Recientemente publicados por Wikileaks, dos cables apuntarían a la existencia de “testigos reservados” en la investigación sobre los delitos ocurridos en Colonia Dignidad. Estos cables –que recrean una reunión entre el juez Jorge Zepeda y el cónsul general de la embajada norteamericana a fines de 2005– vigorizan el rumor que desde hace años ha rondado la investigación acerca de que se intercambió información por impunidad para algunos colonos a objeto de romper el hermetismo del enclave alemán.
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”, reza el pasaje bíblico de Jeremías 33.3, versículo que dio nombre a la operación policial dirigida por el juez que acumuló todos los procesos relacionados con Colonia Dignidad. En las manos del ministro Jorge Zepeda quedaron las causas vinculadas a violaciones de derechos humanos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y contrabando de armas, entre otras, ocurridas en el predio de la secta alemana. Sólo los procesos por abusos a menores siguieron en poder de otro magistrado. Zepeda reconoce sentirse orgulloso de los resultados de la Operación Jeremías 33.3, especialmente tras haber descubierto en 2005 el depósito de armas que permitió condenar por ese ilícito a Paul Schäfer, el fallecido predicador pederasta que lideró la Colonia.
Sin embargo, los rumores acerca de que la información que ayudó a encauzar la investigación de Zepeda fue entregada por colonos que participaron en los delitos pero que testificaron a cambio de impunidad, se han convertido en críticas recurrentes a la gestión del ministro. Esas versiones fueron fortalecidas ahora por dos cables reservados de la diplomacia norteamericana. A fines de agosto pasado, Wikileaks difundió cerca de 134 mil nuevos cables estadounidenses y en dos de ellos figura importante información acerca de Colonia Dignidad.
Los cables recientemente liberados -uno confidencial y otro desclasificado-, firmados por el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Craig Kelly, describen la reunión llevada a cabo el 19 de diciembre de 2005 entre el ministro Zepeda y el cónsul general de ese entonces, Sean Murphy. El interés de Estados Unidos por la investigación de Zepeda se debía al caso de Boris Weisfeiler, ciudadano de ese país que despareció en 1985 aparentemente desde Colonia Dignidad. En estos cables se asegura que el magistrado reconoció en su cita con Murphy que había recurrido a “testigos reservados”.El cable identificado con la referencia “05Santiago2539”, despachado el 20 de diciembre de 2005 y firmado por Kelly, señala: “Zepeda dijo tener un grupo de informantes (testigos reservados) dentro de la Colonia quienes le han entregado información certera sobre temas delicados durante la investigación -incluyendo el lugar exacto donde estaban enterradas las armas y documentos- pero que nadie le ha entregado información acerca de Weisfeiler. Dijo que esta omisión era relevante porque varios de esos informantes habrían estado en la posición de saber si alguien como Weisfeiler, un extranjero, había estado en Colonia Dignidad”.
De las palabras que este cable atribuye a Zepeda, se desprende que los informantes del magistrado pertenecían al corazón del equipo de seguridad que resguardaba a Schäfer y a los restantes jerarcas que tomaban decisiones en la Colonia.
Consultado acerca de estos testigos cuya existencia habría reconocido ante diplomáticos norteamericanos, el ministro Zepeda no quiso dar información a CIPER. El magistrado argumentó que el proceso continúa abierto y que de entregar nombres estaría incurriendo en un ilícito y poniendo en riesgo la vida de estas personas:
-No puedo dar antecedentes de cómo se obtiene la información, que es más o menos como se permitió avanzar y romper esa especie de ocultamiento que había en Colonia Dignidad. Sobre eso no me puedo referir -dijo Zepeda.
Respecto de la doble calidad -de testigo y posible imputado- que puede tener una persona en investigaciones de este tipo, el ministro explicó que no puede ser imputado alguien que declara como testigo reservado. Esto, porque un imputado no puede autoincriminarse. El magistrado reconoció que éste es un problema de licitud complejo, donde deben primar los “derechos fundamentales” y la dignidad de las personas. En principio, dijo, un imputado no puede autoincriminarse, ya que eso implicaría la renuncia a un derecho fundamental. Si llegase a ocurrir, explicó, debiera establecerse de manera formal.
En todo caso, el ministro negó rotundamente que se les haya entregado beneficios a algunos de los testigos de los procesos por Colonia Dignidad a cambio de información estratégica para la investigación: “Imposible. Eso sería un ilícito”.
“El DELITO MADRE”
El abogado Hernán Fernández, defensor de las víctimas de abusos sexuales perpetrados por Schäfer, es uno de los críticos de la gestión de Zepeda. Fernández ha dicho que el ministro otorgó “impunidad garantizada” a los delincuentes al dejar sin efecto el sometimiento a proceso por asociación ilícita de los líderes de Dignidad. A su juicio, éste era “el delito madre, y posibilitó la fuga de muchos de los cabecillas a Alemania, desde donde son inextraditables de acuerdo a la constitución de ese país”, como lo indicó en una entrevista concedida a La Nación en 2006. El último de los ex jerarcas que huyó a Alemania fue el doctor Harmut Hopp, imputado como cómplice de Schäfer por haber facilitado el abuso de menores. Hopp se fugó en mayo de este año y apareció en agosto en la ciudad de Krefeld, donde fue querellado recientemente por su eventual responsabilidad en la desaparición de personas y tratamientos médicos abusivos contra colonos (ver recuadro).
Herman Schwember, el fallecido delegado del gobierno durante 2006-2007 para contribuir a la reinserción social de los habitantes de Colonia Dignidad, también manifestó sus sospechas acerca de que colonos que contribuyeron a la investigación consiguieron ponerse al margen de la justicia.
En su libro póstumo “Delirios e indignidad: El estéril mundo de Paul Schäfer”, Schwember se refiere al colono Willy Malessa como uno de los miembros de los cuerpos de seguridad que tuvo Schäfer que “negociaron su impunidad a cambio de entregar información sobre sitios en que se ocultó evidencia o efectuar delaciones de terceros”.
LA CONFESIÓN DE MÜCKE
Según se relata en el cable identificado con la referencia “05Santiago2540” enviado también el 20 de diciembre de 2005 a Washington por el embajador Kelly, Zepeda aseveró que existían pruebas fehacientes de que oponentes al régimen de Augusto Pinochet fueron llevados a Colonia Dignidad por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Estos detenidos, prosigue el cable, fueron interrogados y torturados y en algunos casos asesinados con el apoyo de civiles de la Colonia.
El cable asegura que Zepeda manifestó en la reunión que tenía evidencia firme relativa a cinco opositores políticos enterrados en fosas comunes y cuyos restos luego fueron exhumados y cremados, para lanzar sus cenizas a un río.
Casi seis años después del diálogo descrito en el cable publicado por Wikileaks, el ministro Zepeda dictó una sentencia en relación con uno de estos crímenes: el secuestro y posterior desaparición de Pedro Merino Molina. En ese proceso fueron condenados a cinco años de prisión los oficiales de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo y Fernando Gómez Segovia. En cambio, el colono Gerd Seewald Lefevre fue absuelto. Schäfer fue sobreseído porque falleció en 2010 mientras cumplía condena.
Una de las sospechas que rondan a los querellantes de los casos que investiga Zepeda es el rol que jugó el colono Gerhard Mücke en la exhumación ilegal de restos de desaparecidos y por qué Zepeda no lo procesó por esos hechos. El 14 de septiembre pasado, Mücke se convirtió en el primer ex jerarca del enclave alemán sometido a proceso en una querella por violaciones de Derechos Humanos. Pero no lo procesó Zepeda, quien inicialmente rechazó hacerlo, sino una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. Mücke, uno de los guardaespaldas de Schäfer, junto a Fernando Gómez Segovia, ex miembro de los servicios de seguridad de la dictadura militar, fueron procesados por orden de la Corte en una querella interpuesta por Adriana Bórquez, secuestrada en Talca en 1975 y luego trasladada a Dignidad.El caso de Mücke es sorprendente. El 27 de mayo de 2005 declaró ante el magistrado Zepeda que ignoraba si hubo militares o detenidos dentro de los terrenos de la Colonia. Además, negó haber tenido conocimiento acerca de depósitos de armas o de vehículos enterrados al interior del enclave y declaró nunca haber participado en la exhumación de cuerpos o la fabricación de armas.
Menos de dos meses después, el 15 de julio de 2005, Gerhard Mücke volvió a comparecer ante Zepeda. Sus declaraciones fueron, en esa segunda oportunidad, completamente diferentes. CIPER tuvo acceso a esas declaraciones y en ellas, con el objetivo de colaborar con la investigación, contó detalles acerca de lo ocurrido al interior de Colonia Dignidad luego del golpe militar. Reconoció haber sido testigo del ingreso de unas 20 personas al predio, de haber escuchado disparos y de haber participado en la exhumación de cuerpos que luego fueron quemados y cuyas cenizas fueron posteriormente lanzadas a un río. Además, confirmó que otro colono, Willy Malessa, participó en las exhumaciones.
MALESSA: “ZEPEDA ME DEJÓ LIBRE”
Ni Mücke ni Malessa fueron procesados por Zepeda. En una entrevista realizada por CIPER hace dos años en su casa en Los Ángeles, donde vive junto a su familia y desde donde dirige su propia maestranza, Malessa reconoció haber sido uno de los informantes de Zepeda. En esa oportunidad, admitió haber revelado información acerca del sitio donde fueron enterrados los motores de los vehículos arrebatados a prisioneros políticos que desaparecieron en Colonia Dignidad.
-Le dije a Zepeda “le diré todo lo que sé y si es delito, entonces debe encarcelarme”. Parece que no era delito enterrar motores y me dejó libre. Pero las personas creen que pueden seguir juzgándome cada día -afirma.
Sin embargo, en la segunda declaración de Gerhard Mücke, la de junio de 2005, Willy Malessa aparece nombrado como uno de los que habría llevado a cabo -bajo órdenes de Paul Schäfer- la exhumación de los cuerpos que alrededor de 1978 fueron cremados y luego lanzados a un río.
La conclusión de Malessa al final de la entrevista difundida por CIPER en septiembre de 2009 fue la siguiente: “Su justicia no me imputó delitos y me dejó libre. Esa es una verdad. ¿O los chilenos no creen en sus jueces?”.
Querellas contra Hopp en Alemania
El doctor Harmutt Hopp (67) fue condenado a principios de 2011 a cinco años y un día de cárcel por complicidad en abusos sexuales cometidos por Paul Schäfer. En mayo, Hopp huyó a Alemania aprovechando que ese país no extradita a sus ciudadanos. A la polémica que suscitó su aparición en Krefeld (lea la nota de CIPER) se sumaron dos querellas presentadas en su contra el pasado jueves 6 de octubre: una relativa a la desaparición en Colonia Dignidad de tres opositores al gobierno militar (Juan Maino, Elizabeth Rekas y su esposo, Antonio Elizondo) y la otra por el tratamiento abusivo con psicofármacos del que fueron víctimas algunos colonos hasta 2002.La abogada alemana Petra Schlagenhauf presentó estas querellas y representa a dos ex colonos que reconocieron haber sufrido abusos durante décadas: “Mis clientes tuvieron que tomar hasta 20 pastillas al día. Los medicamentos los hacía andar como zombies, les corría la baba. El objetivo era suprimir cualquier rebeldía, cualquier movimiento erótico sexual. Había golpes, aislamiento, las mujeres tenían tratamiento de electroshock”.
El código penal alemán indica que se puede perseguir y castigar delitos cometidos en el extranjero, siempre que el autor sea alemán y que el delito exista en ambos países. Como ambos requisitos se cumplen, la investigación ya se encuentra en manos del fiscal alemán Klaus Schreiber.
Schlagenhauf estuvo en Chile la semana pasada y se reunió con el ministro a cargo de las investigaciones relativas a Colonia Dignidad, Jorge Zepeda, quien ya pidió la extradición de Hopp. La abogada le solicitó al magistrado que remita a Alemania material relevante para la investigación que se lleva contra el doctor en su país: “La idea nuestra es seguir aportando material (al fiscal) y que Chile entregue el material acumulado, ya que aquí hay mucho más
FUENTE:CIPER CHILE
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