Reportaje
¿Nueva Constitución antes de 2018? Ganas hay, falta tiempo. Gobierno fijó para el 2015 la discusión
24/08/2014 |
Por Luis Casanova R.
Luego que el gobierno dejara para el próximo año el debate sobre el mecanismo a elegir para redactar la Carta Magna, la incertidumbre se instaló respecto a los plazos y a la fiebre electoral que se vivirá entre las municipales de 2016 y las presidenciales, parlamentarias y regionales de 2017 y el plebiscito que se convocaría en esa fecha. Expertos tienen la palabra.
La escritura de una nueva Constitución fue parte esencial del programa de campaña de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet, no quedando claro si la modalidad iba a ser asamblea constituyente, comisión bicameral parlamentaria o llamado a plebiscito.
En concreto, ya pasaron cinco meses desde el inicio del gobierno de la Nueva Mayoría y las exigencias parecen ir en aumento. A tanto, que tomando en cuenta la recargada agenda de reformas que debe manejar el Ejecutivo, la mandataria tomó la decisión de dejar la discusión para el 2015, pero no sin antes definir la modalidad.
La decisión choca con la visión de partidos como la Democracia Cristiana, que plantea conocer antes los lineamientos principales del texto. La postura no es compartida por quienes apuestan por la A.C., que aseguran que tales cuestionamientos están hechos para impedir que se avance de verdad con esta convocatoria.
Es más, la declaración del senador de la comisión de Constitución, Felipe Harboe (PPD), respecto a que los tiempos para concretar la nueva Carta Magna son insuficientes, fue tomada como desagrado por quien lo relevará en tal instancia legislativa, el PS Alfonso de Urresti. Él junto a otros congresistas argumentan que entre "seis y ocho meses" se puede lograr un buen producto.
Para aterrizar, simplificar y clarificar la discusión, Cambio21 dialogó con Genaro Cuadros (coordinador de la agrupación "Marca AC"), Marcelo Mansilla (profesor universitario y cientista político), Miguel Otero (abogado y ex senador de RN) y Gloria de la Fuente (directora del programa Calidad de la Política de la fundación Chile 21).
La gran lección es que antes de emitir alguna opinión lo mejor es estar bien informado.
"Pedagogía"
En primer término, Cuadros diferenció entre lo que son los plazos reales o numéricos que existen para redactar una nueva Constitución versus los denominados "plazos políticos" que deben servir de base para llamar a una asamblea constituyente, proceso que, a su juicio, debe comandar el gobierno para socializar y preparar al electorado.
"La A.C. propiamente tal no tendría que durar más de un año. Entonces, así como en abstracto se alcanzaría terminar en este gobierno. Sin embargo, creo que tiene que ir acompañada de un proceso de gestación y debate de la ciudadanía, lo que es mucho más largo", admitió.
En este esquema, el dirigente asegura que hay que "acoplar" los siguientes tiempos: "duración, maduración social y, el central, la capacidad de ordenar un cierto itinerario político que haga posible juntar estas dos pasos previos. Es decir, aunar el proceso constituyente de forma deliberativa y participativa, democrática e institucional, que es lo mismo que ha dicho la Presidenta".
¿Y el cronograma? Cuadros señala que el procedimiento completo involucra como tarea inicial "lograr un acuerdo político que dé inicio a este trabajo", proceso que "tiene una fase propia de debate político, porque conlleva coincidir con los tiempos del Parlamento y con la capacidad de nuestros políticos".
"Segundo, de manera paralela se puede debatir con la ciudadanía en términos de pedagogía política, casi de educación cívica, sobre la consecuencia, relevancia y pertinencia que traerá una nueva Constitución, lo que acarrea que cada actor participante lleve sus temas y visiones para captar la adhesión popular", añade.
Y tercero -prosiguió-, "está la composición de la asamblea", la que en su mirada "tiene que ser del tamaño de cualquier Congreso del mundo incluido el nuestro, vale decir entre 120 y 220 personas. Sin duda, un grupo muy acotado de gente nombrada por los electores, tal como si fueran alcaldes o parlamentarios, representando distintos tipos de ideas y resguardando una composición equilibrada de la elección y selección, lo que se traduce en cuotas de género, mundo indígena, etc."
"Textos no ideas"
A la inversa, Mansilla recuerda que "ninguna Constitución en Chile se ha redactado por medio de una asamblea constituyente" y aclara que "no hay ninguna posibilidad de que el proyecto esté listo antes del final del actual período presidencial".
Eso sí, sostiene que el procedimiento debe hacerse "de forma paralela" a la agenda de reformas del Ejecutivo y desde el mismo Parlamento. Por tal motivo, se declara partidario de formar una "comisión bicameral" que se aboque a la confección del texto, para que después "sea plebiscitado o sometido a referéndum".
"El citado grupo de senadores y diputados debe hacer algo parecido a lo que se está haciendo con las reformas tributaria, educacional y las que vendrán, que es convocar personas naturales o representantes de instituciones, que involucra participación ciudadana, para que opinen y hagan aportes que los honorables después deben procesar. Y eso significa formar un equipo exclusivo para analizar todas las entradas de propuestas y luego darles coherencia formal y jurídica, lo que en un par de años no se logra", alertó.
En su opinión, el "marco matriz" elaborado en este primer paso "da lugar a la reforma de leyes, por ejemplo, todas las llamadas Leyes Orgánicas (LOCE, Partidos Políticos, Elecciones, etc.), entre otras".
Todo bien. El problema serían los tiempos, "porque mientras se debate la Constitución se estarán tratando las otras reformas. La tributaria va estar lista, pero cabe la posibilidad de que tenga que revisarse cuando se aplique por parte del Servicio de Impuestos Internos. Y eso ocurrirá entre el 2015 y el 2016. Súmele la educacional, después la laboral y la previsional".
De todas maneras, "cuando se vislumbren los primeros textos, el debate será más orgánico y girará alrededor de posiciones más concretas. Por ende, habría un período de retroalimentación de postulados de, por ejemplo, ambientalistas, neoliberales, democratacristianos, etc. Acto seguido, aparecerán textos alternativos, lo que llevaría el asunto hasta 2017 y 2018".
¿Y en qué momento se hará el plebiscito? En 2016 será la elección municipal y en 2017 se efectuarán internas presidenciales y parlamentarias de los partidos, primarias en las coaliciones y los comicios definitivos a la Presidencia, el Congreso y consejeros regionales.
"El referéndum tiene que hacerse inevitablemente hacia el final del gobierno de Bachelet, pero los efectos tienen que establecerse en un articulado transitorio para algo posterior, porque no puede entrar en vigencia una Constitución que cambia el marco electoral cuando estamos en elecciones", contestó.
Dadas así las cosas, la buena noticia sería una: "podrían quedar listos los anteproyectos constitucionales, para que el debate se haga sobre textos y no sobre ideas, como puede ser el derecho de la vida del que está por nacer (aborto), la autonomía del Banco Central, el Artículo 19, que es como una Constitución en sí misma, la libertad de trabajo (sindicalismo), y varios más".
"Todos son principios y enunciados aceptables y convenientes, pero que una vez aprobados generan un marco restrictivo para legislar sobre sectores específicos", remató el académico.
¿Por qué plebiscito no?
Para Miguel Otero, las claves están a la vista. Una, "no hay educación cívica, que es lo que se echa de menos en la educación secundaria" y, dos, "si usted le pregunta a la gran mayoría de la gente si conoce la Constitución, la respuesta es no. Y tampoco sabe sobre sus consecuencias".
"De manera tal que cuando una persona vaya a votar sin saber lo que significa la Constitución para un país, va a hacerlo por lo que le diga el populismo y no por lo que sepa de lo que implica una Carta Magna para una República", manifestó.
"Cambiar la Constitución sea como sea por ningún motivo", insistió el ex embajador, quien a renglón seguido argumenta que "puede haber modificaciones muy razonables y que lógicamente se acepten. Para eso están los parlamentarios, que se hacen responsables de lo que dicen y lo que hacen. Y se supone que, por lo menos en el Senado y la comisión de Constitución, Legislación y Justicia (donde fui presidente), se estudia en detalle lo que se propone".
"Esa es la gente calificada para determinar si en un momento dado se requiere de un cambio en la Carta Fundamental y no la voz de los que no tienen idea de lo que es la Constitución y que se dejan llevar por el populismo", ahondó.
Certero, el jurista espera que "no haya plebiscitos", porque "eso obligaría a los partidos políticos y a la gente sensata a expresar su opinión. Entonces, si la gran mayoría del país supiera exactamente qué es lo que se propone y hacia dónde se llega con esto, no sé lo que pasaría".
"Además, no se puede decir nada sobre reformas, dado que no se sabe lo que se va a reformar. A lo mejor hay modificaciones útiles y adecuadas, pero a lo mejor hay otras que no lo son. Hay que esperar el proyecto antes", sentenció.
¿Por qué plebiscito sí?
Gloria de la Fuente refuta a Otero y desliza que los electores "sí están preparados para plebiscitar cambios constitucionales".
¿El motivo? "Está instalado el instrumento, lo que hace que la gente está en condiciones de decir sí o no".
"Ahora, sí creo que hay que liderar un proceso en este período para poder discutir con el ciudadano sobre los contenidos y aprovechar las condiciones toda vez que no se cambian las constituciones todos los días. Eso enriquece todo, justamente porque en la anterior Constitución no se generó de esa manera", acotó.
"Hay que recordar que en el plebiscito de 1988 fue una gesta súper relevante y con muy pocos recursos, pero con mucho bombardeo por los medios de comunicación de la derecha. Ahí la gente entendió de qué se trataba el desafío. Y creo que no es muy distinto a lo que pasa hoy", remarcó la analista.
FUENTE: CAMBIO 21
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