Frente Amplio Unitario

Cuando faltan recursos para Educación desviaron fondos que iban a estudiantes vulnerables

02/08/2014 |

Por Mario López Moya

Investigación de Contraloría determinó que 77 municipios y 28 corporaciones municipales desviaron a otros gastos, fondos asignados para la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

La SEP consiste en un monto de dinero que el Estado entrega a los establecimientos educacionales (municipalizados y particulares subvencionados), por cada alumno "prioritario" que estudie en ellos. El objetivo de la ley es, por propia definición, mejorar la calidad de la educación que estos establecimientos entregan. Los "estudiantes prioritarios", por su parte, son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.

Desviados a otros fines

Los 300 millones de dólares anuales que el Estado de Chile asigna a este fin, han sufrido un no menor desvío de destino por parte de muchas municipalidades y corporaciones municipales. Los usos de fondos en fines distintos a los establecidos en la ley ha llegado incluso a Tribunales, donde el Consejo de Defensa del Estado ha presentado ya querellas criminales por estos hechos.

Una de las propulsoras de la creación de la Comisión Investigativa es la diputada y ex ministra de Educación, Yasna Provoste (DC), quien señala que "existen más de $25 mil millones faltantes en las cuentas corrientes (municipales) además de un elevado número de recursos gastados en ítems no autorizados" por la ley. "Esperamos que esta comisión investigadora logre entregar luces pero también establezca controles y sanciones adecuadas para quienes han defraudado la fe pública respecto de no hacer llegar los recursos de la subvención escolar preferencial a donde tenía que ser", manifestó a este medio.

Para el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Christian Vittori (DC), "el tema de los desvíos de dineros por parte de los municipios, tuvo un problema en su origen, pues cuando recién se aprueba la ley, las platas llegaron antes que los municipios entregaran sus proyectos de mejoras educativas, entonces muchos municipios comenzaron a girar, con cargo a estos recursos, en cosas no asociadas al proyecto de mejora educativa", señala.
Agrega el alcalde Vittori a Cambio21 que los dineros se han gastado en las mismas municipalidades, aunque "si bien es cierto se destinan a fines educacionales, en gastos corrientes de educación, no lo hacen en los proyectos para lo cual los fondos estaban destinados. Eso aconteció, además, por los problemas que tenían los municipios de financiamiento. Luego, cuando sale la investigación de la Contraloría, recién los municipios se dan cuenta que ello no debía hacerse", asegura.

¿Y quién fiscaliza?

Por ley, la fiscalización corresponde a la denominada "Agencia de Calidad de la Educación", actualmente dirigida por Luz María Budge, profesora y decana de la Facultad de Educación y Ciencias de la Familia de la Universidad Finis Terrae. Dicha entidad fue creada el 11 de agosto de 2011 y "tiene como finalidad mejorar la calidad de la educación para que todos nuestros niños y jóvenes puedan tener igualdad de oportunidades", señala en su presentación. En realidad la Agencia de Calidad debe "evaluar los logros de aprendizaje, dar orientaciones de mejora en el desempeño de los establecimientos e informar a la comunidad", sobre los resultados. Ello ha sido justamente lo que más se ha cuestionado.

 

"Hoy día tenemos una Agencia de Calidad -señala a Cambio21 el diputado Felipe Kast (Evopoli)-, pero la clave es controlar que las escuelas tengan profesores y resultados de calidad, para que efectivamente no se boten los recursos a la calle y la forma de hacerlo es que el Estado exija que aquellas escuelas que no funcionan con calidad, ya sean públicas o privadas, tengan que ser intervenidas, mejoradas, apoyadas o eventualmente cerradas si lo que entregan no es una educación de calidad. Así se lo hemos planteado al Ministerio, aunque desgraciadamente se han ido las líneas por otro lado, pero la única forma de fiscalizar que los recursos se ocupen bien, es focalizándose en calidad", asegura.

La falta de fiscalización

 

Para el exdiputado Manuel Rojas (UDI), el tema pasa por la falta de fiscalización: "Hoy día, justamente lo que no se tiene es el control de ciertos gastos, y esto no es el problema de un gobierno u otro, es un tema de un Estado que no ha sido capaz de fiscalizar, y no solo en materia de educación en relación al SEP. Pero en particular acerca de las subvenciones, esto ha atravesado a varios gobiernos que han dejado ‘estar' el problema, debido a las presiones que han hecho los alcaldes", afirmó a Cambio21.

El exdiputado gremialista, quien además es profesor, indica que el tema es un problema país, pues no existen buenos filtros del cumplimiento de metas, lo que ha llevado incluso a aprovechamientos de privados en distintas áreas como obras públicas. Pero señala que "la falta de fiscalización se dio también en las platas SEP, las que tenían un sentido muy positivo, pues era algo destacable el dar recursos para los niños vulnerables de los establecimientos educacionales municipalizados, fundamentalmente, pero el gasto en ellos nunca fue evaluado", expresa.

¿Qué pasa con la subvención si el establecimiento no mejora la calidad de su educación?

Es posible que un establecimiento obtenga reiteradamente resultados deficientes en la educación de sus alumnos. Si ese es el caso, el establecimiento será catalogado como "en recuperación" y no seguirá recibiendo la subvención. Sin embargo, recibirá un aporte monetario especial destinado a hacer las gestiones para salir de esa categoría, como presentar el Plan de Mejoramiento Educativo, hacer reestructuraciones, reasignar docentes, etc. Cuando el establecimiento alcance los estándares de calidad de educación exigidos, podrá volver a solicitar la subvención.

Casos emblemáticos

Quizás el caso más conflictivo se provoca en la región de Atacama y en particular en su capital Copiapó. Cientos de docentes paralizados y algunos miles de estudiantes sin clases, ha sido la consecuencia del no pago de las subvenciones escolares, pertenecientes a los fondos SEP, por parte del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Copiapó. Ello a pesar que su alcalde, Maglio Cicardini Neyra, asegura que alcanza un 90% de cumplimiento de las priorizaciones SEP.

Para el diputado Lautaro Carmona (PC) y el otro promotor de la Comisión Investigadora, "el municipio de Copiapó no es el único que debe rendir cuentas respecto al uso de dineros SEP, así se ha pronunciado la Contraloría en distintos momentos, pero es el único que tiene en huelga a parte de sus profesores y asistentes de la educación, y movilizados a estudiantes y apoderados", indica a Cambio21.

 

El parlamentario comunista afirma que por parte del alcalde de Copiapó, "lamentablemente no ha habido respuesta que sea comprensible, es más, elude la respuesta frente a los medios, lo que agrava mucho más la angustia de no saber dónde está la caja negra, por qué no hay respuestas claras ni hay pronunciamiento, menos hay solución a un tema tan serio, que es que al día de hoy no se reciban los recursos en materiales que deberían haberlos recibido en marzo", denuncia.

Pero claramente no es el único caso. Entre las 77 municipalidades se encuentra el caso de Antofagasta, "con más de 400 millones de pesos que no tenían respaldo y para qué decir en otros municipios, entonces es claro que la mayor debilidad que tenemos es la ausencia de control de los gastos", aseguró Carmona a Cambio21.

La situación judicial

Manifiesta el alcalde Vittori, edil de Maipú, que es necesario distinguir si estamos frente a faltas administrativas o delitos: "Si efectivamente en la investigación, se acredita que existen municipios que demuestran que ellos imputaron gastos corrientes en materia de educación, producto precisamente del déficit que ellos tienen, evidentemente se deben tratar como cuestiones de faltas administrativas. Pero si hubiera casos en que el municipio efectuó el gasto no asociado a educación, estamos en presencia de algo más que una falta y se debe determinar allí algún tipo de sanción", concluye.

El diputado Carmona es más tajante: "Está de por medio ver si hay malversación, si hay omisiones, si hay mala contabilidad, y espero no lleguemos a otro tipo de situaciones que comprometan ya penalmente el ejercicio de quienes están a cargo de implementar los recursos SEP", manifestó.

El diputado Felipe Kast, independiente de derecha, no deja pasar la oportunidad de efectuar una crítica: "Existe un doble estándar pues los que desvían los fondos no son los particulares subvencionados sino que los municipios. Lo que hace el gobierno, en vez de exigirles que se ordenen, les da más recursos para paliar las deudas que tienen como por ejemplo con sus trabajadores, entonces al final las señales son bastante confusas a este tema. No puede darse un trato preferente a los municipios que pueden desviar los recursos, mientras que los particulares subvencionados, cada peso deben rendirlo", manifiesta.

Solución compleja

El exdiputado de la UDI, Manuel Rojas, es claro en reconocer que no existe ningún partido o movimiento que esté al margen de los cuestionamientos. Pero la cuestión será ver cómo se soluciona: "Respecto al desvío de fondos que estaban previstos para el SEP, hay un problema delicado que va a tener que solucionarse con voluntad política en un acuerdo político, porque si los alcaldes han gastado la plata donde no corresponde, pueden ser sujetos de acusación por apropiación indebida de recursos que habían sido destinados a materias diferentes en lo que se han gastado, entonces el tema es sumamente complejo y además transversal, les toca a todos los sectores", señala.

Mucho de cierto existe en lo señalado por el también profesor Manuel Rojas. De determinarse que los desvíos de recursos constituyen actos ilícitos e ilegales, serán decenas los alcaldes que podrían terminar sancionados y eventualmente penalizados. La explicación de que los fondos se utilizaron en materias educacionales, aunque no propias del SEP está por verse y será parte de la investigación de la Cámara y la que hoy dirige penalmente el CDE. Ya no será posible "echarle tierra" al problema, que es de todos. ¿Una ley que ampare los gastos en otras materias no autorizadas? Si bien no existe claridad sobre la solución, es un secreto a voces que esa alternativa se ha discutido en la Comisión de Educación de la Cámara.

 

Las municipalidades son pésimas administradoras

Es tajante al momento de evaluar el rol de administrador de las municipalidades el presidente de la asociación de esas instituciones, Christian Vittori: "Está bastante claro que lo que las municipalidades han administrado en materia de educación todos estos años, ha sido evidentemente deficitario. Ha sido difícil administrarlo, producto que partió absolutamente desfinanciado, por lo que se ha hecho lo que se ha podido por los municipios con un sistema que todos los días había que parcharlo. Recordemos que los municipios tienen una deuda con el Fisco de más de 200 mil millones de pesos, sin contar las deudas con proveedores y lo que adeudan al sistema previsional, lo que demuestra que este sistema nunca ha estado financiado", asegura.

Reconoce Vittori "que cuando esto partió en la década de los 80, no todos los municipios estaban preparados para administrar educación, y por eso hemos sostenido que al tener un sistema desmunicipalizado, en general el Estado va a poder hacerse cargo a través de un servicio local y podrá responder de mejor manera a administrar no solo recursos, no solo un presupuesto, sino que además desarrollar una preocupación de fondo, como es el desarrollo curricular de los colegios, meterse derechamente en el tema de calidad y no solo de administrar", concluye.

 

Desmunicipalizar es el verbo

El alcalde de Macul, Sergio Puyol (DC), encabeza uno de los pocos municipios que pasó la "prueba de la blancura". Manifiesta a Cambio21: "Yo creo ser el primero y el único municipio que tiene adoptada una determinación del Concejo Municipal, en que nos pronunciamos por la desmunicipalización. Si se quiere hacer una reforma, una reforma de fondo que es tan necesaria, la prioridad debe ponerse en la educación pública. Se debe potenciar la educación pública, tal como lo fue en su oportunidad, con liceos emblemáticos por su gran desempeño, en donde el Fisco gastaba de manera importante en los liceos fiscales. No veo la razón que se tuvo en su momento para municipalizar", asegura.

El diputado Kast cree que el tema pasa por un tema de eficiencia: "No hay fórmulas mágicas. Más que municipalizar o desmunicipalizar, lo que importa es una buena gestión y ello puede depender del municipio o no, lo que realmente importa es cómo se va a mejorar la gestión en la educación pública, que hoy día es un desastre, donde el estatuto docente y una serie de mochilas hace que no pueda estar a la altura", sentencia.

 

FUENTE: CAMBIO 21