 80, sujetos implicados con su contexto y con el momento que les tocó vivir, explica el académico del Departamento de Artes Visuales, Francisco Sanfuentes. “Había una especie de compromiso político masivo de parte de los artistas. Quizás no se cuestionaban su forma de producción, pero sí querían formar parte de ese nuevo mundo”.
Pero la desideologización que se impuso luego del golpe de Estado también se trasladó al campo del arte y, con ello, “la relativización de todo lo que sea de aspecto político para poner el foco en lo económico y en el bienestar y derecho individual”, dice el profesor. Y añade: “Hoy el arte es mayoritariamente autónomo y se dice que produce conocimiento cuando da vuelta sobre sí mismo”.
Muestra primera fase de laboratorio escénico a cargo de Patricia Artés. Fotografía de Andrés Maturana.
De allí que Sergio Grez enfatice que “salvo contadas excepciones, los artistas han estado ausentes de esta lucha política que se está gestando en el seno de la sociedad chilena”, emplazándolos a que “salgan de los cenáculos, de la academia, y se vinculen a la sociedad”, en referencia a la actual discusión en torno a la conformación de una Asamblea Constituyente.
Arte, política y comunidad
El vínculo con la ciudadanía que persigue este proyecto ha significado un diálogo permanente, y no siempre sencillo, entre los integrantes del Núcleo, que les ha permitido comprender cómo cada uno lee la relación con la comunidad y con el público, “entendiendo que hay otras maneras para que una obra se comunique o encuentre con otro”, afirma Ana Harcha.
De allí que junto a un coloquio, también hayan generado una exposición, performances e intervenciones en el espacio público con las que “buscan modos de relacionarse con la comunidad”, dice el profesor Sanfuentes, agregando que al ser un proyecto interdisciplinario, “debemos saber someter nuestras disciplinas de origen a la mirada del otro, confrontar y sacar algo en limpio de esos modos de entender la relación del arte con una comunidad”.
Intervención en Plaza Yungay. Fotografía de Francisco Sanfuentes.
Y precisamente en eso están ahora, definiendo las características de la propuesta con la que en marzo darán por finalizado este trabajo. “Como el tema es denso, estamos continuamente debatiendo. Pero sabemos que debemos terminar y sobre todo exponer la obra resultante ante gente ajena al proyecto”, concluye Ana Harcha.
Damaris Torres e Isis Díaz
Este artículo fue publicado en el número 14 de la revista Arte en la Chile de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
FUENTE: EL CIUDADANO
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