Frente Amplio Unitario

Políticos al Tribunal: Mucho ruido y pocas nueces

16/05/2015 |

Por Mario López M.

Recién el próximo 22 de junio se llevará a efecto la audiencia que fijará responsabilidades penales y eventuales medidas cautelares a los 5 políticos que recibieron dineros de Penta. Pero se está lejos de castigar a todos los involucrados y por todos los delitos que se les imputan.

Muchos más que los 5 políticos que serán formalizados, los UDI Jovino Novoa, Iván Moreira, Felipe de Mussy y Pablo Zalaquett y el RN Alberto Cardemil, son quienes aparecen relacionados facilitando facturas y boletas falsas. Los que extendieron dichos documentos, sin haber realizado trabajo alguno y percibieron ilegalmente devoluciones de impuestos, sin embargo no estarán frente a los fiscales como imputados. Tal cual.

Es un avance al menos esta formalización, es cierto, sobre todo a pesar de las presiones que desde distintos sectores se ha llevado a cabo para evitar penalizar a quienes financiaron irregularmente sus campañas políticas. Es una apuesta del Ministerio Público que no ha contado con el apoyo decidido del SII, organismo que hasta la fecha no se ha querellado individualmente en contra de quienes serán formalizados, salvo en contra de Jovino Novoa.

Eso ha alentado a los defensores quienes sostienen que "procesalmente lo que se ha hecho es improcedente", tal como lo asegura el abogado del senador Iván Moreira, Gabriel Zaliasnik. "Es verdad que el Ministerio Público tiene la facultad de formalizar una investigación cuando así lo desee pero en el caso de delitos tributarios, existe una mecánica distinta. La iniciativa la tiene el SII, el órgano técnico que está llamado a determinar cuándo hay hechos que revisten el carácter de un delito tributario que además ameritan ser castigados penalmente".

La respuesta de la Fiscalía

Desde el Ministerio Público la visión es distinta. Dos serían las razones que los llevan a asegurar que se está actuando conforme a derecho y que las formalizaciones en curso serán exitosas, además de los contundentes antecedentes que las fundan. El primero es que las denuncias y querellas que hasta el minuto ha efectuado el SII han sido no solo en contra de personas nominadas individualmente, sino que en contra de "todos aquellos que resulten responsables", lo que permitiría a la fiscalía actuar de oficio si los antecedentes son fundados, como en este caso.

Además, sostienen, de los documentos (boletas, facturas, correos, etcétera) que obran en el expediente, aparecen antecedentes más que suficientes para formalizarlos. También existen antecedentes previos, como el de Carlos Bombal, el exsenador UDI que ya se encuentra formalizado por facilitación de boletas ideológicamente falsas y contra el cual no existía ni querella ni denuncia previa del SII. Eso alentó a los persecutores en esta oportunidad. Eso y la inminencia de que Sabas Chahuán tiene en su cargo "fecha de vencimiento".

Tampoco han descartado desde la Fiscalía iniciar nuevas acciones en contra de otros políticos involucrados en el caso Penta y que paradojalmente no fueron incluidos en esta formalización. Esto recién comienza, aunque su futuro no se encuentre asegurado, sobre todo de acuerdo a las últimas actuaciones garantistas del poder judicial, que ha accedido a todas las peticiones de las defensas en las rebajas de intensidad en las medidas de cautelares Carlos Délano, Carlos Lavín, Pablo Wagner y Patricio Contesse.

¿Y los otros?

A mucha gente llama la atención que los nombres de Ena von Baer, Andrés Velasco y Laurence Golborne, quienes también declararon como imputados en la arista Penta, no se encuentren en la nómina de formalizaciones. ¿Desistió el Ministerio Público o solo se trata de casos distintos? La respuesta va por esta última opción.

La situación de la senadora Ena von Baer por ejemplo, dependerá de qué suceda con Jovino Novoa, quien actuó como su "operador" consiguiendo y facilitándole facturas, además de estar pendiente la figura de cohecho sobre ella. Andrés Velasco y Laurence Golborne "aún están siendo investigados y no se descarta actuar a su respecto", aseguran a Cambio21 fuentes cercanas al caso. Además en el caso de Von Baer y otros políticos, tampoco se excluye perseguir su responsabilidad por otros delitos.

¿Y el cohecho?

No ha dejado tampoco de llamar la atención que la solicitud de formalización solo alcance a los delitos tributarios, pues en todos los casos se imputó "facilitación de documentos ideológicamente falsos" en infracción al artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario. Facilitación que consiste en obtener de un tercero boletas o facturas para respaldar gastos en una contabilidad sin haberse prestado servicios efectivos.

Nada se dijo acerca de cohecho, por ejemplo, delito que comete un empleado público que solicita o acepta recibir un beneficio económico indebido para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, por omitirlo, por infringir sus deberes, por ejercer influencia o cometer un delito funcionario (artículos 248, 248 bis, 249 del Código Penal).

Sobre todo porque Ena von Baer, Jovino Novoa, Iván Moreira y Alberto Cardemil, entre otros, eran funcionarios públicos (parlamentarios) al momento de "solicitar" o "aceptar" beneficios económicos al margen de la ley. Basta que se pida, aunque no aparezca una contraprestación u omisión como consecuencia inmediata al dinero mal habido. Así se declaró en el caso de Pablo Wagner al formalizarlo por este delito.

Medidas cautelares, desafueros y penas

Dada la gravedad del delito imputado y que no se accionó por cohecho, parece muy poco probable que se soliciten medidas cautelares que impliquen privación de libertad en contra de la mayoría de los que serán formalizados en próximo 22 de junio. Está el caso del señalado exsenador de la UDI Carlos Bombal quien solo quedó con firma semanal y arraigo nacional.

Tampoco se solicitará el previo desafuero de los dos parlamentarios que se encuentran actualmente en funciones, Iván Moreira y Felipe de Mussy, pues a criterio de la fiscalía y teniendo como precedente otros casos anteriores de parlamentarios que fueron formalizados antes de ser desaforados, mientras no se pida a su respecto medidas cautelares, no es necesario desaforar.

Las penas tampoco serán gravosas, pues el delito que se les imputa alcanza en su máxima expresión a los 5 años de prisión, que difícilmente podrá ser efectiva, dados los juegos de atenuantes que beneficiarían a los eventualmente condenados. Distinto es el caso de Jovino Novoa (el único respecto al cual existe querella individual por el SII), por el monto (más de 30 millones de pesos) y por la reiteración de delitos tributarios.

Jovino Novoa

Al exsenador y principal rostro de la UDI se le imputa ser autor de delito tributario consumado y reiterado de aquellos sancionados por el artículo 97 N° 4 inciso quinto del Código Tributario. Novoa aparece entregando facturas para Penta, provenientes de diversas sociedades, entre ellas Inversiones y Mandatos S.A., Guerrero y Cía. Ltda. La situación de una agente de viajes, Teresa Riera resultó ser escandalosa. Declaró en fiscalía que desconocía en qué y para qué se usaban sus boletas y añadió que la firma puesta en ellas era falsificada.

Según el testimonio de la secretaria personal de Novoa: "el talonario de boletas de la señora Riera me fue entregado aproximadamente en el año 2006 por la señora Cecilia Ibáñez, la administradora anterior del estudio, señalándome que las guarde y que emitiese alguna si don Jovino las necesitaba. No me llamó la atención en ese momento de que las boletas fueran de una tercera persona". Las órdenes del monto y de la glosa, emanaban del mismo Novoa.

El nombre de Novoa en su rol del "hombre del maletín", fue revelado en las declaraciones ante la fiscalía por Hugo Bravo, exgerente de Penta. Este afirmó que Novoa era quien pedía y distribuía los dineros que el holding le entregaba entre candidatos de la UDI. Una cinta conocida por la opinión pública en que Bravo dialogaba con Carlos Lavín, uno de los dueños y controlador de Penta, fue el primer indicio. Además los dueños de Penta ratificaron tal hecho.

La ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, también testimonió ante los fiscales asegurando que Novoa le pidió una boleta de $ 6,2 millones que figura a su nombre en la carpeta investigativa de otra de las aristas de financiamiento ilegal de campañas, esta vez de la arista SQM. Novoa se negó a declarar ante los fiscales desafiándolos y acusándolos de realizar una investigación ideológicamente falsa a su respecto. Ante la prensa ha asegurado que ni siquiera la UDI podría sancionarlo.

Es el único que arriesga medidas cautelares de privación de libertad, por la reiteración de delitos tributarios (cometidos en distintos periodos) y por su nula cooperación en la investigación de la causa. Un hecho "escandaloso y contraproducente" lo constituye que el SII le haya "condonado" multas e intereses el año 2013. "Se ha abierto un sumario interno al respecto", declaró públicamente el SII al quedar al descubierto esta situación.

Impuestos Internos presentó querella criminal en contra del exsenador y actual presidente de la Fundación Jaime Guzmán en su calidad de persona natural por "la facilitación dolosa de 6 facturas exentas de IVA y 3 boletas de honorarios ideológicamente falsas a distintas empresas del Grupo Penta, y la evasión del Impuesto a las donaciones asociado a estas operaciones que suman más de $36 millones".

También la querella lo alcanza  "en su calidad de representante legal la empresa Inversiones y Mandatos S.A., (donde) se le acusa por la presentación de 6 declaraciones de impuestos maliciosamente falsas en el lapso comprendido entre los años tributarios 2009 a 2014, al haber incorporado 11 boletas de honorarios falsas, emitidas por terceros, por un monto total $30.855.854".

Sin embargo Novoa trata por todos los medios de detener las acciones en su contra. Ahora presentó un recurso de nulidad en que pide se deje sin efecto la audiencia de su formalización, por haber sido presentada por el Ministerio Público sin que existiera con antelación una querella criminal del SII en su contra. El "hombre del maletín" ha intentado reiteradas medidas dilatorias para que dar impune de los delitos que se le imputan. Hasta ahora, sin éxito.

Iván Moreira

El actual senador de la UDI, único confeso públicamente de "irregularidades" en el financiamiento de su campaña, pero que "no constituirían delito", según sus dichos, solicitó lastimeramente de Penta y recibió, importantes sumas de dineros. Desde septiembre de 2014 que el fiscal Carlos Gajardo estaba en conocimiento que Moreira había facilitado boletas falsas de terceros, empleados suyos la mayoría, como su chofer y secretaria.

El 4 de enero de este año, se dio a conocer una serie de correos electrónicos enviados desde y hacia Penta por diferentes políticos. En ellos, Iván Moreira aparecía explicitando su petición de dineros: "¿Me tienes castigado, Hugo? Te estoy llamando hace 10 días. Trata devolverme llamada. Un abrazo", escribió Moreira el 30 de enero de 2013 a Bravo, ex gerente de Inversiones de Penta III. Pocos instantes después volvió a escribir: "te mandé las dos boletas y la cuenta", "Tú crees que se pueda un raspado de la olla para los últimos 100 m de campaña" y "para los 1.000 metros finales, queda algún cupón de combustible? Avísame. Un abrazo y mi gratitud para toda mi vida".

No se esperan a su respecto medidas cautelares, pues no ha sido objeto de desafuero. Las penas que arriesga son de 5 años al igual que los otros formalizados y se duda que reciba una eventual sentencia privativa de libertad. De resultar condenado a una pena inferior a 3 años y un día (pena aflictiva), no perdería su cargo y seguiría ostentando el tratamiento de "honorable".

Felipe De Mussy Hiriart

Diputado de la UDI desde 2014 y exfuncionario de la administración Piñera en la Subdere y en el Ministerio de Desarrollo Social, está acusado de haber facilitado 2 boletas ideológicamente falsas entregadas por José Tomás Garcés, quien declaró ante la fiscalía que nunca prestó servicios a Penta, lugar donde fueron a parar sus boletas. 
El dinero fue a la campaña del diputado, de acuerdo a lo señalado por Garcés. Además confesó que contactó a Hugo Bravo a solicitud de De Mussy para conseguir financiamiento para este. Las boletas se extendieron por $ 4.500.000 y $ 2.700.000 respectivamente.

Pablo Zalaquett

Nunca ha sido parlamentario y en la oportunidad que pretendió llegar al Senado fue duramente derrotado por Andrés Allamand, su compañero de lista. En dicha campaña consiguió financiamiento de todo tipo. Zalaquett el 2013 recibió $ 716.372.420 por donaciones según Servel. Un 83% del total que recaudó eran donaciones reservadas. Aparte de ello recurrió a Penta, Corpbanca, Ripley, Alsacia y Soquimich, quienes de acuerdo a la carpeta investigativa, le giraron fondos por distintos montos, fuera del marco de la Ley Electoral.

La famosa grabación de la conversación del dueño de Penta, Carlos Lavín y el ex mano derecha del Holding, Hugo Bravo, también salpicó al dirigente de la UDI: "(giré) cheques míos a (...) Zalaquett, que nos pidió en efectivo, que nos pidió (Carmen) 'Coca' de Castro", señala la cinta. El exalcalde reconoció haber solicitado y recibido dineros irregulares pero se escudó en que ello no constituiría delito.

Carmen de Castro, exjefa de campaña del exalcalde y excandidato a senador, fue quien coordinó los pagos e instruyó a los asesores de la fallida postulación parlamentaria a girar las facturas a los RUT de Penta y las demás empresas, para así recibir dineros para la campaña. Es uno de los más complicados por la reiteración de ilícitos frente a distintas empresas.

Alberto Cardemil

Es el único no militante UDI y que mantiene suspendida su participación en Renovación Nacional. La mentada cinta de conversaciones entre Lavín y Bravo también incluyen al RN y en ese entonces diputado, Alberto Cardemil, a quien "se le aportaron alrededor de 10 millones de pesos. Respecto de las boletas de Saúl Quiroz Bedoya y Luis León Quinteros no efectuaron ningún trabajo para Penta ni para Penta III".

Se trata de dos abogados que estaban relacionados con Cardemil y su partido y quienes declararon judicialmente reconociendo haber entregado las boletas sin haber prestado servicio alguno para Penta, sino que fue un "favor" al diputado para su campaña. En enero de este año, declaró "Yo di el pase para que los abogados dieran una boleta y que después me aportaran la plata". El ex líder de RN y exsubsecretario de Pinochet, confesó que dichos profesionales "no le efectuaron ningún servicio real" a Penta.

No arriesga privación de libertad y una eventual condena no superaría los 5 años. Ello a menos que la querella se amplíe a cohecho por haber solicitado y recibido dinero siendo diputado de la República.

FUENTE: CAMBIO 21