Frente Amplio Unitario

Política antidelincuencia del Gobierno: Una batalla perdida. Críticas han provenido desde la propia derecha ante cifras negativas

Por Susana Frías K.
Según la última encuesta CEP, el tema que más les preocupa a los chilenos es la delincuencia. Pese a que terminar con ella fue la gran promesa de campaña de Piñera, hoy es la gran deuda que éste tiene con los votantes. Expertos aseguran que si la delincuencia aumenta, “demuestra que hoy el Estado está enfocando las políticas mal". Diputada Girardi: “En vez de generar soluciones, generan más problema”.

Fue la gran promesa de Sebastián Piñera durante su candidatura en 2009. Con eslogans que decían "delincuentes se les acabó la fiesta" o que venía "el cierre a la puerta giratoria", convenció a muchos votantes que ya estaban hartos de vivir con miedo y de no estar tranquilos en sus hogares. Sin embargo, y a poco más de dos años de aquella promesa, las cifras han empeorado.

Según la última encuesta CEP, uno de los grandes problemas del gobierno es, justamente, la delincuencia, con una desaprobación del 50%.

Las estrategias para combatirla, así como las excusas por no lograrlo han sido muchas. Se habló de un indulto carcelario, de endurecer las penas y ahora la idea es publicar a través de la web las calles y barrios más peligrosos del país, según un anuncio realizado por Carabineros y el ministerio del Interior.

La idea fue duramente criticada por el alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, quien simplemente reconoció que eso era una muestra del fracaso en las políticas antidelincuencia del gobierno. El edil es vicepresidente de Renovación Nacional, uno de los dos partidos de derecha que sustentan políticamente la administración de Sebastián Piñera.

"Acá lo que se está haciendo es una medida comunicacional de alto impacto para disminuir la mala percepción de la gente sobre la delincuencia y seguramente diciéndole: no pases por ahí los números mejorarán, pero no ataca el fondo", sostuvo el edil, que en diversas oportunidades ha sido crítico a muchas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo. A modo de ejemplo, ha cuestionado el actuar político de los ministros, afirmando que "les falta calle".

Palabras que se reflejan en el "Índice Paz Ciudadana-Adimark" -que mide delitos contra la propiedad- que muestra que en los últimos seis meses se mantiene en 39,3% el porcentaje de hogares víctimas de robo. De hecho, en ese lapso de tiempo es cuando el 27,7% de los hogares chilenos concentran el 90,6% de los delitos. Esta concentración de la revictimización de los hogares se mantiene, al igual que en el índice anterior, de diciembre de 2011.

Por otro lado, la medición también evaluó a las autoridades e instituciones a cargo de la seguridad ciudadana. Su labor no varía respecto del índice de diciembre de 2011. Gendarmería de Chile obtuvo nota 4,7 y la Defensoría Penal Pública, 3,5 de calificación.

Tampoco varía el porcentaje de personas que, habiendo sido víctimas de robo y que concurren a denunciar a la policía, califican como "bajo" o "alto" el desempeño policial (44,1% y 31%, respectivamente).

La estrategia que no da resultado

La delincuencia se tornó la mayor preocupación de los chilenos, según la última encuesta CEP, ubicándola por sobre la educación y la salud. Mostró un alza de cinco puntos respecto de la medición anterior, aspecto que ya en la víspera llevó a José Francisco García, coordinador de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, a afirmar que el Gobierno debía "esforzarse más" en esta materia.

Gloria Requena, directora de la ONG Activa, coincidió en apuntar a las autoridades por el aumento de la inquietud y el temor y en mostrarse crítica de "las cuentas alegres que se han sacado por parte del gobierno diciendo que el delito ha bajado".

"Nosotros hemos demostrado sistemáticamente, a través de los estudios, que el delito sigue subiendo. En delitos de alta connotación hay figuras nuevas, como el secuestro y la violencia intrafamiliar -que muchas veces no se mide-. Eso demuestra que hoy el Estado está enfocando las políticas mal", dijo Requena.

La experta apuntó que "el presupuesto para asistencia a víctimas (de delitos) del ministerio del Interior bajó casi en 24 por ciento. O sea, tenemos más víctimas y menos recursos para atenderlas".

Alejandra Mohor, investigadora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, cree que el aumento de la preocupación ciudadana "tiene que ver con qué tipo de delitos tienen mayor relevancia en el país, que en nuestro caso son los robos con fuerza, y particularmente el robo con fuerza en la vivienda".

Este delito "tiene mucho impacto en las personas, en tanto se está vulnerando lo más sagrado, que es el hogar: el lugar donde uno se debe sentir más seguro es vulnerado y eso impacta de manera muy fuerte", dijo Mohor.

La gran promesa... no cumplida

Demostrando que "otra cosa es con guitarra", el gobierno que prometió acabar con la delincuencia y que lo anunció con frases como: "Se acabó la fiesta", "Se acabó el recreo" y el anuncio del "fin a la puerta giratoria" o "se van a encontrar con un gobierno y con una policía que va a cumplir su labor con fuerza", ahora pareciera que les están "regalando todo un carnaval", en opinión expresada en diferentes oportunidades por parlamentarios opositores.

La frustración es todavía mayor, porque esa promesa fue el eje principal del discurso de Sebastián Piñera durante su campaña presidencial en 2009. De hecho, durante un tiempo, el encargado del tema en La Moneda, el ministro Rodrigo Hinzpeter, se negó sistemáticamente a reconocer el fracaso en el combate a la delincuencia. Para tapar la inoperancia de sus planes, les echó la culpa al Poder Judicial y al Ministerio Público y fue respaldado por Piñera. También culpó a los estudiantes y sus líderes en el período de las manifestaciones estudiantiles, afirmando que las fuerzas de Orden y Seguridad debían dedicarse a las marchas y no quedaban con tiempo para combatir a los delincuentes.

Durante unos meses, Hinzpeter y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, protagonizaron públicamente un verdadero "Club de la Pelea".

El fiscal resaltó que la prevención y el orden público no es labor del organismo que encabeza y añadió que, en consecuencia, el ministerio del Interior es el que tiene que velar por el orden público y la prevención. Añadió que "los jueces y fiscales trabajamos fuertemente todos los días, pero la Fiscalía, igual que el Poder Judicial, actúan después de cometido el delito".

"Una aberración social"

El diputado Felipe Harboe indicó que los mapas de la delincuencia "son una aberración social, una forma de estigmatizar barrios, comunas y a las familias. Los mapas delictuales se ocupan para trabajar internamente, pero no para hacerlos públicos, porque además son utilizados en su mayoría por las empresas inmobiliarias para hacer especulaciones, en torno a decir cuáles son los sitios más peligrosos y los con menos riesgo".

En diálogo con Cambio21 agregó que "es inaceptable, un error gravísimo del gobierno y comparto plenamente las declaraciones del alcalde Ossandón".

Por otro lado, el legislador se refirió a la promesa no cumplida de parte del gobierno indicando que "más allá del discurso, veamos las cifras. Los números que entregó Paz Ciudadana son elocuentes, porque señalan que la victimización se mantiene durante el gobierno de Sebastián Piñera y ha existido una tendencia al alza del delito, siendo el indicador más alto desde 2007".

Finalmente, Harboe indicó que "se perdieron dos años y medio de trabajo, sumado a que hubo retrocesos. Yo pienso que este gobierno está perdiendo la batalla contra la delincuencia, lo cual es un tremendo problema para el país".

Por su parte, la diputada Cristina Girardi afirmó que "esa es la diferencia entre ver las cosas desde donde las papas queman y desde arriba de la lejanía", haciendo mención a Ossandón y al gobierno. Agregó que "es su comuna y él sabe cuáles son los temas que le afectan, y esto de publicar el mapa de la delincuencia claramente estigmatiza".

"En vez de generar soluciones, generan más problemas, porque el mapa aísla mucho más a las comunas. Por ende, son más proclives a que la delincuencia se maximice", expresó la parlamentaria.

A ello agregó a Cambio21 que "esta actitud que esta teniendo el gobierno es completamente errónea; se entiende que para solucionar estos temas debes abordarlos desde la raíz, invertir dinero para rescatar personas y no solamente mostrar a los buenos y los malos".

Por último expresó que "existe una batalla perdida desde un modelo que hoy está obsoleto y donde no se entiende que tú no puedes seguir usando el mismo enfoque si claramente esa idea no ha dado resultado. Ya no sirve poner más carabineros o aumentar cárceles, sino que abordar el tema social puede ser una de las soluciones".

Soluciones

El diputado del PPD Felipe Harboe y alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, criticaron duramente los resultados exhibidos por el gobierno en materia de combate a la delincuencia y pidieron el envío urgente de un proyecto de ley que termine con la prohibición que pesa sobre el Estado para contratar a personas que hayan cumplido sus condenas y así favorecer la reinserción social efectiva.

Orrego y Harboe coincidieron en que el ministerio del Interior pasa por su punto más bajo de credibilidad, debido a los erráticos manejos comunicacionales del ministro Rodrigo Hinzpeter. Orrego señaló que Chile presencia "un espectáculo en que el ministro del Interior, supuestamente encargado de velar por los temas de seguridad, ha pasado rápidamente de querer pautear al Ministerio Público a culparlo respecto de los fracasos que todos conocemos".

"El ministerio del Interior pasa por su peor momento en los últimos 15 años, tremendamente desprestigiado por casos como el del incendio de Carahue, el ciudadano pakistaní (Mohamed Saif) y el caso Bombas", añadió Harboe.

A juicio del alcalde Orrego, es necesario reformular la política pública destinada al combate a la delincuencia y poner más inteligencia en el control de los delitos. "El eslogan de que se acabó la fiesta para los delincuentes es un fracaso", sentenció el edil y añadió que hoy el 83% de los chilenos cree que la delincuencia sencillamente ha aumentado.

Propuestas

Harboe y Orrego plantearon tres propuestas concretas para enfrentar de mejor manera la delincuencia. Por un lado, pidieron materializar la "persecución inteligente" del delito, pensando en que "no sólo se trata de tener más carabineros, sino de tener más información para tomar decisiones policiales, unificar la base de delincuentes y contar con una Central de Medidas Cautelares. Actualmente, las policías con suerte conversan pero no comparten información", aseguró Orrego.

Según cifras oficiales, el 40% de las personas que salen de la cárcel reinciden en menos de tres años. Por ello, pidieron la creación de una Agencia de Reinserción que funcione de manera separada de Gendarmería y que permita la adecuada capacitación y reinserción de quienes han sido condenados y cumplido sus respectivas penas.

"Hoy, el primer discriminador es el Estado", dijo Harboe y añadió que se debe enviar un proyecto de ley que termine con la prohibición que pesa sobre los organismos públicos de contratar a ex convictos: "(Queremos) que el Estado o los municipios tengan la posibilidad de contratar a alguien que ha cometido un error o un delito, ha pagado a la sociedad, ha mostrado voluntad y decisión de reinsertarse; qué mejor que predicar con el ejemplo", aseguró el parlamentario.

En tercer lugar, Orrego y Harboe pidieron implementar una estrategia de prevención delictual destinada preferentemente a jóvenes con altísimo riesgo social y que están a pasos de iniciar una carrera delictiva. La idea es apuntar a grupos como primeros infractores, desertores escolares y a más de 400 mil jóvenes que no estudian y no trabajan. Se trata de implementar una política social de prevención que incluya una reestructuración total del Servicio Nacional de Menores (Sename), para así separar a los niños y jóvenes que han sido víctimas de vulneración de derechos frente a los que son infractores de ley.

FUENTE: CAMBIO 21