Viernes 28 de octubre de 2011| por Nación.cl - foto: Archivo UPI
El abogado Alejandro Ferreiro fue electo este viernes como nuevo presidente del Consejo para la Transparencia, en reemplazo de Raúl Urrutia, quien concluye su trabajo en el organismo.
Ferreiro, cuyas funciones durarán 18 meses, fue ministro de Economía de Michelle Bachelet y además se desempeñó como superintendente de Valores y Seguros.
La gestión de Urrutia se vio envuelta en una serie de polémicas por fallos que incomodaron al Gobierno.
Pese a ello, a partir de este viernes el Consejo de Transparencia deja de funcionar hasta que el Ejecutivo nomine a dos de sus miembros, ya que de acuerdo a la ley no puede actuar si el quórum necesario.
La elección de la presidencia del Consejo Directivo se efectúo el último día de ejercicio del presidente actual, como se ha realizado en el pasado, considerando que la misma Ley de Transparencia le otorga un carácter rotario a la presidencia y dadas las necesidades de mantener la continuidad de la función pública.
Raúl Urrutia, presidente del Consejo, aclaró que “las funciones asignadas a éste no pueden ser desatendidas, por lo que el Consejo Directivo ha tomado las acciones pertinentes tendientes a dar prosecución a los procesos de reclamos y los amparos al derecho de acceso, junto con las demás funciones establecidas para el aludido cargo”.
El presidente del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia tiene como principal atribución, según lo establece el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirimir en aquellos casos en que exista empate en sus decisiones. Por su parte, los estatutos de funcionamiento del organismo le otorgan la representación protocolar en reuniones, ceremonias, conferencias y actos en general y la de desempeñar la vocería pública en las materias y de acuerdo a los criterios generales que éste acuerde.
También son parte de sus funciones realizar el examen de admisibilidad de los amparos al derecho de acceso a la información y reclamos por infracción a las normas de transparencia activa que se presenten ante el Consejo, facultándolo para declarar inadmisibles los casos, y la dictación de providencias de mero trámite.
También son parte de sus funciones realizar el examen de admisibilidad de los amparos al derecho de acceso a la información y reclamos por infracción a las normas de transparencia activa que se presenten ante el Consejo, facultándolo para declarar inadmisibles los casos, y la dictación de providencias de mero trámite.
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