miércoles, 27 de agosto de 2014

El candidato Piñera y las irregularidades en la Secom bajo su mandato

Para la ciudadanía es un tema crucial. No solo porque se trata del dinero de todos sino porque, de comprobarse tan mal uso, estaríamos frente a una manipulación flagrante de la opinión ciudadana y una falta de probidad política que golpea los principios de responsabilidad que deben guiar a todo gobierno democrático.
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Un preinforme de auditoría de la Contraloría General de la República, a gastos de publicidad del Ministerio Secretaría General de Gobierno durante los años 2011, 2012 y 2013, al que tuvo acceso El Mostrador, contiene un conjunto de objeciones a la gestión de esa secretaría de Estado, que evidencian graves faltas administrativas y eventuales transgresiones a la probidad durante el gobierno de Sebastián Piñera.
El documento, fechado el 14 julio de 2014, involucra directamente a la División de Comunicación y Cultura (Secom) de ese Ministerio, que actualmente dirige Paula Walker, el que de acuerdo a la ley actúa como órgano de informaciones del Gobierno, y debe difundir los planes, orientaciones políticas y obras realizadas, a través de los programas especiales de comunicación.
El tema cae justo en el momento en que el gobierno y Sebastián Piñera están trenzados en una gruesa disputa comunicacional, a raíz de declaraciones de incompetencia del ex Presidente en contra de Michelle Bachelet. Pese a ello, llama la atención que en torno a la auditoría de la Contraloría se generara un fair play de mutuo silencio, y no se conoce el tipo de explicaciones que el actual gobierno –que es el que debe contestar– dará a las observaciones de la Contraloría.
Los auditores se concentraron en gastos y adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a los procedimientos normales de la Contraloría. Según la información obtenida del Sistema de Información Financiera del Estado, SIGFE (Subtítulo 22-07 “Publicidad y Difusión”), el presupuesto de Segegob para publicidad tuvo un alza de cerca de 500 por ciento entre 2011 y 2013.
Para la ciudadanía es un tema crucial. No solo porque se trata del dinero de todos sino porque, de comprobarse tan mal uso, estaríamos frente a una manipulación flagrante de la opinión ciudadana y una falta de probidad política que golpea los principios de responsabilidad que deben guiar a todo gobierno democrático.
Pese a que el Ministerio publicó su plan de compras cada año en el portal www.mercadopublico.cl, los datos consignados no tienen relación con el presupuesto realmente ejecutado, llegando el año 2013 a exceder en 1.128% lo planificado. (Plan de compras por 288 millones y realmente ejecutado por 3.542.540 millones).
Según la Contraloría, ello “da cuenta de la falta de planificación… y vulnera los principios de control, eficiencia y eficacia” establecidos en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
La auditoría da cuenta, además, de la falta de control en la adquisición de textos. Según los registros, entre ellos el sistema contable, así como los registros de egresos, las órdenes de compra y sus respaldos, no se puede “conocer la cantidad de ejemplares de los textos adquiridos por esa repartición”, dejando en la ambigüedad toda la gestión de contrataciones en temas comunicacionales con empresas. Amén de lo anterior, hay problemas en el inventario y control físico de los impresos almacenados, y dicho material se acopió en dependencias no aptas, incluso lugares que sirven de vías de evacuación y sin resguardo de seguridad “del material ahí apilado”.

Cuentas poco claras

Es posible que el examen de cuentas sea el que contiene las objeciones más graves del informe preliminar de auditoría. Este consigna que, durante la revisión documental, “se tomó conocimiento de tres textos y de una colección de libros regionales… (sobre) logros alcanzados por la administración del gobierno anterior”, con fotografías y testimonios de ciudadanos sobre el Bicentenario.
Los textos “Bitácora Bicentenario. Chile 200 años” y “Chile Avanza con Todos, Balance del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echeñique 2010-2014” pertenecen a la Colección Memoria Presidencial. Según la auditoría, “el último texto citado consta de 415 páginas e incluye 468 fotografías, de las cuales 131 corresponden al ex mandatario”.
El documento concluye que el contenido de los libros mencionados no cumple con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera del Estado, que dispone que “los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan”. Y recalca más adelante que, de acuerdo a las Leyes de Presupuesto de los años 2013 y 2014, en caso alguno es posible “efectuar campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una autoridad específica o del Gobierno en general…” y que el incumplimiento de estas disposiciones “contraviene el principio de probidad administrativa establecido en el artículo 52 de la Ley 18575”.
Cabe señalar, asimismo, que en los pagos de estos y otros libros también intervino el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y que, por tanto, el cuestionamiento de la Contraloría, involucra junto a Andrés Chadwick a Cristián Larroulet, tocando así el núcleo duro de lo que fue la administración piñerista.
Agrega el documento que hay otros dos libros en igual condición, uno de los cuales es “Primera Dama. Al servicio de los chilenos”, también de la Colección Memoria Presidencial, que “da cuenta de las actividades en las cuales participó la ex primera dama Cecilia Morel y de los programas creados durante el gobierno de Sebastián Piñera, y donde aparecen 422 fotos de las cuales 218 corresponden a ella”.
Existen en el documento de auditoría, además, observaciones a la ausencia de medios de verificación de bienes y servicios adquiridos en materia de publicidad, adquisiciones sin órdenes de compra, falta de respaldo documental y, como ya se señaló, fraccionamiento de la contratación en servicios de impresión entre la Segpres y la Segegob.
Tal como se plantea el tema, los gastos ministeriales son criterios de gobierno, pero su implementación es un asunto de Estado, pues se trata de fondos públicos sujetos a estricta reglamentación de ejecución.
El ex Presidente Sebastián Piñera actúa como candidato presidencial y resulta probable que se refiera a este tema en carácter de tal y no bajo el criterio de responsabilidad y legalidad de su gestión presidencial pasada y, en consecuencia, con una explicación plausible acerca de la calidad y eficiencia de este gasto que lo involucra tan directamente.
En cuanto al gobierno, es posible que, aun cuando se requiere siempre vocería oficial en estos temas por el principio de la transparencia frente a la ciudadanía, incurra en omisión o bajo perfil, ya sea porque no percibe su importancia, por desaprensión, falta de profesionalismo de sus equipos o simplemente para no abrir debates que puedan generar efectos búmeran sobre su propia gestión.
Para la ciudadanía es un tema crucial. No solo porque se trata del dinero de todos sino porque, de comprobarse tan mal uso, estaríamos frente a una manipulación flagrante de la opinión ciudadana y una falta de probidad política que golpea los principios de responsabilidad que deben guiar a todo gobierno democrático.
 
FUENTE EL MOSTRADOR
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