Trabajó desde 1974 en el Comité Pro Paz, debió lidiar con los ideales de derecha de sus padres, fue detenido y torturado por agentes de la DINA y mantuvo un pololeo con una joven del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Un reportaje de la UDP y Ciper Chile entrega detalles de este profesional cuyo perfil es el que más se asemeja al joven Ramón Sarmiento de la exitosa serie de TVN.
Ramón Sarmiento es el nombre del joven abogado de la Vicaría de la Solidaridad que en la serie Los Archivos del Cardenal interpreta el actor Benjamín Vicuña.
Se trata de un personaje inspirado en varios profesionales que se desempeñaron en la entidad de la Iglesia Católica que defendió a quienes sufrieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar.
Sin embargo, un reportaje de la periodista Alejandra Matus, publicado por la Universidad Diego Portales y Ciper Chile, sostiene que el perfil de Sarmiento se asemeja al del abogado Álvaro Varela Walker, quien en 1974 comenzó a trabajar como asesor del Comité Pro Paz, que fue creado por el cardenal Raúl silva Henríquez.
De hecho, al igual que Sarmiento en la exitosa serie de TVN, Varela debió lidiar con las ideas de derecha de sus padres, pololeó con una militante del MIR y fue detenido y torturado por agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
En el reportaje, el propio Varela recuerda el difícil trabajo que le tocó desempeñar. “En el Poder Judicial nos iba mal en casi todo, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que las acciones que emprendíamos salvaron la vida de miles de personas”.
“En los Consejos de Guerra, por ejemplo, se logró conmutar las penas de gran cantidad de prisioneros que iban derecho a la pena de muerte”, agregó, indicando que “conocimos los relatos de muchos ex prisioneros que escuchaban frases como: ‘Suave con éste que la Vicaría ya puso el amparo’”.
También indicó que presentaban por lo menos 20 recursos diarios y que los abogados del Comité alegaban en todas las salas de las cortes de Santiago.
“La mayoría de los ministros eran unos lacayos de la dictadura. Nos hacían gestos de desagrado cuando nos veían llegar a los alegatos y nos volvían la espalda. Recuerdo un caso en que acompañé a Marcos Duffau. Como era costumbre, le pusieron el expediente sobre la mesa para que tuviera a la vista los antecedentes que usaría en su argumentación. Cuando lo abrió, encontró la sentencia ya redactada. Los jueces habían decidido rechazar su presentación antes de oírlo”, relató.
En el equipo interno, inicialmente sólo estaban Zalaquett y las procuradoras a las que se sumó Varela. Ese grupo presentaba los recursos de amparo por los detenidos y luego las denuncias por presunta desgracia. Se preparaban fichas con los casos, se presentaban denuncias ante organismos internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la ONU, y ante otros especializados como la OIT, cuando se trataba de temas sindicales. Paralelamente, el equipo de asistentes sociales prestaba la primera atención a las personas que llegaban a pedir ayuda y complementaban el servicio con apoyo económico o asistencia sicológica. Zalaquett, en su papel inicial de gran organizador, replicó la estructura en todo el país y la vinculó a una red de templos e iglesias.
Zalaquett recuerda que contrató a Varela como un joven procurador que, como las demás integrantes del equipo, era muy motivado y valiente. “El Comité Pro Paz se inició con cuatro o cinco personas, pero a los tres meses éramos 150. Inicialmente sólo ocho de 33 obispos aceptaron sedes regionales, pero pronto se fueron agregando más y Santiago se dividió en zonas. El personal de la Vicaría creció pronto a 300 funcionarios. En cuanto al Departamento Jurídico, junto a los procuradores, fueron contratados seis o siete abogados, que sumados a los 35 profesionales externos y los departamentos de recepción y procesamiento de información, constituían un equipo de unos 75 profesionales”.
Sobre el trabajo del equipo jurídico, Varela cuenta que “en el Poder Judicial nos iba mal en casi todo, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que las acciones que emprendíamos salvaron la vida de miles de personas. En los Consejos de Guerra, por ejemplo, se logró conmutar las penas de gran cantidad de prisioneros que iban derecho a la pena de muerte”. Y agrega: “Conocimos los relatos de muchos ex prisioneros que escuchaban frases como: ‘Suave con éste que la Vicaría ya puso el amparo’”.
Varela sostiene que presentaban por lo menos 20 recursos diarios y que los abogados del Comité alegaban en todas las salas de las cortes de Santiago. “La mayoría de los ministros eran unos lacayos de la dictadura. Nos hacían gestos de desagrado cuando nos veían llegar a los alegatos y nos volvían la espalda. Recuerdo un caso en que acompañé a Marcos Duffau. Como era costumbre, le pusieron el expediente sobre la mesa para que tuviera a la vista los antecedentes que usaría en su argumentación. Cuando lo abrió, encontró la sentencia ya redactada. Los jueces habían decidido rechazar su presentación antes de oírlo”, dice.
En manos de Osvaldo Romo
En julio de 1974, Varela estuvo a cargo de presentar la primera querella criminal contra el agente de la DINA Osvaldo Romo, por abusos sexuales contra las moradoras de una casa en La Reina, en la que el organismo encabezado por Manuel Contreras instaló una “ratonera”: los agentes forzaban a los moradores a aceptar su presencia en un domicilio determinado, a la espera de que llegaran militantes de izquierda a los que buscaban.
A Romo, quien había sido un dirigente poblacional de la Unión Socialista Popular (Usopo) y muy cercano a los dirigentes poblacionales del MIR durante el gobierno de la Unidad Popular, le gustaba jactarse de sus acciones ante los prisioneros: habitualmente se presentaba con su nombre verdadero y a rostro descubierto. Por esa razón, fue uno de los primeros torturadores que el Comité Pro Paz pudo identificar.
El juez del 12º Juzgado del Crimen, que tramitó la querella, en un acto poco usual para la fecha, ordenó indagar la denuncia e incluso identificó el domicilio particular del entonces agente, en La Reina. Como el juez vivía en la misma comuna, fue personalmente hasta la casa de Romo para tratar de interrogarlo.
En la madrugada del domingo 17 de Noviembre de 1974, una patrulla dirigida por Romo detuvo a Cecilia Castro, compañera de curso de Varela en la universidad, y a su marido, Juan Carlos Rodríguez, ambos militantes del MIR. El lunes, Varela presentó los recursos de amparo y, acompañado por un sacerdote, se paseó por la acera de la calle República de Israel, muy cerca de su casa, donde había un cuartel de la DINA en el que se creía estaban Cecilia y su esposo.
Esa noche comentó lo sucedido a sus padres, durante la cena. Un hermano suyo venía llegando de España, donde vivía. Normalmente, Varela no hablaba de su trabajo, porque su familia se negaba a creer cualquier cosa que él contara. Pero como ellos conocían a la muchacha, que además era vecina, se los dijo.
“Les conté que Cecilia y su esposo habían sido secuestrados. ‘En este país no se secuestra a las personas. Si están detenidas, hay que averiguar en qué unidad están’, me dijeron. Yo les dije que se los habían llevado agentes de civil, en blue jeans, no en tenidas oficiales, en camionetas con patentes falsas argentinas. No me creyeron. Me respondieron que yo estaba enlodando a las Fuerzas Armadas. Tuvimos una discusión muy fuerte. Yo me paré de la mesa sin terminar la cena y me fui a mi pieza. Horas más tarde pasó lo mismo que yo les había contado, pero esta vez me tocó a mí”, relata el abogado.
En la madrugada del 19 de noviembre de 1974, comenzado ya el toque de queda, unos 30 agentes de civil rodearon la casa de Álvaro Varela. Los agentes llegaron en las clásicas camionetas Chevrolet C-10, con una lona sobre la parte trasera y patente falsa. Se estacionaron de frente a la casa, apuntándola con un potente foco. Un grupo de ellos golpeó con violencia la puerta y gritó que les abrieran. El padre de Varela se asomó por una ventana y al preguntar qué pasaba, los agentes le respondieron: “Buscamos al abogado Álvaro Varela”.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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