Frente Amplio Unitario

 

Asesinato de Carlos Prats y su esposa: La DINA internacional: Una víbora venenosa

23/08/2014 |

Por Mario López M.

Hace pocos días se conmemoraban los 39 años de la Operación Colombo. Quien coordinó desde Argentina el montaje de los supuestos enfrentamientos que terminaron con la vida de 119 compatriotas, fue el miembro de la DINA Enrique Arancibia Clavel. El mismo que un año antes había sido el nexo para el crimen espantoso y cruel del ex Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en ese país vecino.

El asesinato de Carlos Prats se trató de una operación decidida al más alto nivel del gobierno de facto imperante en nuestro país, en la cual se ha sindicado al propio Pinochet como su autor intelectual, a Manuel Contreras como su operador y al coronel Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann como quienes entregaron las órdenes del crimen y los medios para cometerlo. Arancibia Clavel, Michael Townley y varios más aparecen sindicados como los partícipes directos.

Los autores intelectuales

En sus declaraciones judiciales ante la Jueza argentina que conoció el caso, María Servini de Cubría, Michael Townley, uno de los partícipes directos de los asesinatos, interrogado acerca de quién emanó la orden, declaró: "tratándose del general Prats, (...) No creo que la orden haya emanado de Contreras. Pero la orden me fue dada por Iturriaga y Espinoza y en cierto momento por Contreras... ¿Si creía que sus órdenes emanaban de una autoridad superior (a Contreras)?: Sí que lo creía".

En todo caso Townley había sido más explícito en sus declaraciones policiales en la causa que seguía el ministro Bañados en Chile: En una reunión a mediados del año 1974, en una reunión de alto mando en que se encontraba presente Pinochet, éste manifestó a los mandamases de la DINA, que "Prats era un hombre muy peligroso para Chile". En ese contexto Manuel Contreras y Pedro Espinoza habrían ordenado ejecutar el crimen, aseguró Townley.

La tardía reacción de Chile

Desde el alevoso crimen que mancilló el honor del Ejército, al haberse asesinado por sus propios hombres a su ex Comandante en Jefe, pasaron 22 años hasta que en 1996 el Estado de Chile se hizo parte en la causa que se tramitaba en Argentina. Durante todo ese tiempo las tres hijas de Prats habían bregado sin éxito buscando justicia. La impunidad prevaleció en tiempos de la dictadura, donde todas las puertas se cerraron y luego ante los gobiernos democráticos que habían sucedido a Pinochet.

Múltiples presentaciones ante ministros, las presidencias de ambas cámaras del Congreso y diversas autoridades acompañando las pruebas de que se podía disponer, por fin dieron sus frutos. Un exhorto emanado del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 1, de fecha 23 de enero de 1996 y suscrito por la Jueza Servini y Enrique Méndez, Secretario Federal, dirigido al entonces Director de la Policía de Investigaciones de Chile, Nelson Mery, prendieron las alarmas de las autoridades nacionales.

El exhorto rogaba hacer entrega, en forma "URGENTE, toda la documentación y todos los antecedentes, acerca del homicidio de Orlando Letelier"... En Argentina se había logrado determinar que ambos crímenes, de Letelier y la familia Prat-Cuthbert, estaban relacionados en cuanto a sus autores. Notificadas las máximas autoridades nacionales, en un hecho histórico, un día después, el 24 de enero, el Ministro del Interior de la época, Carlos Figueroa, ordenaba al Encargado de Negocios de nuestro país en Argentina, hacerse parte en el proceso judicial que ese país había comenzado.

"Un crimen que afectó la dignidad del Estado de Chile"

El Ministro Figueroa apeló como fundamento para la medida, el que el asesinato de Prats y su esposa, "afectó la dignidad del Estado de Chile, causándole un grave perjuicio". En la misma fecha y mediante Oficio Reservado, se solicitó al Consejo de Defensa del Estado, estudiar el hacerse parte en el proceso. Estos documentos tenidos a la vista por Cambio21 de manera exclusiva, pusieron en marcha una delicada operación que terminó por descubrir todos los pormenores del brutal homicidio y que terminara condenando a un número importante de quienes participaron en él.

Mery, dos días después, disponía mediante oficio "con reserva absoluta", el envío de 2 hombres de la PDI a Argentina, para que "colaboraran con la justicia" local. También se dispuso la colaboración del entonces abogado del Ministerio del Interior y activo colaborador de materias de DDHH, Luis Toro, quien viajó a ese país a coordinar las gestiones de colaboración jurídica.

Enrique Arancibia Clavel, el dinamitero

Ya se encontraba bajo poder de las autoridades judiciales y detenido, Enrique Arancibia Clavel. Su nombre no era ajeno en actos de violencia ocurridos en Chile por aquella época. Residía en Argentina oculto de las autoridades nacionales, pues había sido sindicado como coordinador en el asesinato del comandante en jefe del Ejército de nuestro país, René Schneider ocurrido en 1970.

Ostentaba por aquel entonces el apodo del "dinamitero", en alusión a su especialidad en el manejo de explosivos que usaba en los atentados contra el gobierno de Allende, en su calidad de militante del extremista grupo paramilitar de derecha "Patria y Libertad". Al momento del golpe de 1973, Arancibia Clavel, proveniente de una "familia militar", se puso a disposición del nuevo gobierno y un par de meses después, se "ofreció" como enlace en Argentina en la DINA.

"Lo hice para saludar al entonces coronel Manuel Contreras y ofrecerme a su disposición para llevarle cualquier tipo de información (...) A los pocos días fui entrevistado por un oficial de la DINA al que por su cargo llamaban ‘Don Elías' (Raúl Iturriaga Neumann) y que era uno de los jefes del Departamento Exterior. Me dio instrucciones de cómo debía hacer llegar la información a través del canal que considerara más idóneo, explicándome que no debía utilizar mi verdadero nombre ni tampoco divulgar mi condición de miembro del Servicio Exterior de la DINA".

Un pájaro de cuentas en la Operación Cóndor

En 1975 fue pieza fundamental en la puesta en escena del crimen de los 119 de la Operación Colombo. Arancibia Clavel colaboró con las desapariciones, entregando información y delatando a los opositores chilenos que se habían refugiado en Argentina, después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Ostentaba ser un funcionario del Banco Chile con importantes conexiones comerciales en nuestro país.

Ya estando condenado en la causa Prats, el ex agente de la Dina fue acusado de privación ilegal de la libertad y torturas en contra de unas detenidas que le reconocieron. Las víctimas chilenas afirmaron que Arancibia Clavel dirigía las sesiones de tormento en los campos clandestinos de detención, que funcionaron durante la dictadura militar trasandina, en ql marco de la Operación Cóndor.

En 1978 junto a otras 5 personas, Arancibia Clavel sería arrestado por "espionaje" en pleno conflicto por el Beagle entre Argentina y Chile. Poco tiempo después, a mediados de los 80, fue liberado producto de la mediación papal que puso término al conflicto. Nada más se supo de Arancibia hasta 1996, cuando fue nuevamente apresado, esta vez por el crimen del matrimonio Prats-Cuthbert.

Arancibia Clavel se sentía confiado... pero

Habían transcurrido ya 22 años desde el asesinato, se sentía seguro y a esas alturas apostaba por la impunidad, pero no sería así. El tesón de las hijas de Prats y la positiva labor de la abogada Pamela Pereira que representaba a la familia, lograron que el 22 de enero de 1996 Arancibia Clavel fuera nuevamente apresado, esta vez no sería fácil la escapatoria. Junto a él, caerían otros importantes personeros del gobierno militar y se iría desmenuzando la intrincada madeja en torno al modo en que se fraguó y cometió el crimen en el tranquilo sector de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.

Al momento de su detención y de acuerdo al expediente, fueron innumerables los documentos encontrados en su departamento y que le terminaron incriminando en éste y otros delitos de lesa humanidad. Pero también dejó al descubierto a otros integrantes de la asociación ilícita. Tan confiado se encontraba, que la información vital para llegar a conocerse la verdad estaba a simple disposición, en unos 40 disquetes que también fueron retenidos por la policía.

Los días previos al atentado fueron llenos de constantes amenazas

El general Prats había sido advertido de que un atentado se fraguaba en su contra, sin embargo, indica la sentencia del caso, estaba confiado que sería protegido por el Ejército Argentino. Tampoco el arma que portaba sería suficiente para repeler el cobarde atentado. Tomó en consecuencia la decisión de migrar a Brasil (aunque esa era una excusa para salir a otro país que le diera mayor seguridad). Intentó que se le concediera por el gobierno de Pinochet pasaportes a él y a su esposa, lo que le fue negado insistentemente.

 

A esas alturas el plan para eliminarlo estaba en marcha, ya se encontraba en Buenos Aires el comando encargado de ejecutar el crimen. Indica la sentencia argentina: "Las enormes dilaciones y negativas atinentes a la entrega de los pasaportes sólo adquieren sentido, frente a la absoluta sencillez que revestía el trámite (...) si las enmarcamos en el plan premeditado entre un grupo de personas que decidieron eliminar el general Prats, para lo cual era menester impedirle que saliera del país".

 

Por qué el medio elegido fue una devastadora bomba y no otro

 

"Respecto del plan ejecutor, tampoco caben dudas de que el medio elegido fue el que surge de la causa (...) En el caso especial de Prats conocían su condición de militar; sabían que iba armado y que sabía tirar; Prats estaba alerta porque conocía que estaba amenazado lo que ya había sido hecho público, y además contaba con cierta custodia. Este cuadro de situación determinó indudablemente que el medio escogido, cuyo éxito propició su reiteración en el caso "Letelier", fuera aquel que reducía el margen de error al mínimo, es decir el atentado explosivo", indica la sentencia.

 

La detonación del aparato explosivo en el vehículo de los Prats Cuthbert, fue reconocida por Michael Townley como de su autoría. Señaló en tribunales que resultaba ser la mejor manera de atentar en contra del general. Y el resultado fue brutal.

 

El entonces jefe de la Comisaría 23ª de la Policía Federal Argentina, Comisario Vicente A. Brizio, relató que "a través de un llamado anónimo tomó conocimiento de que en la intersección de las calles Malabia y Seguí de esta ciudad (Buenos Aires), había detonado un artefacto explosivo en el interior de un automóvil y que sus ocupantes habían muerto. Ya en el lugar, el funcionario policial describió que frente al número 3351 de la calle Malabia se encontraba un vehículo "Fiat", patente C-949.958 en llamas, en parte sobre la vereda y parte en la acera, orientado hacia el portón de acceso al estacionamiento de ese domicilio. A ambos lados del automóvil yacían los cuerpos de dos personas mayores, sin vida, con signos evidentes de quemaduras y lesiones, que habrían sido consecuencia de la explosión (fs. 18/19 vta.)".

El conserje del edificio donde residían los Prats les identificó: "Carlos Alberto Weiss, portero del edificio ubicado en Malabia 3351, tras escuchar la detonación y observar el vehículo incendiándose, reconoció inmediatamente los cuerpos del General Carlos José Santiago Prats y su esposa, Sofía Cuthbert (fs. 58/59)", indica el expediente. Describir los efectos destructivos de la bomba, no es posible de narrar. Tampoco el protocolo de autopsia que Cambio21 ha tenido a la vista.

 

El destino de Enrique Arancibia Clavel

 

En Argentina, la condena recayó principalmente en Enrique Arancibia Clavel, por ser "pieza clave, ya que, con sus contactos excluyó la custodia que tenía el General Prats, aporte con el cual el autor del hecho pudo poner la bomba con la seguridad de que en esos días no habría custodia". Pasó 10 años recluido por esta causa.

 

Pero su nombre se recordaría más tarde por otro hecho: El ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, fue encontrado muerto en la capital trasandina el año 2011. El ex agente fue asesinado de más de 20 puñaladas en su departamento ubicado a pocos metros del palacio de Tribunales. Por el homicidio se investigó a su pareja homosexual con quien convivía. Tampoco se descartó un posible ajuste de cuentas entre agentes.

Las declaraciones de la Mayor Olderock

 

Ingrid Olderock manifestó judicialmente que en 1973, cuando era oficial de carabineros, fue destinada a prestar servicios en la DINA. En esa ocasión se presentó ante Manuel Contreras. Señaló que la DINA, supo -a través de la agente Ana María Rubio- que se iba a cometer un atentado con explosivos contra el General Prats. Por esta misma vía tomó conocimiento también de que uno de los encargados de la misión era su jefe, Raúl Iturriaga, a cuyo fin había viajado a este país.

Posteriormente, este mismo hecho se lo confirmó la secretaria privada de Manuel Contreras, de nombre Nélida Gutiérrez. Resulta significativa la referencia que esta misma testigo realiza, acerca de que al regreso de Iturriaga a Chile, todos los oficiales que se encontraban en su ámbito laboral concurrieron a felicitarlo por el éxito de su misión en Argentina, a la vez que reconoció que ella hizo lo propio.

 

Memorias de Carlos Prats

Mientras abandonaba el país el sábado 15 de septiembre de 1973, rumbo a Argentina, el general Prats escribió: "Son las 9 de la mañana, y mientras recorremos el breve trecho hasta el túnel, contemplo con inmensa nostalgia, hacia el poniente, la serpiente cordillerana, descendente hacia el corazón de Chile".

 

FUENTE: CAMBIO 21